Al interior del complot para asesinar a Berta Cáceres

Los mensajes de texto y Whatsapp muestran que la conspiración contra Berta Cáceres involucró a los más altos rangos de la empresa cuya represa había estado protestando.

Danielle MackeyChiara Eisner
December 21 2019, 3:00 p.m.READ IN ENGLISH 

YA PASARON MÁS de tres años desde  que Berta Cáceres  fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44 años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena. Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en los brazos de un amigo.

Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.

El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos, sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad: todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional.

Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de DESA.

Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato.  Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados.

Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión.

Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u obligado a declarar.

The Gualcarque River, downstream from the Aqua Zarca Dam. Sandwiched between Guatemala and Nicaragua on the Caribbean coast, Honduras is blanketed in forest and rich in valuable minerals. But the proceeds of this natural wealth are enjoyed by a very small section of society. Honduras has the highest levels of inequality in the whole of Latin America, with around six out of ten households in rural areas living in extreme poverty, on less than US$2.50 per day. A recent report documents shocking levels of violence and intimidation suffered by rural communities for taking a stand against the imposition of dams, mines, logging, or agriculture on their land - projects that are controlled by rich and powerful elites, among them members of the political class. The root causes of the abuses are widespread corruption and the failure to properly consult those affected by these projects

El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.

Foto: Giles Clarke/Getty Images

Duplicidad Temprana

El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados de alto nivel.

Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.

A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.

El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían que DESA no tenían derecho a estar allí.

La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes. Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle a un miembro del COPINH llamado Tomás García.

Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.

“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.

La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias llamado HCH Televisión Digital.

“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.

Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.

Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador. HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre el segmento transmitido.

Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.

“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento otra vez”, añadió el número desconocido.

Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.

En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló el fallo y desestimó los cargos.

Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en 2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo. Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y ubicación de Cáceres.

Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de construcción de la empresa.

“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza. Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas: “Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.

This photo taken on September 17, 2018 shows Sergio Rodriguez (R) along with six other accused on the murder of indigenous environmental activist Berta Caceres, after the judges suspended the trial following the filing of a court challenge in Tegucigalpa. - Berta Caceres' family, is expecting on November 22, 2018 that next week seven of nine accused in the activist murder will be sentenced, yet they will continue seeking for justice on the responsibility of the intellectual authors. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP)        (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

 “Puede ser que en estos momentos ocurra”

En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C. para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”.

DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de 2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.

El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero Daniel Atala Midence.

En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.

Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le dijo que podía contar con su apoyo.

Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto. “No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos ganamos”, le respondió a Cáceres.

Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA, Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo; sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía nacional.

Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los manifestantes, pero no funcionó.

Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes, parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato, fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el dignatario.

No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática. El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo que se discutió.

El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió, “Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA, respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección policial de la represa.

Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.

El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados, Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al grupo.

Documento: Honduras Supreme CourtEl 22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr. Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.

Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.

Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para este momento, la empresa había montado una red de comunicación compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el análisis.

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Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images

La estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.

El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el conocimiento y adopción de las decisiones”.

Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.

“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó cómo siempre solo lo mejor”.

“Un grano en el trasero de la doña”

Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.

“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.

“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que es cuándo se acaba la amenaza”.

Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó, según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”, escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo. Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.

Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es peligroso te enyucas”.

El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”, presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación: “Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos hombres para que los tres pudieran “trabajar”.  Y aclaró: “Uste ya save deke”.

No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre de la futura víctima.

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Documento: Honduras Supreme CourtEl 5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.

Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de la casa de Cáceres.

Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a los autobuses públicos y abandonaron la zona.

“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.

Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día siguiente.

Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.

El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45 policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.

En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota, creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su nota, y que mensaje debe de dar”.

En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.

Un asesinato plasmado en los mensajes

El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo. El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de la casa de Cáceres.

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Documento: Honduras Supreme CourtA las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si? Besos”.

Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.

Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.

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Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.

“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.

Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:

“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.

“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.

A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.

Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.

