La hija de Berta Cáceres e integrante del COPINH reflexiona sobre la lucha del pueblo Lenca, la necesidad de plantar cara a un extractivismo que solo deja miseria, y la urgencia de refundar profundamente una Honduras de nuevo bajo un gobierno cómplice de Estados Unidos.
EL PAÍS: Fondos europeos financiaron el asesinato de la líder comunitaria hondureña en 2016, según un informe independiente. Sus allegados exigen a varios países supervisar el destino real de su dinero y las actividades de sus socios en el Sur Global
Ginebra (AFP) – Diez años después del asesinato en 2016 de la ambientalista indígena hondureña Berta Cáceres, por el que ocho personas han sido condenadas, su hija sigue reclamando justicia, en una entrevista concedida este viernes a la AFP.
Luego de la emisión de la orden de captura en diciembre de 2023, en contra de Daniel Atala Midence, gerente financiero del proyecto Agua Zarca, por el asesinato de Berta Cáceres, se han registrado una serie de graves ataques por medios digitales.
Luego de un análisis técnico se ha identificado a Carolina Atala Midence, hermana del prófugo de la justicia, Daniel Atala Midence, como promotora y partícipe de esta serie de campañas que tienen el objetivo de amenazar, difamar, estigmatizar y promover discriminación y odio en contra del COPINH y las hijas e hijo de Berta Cáceres. Incluso, mediante su perfil en X @gvtm34, esta persona participa de los mensajes de ataque.
Carolina Atala y Daniel Atala, son hijos de José Eduardo Atala Zablah y sobrinos de Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah, dueños del proyecto Agua Zarca y jefes de David Castillo, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, sentenciados por el asesinato de Berta Cáceres.
La dinámica de ataques incluye la creación de páginas web con el nombre de Berta Cáceres, el pago de “bots” para generar publicaciones en Facebook, X y TikTok, el uso de Inteligencia Artificial, la creación de imágenes y videos con mensajes de odio y amenazas utilizando imágenes sangrientas haciendo referencia a COPINH y a Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres. Dentro de estas campañas se difundió información confidencial de las medidas de seguridad del COPINH y la familia de Berta Cáceres.
Los ataques digitales se vinculan con acciones de manipulación de medios de comunicación hondureños que ocultan la información que vincula a la familia Atala con el crimen. Evidente en la reciente presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El COPINH denuncia estos actos y responsabiliza por cualquier acto que atente contra la vida y la integridad de la familia de Berta Cáceres y nuestra organización a Carolina Atala Midence y los miembros de su familia.
Hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Honduras a investigar estos hechos y a capturar a las personas responsables para que sean deducidas sus responsabilidades.
Recordamos que en noviembre de 2025, se produjo un atentado con arma de fuego en el Centro Utopía en La Esperanza, que hasta la fecha se encuentra sin resultados claros.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 26 días del mes de febrero de 2026.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”
Se desarrolló el fallo del caso contra los agentes de la Policía Miguel Arcángel Rosales y Juan Carlos Cruz, acusados de alterar prueba en la investigación del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque.
👉🏾Durante el juicio quedó demostrado que estas acciones buscaban desviar la investigación y garantizar la impunidad de los autores intelectuales.
El tribunal absolvió a Juan Carlos Cruz de los delitos.
12 enero 2026 – Washington, DC—El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) hizo entrega de su Informe Final, en un acto oficial llevado a cabo en Tegucigalpa. Con la presentación de este Informe y el cierre de su mandato, se abre un momento decisivo: el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas orientadas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota de que el Informe contiene recomendaciones dirigidas a diversas autoridades y actores, y a la propia CIDH; valora el rigor y la integralidad de los hallazgos presentados; y reitera que, en el marco de su mandato, dará seguimiento a dichas recomendaciones a través de los distintos mecanismos y herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la perspectiva de la centralidad de las víctimas y sus familiares.
El GIEI Honduras fue creado con el propósito de fortalecer la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores y otros delitos conexos, así como de contribuir a propuestas orientadas a la reparación integral y a las garantías de no repetición, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. El acuerdo que permitió su creación fue suscrito por el Estado de Honduras, la CIDH y la representación de la Medida Cautelar 112/16 a inicios de 2025. Las personas expertas llevaron adelante su trabajo técnico de forma independiente durante once meses.
