Mensajes privados refuerzan vínculo entre élites de Honduras y asesinato de Berta Cáceres

Varios mensajes recién publicados ofrecen nuevas revelaciones sobre el complot para asesinar a la reconocida activista Berta Cáceres en Honduras, que ponen al descubierto cómo las autoridades fracasaron en su intento de llevar ante la justicia a los presuntos autores intelectuales del crimen.

Registros de conversaciones personales, así como mensajes de texto y de WhatsApp descubiertos por la Fiscalía de Honduras revelaron que el escuadrón de sicarios “se comunicó mediante una cadena compartimentada que llegó a los niveles más altos de la dirección” de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la empresa que construía la represa hidroeléctrica Agua Zarca, como informó el Intercept el 21 de diciembre.

Cáceres, quien ganó el prestigioso premio ambiental Goldman en 2015, había protestado mucho tiempo por la construcción de la represa, que amenazaba la supervivencia de la comunidad indígena Lenca a lo largo del río Gualcarque. La activista fue asesinada a tiros en marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, en el suroeste de Honduras.

Una de las conversaciones del grupo incluía al director ejecutivo de DESA Roberto David Castillo Mejía y al director financiero Daniel Atala Midence, así como a los miembros de la junta directiva de DESA José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras y tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras.

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“O ellos o nosotros”, decía el miembro de la junta de DESA Pedro Atala Zablah en un mensaje al grupo en octubre de 2015, refiriéndose al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización fundada por Cáceres, cuyos miembros se oponían a la represa.

“Mandemos mensaje. ‘Ke’ nada será fácil para esos ‘hdp’”, escribió.

Un abogado de Daniel Atala Midence y Pedro y José Eduardo Atala Zablah declaró a The Intercept que sus clientes “niegan completamente participación alguna en este lamentable crimen”. Ninguno de ellos ha sido arrestado o ha enfrentado cargos penales.

Siete de los ocho acusados de perpetrar el asesinato de Cáceres —entre ellos exmilitares entrenados por Estados Unidos y empleados de DESA— fueron declarados culpables en noviembre de 2018 y posteriormente sentenciados a penas de prisión entre 30 a 50 años.

Al leer el veredicto contra los asesinos de Cáceres, la corte determinó que ejecutivos de DESA habían ordenado la muerte de la ambientalista porque sus esfuerzos habían causado pérdidas financieras a la empresa y retrasos en el proyecto.

En marzo de 2018, las autoridades hondureñas detuvieron a Castillo Mejía, director ejecutivo de DESA en el momento del homicidio de Cáceres, por su participación como presunto autor intelectual. Sin embargo, este aún espera juicio debido a varias dilaciones y otras irregularidades en el caso. Una ley hondureña que rige la detención preventiva podría permitir la liberación de Castillo Mejía si no se decide su caso antes de marzo de 2020. Él ha negado todas las acusaciones que se le imputan.

Análisis de InSight Crime

El asesinato de Cáceres no fue una decisión tomada en el calor del momento, fue la “culminación de años de corrupción y violencia coordinadas”, según el Intercept. Aunque quienes apretaron el gatillo están tras las rejas, las autoridades hondureñas parecen tener menos interés en procesar a los presuntos autores intelectuales del asesinato, lo que deja intacta casi en su mayoría a la red criminal que ordenó el homicidio.

Por más de un año, los ejecutivos de DESA planearon metódicamente los ataques a Cáceres y su organización, mediante una cooptación sistemática de la policía, funcionarios de gobierno y medios de comunicación, según el Intercept.

En 2013, cuando el ejército hondureño asesinó al miembro del COPINH Tomás García durante una protesta por la construcción de la represa de Agua Zarca, Atala Midence y Castillo Mejía rápidamente maquinaron para “controlar las versiones de los medios”, usando sobornos a los reporteros para que describieran el hecho fatal como un “enfrentamiento por oposición a represa”, según el Intercept.

“Pagale al reportero de HCH”, ordenó Castillo Mejía a Atala Midence en referencia al canal local de noticias HCH Televisión Digital. “1000 lempiras [unos US$40] por la semana pasada […] y ahorita podemos dar otros mil”.

Los presuntos conspiradores en la muerte de Cáceres también dependieron supuestamente de aliados en la policía local para intimidar a los miembros de la comunidad que protestaban por la construcción de la represa.

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“Le agradecemos el apoyo que nos dio ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policía Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, dice el mensaje de Castillo Mejía a un jefe de policía; más adelante, el ejecutivo compartió el mensaje en la conversación grupal de los miembros de la junta de DESA, otros ejecutivos y demás empleados.

Tras el asesinato de Cáceres, los miembros de la empresa se apoyaron en sus poderosos aliados políticos, como el ministro de seguridad Julián Pacheco, quien, según el Intercept, prometió a Pedro Atala Zablah pocos días después del homicidio que este se clasificaría como “crimen pasional” para desviar atención indeseada de la empresa.

Los mensajes indican que los implicados en el complot para asesinar a Cáceres sabían que tenían suficientes amigos en altos cargos para asegurar que las posibilidades de ser llevados ante la justicia fueran remotas o nulas. Hablaron claramente de sus intenciones en los mensajes, discutiendo detalles de la “misión”, los sobornos que se pagarían y las armas que se intercambiarían para perpetrar el crimen.

Como están las cosas, las élites que sienten que pueden planear y perpetrar deliberadamente un asesinato de una figura pública y quedar impunes parecen tener razón.

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mensajes-privados-refuerzan-vinculo-entre-elites-de-honduras-y-asesinato-de-berta-caceres/

Honduras: matan a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China

Berta Cáceres
Berta Cáceres recibió el premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo para ambientalistas. Su campaña logró que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran su respaldo a un polémico proyecto hidroeléctrico.

La ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, fue asesinada este jueves en la madrugada en La Esperanza, en el oeste del país.

Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos. De acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen.

La madre de Cáceres reveló que la policía dice que se trató de un intento de robo.“Pero todos sabemos que fue por su lucha”, agregó en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

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En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.

Fue entonces cuando BBC Mundo la entrevistó y publicó el siguiente artículo.

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Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros.

Nada ha podido detener la lucha de una mujer hondureña.

Una madre de cuatro hijos cuya campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió esta semana uno de los premios ambientales más prestigiosos globalmente, el premio Goldman.

La vivienda de Cáceres amaneció bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.
La vivienda de Cáceres amaneció bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.

Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.

Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no han cesado en el país centroamericano, el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, según un informe divulgado esta semana por Global Witness, una ONG con sede en Londres.

Asesinatos

El informe titulado “¿Cuántos más?” señala que en 2014 Honduras fue el país que registró más asesinatos per capita de defensores del ambiente en todo el mundo.

Servicio en memoria de líderes lenca asesinados durante la campaña contra la represa de Agua Zarca
Ceremonia para recordar a los tres líderes lenca asesinados durante la campaña contra la represa de Agua Zarca.

De las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año pasado –el número real puede ser mayor– casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.

En el caso de Honduras, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. “Más de 80 tuvieron lugar sólo en los últimos tres años en una región, Bajo Aguán”, dijo Chris Moye, de Global Witness, a la BBC.

La ONG cuestiona que mientras los gobiernos se reúnen constantemente a discutir en foros globales el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente sin siquiera generar cobertura en la prensa internacional.

Para Chris Moye, el caso de Berta Cáceres es representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores del ambiente en Honduras.

¿Cuál es la historia de esta mujer cuyo pueblo se considera guardián de los ríos?

“Aprendí de mi madre”

Cáceres asegura que aprendió de su madre el sentido de la justicia.

Berta Cáceres junto a su madre doña Berta en La Esperanza, Intibucá, Honduras
Cáceres junto a su madre doña Berta, partera y enfermera que asisitió a refugiadas salvadoreñas. “Somos de una familia de muchas mujeres a las que le ha tocado luchar solas”.

“Crecí en un hogar dirigido sólo por mi mamá y desde temprano ella trabajó en la defensa de los derechos humanos”.

Su madre, doña Berta, fue partera, enfermera y alcaldesa y en la peor época de la represión de los 80 se dedicó atender la salud de refugiadas salvadoreñas.

“A mi madre le tocó vivir dictaduras, golpes de Estado, y hasta hoy en día me motiva para continuar con esta lucha“.

La actitud frente a la vida de doña Berta marcó profundamente a su hija. De niña ayudó a su madre, participó luego activamente en organizaciones estudiantiles y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

“Pueblo milenario”

La defensa de la naturaleza es parte del ADN de Cáceres y está enraizada en su identidad lenca.

Río Gualcarque
Río Gualcarque, sagrado para los lencas y vital para su supervivencia.

“Actualmente somos más de 400 mil lencas. Somos un pueblo milenario en Honduras y el oriente de El Salvador“.

“Nos consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos”, dijo Cáceres a la BBC.

En la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas.

Una de las mayores luchas por esos ríos ha sido de Agua Zarca.

La represa de Agua Zarca

Fue en 2006 que la comunidad lenca de Río Blanco buscó la ayuda de la organización fundada por Cáceres.

“Comenzó a ingresar maquinaria pesada al lugar. Ahí se dieron cuenta que era un proyecto hidroeléctrico, nadie del gobierno les había comunicado nada”.

Berta Cáceres camina por las montañas con miembros de la comunidad lenca
Cáceres ha sufrido múltiples amenazas de muerte y secuestro. También demandas judiciales con “cargos fabricados”, según Global Witness.

El proyecto de la represa de Agua Zarca fue aprobado con una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA, DESA, que inicialmente logró el respaldo de la compañía china Sinohydro.

La organización que concedió el premio a Cáceres señala que a partir del golpe de estado de 2009, Honduras vio un aumento explosivo de megaproyectos, especialmente vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras.

La represa de Agua Zarca “hubiera significado desplazamientos y hubiera impedido a la comunidad desarrollar sus actividades agrícolas. No sólo se privatiza el río sino varios kilómetros a la redonda”, dijo Cáceres a la BBC.

En esos proyectos “el río deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas”.

Bloqueo y “hostigamiento militar”

En más de 150 asambleas indígenas las comunidades lencas expresaron el rechazo a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque.

El proyecto hidroeléctrico negó, según Cáceres, el derecho de consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.

Ante la falta de respuesta del gobierno, en 2010 Cáceres llevó la protesta a la capital, Tegucigalpa, para exigir al Congreso el rechazo al proyecto hidroeléctrico.

“Pero otorgaron los ríos a empresas privadas por más de 30 años“.

Finalmente, en 2013, el pueblo lenca comenzó una toma indefinida de carreteras para impedir la entrada de maquinaria.

El bloqueo duró más de un año y fue según Cáceres uno de los períodos más difíciles.

“Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados, sicarios. Incluso la policía hizo acciones en que apuntó los cañones de sus fusiles a las cabezas de niños y niñas y ancianos de Río Blanco”.

Tres líderes lenca fueron asesinados durante la campaña de Agua Zarca, según Global Witness.

Uno de ellos fue Tomás García. El militar que le disparó durante el bloqueo fue detenido por unos días y luego puesto en libertad.

El retiro del gigante chino

A finales de 2013, Sinohydro dio por terminado el contrato con DESA, señalando públicamente como motivo la continua resistencia comunitaria.

La Corporación Financiera Internacional retiró posteriormente su financiación citando inquietudes sobre violaciones de los derechos humanos.

Y organizaciones internacionales como Amigos de la Tierra instan ahora a otra empresa, la alemana Voith Hydro, a que abandone su respaldo al proyecto.

Derechos humanos

El proyecto de Agua Zarca está detenido por el momento.

“Pero amenazan con construir en otro punto, aguas arriba. Y también está Blue Energy, otro proyecto sobre el río Cangel, con capitales estadounidenses y canadienses”, por el que Cáceres asegura haber recibido múltiples amenazas.

Berta Cáceres en una comunidad lenca
El proyecto negó, según Cáceres, el derecho de consulta previa en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.

“Sabemos que es muy duro y que es una situación que se va a agravar”.

Luego de una visita a la región en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció “reportes que apuntan a una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos (…) a pesar de patrones de violencia identificados por organizaciones campesinas en relación a la posible participación del Estado en los presuntos incidentes”.

El país fue retirado de la lista negra de la Comisión, algo que según la misma sólo implica un sistema de monitoreo distinto.

El gobierno hondureño recogió la medida el 27 de enero de 2015 con una declaración en el sitio presidencial: “Por primera vez, después de cinco años, un gobierno logra que Honduras sea excluida de la Lista Negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que demuestra el firme compromiso del presidente Juan Orlando Hernández en garantizar que se respeten los derechos humanos de los hondureños”.

“Me lo dijo el río”

Dos de los hijos de Cáceres ya abandonaron Honduras por temores de seguridad.

“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río”.

