Juicio por el asesinato de Berta Cáceres: “Habrá culpables, pero no justicia”

  • Arturo Wallace
  • BBC News Mundo

31 octubre 2018

Más de dos años y medio después del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, los presuntos autores materiales del crimen están por fin sentados en el banquillo de los acusados.

Pero los familiares de la líder indígena lenca han denunciado el proceso judicial como “una farsa” que tiene como objetivo garantizar la impunidad de los verdaderos responsables de su muerte.

Tres disparos de un sicario acabaron con la vida de Cáceres en la madrugada del 3 de marzo de 2016, un año después de que sus esfuerzos por evitar a la construcción de una represa en el noroeste del país la hiciera merecedora del prestigioso Premio Goldman, “el Nobel del medio ambiente”.

Y, después de numerosos aplazamientos, el juicio oral en contra de los primeros ocho imputados por el caso finalmente empezó el pasado 20 de octubre, con la fiscalía iniciando la fase de “evacuación de los medios de prueba” esta semana.

Juicio Berta Cáceres
Después de numerosos aplazamientos, el juicio empezó el pasado 20 de octubre.

Un vocero del Ministerio Público hondureño le dijo a BBC Mundo que la institución cuenta con la evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados, entre los que además del gatillero también figuran dos exmilitares y dos exempleados de DESA, la empresa detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Pero aunque los familiares de la cofundadora del COPINH -el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras- también parecen convencidos de que el juicio terminará rápidamente y con un veredicto de culpabilidad para los indiciados, también advierten que eso no es garantía de justicia.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Los representantes legales de la familia de Berta Cáceres fueron apartados del proceso por orden del Tribunal de Sentencia.

“Sin duda va a haber condenas, porque es de interés del Estado”, le dijo a BBC Mundo Berta Zúñiga, una de las hijas de la mujer que se convirtió en el símbolo de los peligros a los que están expuestos los activistas ambientales y de derechos humanos en el país centroamericano.

“Pero van a ser condenas frágiles y el resultado de un proceso superficial que no va a arrojar luces sobre lo que verdaderamente pasó”, agregó, desde Tegucigalpa.

Proceso cuestionado

Para Zúñiga el mayor riesgo no es sólo que las eventuales condenas puedan ser fácilmente revertidas en otras instancias, sino que la actuación judicial también puede comprometer la futura imputación de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.

Y la reciente y polémica decisión judicial de retirar del proceso a los representantes legales de las víctimas -los familiares de Cáceres y el activista medioambiental mexicano Gustavo Castro, herido de bala durante el ataque- no ha hecho sino acentuar las sospechas de que a las autoridades no les interesa ir hasta el fondo del caso.

La disposición fue tomada por el propio Tribunal de Sentencia luego de que la acusación privada no se presentara al inicio del juicio oral, aduciendo que un recurso de amparo mantenía vigente su recusación de los magistrados que integran el mismo por “abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violaciones de los deberes de los funcionarios”.

Y ese es sólo el último ejemplo de los numerosos choques entre las víctimas y las diferentes instancias del sistema de justicia de Honduras, un país con elevados niveles de impunidad rutinariamente denunciados por las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos.

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Los imputados

Acusados por el asesinato de Berta Cáceres
El juicio se centra exclusivamente en los autores materiales del asesinato de Cáceres.
  • La fiscalía imputó en calidad de autores materiales del crimen a los hermanos Edilson y Emerson Duarte, a Óscar Arnaldo Tareas y a Elvin Heriberto Rápalo, el supuesto autor de los disparos.
  • Como coautores del asesinato están imputados Sergio Ramón Rodríguez (gerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (oficial del Ejército) y Henry Javier Hernández.
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Los encontronazos empezaron desde que el mismo Tribunal de Sentencia no quiso admitir al COPINH -la organización liderada por Cáceres- como una de las víctimas de su asesinato, y se volvieron a manifestar cuando también negó la autorización para la transmisión en vivo del juicio.

Pero los choques más fuertes se han producido con el Ministerio Público, a quienes las víctimas han llegado a acusar, incluso criminalmente, de falta de diligencia y de tratar de obstaculizar a la justicia al rehusarse a compartir información a pesar de las órdenes expresas del tribunal (entre otras cosas).

“Falta de transparencia”

Mucha de esa información es evidencia potencial contenida en equipos incautados a los imputados que, a pesar del tiempo transcurrido, no han sido analizados por el Ministerio Público porque o bien “no estaban siendo usados en el momento del crimen” o “por falta de la tecnología necesaria”, explicó un vocero de la institución.