Relatives and friends place flowers at indigenous environmentalist Berta Caceres grave in La Esperanza, Honduras, on March 3, 2018. Relatives and indigenous people demanded justice to the intellectual authors of the murder of the prestigious environmentalist Berta Caceres, executed two years ago for opposing the construction of a hydroelectric dam on a river. / AFP PHOTO / Orlando SIERRA (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

Familiares y amistades colocan flores en la tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2018.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Un estancamiento burocrático

Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.

El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.

Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un infame comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.

Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.

Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra nosotros”.’

Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes, registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la organización.

Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.

Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz, Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre, el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las sentencias eran el “primer y pequeño paso” hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los congresistas estadounidenses.

En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez, abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David Castillo y Sergio Rodríguez”.

El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo Amsterdam.

Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo: exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o corrompidos”.

Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por “manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido Proceso”.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió: “Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.

Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres

Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE   — un equipo internacional que investigó el asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece intacta.

“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.

https://theintercept.com/2019/12/21/al-interior-del-complot-para-asesinar-a-berta-caceres/

Berta Cáceres: un crimen de estado relacionado con la consulta previa

La Ceiba, Atlántida, 13 de Marzo del 2018.- El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.

Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.

El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.

Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.

Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.

Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.

El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)

Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.

En una misiva dirigida por el COPINH  al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.

La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.

Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.

El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.

Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

https://ofraneh.wordpress.com/2018/03/13/berta-caceres-un-crimen-de-estado-relacionado-con-la-consulta-previa/

La lucha jurídica y política para la justicia por el feminicidio de Berta Cáceres.

“En la Resistencia heroica del pueblo hondureño, las mujeres hemos dado un aporte histórico,” Berta Cáceres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Misión de Observación Calificada invita a un conversatorio académico-jurídica que contempla visiones Mesoamericanas sobre la violencia y la justicia.

Jueves, 11 de marzo de 2021 10-11:30am hora de Honduras

Con la participación de:

● Bertha Zúniga, mujer Lenca, hija de Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH

● Montserrat Sagot, socióloga costarricense

● Brisna Caxaj, socióloga guatemalteca

● Karla Micheel Salas, abogada mexicana

● Claudia Herrmannsdorfer, abogada hondureña

Objetivos:

● Reflexionar las condiciones económicas y políticas en las cuales ocurre el asesinato de Berta Cáceres para entender como es un feminicidio

● Explorar cómo son las diferentes formas de justicia para las víctimas y la sociedad

● Conversar sobre los desafíos legales y sociales para procesar casos de feminicidio, como lo de Berta Cáceres

Before Her Murder, Berta Cáceres Singled Out Hillary Clinton for Criticism

The presidential candidate has ignored criticism of her role in enabling the consolidation of the Honduran coup.

By Greg GrandinTwitter

MARCH 10, 2016

People hold up photos of slain Honduran indigenous leader and environmentalist Berta Cáceres outside the coroner’s office in Tegucigalpa. (AP Photo / Fernando Antonio)

Before her murder on March 3, Berta Cáceres, a Honduran indigenous rights and environmental activist, named Hillary Clinton, holding her responsible for legitimating the 2009 coup. “We warned that this would be very dangerous,” she said, referring to Clinton’s effort to impose elections that would consolidate the power of murderers.

In a video interview, given in Buenos Aires in 2014, Cáceres says it was Clinton who helped legitimate and institutionalize the coup. In response to a question about the exhaustion of the opposition movement (to restore democracy), Cáceres says (around 6:10): “The same Hillary Clinton, in her book Hard Choices, practically said what was going to happen in Honduras. This demonstrates the bad legacy of North American influence in our country. The return of Mel Zelaya to the presidency (that is, to his constitutionally elected position) was turned into a secondary concern. There were going to be elections.” Clinton, in her position as secretary of state, pressured (as her emails show) other countries to agree to sideline the demands of Cáceres and others that Zelaya be returned to power. Instead, Clinton pushed for the election of what she calls in Hard Choices a “unity government.” But Cáceres says: “We warned that this would be very dangerous.… The elections took place under intense militarism, and enormous fraud.”

Interestingly, Hillary Clinton removed the most damning sentences regarding her role in legitimating the Honduran coup from the paperback edition of Hard Choices.