“Seguiremos ya no sólo como pueblo lenca sino con otras organizaciones con la esperanza de cambiar la situación en nuestro país”, dijo Cáceres a la BBC.

“No nos queda otro camino más que luchar”.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150423_honduras_berta_caceres_am

“Ley Nájera”: una normativa para el despojo de las comunidades indígenas en Honduras

La violación del Derecho de Consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en Honduras, en el marco de la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos, es una problemática que se ha hecho aún más visible luego del asesinato de Berta Cáceres. Desde ese momento, la comunidad internacional ha puesto presión sobre el Estado de Honduras sobre el cumplimiento de los convenios internacionales en esta materia.

El gobierno nacional ha desarrollado una propuesta que sufrió múltiples alteraciones y que buscó crear un marco regulatorio del derecho de consulta previa, que dé la impresión de cumplimiento de los estándares internacionales.

El 15 de enero del 2020, el diputado Óscar Nájera anunció la construcción de un proyecto de Ley de Consulta, el cual ha sido catalogado por las organizaciones indígenas y negras de Honduras como lesivo para el derecho de autodeterminación de los pueblos y el respeto por la soberanía sobre sus territorios.

En el contexto de la presentación del proyecto Nájera dijo “Hemos iniciado la socialización de la consulta con el 100% de la convocatoria. Por primera vez en la historia, hemos llegado a un consenso de abrazarnos todos juntos por el bien de Honduras. Para toda la hermandad, unidad, humildad y para el desarrollo de estos pueblos olvidados y marginados. Hoy llegó la hora, llegó el momento de estos 10 pueblos indígenas”

Ver video: https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1219402974398730240?s=20

El propósito de la ley, según los representantes del Estado, consiste en establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades, respecto a proyectos, medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directa o indirectamente a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda.

La misma crearía el marco legal con el propósito de que los pueblos indígenas y afro descendientes a través de la consulta libre, previa e informada, mantengan su identidad, diversidad y se brinden espacios de participación.

Para tales efectos, crearían el ente rector que velará por los procesos de consulta, así como de la correcta aplicación de la ley y su reglamentación. Este ente se denomina Comisionado Nacional de la Consulta Libre, Previa e Informada (CONACOLP) como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con autonomía técnica, funcional y administrativa.

Ver nota: https://www.latribuna.hn/2020/01/09/oscar-najera-hemos-iniciado-la-socializacion-de-la-ley-de-consulta-libre-previa-e-informada/

Sin embargo, las organizaciones sociales e indígenas de Honduras realizaron movilizaciones y otras acciones de protesta en rechazo a la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, la “Ley Nájera”.

“Lo que se hizo el 15 de enero en este Congreso Nacional, liderado por el diputado Óscar Nájera, es una farsa, porque los pueblos indígenas no estamos avalando ningún proyecto de ley que nazca de este Congreso espurio y que tenga las intenciones de flexibilizar la entrada de proyectos extractivos y de saqueo en los territorios de los pueblos indígenas”, manifestó Zúniga durante la movilización en las afueras del Congreso donde recalcó que “esta ley es un insulto y es escupir a la memoria de Berta Cáceres” expresó Berta Zúniga Cáceres, Coordinadora del COPINH.

Movilizaciones contra la Ley Nájera, ver imágenes y videos: https://copinh.org/2020/01/movilizacion-no-a-la-ley-najera/

En el marco de un foro en el cual participaron representantes de organizaciones que aglutinan diversas comunidades, estuvo presente Berta Zúniga Cáceres, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), Félix Valentín, por la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), miembros del observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, junto a la abogada Naama Ávila y Rony Castillo. Allí explicaron que no están de acuerdo con la creación de leyes que obstaculicen las decisiones de los pueblos, ya que desde el 2015 se habían creado tres propuestas que hasta la actualidad ninguna toma en consideración la opinión de las comunidades.

Ver nota: https://www.pasosdeanimalgrande.com/es/contexto/item/2684-cuestionan-ley-najera-por-violentar-derechos-ancestrales-de-los-pueblos-indigenas

Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, también manifestaron que “la consulta es un mecanismo que nace desde los pueblos, no se impone a ellos. Por eso tienen características propias en cada población, respetando así la autodeterminación de cada uno. Esta propuesta no solo no valora los mecanismos históricos propios, sino que no fue siquiera avalada por las poblaciones a las que pretende imponerse”.

Nota: https://www.ocmal.org/los-pueblos-originarios-de-honduras-rechazan-la-ley-najera/

Las comunidades indígenas y afrodescendientes hondureñas coincidieron en denunciar que, dadas las condiciones de violencia, asesinatos, criminalización, persecución, altos de niveles de pobreza, desplazamiento forzoso y de despojo sistemático que experimentan “no es posible aprobar una Ley de Consulta sin la debida consulta y sin antes generar las reformas estructurales para cambiar y disminuir las desigualdades sociales y raciales imperantes en el país. Esto último debería de ser la primera preocupación de los honorables Diputados del Congreso Nacional y de la sociedad hondureña en general” concluyeron.

Ver nota: https://avispa.org/en-honduras-comunidades-denuncian-reglamentacion-de-consulta-indigena-para-favorecer-despojo-de-territorios/

Informes

Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas sobre su visita a Honduras

Autor: Asamblea General de las Naciones Unidas 

Este documento complementa el informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Honduras que fue presentado por la Relatora Especial al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2016. Menciona la situación en la región de Río Blanco, Intibucá en Honduras a raíz de la aprobación e inicio de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y su impacto sobre los derechos humanos de miembros y comunidades del pueblo indígena lenca.

Hace un llamado al Gobierno de Honduras, el sector empresarial del país, los países donantes y las instituciones internacionales financieras sobre los impactos negativos generados por proyectos de inversión sobre las tierras, recursos naturales, culturas, espiritualidad, convivencia social y las vidas e integridad personal de los pueblos indígenas de Honduras.

Link:https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/05/1608-Informe-Relatoria-Indigena-CDH33-Visita-a-Honduras.pdf

Comentarios de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños

Autor: Victoria Tauli Corpuz

Comprende observaciones y sugerencias sobre: las fuentes normativas de la consulta previa; el entorno de aplicación de la consulta previa; los sujetos del derecho a la consulta y la representatividad indígena; el método para la consulta previsto en el Anteproyecto; el consentimiento independiente, anterior e reportado; la institucionalidad estatal y los mecanismos de supervisión, monitoreo y exigibilidad de la consulta;y otras consideraciones en relación con la capacitación, ayuda técnica y fortalecimiento de las construcciones representativas de los pueblos Indígenas. En este caso se logra develar alguna estrategia utilizada por el estado de Honduras dejando fuera la representatividad de organizaciones como el COPINH y OFRANEH.

