El papel de las FFAA en el crimen de Berta Cáceres

David Castillo utilizó sus conocimientos de inteligencia militar para monitorear, acosar e intimidar a Berta Cáceres.

Castillo coordinó junto a los ya condenados Douglas Bustillo y Mariano Díaz el operativo de asesinato de Berta Cáceres; los 3 son miembros de las fuerzas armadas de Honduras entrenados en los EEUU y utilizaron sus conocimientos de manera criminal.

Las autoridades niegan investigar estructuras dentro del ejercito involucrados en este tipo de crímenes. Mariano Díaz era Mayor activo y en curso de ascenso e instructor de la Policía Militar cuando fue capturado. ¿Porqué no se ha investigado la vinculación de otros altos mandos de las fuerzas Armadas en el crimen?

Formalización de acusaciones contra David Castillo

Acusación en representación de Salvador Zúniga

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Acusación en representación de Bertha Zúniga, Laura Zúniga, Olivia Zúniga y Maria Austra Flores

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Honduras: Agentes estatales implicados en asesinato de Berta Cáceres

Según informe independiente, se tienen pruebas ‘concluyentes’ respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en el asesinato.

Por AFP

Agentes estatales y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres por oponerse a una hidroeléctrica en territorio indígena, denunciaron este martes cinco expertos que investigaron el crimen.

El asesinato de la ambientalista “respondió, como mínimo, a un plan concebido”, establece un informe de 92 páginas dado a conocer en una rueda de prensa por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que fue integrado en noviembre de 2016 por cinco especialistas.

El grupo esta conformado por Dan Saxon (estadounidense de la Universidad de Leiden), Roxanna Altholz (estadounidense de la Universidad de California), Miguel Ángel Urbina (profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y los abogados colombianos Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste), donde además hirieron al activista mexicano Gustavo Castro.

Ocho personas están detenidas acusadas de ser autores materiales del asesinato, pero la dirigencia del Copinh y la familia de Cáceres exigen llegar a los autores intelectuales.

Ante sus reclamos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) conformaron el grupo de expertos.

Pruebas concluyentes

“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato” de Cáceres y tentativa de asesinato de Castro, estableció el informe denominado ‘Represa de la violencia’.

El reporte también sostiene que el Ministerio Público (fiscalía) “ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato (…) inició en noviembre de 2015″, que coincide con los tiempos en que se dieron movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh, en oposición al proyecto Agua Zarca para construir una represa en el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca.

La presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, rechazó los señalamientos y dijo a AFP que los ejecutivos de ese organismo y de Agua Zarca presentaron pruebas a los miembros del GAIPE de que la empresa DESA “estaba desvinculada de crimen”.

También dijo que “se les propuso una mesa de diálogo de paz pero la rechazaron”, y que el informe en realidad pretende influir en el resultado de las próximas elecciones del 26 de noviembre.

Pretenden “crear una inestabilidad en el país a 26 días de las elecciones porque una hija” de la ambientalista asesinada, Berta Zúniga, nueva coordinadora del Copinh, “es candidata del partido Libre (Libertad y Refundación, izquierda), coordinado por el expresidente derrocado Manuel Zelaya, aseveró.

Los miembros de GAIPE realizaron cuatro viajes a Honduras para entrevistar a más de treinta personas, así como para estudiar informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultar diez procesos penales por denuncias del Copinh y la prueba contenida en el proceso por el asesinato.

El grupo descubrió que los agentes encargados de la investigación del crimen “no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente” a los responsables del crimen y el Ministerio Público niega información a las víctimas.

A pesar de que la “prueba existente es suficiente para procesar por otros delitos a personas del nivel directivo, gerencial, y operativo de DESA, así como a numerosos agentes estatales”, aseveró.

El GAIPE estableció que hubo “negligencia deliberada” por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund de Finlandia.