According to Belén Fernández, Clinton airbrushed out of her account exactly the passage Cáceres highlights for criticism: “We strategized on a plan to restore order in Honduras and ensure that free and fair elections could be held quickly and legitimately, which would render the question of Zelaya moot and give the Honduran people a chance to choose their own future” (see Fernández’s essay in Liza Featherstone’s excellent False Choices: The Faux Feminism of Hillary Rodham Clinton).

Aside from Hard Choices’ shape-shifting account of the crisis, Clinton has ignored criticism of her role in enabling the consolidation of the Honduran coup. That is, until Cáceres’s murder forced a response. Last week, her campaign answered my Nation post on her broader responsibility for Cáceres’s execution: “simply nonsense,” a spokesperson said: “Hillary Clinton engaged in active diplomacy that resolved a constitutional crisis and paved the way for legitimate democratic elections.”

We still don’t have a clear idea of the events surrounding Cáceres’s murder. There is one witness, Gustavo Castro, a Mexican national, activist, and journalist, who was with Cáceres when gunmen burst into her bedroom. Berta died in his arms. Castro was himself shot twice, but survived by playing dead.

The Honduran government—that “unity government” Clinton is proud of—has Castro in lockdown, refusing him contact with the outside world.

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Since he is the only witness to a murder that will implicate many government allies, if not the government itself, Castro’s life is clearly in danger. An international campaign to release Castro is being mounted by a number of high-profile groups, including Amnesty International and the American Jewish World Service. The organization Other Worlds worked closely with Cáceres and her Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras. Here’s a link for how to take action to demand Castro’s safe passage.

In the interview cited above, Cáceres was asked: “Facing this wave of assassinations, do you fear for your life?” She answered (at 14:15): “Yes, yes. Well, we are afraid. In Honduras, it isn’t easy. It’s a country where you see a brutal violence.” The threats are constant, she said: legal intimidation, attempts on lives, rape, fear of being thrown in jail, assaults, and the smear campaigns carried out by the oligarchic media.

“But we are not going to be paralyzed,” Cáceres said.

https://www.thenation.com/article/archive/chronicle-of-a-honduran-assassination-foretold/

Berta Cáceres murder: seven convicted men sentenced to up to 50 years

Sentencing in environmental activist’s death comes more than a year after guilty verdict

Nina LakhaniMon 2 Dec 2019 23.25 GMT

The seven men found guilty of killing the Honduran indigenous environmentalist Berta Cáceres have been sentenced to 30 to 50 years.

Cáceres, a winner of the Goldman prize for environmental defenders, was shot dead late at night on 2 March 2016 – two days before her 45th birthday – after a long battle to stop construction of an internationally financed hydroelectric dam on the Gualcarque River.

In November 2018, the court ruled the murder was ordered by executives of the Agua Zarca dam company, Desa, because of delays and financial losses linked to protests led by Cáceres.Berta Cáceres case: a warning for those who would kill activistsRead more

On Monday, more than a year after the guilty verdict, the four paid hitmen – Elvin Rapalo, Edilson Duarte Meza, Óscar Torres, and Henry Javier Hernández – were each given 34 years for the murder. They were also sentenced to 16 years and four months for the attempted murder of Gustavo Castro, a Mexican environmentalist who was shot in the same attack but survived by playing dead.

Sergio Ramón Rodríguez, the communities and environment manager for Desa, and Douglas Geovanny Bustillo, a former Desa security chief and ex-US trained army lieutenant, were given 30 years and six months for their participation in the murder.

Mariano Díaz Chávez, a US-trained special forces major who served with Bustillo, was found guilty by omission and given 30 years. In last year’s five-week trial, wiretap conversations suggested that Díaz participated in reconnaissance missions with Bustillo, and in February 2015 provided logistical support and a gun for a plot to kill Cáceres. That attempt was aborted at the last minute because she was at home with her daughters.

At the time, Díaz – an army major on active service and in line for promotion to lieutenant colonel – was under investigation for drug trafficking and kidnapping.

Monday’s sentences were welcomed by Cáceres’s family and supporters as an important step, but outside court they reiterated demands that justice be delivered against the masterminds and financiers of the plot.