A raíz de ello se menciona que existe un elevado grado de desconocimiento del deber de consultar a los pueblos y comunidades indígenas además se ha reflejado en el número creciente de procesos penales contra burócratas de Régimen por haber incumplido sus deberes de consultar a los pueblos o comunidades indígenas.

Link: http://unsr.vtaulicorpuz.org/wp-content/uploads/2017/01/images_docs_special_2016-honduras-unsr-comentarios-anteproyecto-ley-consulta-sp.pdf

Observaciones adicionales de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre el proceso de regulación de la consulta previa en Honduras 

Autor: Victoria Tauli Corpuz

El informe forma parte del seguimiento al documento realizado en 2016 sobre sus Comentarios sobre el Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños. Sin embargo este informe señala la falta y mal uso de mecanismos para la construcción y debate de la ley de consulta que el Estado junto a otras organizaciones desarrollaron, además se añade que este proceso de construcción carece de mayor grado de legitimidad y de consenso posible entre los pueblos indígenas ya que no ha sido un espacio donde los pueblos indígenas planteen sus propias propuestas sobre esta temática que es fundamental sobre el goce de sus derechos humanos.

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/04/2017-06-09-honduras-unsr-additional-observations.pdf

Defendemos la tierra con nuestra sangre: Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala 

Autor: Amnistía Internacional 

Este es un informe sobre la situación que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala. En este sentido Honduras ha sido clasificado como el país con el mayor número de asesinatos de defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente per cápita en todo el mundo, con 12 ocurridos tan sólo en 2014, es así que este informe indaga sobre los factores de conflictividad social que se desarrollan en ambos países y la violencia enmarcada en una crisis institucional.

Se logra recolectar la información de 10 comunidades que se encuentran en conflicto en Honduras, se exponen las realidades y desafiantes amenazadas realizadas por entes institucionales a estas comunidades y el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a los indígenas.

Link: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0145622016SPANISH.PDF

Fraude sobre el Gualcarque: el caso de corrupción que devela cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concesión de los ríos

Autor: CESPAD 

En cuanto al estudio del “Fraude sobre el Gualcarque” se proponen ciertos parámetros sobre los cuales, en Honduras, se apoyan en primer lugar las políticas del extractivismo y como estas son conducidas con maniobras oscuras desde las esferas gubernamentales y las cúpulas empresariales del país hasta convertirse en amenazas reales para las comunidades indígenas y en efecto a acabar con la vida de la lideresa Berta Caceres.

Simultáneamente muestra una fuerte evidencia probatoria de cómo funcionarios gubernamentales y representantes empresariales se coludieron para que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), resultara beneficiada en la concesión del Proyecto Agua Zarca, pese a la falta de méritos de la empresa, las advertencias desde diversos informes técnicos y a las flagrantes violaciones a la legalidad que implicaba su aprobación.

Link: http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Gualcarque-CESPAD2020.pdf

El crimen de Bertha Cáceres: la ratificación de la indefensión de las y los defensores de los derechos humanos y territoriales en Honduras (Análisis de coyuntura, marzo 2016)

Autor: CESPAD

La información de este informe se basa tanto en el crimen de Berta Cáceres como el contexto en el que se desarrolló y cómo el Estado hondureño fue incapaz de cumplir con el deber de garantizar la vida de Bertha Cáceres, a pesar de que contaba con medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otro, aborda en un contexto de indefensión en cuanto a expectativas sobre promesas de la Misión de Apoyo a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) considerando que actuaría en condiciones de suma complejidad. Así mismo se realiza una evaluación sobre la dinámica de la movilización social desarrollada en este año.

Link: http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/06/Coyuntura-marzo-2016.pdf

¿Cuántos más? El medio ambiente mortal en 2014: intimidación y asesinato de activistas ambientales de la tierra con Honduras en primer plano

Autor: Global Witness Limited

En el presente informe, se abordan los asesinatos de 2014 y se demuestra el asesinato a defensoras y defensores como una tendencia incesante y que los grupos indígenas se han visto especialmente afectados.

Asimismo, se examinan otros tipos de amenazas a los que se enfrentan los y las activistas y pone en evidencia el caso de Honduras, el país con el mayor número de asesinatos per cápita en los últimos cinco años. Además se exhibe como leyes retrógradas, convivencia entre poderosos, intereses políticos y comerciales y el clima de impunidad que ha traído consigo un aumento de la violencia relacionada con el auge de destructivos proyectos de agricultura, minería y presas en los últimos años.

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/04/Cuantos_mas_informe_gJ6Jht8.pdf

Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta

Autor: Global Witness

El Informe elaborado por Global Witness realiza 5 estudios de caso recalcando que Honduras es el lugar más peligroso del mundo para defender los derechos territoriales y el medio ambiente a causa de la corrupción generalizada, el privilegio de los intereses comerciales y empresariales sobre los derechos humanos, la impunidad de los atacantes y la estigmatización y criminalización de los activistas, en todo caso se evidencia la falta de protección del Estado a los sectores que se ven afectados.

Por otro lado señala las diferentes formas que adopta la violencia contra los defensores de los derechos territoriales. En sí la investigación demuestra que las instituciones estatales como el sistema judicial, el ejército o las fuerzas policiales suelen utilizarse para apoyar los intereses de las empresas y las personas que en ellas participan.

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/02/Defenders_Honduras_full_report_Spanish_spreads.pdf

¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017

Autor: Global Witness

Global Witness mencionó al 2017 como el año más peligroso, en comparación a los anteriores que se ha registrado, para defender el medio ambiente. Ese año se contabilizó 207 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente a nivel mundial. En este sentido, los defensores que fueron asesinados fueron los que se manifestaban contra la agricultura a gran escala o agroindustria. De igual forma se aumentaron las masacres contabilizando 7 casos donde se registraron más de 4 personas asesinadas al mismo tiempo. En América Latina se concentró el 60% de las personas asesinadas y en su mayoría vinculadas a las fuerzas de seguridad de los gobiernos de turno.