El grupo de expertos consideró que estas instituciones “tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales”, en el sentido de que querían construir la represa sin consultar a las comunidades lencas afectadas.

https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1121736-330/honduras-agentes-estatales-implicados-en-asesinato-de-berta-c%C3%A1ceres

El homicidio de Berta Cáceres sugiere una trama de complicidad con el gobierno hondureño

Por Elisabeth Malkin

  • 30 de octubre de 2017

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CIUDAD DE MÉXICO – Era casi la medianoche cuando dos hombres patearon la puerta de entrada a la casa de Berta Cáceres en La Esperanza, su pequeño pueblo en Honduras. Pasaron por la cocina; uno de ellos abrió la puerta de la habitación y disparó seis veces. Cáceres murió poco más tarde.

En un país donde la lucha por proteger el derecho a la tierra provoca venganzas violentas, el asesinato en marzo de 2016 de la defensora del medioambiente podría haberse simplemente perdido entre el oscuro conteo de víctimas lamentables.

Sin embargo, Cáceres, de 44 años, era reconocida a nivel internacional por liderar a su comunidad indígena lenca en contra de una presa que una empresa planeaba construir en sus tierras. Su fama transformó su asesinato en un crimen emblemático y convirtió a la investigación que le siguió en un desafío a la arraigada impunidad de los poderosos en Honduras.

A veinte meses de su asesinato, un equipo internacional de cinco abogados ha advertido que la gente que ordenó el asesinato podría no enfrentar nunca a la justicia.

La evidencia, según los abogados, apunta a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la empresa hondureña con la concesión para la presa.

“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados en un informe. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.

Desa ha negado en repetidas ocasiones cualquier participación en la muerte de Cáceres o algún nexo con “cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier persona”.

“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”.

Roxanna Altholz, integrante de un grupo de abogados que revisa la investigación

Hay ocho sospechosos detenidos, incluyendo a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de Desa, y Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado del ejército hondureño que fue el director de seguridad de Desa hasta mediados de 2015.

“Lo que falta es procesar a las personas que contrataron a Bustillo para planificar la operación”, dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisa el caso a petición de la familia de Cáceres. El informe de los expertos fue publicado el 31 de octubre (The New York Times obtuvo una copia previa).

La investigación del gobierno, realizada por una unidad de élite de la Procuraduría General de la República de Honduras, todavía está abierta, aunque el grupo de abogados dice que no hay señales de que haya progresado más allá de los sospechosos actuales.

Entre los integrantes del equipo de investigación hondureño están dos asesores estadounidenses (un detective de homicidios retirado y un antiguo fiscal federal) que han estado trabajando con las autoridades desde los primeros días de las pesquisas, como parte de un esfuerzo de la Embajada de Estados Unidos por presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que se resuelvan casos criminales de alto perfil.

Muchos de estos involucran la participación de grupos poderosos que, según críticos, operan fuera de la ley.

“El gran desafío de Honduras es desmontar las fuerzas paralelas a las instituciones del Estado”, dijo Urbina, un experto en justicia criminal guatemalteco y asesor de la reforma judicial.

Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017
Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017Credit…Oswaldo Rivas para The New York Times

Para elaborar el informe, el grupo de Urbina analizó aproximadamente 40.000 páginas con mensajes de texto transcritos, que los investigadores del gobierno hondureño recuperaron a partir de tres teléfonos celulares, uno requisado en las oficinas de Desa y dos usados por Rodríguez y Bustillo.

De acuerdo con el informe, los mensajes muestran que los dos hombres estuvieron en contacto frecuente con tres altos ejecutivos en Desa mientras monitoreaban los movimientos de Cáceres y otros miembros de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, o Copinh.

Los abogados dicen que las conversaciones revelan que las órdenes de amenazar al Copinh y sabotear sus protestas provenían de ejecutivos de Desa que estaban en control de las fuerzas de seguridad en el área; daban instrucciones y pagaban la comida, el alojamiento y el equipo de radio de las unidades policiacas.