“From the outset, the path to justice has been painful, as our rights as victims have not been respected. These sentences are a start in breaking the impunity, but we’re going to make every effort to ensure that all those responsible – the company executives and state officials identified in the trial – are prosecuted,” said Bertita Zúñiga, Cáceres’ second-eldest daughter.

In an October 2018 photo, men accused in the murder of Berta Cáceres sit in the courtroom in Tegucigalpa, Honduras.
In an October 2018 photo, men accused in the murder of Berta Cáceres sit in the courtroom in Tegucigalpa, Honduras. Photograph: Fernando Antonio/AP

Cáceres, the coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh), was best known for defending indigenous territory and natural resources, but she was also a respected political analyst, women’s rights defender and anti-capitalist campaigner.

David Roberto Castillo, a US-trained former military intelligence officer and Desa’s president, has been indicted as an “intellectual author” of her murder. Castillo was arrested on the second anniversary of the murder and is alleged to have coordinated with, and provided funds to, the killers.

This year, Cáceres’ children applied to a US federal court to subpoena bank records linked to a $1.4m luxury house in Texas purchased by Castillo eight months after the killing, arguing the documents could help identify yet unknown individuals involved in the crime.

Castillo has also been indicted on multiple corruption charges linked to the Agua Zarca dam concession, which was awarded without proper consultation or environmental assessment. He denies any wrongdoing and insists that he and Cáceres were friends. Construction of the 21-megawatt dam stopped after the murder, but the licence has not been revoked.

The Agua Zarca dam was among scores of environmentally destructive mega-projects sanctioned after the 2009 coup, which ushered in a pro-business government that unleashed a wave of repression against communities who opposed the plans.

Cáceres’s murder triggered widespread condemnation but failed to stop the bloodshed: at least 24 environmental and land defenders have been murdered since March 2015, and Honduras remains one of the most dangerous countries in the world outside an official warzone. Meanwhile, the National party remains in power despite mounting allegations of election fraud, illegal campaign financing and links to drug trafficking.

Detienen a 4 sospechosos de la muerte de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras

  • Redacción
  • BBC Mundo

2 mayo 2016

Berta Cáceres
Pie de foto,Cáceres fue atacada el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza un día antes de cumplir 45 años.

A dos meses del asesinato de la prominente activista ambiental Berta Cáceres, las autoridades de Honduras anunciaron este lunes la detención de cuatro supuestos implicados en su muerte.

El asesinato de Cáceres, premiada un año atrás con el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente, generó repudio en su país y en el extranjero.

Cáceres fue atacada por dos hombres armados el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza un día antes de cumplir 45 años.

Los sospechosos fueron detenidos tras allanamientos simultáneos que se realizaron en la capital Tegucigalpa y en las ciudades de La Ceiba, Trujillo y Colón.

Fueron identificados como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, informó el Ministerio Público hondureño.

«En las operaciones se ha capturado a cuatro de los presuntos asesinos de Berta Cáceres en allanamientos en varias ciudades del país», aseguró el portavoz del Ministerio Público, Jury Mora.

Fueron detenidos bajo cargos de asesinato contra Cáceres y tentativa de asesinato contra su colega mexicano Gustavo Castro, herido en el ataque y único testigo del crimen.

El vocero de las Fuerzas Armadas, Lenín González, señaló que dos de los presuntos responsables son militares, uno activo y el otro retirado.

Activista premiada

Cáceres, líder de la etnia lenca, contaba con medidas cautelares de protección establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que denunciara haber recibido amenazas de muerte.

Funeral de Berta Cáceres
Pie de foto,Miles de personas acudieron al funeral de Cáceres.

Su campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió el año pasado el premio Medioambiental Goldman.

La activista, coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca.

La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

Pedido de la ONU

Semanas atrás el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, le pidió al gobierno de Honduras que ordene una investigación independiente del asesinato de Cáceres.

Familiares de la activista y organizaciones civiles hicieron la misma demanda y enviaron una carta abierta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denunciaron señales de corrupción en la pesquisa.