Link:https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/04/a-que-precio-Defenders_report_spanish_AW3_disclaimer.pdf

El sistema asesinó a Berta Cáceres

Autor: Defensoras de la Madre Tierra

Esta publicación funda su abordaje en el enfoque de género para poder darle explicación al coherente contexto cronológico sobre el que se desenvuelve Berta Cáceres. Por otra parte recoge información fundamentada sobre los actos de violencia y hostigamientos realizados sistemáticamente contra la integridad física de Berta y la organización a la que ella representaba, el COPINH. Este informe resalta la labor de Berta Cáceres frente a un sistema capitalista y sobre el legado que se expandió en el mundo entero.

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/04/El-sistema-que-asesino-a-Berta-Caceres.pdf

En terreno peligroso, el medio ambiente mortal de 2015: Asesinato y criminalización de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo.

Autor: Global Witness

Para el año 2015 según Global Witness el medio ambiente comienza a transformarse en un nuevo campo de lucha para los derechos humanos, este año documentaron 185 homicidios en 16 territorios lo que significa 3 personas asesinadas por semana siendo la mayoría de los casos relacionados con el campo de la minería. Este informe saca a la luz la inmensa vulnerabilidad de los pueblos indígenas, cuyos debilitados derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los exponen especialmente al acaparamiento de tierras para la explotación de recursos naturales.

La mayoría de las observaciones se basan en el uso desmedido de la fuerza por las fuerzas del orden público y el silencio del sistema judicial, de igual forma se destaca la no garantía de de investigaciones inmediatas e imparciales sobre amenazas y asesinatos sobre defensores/as.

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/04/En_Terreno_Peligroso.pdf

Faces of assassination bearing witness to the victims of organized crime

Autor: Global Witness

Este trabajo de Global Witness tiene dedicación especial sobre 50 personas de la sociedad civil que eligieron hacer de la justicia social y la promoción de la igualdad el trabajo de su vida y que perdieron la vida de forma violenta . En este sentido aborda la delincuencia organizada transnacional contra la sociedad civil mostrando que ningún segmento o clase de la sociedad se ha librado del impacto de esta forma de violencia criminal. La línea del libro busca centrarse en las voces y las historias de los asesinados, ofreciendo una forma diferente de entender el crimen organizado como un fenómeno, y el impacto muy real que tiene en los países, las comunidades y las familias.

Link: https://youtu.be/plRtj_gKCgI

Riesgos no Calculados: Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo

Autor: Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo

El modelo de desarrollo que se ha implementado en el mundo, basado en la extracción y explotación de la naturaleza, ha perjudicado de forma directa a defensores de derechos humanos y a los defensores de los bienes comunes de la naturaleza. Por medio de 25 estudios de caso, “Riesgos no calculados” explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de las personas defensoras y asume que aunque estos adoptan muchas formas diferentes, a menudo comienzan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos.

De importancia particular a informes elaborados en Honduras: El Asesinatos de Berta Cáceres y Tomás García, y ataques contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco. Aquí se muestra el papel de los bancos Finnfund, FMO,BCIE y sobre Asesinatos de personas campesinas y defensoras de la tierra. En este caso se desarrolla sobre la dinámica del Dinant Desde hace décadas mostrando como uno de los terratenientes más grandes del valle a Miguel Facussé

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/04/1-Riesgos-no-calculados_.pdf

Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres.

Autor: Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE)

Este informe se estructura en 7 apartados donde se aborda i) el contexto de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, donde se perpetúa el crimen contra Berta Cáceres; ii) las redes de poder político y económico que la empresa Desarrollo Energéticos SA fraguó para la explotación extractiva del río Gualcarque; iii) hallazgos del crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro; iv) la actuación institucional, en particular del Ministerio Público, en el seguimiento a la investigación y, por último, v) el conocimiento documentado sobre los niveles de responsabilidad individual a las personas hasta entonces procesadas (8).

Link: ESPAÑOL https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/02/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf ENGLISH: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/04/GAIPE-Report-English.pdf

Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres Flores. En la búsqueda de los autores intelectuales

Autor: OXFAM, LRN y Defensoras de la Tierra

Como establece el título del informe, este documento establece una relación de hechos entre las diversas disposiciones legales para el concesionamiento de contratos de operación de la empresa Desarrollo Energético SA (DESA), para la instalación de la Central Hidroeléctrica Agua Zarca; la normativa internacional sobre el derecho a la deliberación plena de las comunidades indígenas sobre sus territorios y las sucesivas irregularidades entorno a los socios y personas jurídicas involucradas no sólo en el asesinato de Berta Cáceres, sino de otras acciones criminales en contra de defensores y defensoras, procuradores de justicia y la debilidad de acciones institucionales del Ministerio en la investigación e implicación estructural de autores intelectuales en el crimen.

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/05/hechos_y_circunstancias_alrededor_del_asesinato_de_berta_caceres_0-2.pdf

Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”

Autor: Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”

El informe realizado por la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”, conformado a solicitud del COPINH y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, verifica en el contexto donde se perpetuó el asesinato de Berta Cáceres el 02 de marzo de 2016, y el de Nelsón Noé García —también dirigente del COPINH— doce días después. Se constatan las agravadas violaciones a los derechos humanos, en un marco extendido de violencia e impunidad, en ausencia de un estado de derecho, tras el golpe de Estado de 2009: convirtiendo a Honduras en el país más peligroso para la defensa de Derechos Humanos, en  particular, vinculados a promoción de derechos medioambientales, tierra y territorio.

El informe puede concluir violaciones sistemáticas al derecho internacional; diligencias irregulares en el financiamiento nacional, transnacional y/o multilateral a proyectos extractivos instalados en territorios indígenas, incluyendo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca; los vínculos y relaciones de subordinación del gobierno de Honduras por grandes intereses económicos; la falta de operatividad de un sistema de protección; el recrudecimiento de la militarización en territorios en conflictos sociales y ambientales, como Río Blanco. Todas estas acciones, vulnerando el derecho titular de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el proceso por la justicia y reparación de daños.

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/05/informe_final_mision_internacional_berta_caceres.pdf

Río Banco: la reconstrucción histórica de la lucha por la defensa del Río Gualcarque

Autor: CESPAD

Este documento realiza una sistematización del proceso de resistencia comunitaria, organizado en la comunidad de Río Blanco, Intibucá, en defensa de los bienes comunes por la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, entre los años 2013 y 2015.

En el seguimiento a la reinstalación del proyecto en la comunidad de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, por parte de la empresa Desarrollo Energéticos SA y, en marzo de 2016, el asesinato de Berta Cáceres, esta sistematización considera estos elementos y pretende ampliar el reconocimiento de las lecciones aprendidas por la lucha del pueblo indígena lenca, organizado en el COPINH, brindando herramientas al movimiento social en la defensa por los derechos humanos.