“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Leyes de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y una de las integrantes del grupo de abogados.

Los otros miembros del equipo legal son un exfiscal de crímenes de guerra, Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han lidiado con casos de derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año y han realizado varios viajes a Honduras para hacer entrevistas y revisar material del caso.

Bertha Zúñiga, hija de Cáceres, escogió a los abogados a partir de recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización latinoamericana de defensa de los derechos humanos.

Los mensajes de texto fueron entregados a la familia de Cáceres en mayo pasado por órdenes de un juez después de que los fiscales hondureños cancelaron cuatro citas para compartir sus hallazgos.

Altholz dijo que una de las preguntas que han surgido de su investigación es por qué la procuraduría, que requisó los teléfonos en abril y mayo de 2016, no actuó a partir de “la calidad y la cantidad de información” que “había tenido en su posesión durante el último año y medio”.

Un vocero de la procuraduría dijo que no podía hacer comentarios inmediatos.

Para la hija de Cáceres, el contenido de los mensajes demuestra que los ejecutivos de Desa se sentían intocables. “Estaban tan confiados de su impunidad que hablaban abiertamente”, dijo Zúñiga.

Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Cáceres, en una entrevista con The New York Times en Español en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017
Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Cáceres, en una entrevista con The New York Times en Español en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017Credit…Oswaldo Rivas para The New York Times

La empresa ha salido en defensa de su empleado, Rodríguez, el gerente de asuntos ambientales. Es “un hombre de familia, honesto y trabajador, quien en este momento está injustamente privado de su libertad”, señaló la división de presas de Desa, Hidroeléctrica Agua Zarca, en un correo electrónico que no fue firmado por alguien en particular. La empresa “confía plenamente también en la inocencia del Sr. Rodríguez”.

Desa obtuvo la concesión para construir una presa en el río Gualcarque, al oeste de Honduras, en 2009. Por ley, la empresa debía consultar con la comunidad lenca, pero el Copinh se opuso al proyecto desde el principio con el argumento de que la presa pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad.

La empresa incluso fue establecida de manera extraña, señaló Juan Jiménez Mayor, jefe de MACCIH, una comisión para combatir la corrupción en Honduras respaldada por la Organización de Estados Americanos: Desa contaba con un capital de solo 1200 dólares cuando obtuvo la concesión de la presa, junto con los permisos de operación, los derechos al agua y un contrato para vender electricidad a la paraestatal de energía eléctrica.

En 2011, miembros de la familia Atala Zablah, una de las más influyentes en Honduras, inyectaron millones de dólares a la empresa y se unieron a la junta directiva. La comisión de Jiménez ha empezado a investigar los contratos de Desa, una acción que ha generado enojo entre grupos empresariales hondureños.

Copinh luchó en contra de la presa por distintos frentes. Presentó litigios, realizó reuniones comunitarias y sometió el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno hondureño tomar medidas para proteger a Cáceres. Ella había recibido amenazas de muerte y sabía que eran serias: cuatro miembros del Copinh fueron asesinados en 2013 y 2014.

En 2015, Cáceres ganó el Premio Medioambiental Goldman, que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios, pero eso no fue suficiente para protegerla.

En noviembre de 2015, de acuerdo con el informe de los abogados, el exdirector de seguridad Bustillo se reunió con un alto ejecutivo de Desa. En enero, visitó La Esperanza y luego obtuvo una pistola mediante Mariano Díaz Chávez, un antiguo oficial de las fuerzas especiales hondureñas a quien se acusa de organizar el grupo de choque que asesinó a Cáceres.

De acuerdo con los abogados, se había planeado un intento de asesinato contra Cáceres para principios de febrero, pero se canceló.

“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. “Ayer no se pudo”.

El informe no nombra a los ejecutivos de Desa, porque las autoridades hondureñas no han presentado cargos en su contra.

Bustillo regresó a La Esperanza durante varios días a finales de febrero y arregló una reunión con el mismo empresario para el 2 de marzo.