Berta Cáceres
Pie de foto,Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015.

Dos semanas después del asesinato de Cáceres otro miembro del Copinh, Nelson García, murió asesinado.

Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según la ONG con sede en Londres y Washington Global Witness, que investiga abusos contra los derechos humanos.

Según esta organización, Honduras es «el país más mortal del mundo» para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.

Es especialmente peligroso para los indígenas. De los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160502_honduras_detienen_sospechosos_asesinato_berta_caceres_bm

Los asesinos de Berta Cáceres confiesan que cobraron 22.000 dólares por el crimen

La Justicia de Honduras encarcela a cuatro sospechosos del asesinato entre los que hay un mayor del Ejército hondureño y un ejecutivo de la empresa a la que se enfrentó la activista.

09/05/2016 18:59

EFE

TEGUCIGALPA.- Los presuntos autores del asesinato de la dirigente indígena y ecologista hondureña Berta Cáceres recibieron como pago 500.000 lempiras (cerca de 22.000 dólares), según la confesión de uno de ellos registrada en un informe difundido este lunes por la prensa local.

El informe difundido por el diario El Heraldo señala que una fuente anónima reveló que uno de los militares detenidos como sospechoso «confesó haber participado en el crimen» y que recibió cerca de 22.000 dólares por planificar el asesinato.

El sospechoso, cuya identidad no se revela, explicó la forma en la que se distribuyó el dinero y, según la publicación, cada sicario que participó recibió una paga de 50.000 lempiras (2.200 dólares).

Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía.

La Justicia de Honduras impuso el domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados detenidos hasta ahora por el asesinato de la dirigente indígena.

Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, directivo de la empresa Agua Zarca, que promueve un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos el pasado lunes en registros simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la «Operación Jaguar».

Un quinto implicado en el crimen, identificado como Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, fue detenido el mismo lunes pero se le había dejado en libertad en La Ceiba.

Sin embargo, el viernes el Ministerio Público hizo un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que Cáceres fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez esta semana.

El informe del mismo rotativo hondureño señala que existe un vídeo sobre el asesinato de Cáceres, que además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El vídeo fue obtenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para su análisis y muestra «a cuatro individuos ingresando a la casa de la fallecida (Berta Cáceres) en la madrugada del día de su muerte», añade la publicación.

No obstante, el vídeo «no aportaba imágenes claras», por lo que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EEUU, que colaboran en el caso, «procesaron el material para limpiarlo y así visualizarlo».

Cáceres denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.

https://www.publico.es/sociedad/asesinos-berta-caceres-cobraron-22.html

Siete condenados a entre 30 y 50 años de cárcel por crimen de Berta Cáceres

REDACCIÓN03/12/2019

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- Un tribunal de Honduras condenó este lunes a entre 30 y 50 años de cárcel a siete de los ocho acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro en 2016 en Intibucá, oeste del país centroamericano.

El octavo denunciado, Roberto David Castillo, quien hasta ahora ha sido acusado como el único autor intelectual del asesinato, sigue detenido a la espera de la sentencia.

La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional condenó a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Castro, que era huésped de la ecologista el día del crimen y fue el único testigo del hecho sangriento.

Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel, como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez.

Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), presunta implicada en el crimen.

Ejecutivos de la Desa han rechazado siempre las acusaciones contra personal de la empresa por el asesinato de Berta Cáceres, quien dormía en su casa cuando fue atacada.

El 30 de noviembre de 2018 la justicia ya había declarado culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.

A la audiencia de entonces asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Copinh.

«No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia», dijo la madre de la ambientalista. Muy conmovida, subrayó que «estos bandidos van a la cárcel a pudrirse en la cárcel» pero «a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar».

El ambientalista mexicano Gustavo Castro resultó herido de bala en una oreja y estuvo retenido en Honduras durante varias semanas después del crimen.

La familia de Berta Cáceres ha reiterado que la empresa Desa, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los «autores intelectuales» del crimen de la ecologista.

El abogado de Desa, Robert Amsterdam, en un comunicado, rechazó en noviembre del año pasado que Sergio Ramón Rodríguez, uno de los siete condenados hoy, haya tenido que ver con la muerte de Berta Cáceres.