La sistematización coloca el panorama del modelo neoliberal extractivista en Honduras, desde su relación antagónica con la vida y el desarrollo de las comunidades indígenas en un avance sin precedentes de políticas concesionarias, tras el golpe de Estado de 2009, que infringe el derecho de los pueblos a la consulta libre, previa e informada, por un lado, y profundiza la destrucción del entorno ambiental y las interacciones humanas en las comunidades, por otro.

Link: http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/02/Rio-Blanco-Final.pdf

Territorios en riesgo II. Minería, hidrocarburos y generación eléctrica en Honduras

Autor: UNAH/FOSDEH/OXFAM

En los últimos 40 años, el extractivismo ha expandido su alcance de explotación, sumando a los rubros tradicionales de la minería y los combustibles fósiles, la generación de energía, la agricultura, explotación forestal, pesca industrial y enclaves turísticos. Este informe destaca el caso de Honduras en el modelo extractivista profundizado en la región en las últimas tres décadas del siglo XX. 

En consideración de las prospectivas del estudio, según las concesiones solicitadas y otorgadas hasta 2018, el área de extracción minera podría aumentar en 400% y, en caso de los proyecto de generación de energía, podrían pasar de 112 proyecto a 307, es decir un 183%. El principal problema de estos proyectos es la opacidad en el otorgamiento de permisos y licencias, llegando a funcionar 116 proyectos (mineros y energéticos) en áreas protegidas, donde no se expone de forma consensual los impactos ambientales y sobre las formas de vida de los pueblos indígenas y comunidades aledañas a zonas de explotación extractivistas.

Este modelo, a pesar de las bondades profesadas, no representa un mayor porcentaje de ingreso al PIB del país, y el proceso de concesionamiento, instalación y funcionamiento acrecienta la brecha de desigualdad en las comunidades instaladas en las zonas de explotación; con un relación diferenciada para la mujeres, al favorecer los roles tradicionales, destruir las formas subsistencias comunitarias y excluir su participación de los proceso de desarrollo.

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/05/Teritorios-en-Riesgo-II-Mineria-generacion-de-energia-electrica-e-hidrocarburos-en-Honduras.pdf

Violencia, corrupción e impunidad en industria energética de Honduras: un perfil de Roberto David Castillo Mejía

Autor: DPLF/GHRC/IPAI

El asesinato de Berta Cáceres, el 02 de marzo de 2016, se ha constituido como paradigmatico en Honduras, no sólo por la figura nacional e internacional que presentaba su liderazgo en el COPINH; sino por formar parte de un patrón de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos que, en las investigaciones sobre el crimen, ha desenrredado, a pesar de las dificultades e irregularidades; una intricada red de relaciones económicas y políticas, donde Roberto David Castillo, presidente de la Junta Directia de Desarrollos Energéticos DESA, operó como presunto autor intelectual del hostigamiento y asesinato de Berta Cáceres.

Este informe establece el perfil de Castillo —graduado de la Academia Militar West Point (EEUU); subteniente de inteligencia en las Fuerzas Armadas de Honduras (2006) y miembro interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)— como participante socio de 10 empresas del rubro extractivo, principalmente, generación de energía.

La evidencia del informe demuestra cómo DESA se constituyó en un estructura criminal organizada, fortalecida por el financiamiento internacional y multilateral, además de relaciones clave con el Ministerio de Seguridad, la policía, el sistema judicial y los gobiernos locales, para conspirar y perpetrar el asesinato de Berta Cáceres, con el fin de garantizar la operación sin resitencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. 

Link: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Violencia-Corrupcion-e-Impunidad.pdf

ENGLISH: https://berta.copinh.org/wp-content/uploads/2021/02/Violence-Corruption-Impunity-A-Profile-of-Roberto-David-Castillo-1.pdf

Persiste la concesión ilegal del río Gualcarque

La concesión ilegal persiste

Honduras, ha sido catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para defender los bienes comunes, según un estudio de Global Witness, los pueblos indígenas, garífunas y diversos del territorio hondureño, todos en resistencia por la defensa de la tierra y sus raíces ancestrales, se siguen enfrentando a la persecución, criminalización y muerte. Mientras tanto, las concesiones de los ríos y montañas para la explotación de los bienes comunes siguen vigentes poniendo en riesgo la vida de las personas y comunidades que históricamente han resguardado sus territorios.

En el año 2010, Berta Cáceres y el COPINH, presentaron denuncias contra 51 proyectos que habían obtenido concesiones y licencias de manera ilegal en territorio Lenca, el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la Familia Atala Zablah, fue uno de estos.

El saqueo y la invasión de estos territorios por parte de empresas trasnacionales y bancos financiadores de proyectos extractivos, se hace cada vez más preocupante al verse constantemente vulnerados los derechos fundamentales de los pueblos que habitan, trabajan y defienden la tierra. En marzo 2019 la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC, ahora UFERCO) presenta un requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por delitos cometidos para la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque y en favor de la empresa DESA.

Inversiones Las Jacarandas S.A, propiedad de la familia Atala Zablah, fue una de las inversionistas mayoritarias para que la empresa DESA se constituyera y conformara una estructura criminal que desarrolló ataques sistemáticos en contra de Berta Cáceres y el COPINH. Estos ataques sistemáticos se llevaron a cabo gracias al financiamiento y respaldo de Bancos internacionales como Ficohsa, Ficensa, Banco Mundial, y en el rediseño del proyecto, tras el asesinato de Tomás Garcia, defensor del río Gualcarque, se retira la empresa trasnacional china Sinohydro y se vuelven a firmar contratos millonarios con nuevos bancos. El Banco holandés FMO, Banco Finlandés Finnd Funn y el Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE dieron el respaldo económico para poder darle continuidad al proyecto ya que la concesión de río, aún con las denuncias, ataques y violaciones a los derechos de las comunidades, continúa vigente.

Berta Cáceres, antes de ser asesinada escribió al FMO en octubre y noviembre 2013 explicando que el proyecto hidroeléctrico violaba el derecho del pueblo Lenca a una Consulta Previa, Libre e Informada y que estaba siendo impuesto con violencia y represión. Berta exigió al FMO que no financiara el PHAZ, pero el FMO insistió y realizó el contrato de crédito con DESA y BCIE el 27 de febrero 2014. En julio 2017, un año después del asesinato de Berta Cáceres, el FMO al finamente retira su financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, mientras que el BCIE declaró que había suspendido los desembolsos, pero se negó a retirar formalmente sus fondos.