Después del asesinato, Rodríguez, el gerente de medioambiente detenido, reenvió detalles del informe de la escena del crimen que la policía había proporcionado a uno de los ejecutivos de la empresa.

“Sergio, relájate”, le respondió a Rodríguez otro ejecutivo por medio de WhatsApp unos días después. “Todo va a salir bien, ya vas a ver. No caigas en pánico, que lo vas a trasladar a otra gente​”.

Una versión anterior de este artículo se refería de manera incorrecta a los inversores en el proyecto de represa. Se trata de miembros de la familia Atala Zablah, y no “la familia Atala”, como estaba consignado (ningún miembro de la familia Atala Faraj ha sido inversionista en Desa o el proyecto Agua Zarca).

https://www.nytimes.com/es/2017/10/30/espanol/america-latina/berta-caceres-homicidio-desa-investigacion-honduras.html

Berta Cáceres: un crimen de estado relacionado con la consulta previa

La Ceiba, Atlántida, 13 de Marzo del 2018.- El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.

Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.

El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.

Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.

Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.

Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.

El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)

Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.

En una misiva dirigida por el COPINH  al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.

La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.

Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.

El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.

Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

https://ofraneh.wordpress.com/2018/03/13/berta-caceres-un-crimen-de-estado-relacionado-con-la-consulta-previa/

A audiencia inicial exalcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, por caso «Agua Zarca»

redaccion@criterio.hn  

Tegucigalpa.- El próximo lunes 7 de septiembre será la audiencia inicial en contra de Raúl Pineda Pineda y Plutarco Mejía Cardona, exalcalde y ex vicealcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, respectivamente, por el delito de abuso de autoridad al otorgar de forma irregular e inconsulta el permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», sobre el río Gualcarque, territorio de la comunidad indígena lenca.

La causa data del 15 de diciembre de 2017 cuando se promovió Antejuicio en contra de los miembros de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, lo que luego dio paso a que se presentara el correspondiente Requerimiento Fiscal.

Otros imputados son: Edwin Fúnez Romero (regidor primero), Olver Robert Mejía Cabrera (regidor segundo), Nelly Senovia Sánchez (regidora tercera), Florentino Pineda Cabrera (regidor cuarto), Marlon Otoniel Méndez Cabrera (regidor quinto) y Wilfredo Mejía Leiva (regidor sexto), contra quienes en fecha 19 de abril de 2018 se decretó el respectivo Auto de Formal Procesamiento.

De acuerdo a las investigaciones practicadas en forma conjunta con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los funcionarios municipales tuvieron participación activa en los procesos que se siguieron al margen de la Ley para facilitar a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la puesta en operaciones de la represa «Agua Zarca» en el departamento de Santa Bárbara, en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos de estas comunidades originarias.

Como antecedente, se establece que en fecha 7 de octubre de 2009, DESA presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA, ahora denominada MI AMBIENTE) una solicitud de permiso para realizar estudio de factibilidad para la construcción y operación de una planta hidroeléctrica sobre la cuenca del río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, lo que se permitió mediante resolución 1661-2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, declarándose «Con Lugar» tal petición, por lo que un 15 de enero de 2010 el trámite pasó a dicha Municipalidad.

 En tal sentido, fue que los imputados, según el expediente judicial, contraviniendo lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sesión ordinaria, de fecha 15 de septiembre de 2011, que consta en el acta N. 19-2011, otorgaron ilegalmente a la empresa DESA el referido permiso municipal de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca».

Todo ello, no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informada y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas lencas afectadas, destacando en este caso concreto, que la arbitraria autorización dada por la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, DESA la obtuvo con el propósito de cumplir una mera formalidad de la SERNA, pues según la información en poder de la Fiscalía de Etnias y la ATIC, ya previamente y sin contar con tal permiso de la Alcaldía, el 16 de diciembre de 2009 se había presentado el estudio de factibilidad ante esa Secretaría de Estado, con lo que se evidencia que los trabajos habían sido iniciados con el aval de las autoridades municipales, pero sin contar con una autorización legal, lo que finalmente se dio en violación a los preceptos contenidos en la legislación internacional vigente y que de acuerdo a la Constitución de la República, forman parte del ordenamiento jurídico.