Según Amsterdam, «no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas».

La familia y defensa de Berta Cáceres sigue exigiendo castigo y que se capture a los autores intelectuales del crimen, en el que aseguran que no solo se trata de David Castillo. EFE

https://www.lavanguardia.com/vida/20191203/472034349067/siete-condenados-a-entre-30-y-50-anos-de-carcel-por-crimen-de-berta-caceres.html

Condenan a siete implicados en el asesinato de Berta Cáceres: pagarán entre 30 y 50 años de cárcel

Por Elvin Sandoval 2 Diciembre, 2019

berta caceres condena asesinato
(Crédito: ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) – Un Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó este lunes una pena de entre 30 y 50 años de cárcel a siete de los nueve implicados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, según informó la portavoz del poder judicial Lucía Villars.

En la resolución, el tribunal establece que cuatro de los sentenciados deberán de permanecer en la cárcel 50 años, ya que fueron declarados culpables por los delitos de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres y asesinato en grado de tentativa en contra de un testigo protegido que acompañaba a Cáceres el día del crimen.

A dos procesados se les condenó a 30 años de cárcel, uno por encontrarlo culpable  como coautor del delito de asesinato consumado y al otro por el delito de autor por omisión en un caso de asesinato.

Además, otro procesado estará  30 años en prisión por el delito de asesinato en su grado de tentativa.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 de varios impactos de bala en el interior de su vivienda, ubicada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al occidente de Tegucigalpa.

Por este caso fueron procesados nueve personas, entre ellos tres exmilitares, quienes se declararon inocentes. En el transcurso del juicio uno de los imputados fue dejado en libertad por falta de pruebas.

Como uno de los actores intelectuales del asesinato de la ambientalista, según la sentencia, se menciona a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), una compañía a la que Cáceres se opuso por intentar instalar una hidroeléctrica en el río Gualcarque en su comunidad lenca.

El apoderado legal de Rodríguez, Jair López, dijo que apelará la sentencia de su defendido, porque asegura que su cliente es inocente y reiteró el alegato en todo el proceso del juicio de que el ejecutivo de DESA no tuvo ninguna relación que lo implique.

El noveno imputado en  este caso es David Castillo Mejía, presidente de DESA,  al que la Fiscalía del Estado acusó de autor intelectual del asesinato de la ambientalista que también se ha declarado inocente.

Por haber sido capturado el 2 de marzo de 2018, su proceso está pendiente de llegar a  juicio oral y público, según dijeron las autoridades del poder judicial. La empresa Desarrollos Energéticos mediante comunicados ha argumentado la inocencia de sus ejecutivos detenidos y se ha desligado del asesinato de Cáceres.

https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/02/alerta-honduras-entre-30-y-50-anos-de-carcel-para-siete-implicados-en-asesinato-de-ambientalista-berta-caceres/

Juicio por el asesinato de Berta Cáceres: «Habrá culpables, pero no justicia»

  • Arturo Wallace
  • BBC News Mundo

31 octubre 2018

Más de dos años y medio después del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, los presuntos autores materiales del crimen están por fin sentados en el banquillo de los acusados.

Pero los familiares de la líder indígena lenca han denunciado el proceso judicial como «una farsa» que tiene como objetivo garantizar la impunidad de los verdaderos responsables de su muerte.

Tres disparos de un sicario acabaron con la vida de Cáceres en la madrugada del 3 de marzo de 2016, un año después de que sus esfuerzos por evitar a la construcción de una represa en el noroeste del país la hiciera merecedora del prestigioso Premio Goldman, «el Nobel del medio ambiente».

Y, después de numerosos aplazamientos, el juicio oral en contra de los primeros ocho imputados por el caso finalmente empezó el pasado 20 de octubre, con la fiscalía iniciando la fase de «evacuación de los medios de prueba» esta semana.

Juicio Berta Cáceres
Después de numerosos aplazamientos, el juicio empezó el pasado 20 de octubre.