Tras una larga lucha en búsqueda de justicia y señalamiento a los actores de mayor responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, tras la visibilización de la continuidad de los ataques y violaciones de Derechos Humanos contra las comunidades Lencas producto de la vigencia de la concesión ilegal del Río Gualcarque, ha quedado en evidencia que la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.

A raíz de esto, en abril de 2019, el Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE, transfirió el préstamo No. 2097, otorgado originalmente a la sociedad Desarrollos Energéticos S.A. – DESA, a favor de Swiss International Wealth Management AG – SIWM AG, por un monto de 500 mil dólares. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.

La desvinculación del BCIE– Banco Centroamericano de Integración Económica- del proyecto Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres, y una aceptación de responsabilidad de su responsabilidad en la violencia ocurrida. Sin embargo, hoy continúa el saqueo de los bienes comunes en territorio hondureño, las concesiones siguen vigentes y el BCIE continúa financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” que abarcaría desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, afectando a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios para la imposición de este proyecto.

La violación sistemática del Derecho a la Consulta, por parte del Estado, los bancos y empresas trasnacionales, se agudiza aún más con el proyecto de ley de Consulta promovido por el Estado de Honduras, la llamada Ley Nájera, que busca regular los procesos de consulta sin la aprobación de este mecanismo por parte de las organizaciones en defensa de sus terriotrios.

El BCIE ha dicho públicamente que con esta ley volverá a reinvertir en proyectos en medio de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID 19, en la que espíritu del Convenio 169 de la OIT se sigue viendo diluido en aras de los intereses de los entes financieros y los planes de supuesto “desarrollo” impuestos desde la corrupción, que sigue cobrando vidas y poniendo en riesgo a las comunidades indígenas y a los bienes comunes en Honduras.

¿Que papel tuvo el gobierno de Estados Unidos en el asesinato de Berta Cáceres?

Zoe PC

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, hace cinco años. Ella, sin lugar a duda, es una de las referentes políticas más importantes en la historia reciente del país centroamericano por su incansable compromiso a la lucha en defensa de los derechos de los pueblos más vulnerables como los pueblos indígenas, de la democracia y de los territorios.

El asesinato de Berta se produjo en un periodo que inició con el golpe de estado el 28 de junio de 2009 y que se extiende hasta el día de hoy. Este periodo se puede caracterizar por la descomposición del orden democrático con sucesivos gobiernos dictatoriales, y una agravada crisis económica, política y social. 

Berta, como más de cien otros líderes y lideresas, fue asesinada por atreverse a cuestionar y luchar en contra este proceso facilitado e implementado con el golpe de Estado, de privatización, despojo en los territorios, cortes al sector público y a los programas sociales, retirada de derechos conquistados, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, aumento de políticas represivas, entre otros. 

Berta también cuestionó fuertemente el papel de poderes imperialistas, empresas transnacionales e instituciones financieras en propagar la crisis en Honduras para poder beneficiarse. En especial, entendía que el papel de Estados Unidos tenía mucha importancia. En una entrevista en 2014, criticó directamente a Hillary Clinton, quien era Secretaría del Estado en 2009, por su papel en concretar el golpe de Estado. Estaba clara de la importancia geopolítica de Honduras y los grandes intereses que se movían detrás de estas jugadas.

La concesión otorgada, de manera fraudulenta por cierto, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para hacer un proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque se dio un año después del golpe de Estado. En septiembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el contrato No. 043-2010 entre la ENEE y DESA para la venta de energía. 

Fue en esas fechas que la comunidad empezó a movilizarse y resistir la imposición del proyecto y en una asamblea comunitaria en 2010 declararon, “Que ante la agresiva, inconsulta, ilegítima y servil decisión del Congreso Nacional de entregar a manos privadas nuestros ríos y agua con el fin de generar más ganancias a empresarios mediante la generación de energía hidroeléctrica privada, grupos de poder que jamás se han preocupado, ni se preocuparán por cuidar nuestra riqueza natural, expresamos nuestro total rechazo a esa decisión.”

En esta lucha que lideraba Berta con su organización el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, se iban dando cuenta a través de meticulosas investigaciones hechas por la organización, que el proyecto que querían imponer sobre el sagrado Río Gualcarque no solo era interés de la oligarquía hondureña sino de una serie de instituciones y bancos internacionales.

Producto a los grandes intereses en este proyecto, tanto Berta como otros miembros del COPINH y de la comunidad recibían constante hostigamiento por parte de la seguridad privada de la empresa DESA, de las fuerzas de seguridad del estado hondureño y de otras personas sin vinculo institucional claro. Este hostigamiento incluía seguimiento, amenazas de muerte, persecución, judicialización, intentos de quebrar unidad de la comunidad y de la organización, y violencia física incluyendo el asesinato de 6 personas incluyendo a Berta.

La organización sostiene que el hecho de mantener el financiamiento a un proyecto que infringe sobre los derechos de las personas y que ha cobrado varias vidas, implica un nivel de responsabilidad. 

Un actor fundamental en lo que fue la persecución de Berta Cáceres y su eventual asesinato, es el gobierno de EEUU. Si bien no hay pruebas de la participación directa en la planeación y la ejecución del crimen, sí existen vínculos directos por el apoyo que daba al proyecto y el entrenamiento militar de personas que participaron en el asesinato. Y en general se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.

“se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.”

Financiamiento y apoyo a Agua Zarca

Como ya se mencionó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su momento contaba con inversión y apoyo de grandes instituciones y bancos internacionales. Entre ellas: el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el FMO de Holanda, FinnFund de Finlandia, Voith Hydro con sede en Alemania, Banco Lafise, el Banco Mundial y La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. 

USAID tiene un largo trayecto de utilizar su poder como agencia de ayuda financiera para promover la agenda de Estados Unidos donde va. En el caso de Agua Zarca, la USAID firmó un convenio con la empresa DESA en diciembre de 2015, cuando ya la resistencia contra el proyecto llevaba 5 años, y había serias acusaciones contra DESA por violaciones de derechos humanos de las comunidades resistiendo el proyecto y por cometer fraude en el proceso de otorgamiento de permisos para el mismo. Sin embargo, la USAID con su programa MERCADO firmó con DESA un convenio por un proyecto de asistencia a productores agrícolas de los municipios aldeanos a Agua Zarca. 

Firma de convenio entre la empresa DESA y la USAID. Con camisa blanca Sergio Rodríguez Diciembre 2015. Fotografía cortesía Proceso Digital.