Por el caso «Agua Zarca», centro de lucha de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, la Fiscalía de Etnias ha impulsado una serie de acciones en las que además han sido señalados los ex viceministros de SERNA, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Roberto Darío Cardona Valle y al exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez; así como se trabajó en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO, antes UFECIC) en el caso «Fraude sobre el Gualcarque» donde también está implicado el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda y los coimputados Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Darío Roberto Cardona Valle, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Zaida Odilia Pinel, Ana Lourdes Martínez Cruz y Aixa Gabriela Zelaya Gómez.

https://criterio.hn/a-audiencia-inicial-exalcalde-de-san-francisco-de-ojuera-santa-barbara-por-caso-agua-zarca/

Tras las huellas de Berta Cáceres: Cerca de juicio oral y público 16 supuestos corruptos denunciados por la ambientalista

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) promovió esta causa criminal desde marzo de 2019 y le llamó Fraude Sobre Gualcarque, pero en su red social el Poder Judicial lo ha bautizado con el eufemismo de “Agua Zarca”.

Aunque la Maccih señaló la responsabilidad de la administración pública en esta secuencia de supuestas irregularidades, no hay ningún político o empresario de alto perfil acusados en este caso. “Toda la investigación evidencia la actuación irresponsable de la administración pública, que para  favorecer a la empresa DESA realizó trámites ilegales y omisión de informes para la concesión de  recursos hídricos, afectándose a especies en peligro de extinción, flora, fauna y consumo humano”, dice el comunicado que emitió la Maccih en marzo de 2019.

En su comunicado la Maccih señaló que el gerente que firmó el contrato fue Roberto Martínez Lozano, el mismo político que en los noventa estuvo implicado junto al ex presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) en los impunes escándalos de supuesta corrupción y delitos ambientales de Ciudad Mateo. Callejas recibió 14 cartas de libertad en Honduras y en la actual década fue extraditado a Estados Unidos por otro caso de corrupción internacional. Allá falleció este año durante la pandemia.

El Poder Judicial informó ayer que la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba, como un paso previo al juicio oral y público, del caso denunciado por Berta Cáceres antes de su asesinato, será a finales de octubre.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=reporterosdeinv&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1300474715593728001&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.reporterosdeinvestigacion.com%2F2020%2F09%2F01%2Ftras-las-huellas-de-berta-caceres-cerca-de-juicio-oral-y-publico-16-supuestos-corruptos-denunciados-por-la-ambientalista%2F&sessionId=9491b9d6b5e72da7770e61cfb510ffe1b1bfea3d&siteScreenName=reporterosdeinv&theme=light&widgetsVersion=2d233ae%3A1618352735472&width=550px

El 4 de marzo de 2019, la Maccih anunció que la “la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC‐MP) presentó esta acusación ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción.

El requerimiento  fiscal fue contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas  y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el denominado caso “Fraude sobre el  Gualcarque”.

Antes de su asesinato, la líder indígena denunció que “los acusados  habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa  Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y  un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica  (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización  de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato  No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la  ENEE y DESA”.

Versión de la Maccih

La investigación reveló los siguientes hallazgos, según la Maccih:

1) La Empresa Desarrollos Energéticos S.A.  (DESA),  fue creada el 20 de mayo de 2009 por Roberto  Antonio  Abate  Ponce  y  Geovanny  Isidro  Abate  Ponce  con  un  capital  de  L 25,000.00.  Se  ha  encontrado  evidencia  que  Roberto  Castillo  desde  esa  época  ya  era representante de facto de DESA.

2) Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba como Asistente Técnico de Gerencia en la ENEE,  al  mismo  tiempo  que  ejercía  el  dominio  funcional  de  la  empresa  DESA.  Este nombramiento le permitió acudir a las sesiones de Junta Directiva en calidad de invitado, donde se trataba la autorización y aprobación de contratos amparados en el decreto 70‐2007, específicamente el contrato con la empresa DESA, evidenciándose un conflicto de intereses.

3) Como consecuencia de dichas sesiones, se emitió la RESOLUCIÓN No. 01‐JD‐1078‐2010, de la Junta Directiva de la ENEE que resolvió:  autorizar a la administración para iniciar el proceso de aprobación de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica entre la ENEE y las empresas que incluye a Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA). 

4) Luego de obtenido el contrato de suministro de energía eléctrica con la ENEE, Roberto David Castillo Mejía, formaliza su vinculación con DESA, ya que se convierte en Presidente del Consejo de Administración y se le otorgan parte de las acciones de DESA, a través de una entidad asentada en Panamá de nombre Potencia de Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA), cuyos socios y directivos  resultan ser Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo  Argueta (quien es  la  persona  que  firma  el  contrato  con  la ENEE  en  nombre  de DESA).  Con lo anterior se demuestra, que Castillo Mejía durante el tiempo que estuvo en calidad de funcionario de la ENEE, ocultó la vinculación que tenía con la empresa DESA, en la cual tenía una participación directa, primero ocultando las acciones a través de una sociedad anónima de la cual era socio y directivo y luego haciendo firmar el contrato a la que era su socia en dicha sociedad panameña.

5) La colusión de Roberto David Castillo Mejía con funcionarios de la ENEE para favorecer a DESA, se evidencia con las anomalías administrativas que se dieron en la aprobación y asignación del contrato de suministro de energía eléctrica a DESA: 

a) David  Castillo  Mejía,  Sub  Teniente  de  Inteligencia  se  encontraba  laborando  en  la Dirección de Inteligencia de la Secretaria de Defensa, cuando ingresó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en junio del 2007, como parte de la junta interventora de la ENEE. Desde su ingreso laboró con Carolina Lizeth Castillo Argueta.

b) Carolina Castillo Argueta fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE que le  permitió  tener  conocimiento  del  Estudio  de  factibilidad  para  el Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque, expediente 28‐E‐2003, correspondiente a una capacidad generadora de 6 MW en la ubicación clasificada con el número 460. Este proyecto fue declarado improcedente por el entonces Secretario General de SERNA por no cumplircon los requisitos legales requeridos.

c) Al momento de la aprobación y  firma del contrato, Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba en la ENEE, como Asistente Técnico de Roberto Aníbal Martínez Lozano, quien firma el contrato con DESA, en su calidad de Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

d) El contrato fue firmado sin que se verificase que DESA no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado, violentando así lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

e) Se  le  asignó  dicho  contrato  a  una  empresa  de  reciente  creación,  que  no  tenía  las capacidades,  la  experiencia  y  el  capital  para  desarrollar  un  proyecto  de  tal envergadura.

6) El Fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para favorecer el proyecto que desarrollaría la empresa DESA, con la participación de varios funcionarios de  diferentes  instituciones  públicas  (SERNA,  ENEE,  INA,  ICF  y  la  Municipalidad  de  San Francisco de Ojuera), quienes agilizaron el trámite del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de manera irregular, con evidente concertación entre los ahora imputados: 

a) El Estudio de Factibilidad del Proyecto que fue requerido a la SERNA el 5 de octubre de 2009 y concedido el 16 de diciembre de ese mismo año, transitó por 4 Direcciones especializadas dentro de la institución y fue autorizada sin ubicar de forma fehaciente los  terrenos objeto de la concesión, ni comprobar a quien pertenecían; sin que los  términos de referencia se adecuaran a la normativa y sin que se presentase constancia municipal de anuencia de la comunidad. Las irregularidades fueron advertidas por la Dirección Legal de la SERNA, pero brindaron opinión favorable al proyecto sin esperar la subsanación de los requisitos que ellos mismos observaron. 