Un vocero del Ministerio Público hondureño le dijo a BBC Mundo que la institución cuenta con la evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados, entre los que además del gatillero también figuran dos exmilitares y dos exempleados de DESA, la empresa detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Pero aunque los familiares de la cofundadora del COPINH -el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras- también parecen convencidos de que el juicio terminará rápidamente y con un veredicto de culpabilidad para los indiciados, también advierten que eso no es garantía de justicia.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Los representantes legales de la familia de Berta Cáceres fueron apartados del proceso por orden del Tribunal de Sentencia.

«Sin duda va a haber condenas, porque es de interés del Estado», le dijo a BBC Mundo Berta Zúñiga, una de las hijas de la mujer que se convirtió en el símbolo de los peligros a los que están expuestos los activistas ambientales y de derechos humanos en el país centroamericano.

«Pero van a ser condenas frágiles y el resultado de un proceso superficial que no va a arrojar luces sobre lo que verdaderamente pasó», agregó, desde Tegucigalpa.

Proceso cuestionado

Para Zúñiga el mayor riesgo no es sólo que las eventuales condenas puedan ser fácilmente revertidas en otras instancias, sino que la actuación judicial también puede comprometer la futura imputación de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.

Y la reciente y polémica decisión judicial de retirar del proceso a los representantes legales de las víctimas -los familiares de Cáceres y el activista medioambiental mexicano Gustavo Castro, herido de bala durante el ataque- no ha hecho sino acentuar las sospechas de que a las autoridades no les interesa ir hasta el fondo del caso.

La disposición fue tomada por el propio Tribunal de Sentencia luego de que la acusación privada no se presentara al inicio del juicio oral, aduciendo que un recurso de amparo mantenía vigente su recusación de los magistrados que integran el mismo por «abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violaciones de los deberes de los funcionarios».

Y ese es sólo el último ejemplo de los numerosos choques entre las víctimas y las diferentes instancias del sistema de justicia de Honduras, un país con elevados niveles de impunidad rutinariamente denunciados por las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos.

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Los imputados

Acusados por el asesinato de Berta Cáceres
El juicio se centra exclusivamente en los autores materiales del asesinato de Cáceres.
  • La fiscalía imputó en calidad de autores materiales del crimen a los hermanos Edilson y Emerson Duarte, a Óscar Arnaldo Tareas y a Elvin Heriberto Rápalo, el supuesto autor de los disparos.
  • Como coautores del asesinato están imputados Sergio Ramón Rodríguez (gerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (oficial del Ejército) y Henry Javier Hernández.
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Los encontronazos empezaron desde que el mismo Tribunal de Sentencia no quiso admitir al COPINH -la organización liderada por Cáceres- como una de las víctimas de su asesinato, y se volvieron a manifestar cuando también negó la autorización para la transmisión en vivo del juicio.

Pero los choques más fuertes se han producido con el Ministerio Público, a quienes las víctimas han llegado a acusar, incluso criminalmente, de falta de diligencia y de tratar de obstaculizar a la justicia al rehusarse a compartir información a pesar de las órdenes expresas del tribunal (entre otras cosas).

«Falta de transparencia»

Mucha de esa información es evidencia potencial contenida en equipos incautados a los imputados que, a pesar del tiempo transcurrido, no han sido analizados por el Ministerio Público porque o bien «no estaban siendo usados en el momento del crimen» o «por falta de la tecnología necesaria», explicó un vocero de la institución.

«Y no todo se puede compartir, porque el artículo 5 de la ley del Ministerio Público prohíbe que se comparta información de un caso que todavía está siendo investigado, para no comprometer la integridad de la investigación», argumento el funcionario, Yuri Mora.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Cáceres era cofundadora del Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, para muchos el objetivo último del ataque que le costó la vida.

Las críticas a la falta de cooperación del Ministerio Público, sin embargo, son una de las raras coincidencias entre los abogados de las víctimas y los representantes legales de DESA.

Aunque para Robert Amsterdam, el abogado estadounidense contratado por la empresa hondureña, eso ha afectado más a la defensa.

«Las injusticias que han cometido con la defensa empequeñecen todo lo que ha estado pasando con las víctimas», le dijo a BBC Mundo el penalista estadounidense.