En el comunicado de prensa anunciando el convenio firmada por USAID y Hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala, afirma que “Hidroeléctrica Agua Zarca desarrolla varias actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto en temas salud, educación, prácticas medioambientales responsables y actividades de desarrollo comunitario.”

Cabe destacar que la firma de DESA fue a través de Sergio Rodríguez quien fue condenado por participar en el asesinato de Berta. Según investigaciones sobre el asesinato de Berta. Cuando este convenio fue firmado por Rodríguez y los representantes de la USAID, los planes para asesinar a Berta, que Rodríguez ayudó a construir, ya estaban en marcha.

Convenio firmado entre la empresa DESA y la USAID. Diciembre de 2015.

Así que la promoción de un convenio para “apoyar agricultores” en este contexto no es un hecho inocente, la USAID con conocimiento de la fuerte resistencia al proyecto, los asesinatos de líderes y la persecución contra ellos, dio un respaldo contundente a DESA y a sus acciones en un momento decisivo.

Entrenamiento militar

Hasta la fecha han sido condenadas siete personas por haber participado en el asesinato de Berta Cáceres y uno, David Castillo, se mantiene en prisión preventiva esperando juicio. Aunque, como el COPINH ha denunciado reiteradamente, falta mucho para lograr la justicia real que contempla los autores intelectuales que son quienes financiaron y planificaron el asesinato, lo que se sabe de las personas ya condenadas y vinculadas al caso revela mucho sobre la estructura criminal que existe en Honduras para llevar a cabo estos crímenes. 

La participación de miembros del ejército de Honduras es un punto destacable, de las personas que son formalmente vinculadas al caso, según la justicia hondureña, cinco son vinculados con el ejército y de ellos varios recibieron entrenamiento militar de los Estados Unidos. 

El entrenamiento militar que históricamente ha prestado EEUU a Honduras, como a otros países de la región, ha sido un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta institución que en reiteradas ocasiones ha sido acusada de severas violaciones de derechos humanos entre otras cosas y que como demuestra el caso de Berta, entre miles de otros, tiene vínculos directos con estructuras criminales.

De los vinculados al caso, se sabe que David Castillo y el Mayor Mariano Díaz Chávez, oficiales del ejército recibieron capacitación militar de EEUU.

David Castillo, el presidente de la empresa DESA e imputado como coautor del crimen, fue Subteniente de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y según registros, habría sido formado en la academia militar de los EEUU West Point. 

Captura de pantalla, página oficial de la West Point Association of Graduates.

El mayor Mariano Díaz Chávez durante su largo trayecto en el ejército que comenzó en 1992, según investigación hecha por COPINH, habría recibido capacitaciones del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCSOUTH) cuando estaba en el 15° Batallón en la región del Bajo Aguán en 2012. Él era instructor de la nueva fuerza militar creada en 2015 llamada Policía Militar para el Orden Público, cuyos instructores y comandantes participaron en el entrenamiento SOCSOUTH del 15° batallón.

A la derecha, Mariano Díaz Chávez en misión internacional en el Sahara. Fotografía cortesía de Notibomba.

Aliados incondicionales

Estos vínculos directos que existen entre instituciones de EE.UU. como la USAID y el Comando Sur con el proyecto Agua Zarca e individuos que participaron en el asesinato de Berta, no son hechos aislados ni sorprendentes visto de cara a la relación histórica que los EE.UU. tiene con Honduras.  

A pesar de la profunda crisis institucional, política, económica y social que existe en Honduras y las constantes violaciones a los derechos fundamentales del pueblo hondureño a manos del Estado, el gobierno de Honduras goza de una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, que se autoproclama como el veedor de los derechos humanos en el mundo. 

Mientras tanto, el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, JOH, ha sido acusado, en cortes de Nueva York, de haber participado activamente en el tráfico de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En 2017, el gobierno de JOH fue acusado de cometer fraude electoral, tras modificar la constitución de manera dudosa para que pudiera ser presidente en un segundo mandato. Las calles y carreteras desbordaron en movilizaciones masivas en todo el territorio nacional contra el fraude, en las cuales 40 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, y hasta la Organización de Estados Americanos reconoció la existencia del fraude y llamó a repetir las elecciones. Cuando los resultados ‘oficiales’ fueron publicados un mes después de las elecciones el gobierno de EEUU respaldó a JOH y reconoció su ‘victoria.’

No es difícil entender porque existe esta relación especial entre Honduras y Estados Unidos. Honduras ha sido el base de operaciones para el gobierno de EEUU por décadas con el base militar Palmerola/Soto Cano al centro. EEUU ha utilizado la base de Palmerola, considerada una de los bases estadounidenses más grandes del mundo, por décadas y hoy alberga soldados estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Comando Sur del Ejército Estadounidense. 

Así como Palmerola, existen numerosos ejemplos de cómo EEUU se beneficia económicamente y políticamente del orden represivo, neoliberal y militarista en Honduras que ha devastado el país en todo sentido. Mientras existen estos beneficios, el gobierno de Estados Unidos no tiene problema en mantener un constante flujo de fondos hacia el ejército y mega-proyectos extractivos, armas y municiones para la fuerza pública, y un constante respaldo político al gobierno que es considerado ilegitimo. La vinculación de la principal empresa estadounidense de Aceros NUCOR con el caso de criminalización e injusto encarcelamiento de los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol por protestas en contra de la minera Ecotek-Los Pinares, da cuenta de esto.

Existen iniciativas por parte de diputados progresistas que han sido construido con organizaciones de Honduras para frenar este apoyo incondicional del gobierno nacional como el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” para los derechos humanos en Honduras y el reciente Proyecto de Ley de Derechos Humanos Y Anticorrupción de Honduras, pero no han podido avanzar. Hasta que se logre cortar este apoyo, las elites y corruptos de Honduras tendrán carta blanca para seguir llevando a cabo sus políticas de muerte y asesinatos como el de Berta.

Radio Novela

Justicia para Berta, justicia para los pueblos

Capitulo.-1:  Empecemos por el principio
Capitulo-2 Las agresiones contra Rio Blanco
Capitulo-3 Asesinaron a la compañera Berta.
Capitulo-4 Los Detenidosos
Capitulo-5 Quienes faltan por detener  
Capítulo 6 Estructura Criminal
Capitulo 7   El Extractivismo
Capitulo 8  Caso Modelo
Capitulo 9 El Ministerio Público
Capitulo 10. Los Financistas Internacionales
Capitulo 11 Justicia Para Berta

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