A partir de la presentación de este Informe Final, la CIDH cuenta con elementos renovados y actualizados que le permitirán continuar, junto con los familiares y el Estado, su labor de seguimiento en el caso de Berta Cáceres, así como en otros casos de personas defensoras de derechos humanos que enfrentan atentados y represalias por su labor. En ese marco, la CIDH manifiesta su convicción de que este Informe constituye un insumo relevante para fortalecer la respuesta institucional en términos de esclarecimiento de los hechos, rendición de cuentas y prevención de nuevas violaciones. Y reconoce el apoyo brindado por el Estado para la puesta en marcha de este GIEI y la lucha incansable de los familiares de Berta Cáceres, cuyo compromiso sostenido ha sido fundamental para mantener viva la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La Comisión recuerda que los mecanismos internacionales de investigación autónomos e independientes han contribuido, en distintos países de la región, a los esfuerzos por garantizar el derecho a la verdad y a la justicia frente a graves violaciones de derechos humanos, particularmente cuando existen condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones, incluidas garantías de independencia, acceso a información relevante y un entorno de seguridad libre de interferencias.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia.
MAS INFORMACIONES: https://giei.copinh.org/
Ratificación de sentencias: un avance parcial
El 25 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias de siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres, líder emblemática de los derechos indígenas y ambientales en Honduras. Entre los sentenciados se encuentran David Castillo, expresidente ejecutivo de DESA, y los militares Mariano Díaz y Henry Hernández. Este paso marca un avance importante en la lucha contra la impunidad.
Sin embargo, la modificación de las penas de dos condenados generó inquietud. Mariano Díaz vio reducida su condena de 30 años a 20 años y 10 meses, mientras que David Castillo pasó de 22 años y medio a 20 años. Esta decisión fue tomada por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, quienes modificaron la clasificación del crimen, eliminando agravantes que se habían considerado inicialmente, como el abuso de confianza y las motivaciones racistas o ideológicas. LEER TODO AQUI
COMUNICADO 1/2025
Luego de más de 6 años de espera, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado la condena a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, ratificando que es culpable de asesinato agravado del crimen contra nuestra hermana Berta Cáceres y la condena de 30 años de prisión. El pleno ha recalificado su responsabilidad como autor por inducción. LEER TODO AQUI
COMUNICADO 3/2025
Un nuevo paso en la justicia para Berta Cáceres: se instala Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Honduras
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) anunciamos que hoy se ha concretado la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del feminicidio territorial de nuestra compañera Berta Cáceres.
Esto representa un paso histórico en la lucha contra la impunidad en Honduras y es resultado del caminar incansable de la familia de Berta, las comunidades organizadas del COPINH y el pueblo Lenca que, desde 2016, no han cesado en sus demandas de verdad y justicia. LEER TODO AQUI
En esta entrevista, conversamos con Dunia en el marco del 12° aniversario de la toma de El Roble, una acción histórica de resistencia en defensa del territorio y los bienes comunes. ESCUCHARLA AQUI
En los nueve años de lucha por justicia, se han identificado tres grandes grupos de responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres: el Estado de Honduras, autores materiales y empresas privadas.
Responsabilidad del Estado Miembros del Ejército hondureño participaron directamente en el asesinato de Berta Cáceres, entre ellos:
Luego de muchos años de búsqueda de justicia, el 15 de noviembre de 2025, se hicieron públicas las sentencias contra tres responsables del Fraude sobre el Gualcarque, una de las claves en la lucha por justicia para el pueblo Lenca y por el crimen de nuestra compañera Berta Cáceres. LEER TODO AQUI
COMUNICADO 10 /2025
Hoy, 24 de junio, inicia el juicio oral y público contra Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, por el delito de abuso de autoridad, al haber otorgado ilegalmente el permiso de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sin la realización de una Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI) al pueblo Lenca, como lo exigen el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Honduras desde 1995; la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas y los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que incluye la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la doctrina y jurisprudencia interpretativa de la misma desarrollada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. LEER TODO AQUI
Criterio.hn Exalcalde de Ojuera enfrenta nuevo juicio por abuso de autoridad en caso Agua Zarca 24/06/2025
Criterio.hn Concluye juicio por caso Agua Zarca: defensa negó existencia de pueblos indígenas en Ojuera 25/06/2025
La familia Atala Zablah propició una red criminal mediante financiamiento y contactos políticos, para atacar y violar los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco y el COPINH. LEER TODO AQUI
El recurso de casación de la defensa de David Castillo no hace mención sobre falsificación o manipulación de información, contrario a lo que han mencionado en medios, demostrando que solo es un intento por desviar la atención de las pruebas incriminatorias en contra de David Castillo por las que fue declarado culpable. LEER TODO AQUI
Sergio Rodriquez fue esencial en el asesinato de Berta Cáceres, ya que recababa información y la trasladaba a Douglas Bustillo, quien organizaba con Mariano Díaz la ejecución. Su información y vigilancia representó un requisito indispensable para la logística del crimen.