Y, al igual que estas, Amsterdam dice estar convencido de que el proceso judicial se ha visto condicionado por presiones políticas y que terminará con veredictos de culpabilidad, pero en su opinión injustas (al menos en lo que respecta a los exempleados de DESA).

«A Estados Unidos y las ONGs no les interesa la justicia, ellos simplemente quieren una cabeza», aseguró el abogado de la empresa, quien insiste en que no hay evidencias de que la muerte de Cáceres tuviera algo que ver con su oposición a la represa de Agua Zarca.

Niños lencas en la ribera del río Gualcarque
El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca pretendía represar el río Gualcarque a unos 200 kilómetros al oeste de Tegucigalpa amenazando las fuentes de agua de los lencas.

«Aquí ha habido una renuncia total por parte de la comunidad de defensores internacional de Derechos Humanos a realmente buscar la verdad», se quejó Amsterdam, quien asegura que hay muchas otras explicaciones posibles para la muerte de Cáceres.

Y Marcia Aguiluz, la directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, una de las numerosas organizaciones internacionales que ha estado siguiendo de cerca el caso- coincide en que el mayor riesgo es que efectivamente nunca se llegue a la verdad, pero para proteger a los inversionistas y accionistas de DESA.

«Habrá culpables, pero no habrá justicia ni verdad», dijo del proceso que inició el pasado 20 de octubre.

«Vamos a saber quiénes apretaron el gatillo y quiénes los encubrieron, pero no quiénes pagaron (para matar a Berta Cáceres)», le dijo a BBC Mundo.

Enfoque limitado

Víctor Fernández, el abogado de las hijas de Cáceres, coincide.

Y cree que es precisamente para garantizar eso que el Ministerio Público ha insistido en centrar la acusación únicamente en el día del asesinato de la líder indígena, rehusándose a considerar el contexto más amplio.

Tumba de Berta Cáceres
Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo de lucha en Honduras.

«Reducirlo todo al día del hecho es reducir la verdad y atentar contra el derecho a la justicia, porque la conspiración va más allá del 2 de marzo, hay que considerar todo lo anterior, las amenazas», argumenta Fernández.

«Es un enfoque que pone en riesgo la imputación de algunos de los verdaderos autores intelectuales, aumentando el riesgo de impunidad de algunos actores», le dijo a BBC Mundo.

Pero la fiscalía, sin embargo, insiste en que la investigación todavía no ha concluido y asegura que «si hay nuevas personas de interés, el Ministerio Público emitirá los respectivos requerimientos fiscales».

«Hay dos policías guardando prisión, porque son los que estaban realizando la investigación y el Ministerio Público comprobó que estaban falseando unos audios», destacó el vocero de la institución, Yuri Mora.

Y el portavoz también recordó el arresto, en marzo pasado, del presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien eventualmente deberá enfrentar un juicio aparte como supuesto autor intelectual del asesinato de Cáceres.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Honduras es el país más letal del mundo para los defensores del medioambiente.

Esto, sin embargo, no convence ni las víctimas ni a organizaciones como el CEJIL, que representó a Cáceres cuando esta consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en favor de la activista medioambiental antes de su asesinato.

«Nosotros no nos sentimos representados por un Ministerio Público que nunca ha velado por nuestros intereses, al que hemos denunciado dos veces y ni siquiera nos dirige la palabra», le dijo Berta Zúñiga a BBC Mundo.

«Tampoco hay voluntad política de garantizar una justicia integral, lo que se ha expresado en una coordinación de todas las instancias del sistema judicial para apartarnos del proceso», denunció la hija de Berta Cáceres.

Y para Marcia Aguiluz, del CEJIL, un encubrimiento de los máximos responsables puede tener consecuencias que van más allá de este caso puntual, en un país conocido como uno de los más letales para los activistas medioambientales.

«Los sicarios son reemplazables«, le dijo a BBC Mundo. «Pero si los autores intelectuales no asumen su responsabilidad, este tipo de situaciones se va a seguir repitiendo».

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46046105