b) Además, la realización del Estudio de Factibilidad es un proceso detallado y complejo que  toma  meses  de  mediciones  y  análisis,  pero  la  representante  legal  de  DESA presentó el Estudio finalizado 24 horas y 5 minutos después de su autorización. Se ha establecido  durante  la  investigación  que  el  Estudio  contenía  datos  del  Estudio  de Factibilidad hecho en el 2003 para un proyecto similar que iba a ser financiado por la ENEE y por su Sindicato de trabajadores (cuya presidenta fue Carolina Lizeth Castillo Argueta) y que fue desechado. 

y el  documento  de  titularidad  de  tierras. Esta  situación  se  repite en la emisión  del Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica.

d) El  24  de  marzo  de  2011,  SERNA  emitió  la  Licencia  Ambiental  categoría  2  para  el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, valiéndose en una serie de situaciones contrarias a  la  legislación,  entre  las  que  destaca  la  incorrecta  clasificación  del  proyecto. Categorizar el proyecto en un nivel inferior al que correspondía por ley incrementa los beneficios que DESA percibiría por su inversión en dos sentidos: abaratando los costos de  licenciamiento,  al  disminuir  los  pagos  al  Estado  en  concepto  de  concesión  y aminorando los costos de oportunidad, al obviarse la exigencia de presentación de un Estudio Ambiental completo que  requeriría mediciones de  caudal por los dos años posteriores a la autorización del mismo. La emisión de las licencias es posterior a las contratas, en contravención a la normativa de la materia.

e) En el año 2011, la Empresa DESA solicitó la ampliación de las Contratas y la Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, pidiendo la aprobación de una capacidad generadora de 21 MW. Estos incrementos se justificaban en un proceso de optimización  que  incluía  la  adición  de  una  tercera  turbina;  sin  embargo,  las investigaciones  han  determinado que el  caudal  del  río Gualcarque  no es  suficiente para activar una  tercera  turbina, ni siquiera la segunda  turbina podría producir es capacidad  en  los  momentos  de  más  altos  niveles  de  precipitación.    Además,  el proyecto  hidroeléctrico  Agua  Zarca  no  se  encontraba  en  operación,  por  lo  que  no podía medirse la viabilidad de la ampliación que se solicitaba.

f) Este  punto  es  de  gran  importancia  pues  cada  turbina  incrementa  el  costo  de  la inversión de DESA, asignando varios millones de dólares que nunca serían capaces de producir. Esta inversión más allá del punto de eficiencia solo puede justificarse con el hecho que este alto nivel de inversión se vería directamente reflejado en el precio al ue podrían vender la energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.  

El requerimiento Fiscal se formuló contra: 

1) Francisco Rafael Rivas Bonilla

2) Julio Alberto Perdomo Rivera

3) Catarino Alberto Cantor López

4) Luis Eduardo Espinoza Mejía

5) Ana Lourdes Martínez Cruz

6) Aixa Gabriela Zelaya Gómez

7) Darío Roberto Cardona Valle 

8) Mauricio Fermín Reconco Flores

9) José Mario Carbajal Flores

10) Óscar Javier Velásquez Rivera

11) Roberto Aníbal Martínez Lozano

12) Roberto David Castillo Mejía

13) Julio Ernesto Eguigure Aguilar

14) Raúl Pineda Pineda

15) Carolina Lizeth Castillo Argueta 

y 16) Saida Odilia Pinel

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/09/01/tras-las-huellas-de-berta-caceres-cerca-de-juicio-oral-y-publico-16-supuestos-corruptos-denunciados-por-la-ambientalista/

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David Castillo es uno de los responsables del asesinato de Berta Cáceres. ¿Cómo fue su rol de enlace entre la estructura sicarial y la autoría intelectual del crimen?

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