El 29 de noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró culpable a Sergio Rodríguez como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, hasta el día de hoy, su sentencia no ha sido confirmada. ¿Cuáles son las pruebas que evidencian su culpabilidad? LEER TODO AQUI
Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora de derechos humanos, fue brutalmente asesinada por su incansable lucha contra el modelo extractivo en Honduras. Su compromiso con la defensa del Río Gualcarque y la comunidad de Río Blanco la llevó a enfrentarse al Proyecto Hidroeléctrico ‘Agua Zarca’, promovido por la poderosa familia Atala Zablah. LEER TODO AQUI
Hace más de ocho años, la familia de Berta Cáceres, junto al COPINH iniciaron una incansable lucha por obtener justicia para nuestra hermana y compañera Berta. Esta lucha, que resonó en todo el mundo, ha dejado claro que su asesinato no fue un hecho aislado. LEER TODO AQUI
La evidencia de la extracción de teléfonos es la prueba clave que condena a la responsabilidad de Roberto David Castillo y Sergio Rodríguez por su participación en los ataques sistemáticos contra Berta y la tentativa de asesinato que se realizó entre el 5 y 6 de febrero del año 2016, así como las acciones anteriores y posteriores al asesinato de Berta
Es hora de que la Corte Suprema de Justicia, presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal, compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, confirmen estas sentencias y pongan fin a la impunidad.
Descarga AQUI las pruebas que incriminan a David Castillo y únete a la lucha por la verdad y la justicia para Berta Cáceres.
Durante los días 19 y 20 de agosto de 2024 tres representantes de la RED DESC se movilizaron hacia Tegucigalpa con la finalidad de visibilizar la falta de resolución de los recursos de casación en el caso de Berta Cáceres. LEER TODO AQUI
COMUNICADO 11/2024
Llegamos desde los rincones más profundos de Honduras, porque ya no hay más tiempo.
A más de 8 años del cruel crimen que arrebató la vida de nuestra compañera Berta Cáceres, seguimos viendo la fragilidad y corrupción del sistema de justicia en Honduras. La impunidad en este caso es un recordatorio constante de las injusticias que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y los territorios ancestrales. LEER TODO AQUI
El caso conocido como “Fraude sobre el Gualcarque” destapó una de las tramas de corrupción más escandalosas en Honduras, revelando cómo el gobierno otorgó concesiones ilegales para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah.
Este proyecto violó los derechos del pueblo Lenca, ya que fue impuesto sin la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT, lo que desató una lucha en defensa del territorio y la justicia, que terminó con el asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres. LEER TODO AQUI
COMUNICADO 12/2024
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado las sentencias de siete de los ocho hombres condenados en los juicios de 2018 y 2021 por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Se han ratificado las condenas de David Castillo, empleado principal de la familia Atala; Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo; Oscar Torres y Edilson Duarte.
Esta decisión confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala continúan en la impunidad. LEER TODO AQUI
Por falta de resolución de la Sala de lo Constitucional de la nueva Corte Suprema de Justicia se mantiene sin sentencia el caso de Fraude Sobre el Río Gualcarque. LEER TODO AQUI
La Sala de lo Constitucional ha denegado el recurso de amparo presentado por la defensa de David Castillo, en el Juicio de “Fraude sobre el Gualcarque”. Es importante señalar que se espera que se resuelva el recurso de reposición. Después de esto, la Sala de lo Constitucional deberá resolver y notificar a las partes para que el juicio pueda continuar. LEER TODO AQUI
Reportarsinmiedo.org : Ordenan capturar a Daniel Atala por crimen de Berta Cáceres 1/12/2023
Criterio.hn : Emiten requerimiento fiscal con orden de captura contra Daniel Atala Midence, vinculado en asesinato de Berta Cáceres 2/12/2023
Comunicado 14/2023
Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que se confirmen las sentencias de los condenados por el asesinato de Berta Cáceres. El desmedido retraso judicial vulnera el acceso a la justicia de las víctimas. LEER TODO AQUI
La sentencia a David Castillo no satisface la exigencia de Justicia del Pueblo Lenca. El Estado de Honduras se mantiene en deuda. 20/06/2022
Comunicado 13
La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa ha emitido la sentencia a David Castillo por su responsabilidad en el asesinato en calidad de coautor de nuestra compañera Berta Cáceres Flores. Esto después de cerca de un año de espera y 4 postergaciones injustificadas.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, la organización fundada y dirigida por Berta Cáceres hace del conocimiento público lo siguiente: LEER TODO AQUI
COPINH presenta denuncia penal contra el banco Holandés FMO por complicidad en corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia. 28/06/2022
Comunicado 15/2022
El día de hoy, 28 de junio de de 2022, a 13 años del Golpe de Estado de 2009, el COPINH, junto a hijas e hijo de Berta Cáceres, presentamos una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda en contra del banco holandés, FMO, y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en su financiamiento al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah. LEER TODO AQUI
Resumen Día 1 Juicio Fraude Gualcarque 27/07/2022
El día de ayer el Pueblo Lenca se plantó frente a los Tribunales en Materia de Corrupción en una jornada de lucha por la defensa de la vida y los territorios de la comunidad de Río Blanco. LEER TODO AQUI
Europa/Las Américas, 1 de diciembre de de 2022.- Las organizaciones nacionales e internacionales que componen la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, llaman a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a decidir prontamente la consulta sobre la acción de amparo que suspende el juicio oral en el proceso por corrupción en la concesión del Río Gualcarque. LEER TODO AQUI
Danielle Mackey, Chiara Eisner
December 21 2019, 3:00 p.m.READ IN ENGLISH
YA PASARON MÁS de tres años desde que Berta Cáceres fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44 años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena. Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en los brazos de un amigo.
Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.
El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos, sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad: todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional.
Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de DESA.
Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato. Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados.
Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión.
Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u obligado a declarar.
El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.
Foto: Giles Clarke/Getty Images
El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados de alto nivel.
Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.
A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.
El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían que DESA no tenían derecho a estar allí.
La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes. Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle a un miembro del COPINH llamado Tomás García.
Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.
“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.
La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias llamado HCH Televisión Digital.
“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.
Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.
Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador. HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre el segmento transmitido.
Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.
“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento otra vez”, añadió el número desconocido.
Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.
En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló el fallo y desestimó los cargos.
Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en 2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo. Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y ubicación de Cáceres.
Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de construcción de la empresa.
“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza. Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas: “Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.
Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C. para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”.
DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de 2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.
El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero Daniel Atala Midence.
En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.
Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le dijo que podía contar con su apoyo.
Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto. “No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos ganamos”, le respondió a Cáceres.
Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA, Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo; sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía nacional.
Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los manifestantes, pero no funcionó.
Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes, parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato, fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el dignatario.
No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática. El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo que se discutió.
El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió, “Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA, respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección policial de la represa.
Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.
El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados, Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al grupo.
Documento: Honduras Supreme CourtEl 22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr. Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.
Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.
Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para este momento, la empresa había montado una red de comunicación compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el análisis.
Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images
La estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.
El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el conocimiento y adopción de las decisiones”.
Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.
“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó cómo siempre solo lo mejor”.
Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.
“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.
“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que es cuándo se acaba la amenaza”.
Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó, según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”, escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo. Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.
Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es peligroso te enyucas”.
El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”, presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación: “Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos hombres para que los tres pudieran “trabajar”. Y aclaró: “Uste ya save deke”.
No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre de la futura víctima.
Documento: Honduras Supreme CourtEl 5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.
Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de la casa de Cáceres.
Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a los autobuses públicos y abandonaron la zona.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.
Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día siguiente.
Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.
El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45 policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.
En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota, creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su nota, y que mensaje debe de dar”.
En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.
El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo. El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de la casa de Cáceres.
Documento: Honduras Supreme CourtA las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si? Besos”.
Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.
Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.
Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.
“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.
Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:
“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.
“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.
A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.
Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.
Familiares y amistades colocan flores en la tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2018.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.
El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.
Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un infame comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.
Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.
Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra nosotros”.’
Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes, registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la organización.
Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.
Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz, Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre, el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las sentencias eran el “primer y pequeño paso” hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los congresistas estadounidenses.
En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez, abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David Castillo y Sergio Rodríguez”.
El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo Amsterdam.
Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo: exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o corrompidos”.
Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por “manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido Proceso”.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió: “Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.
Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres
Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE — un equipo internacional que investigó el asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece intacta.
“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.
https://theintercept.com/2019/12/21/al-interior-del-complot-para-asesinar-a-berta-caceres/
La Ceiba, Atlántida, 13 de Marzo del 2018.- El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.
Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.
Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.
El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)
Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.
En una misiva dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.
La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.
Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.
El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.
Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
“En la Resistencia heroica del pueblo hondureño, las mujeres hemos dado un aporte histórico,” Berta Cáceres.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Misión de Observación Calificada invita a un conversatorio académico-jurídica que contempla visiones Mesoamericanas sobre la violencia y la justicia.
Jueves, 11 de marzo de 2021 10-11:30am hora de Honduras
Con la participación de:
● Bertha Zúniga, mujer Lenca, hija de Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH
● Montserrat Sagot, socióloga costarricense
● Brisna Caxaj, socióloga guatemalteca
● Karla Micheel Salas, abogada mexicana
● Claudia Herrmannsdorfer, abogada hondureña
Objetivos:
● Reflexionar las condiciones económicas y políticas en las cuales ocurre el asesinato de Berta Cáceres para entender como es un feminicidio
● Explorar cómo son las diferentes formas de justicia para las víctimas y la sociedad
● Conversar sobre los desafíos legales y sociales para procesar casos de feminicidio, como lo de Berta Cáceres