“Y no todo se puede compartir, porque el artículo 5 de la ley del Ministerio Público prohíbe que se comparta información de un caso que todavía está siendo investigado, para no comprometer la integridad de la investigación”, argumento el funcionario, Yuri Mora.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Cáceres era cofundadora del Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, para muchos el objetivo último del ataque que le costó la vida.

Las críticas a la falta de cooperación del Ministerio Público, sin embargo, son una de las raras coincidencias entre los abogados de las víctimas y los representantes legales de DESA.

Aunque para Robert Amsterdam, el abogado estadounidense contratado por la empresa hondureña, eso ha afectado más a la defensa.

“Las injusticias que han cometido con la defensa empequeñecen todo lo que ha estado pasando con las víctimas”, le dijo a BBC Mundo el penalista estadounidense.

Y, al igual que estas, Amsterdam dice estar convencido de que el proceso judicial se ha visto condicionado por presiones políticas y que terminará con veredictos de culpabilidad, pero en su opinión injustas (al menos en lo que respecta a los exempleados de DESA).

“A Estados Unidos y las ONGs no les interesa la justicia, ellos simplemente quieren una cabeza”, aseguró el abogado de la empresa, quien insiste en que no hay evidencias de que la muerte de Cáceres tuviera algo que ver con su oposición a la represa de Agua Zarca.

Niños lencas en la ribera del río Gualcarque
El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca pretendía represar el río Gualcarque a unos 200 kilómetros al oeste de Tegucigalpa amenazando las fuentes de agua de los lencas.

“Aquí ha habido una renuncia total por parte de la comunidad de defensores internacional de Derechos Humanos a realmente buscar la verdad”, se quejó Amsterdam, quien asegura que hay muchas otras explicaciones posibles para la muerte de Cáceres.

Y Marcia Aguiluz, la directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, una de las numerosas organizaciones internacionales que ha estado siguiendo de cerca el caso- coincide en que el mayor riesgo es que efectivamente nunca se llegue a la verdad, pero para proteger a los inversionistas y accionistas de DESA.

“Habrá culpables, pero no habrá justicia ni verdad”, dijo del proceso que inició el pasado 20 de octubre.

“Vamos a saber quiénes apretaron el gatillo y quiénes los encubrieron, pero no quiénes pagaron (para matar a Berta Cáceres)”, le dijo a BBC Mundo.

Enfoque limitado

Víctor Fernández, el abogado de las hijas de Cáceres, coincide.

Y cree que es precisamente para garantizar eso que el Ministerio Público ha insistido en centrar la acusación únicamente en el día del asesinato de la líder indígena, rehusándose a considerar el contexto más amplio.

Tumba de Berta Cáceres
Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo de lucha en Honduras.

“Reducirlo todo al día del hecho es reducir la verdad y atentar contra el derecho a la justicia, porque la conspiración va más allá del 2 de marzo, hay que considerar todo lo anterior, las amenazas”, argumenta Fernández.

“Es un enfoque que pone en riesgo la imputación de algunos de los verdaderos autores intelectuales, aumentando el riesgo de impunidad de algunos actores”, le dijo a BBC Mundo.

Pero la fiscalía, sin embargo, insiste en que la investigación todavía no ha concluido y asegura que “si hay nuevas personas de interés, el Ministerio Público emitirá los respectivos requerimientos fiscales”.

“Hay dos policías guardando prisión, porque son los que estaban realizando la investigación y el Ministerio Público comprobó que estaban falseando unos audios”, destacó el vocero de la institución, Yuri Mora.

Y el portavoz también recordó el arresto, en marzo pasado, del presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien eventualmente deberá enfrentar un juicio aparte como supuesto autor intelectual del asesinato de Cáceres.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Honduras es el país más letal del mundo para los defensores del medioambiente.

Esto, sin embargo, no convence ni las víctimas ni a organizaciones como el CEJIL, que representó a Cáceres cuando esta consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en favor de la activista medioambiental antes de su asesinato.

“Nosotros no nos sentimos representados por un Ministerio Público que nunca ha velado por nuestros intereses, al que hemos denunciado dos veces y ni siquiera nos dirige la palabra”, le dijo Berta Zúñiga a BBC Mundo.

“Tampoco hay voluntad política de garantizar una justicia integral, lo que se ha expresado en una coordinación de todas las instancias del sistema judicial para apartarnos del proceso”, denunció la hija de Berta Cáceres.

Y para Marcia Aguiluz, del CEJIL, un encubrimiento de los máximos responsables puede tener consecuencias que van más allá de este caso puntual, en un país conocido como uno de los más letales para los activistas medioambientales.

Los sicarios son reemplazables“, le dijo a BBC Mundo. “Pero si los autores intelectuales no asumen su responsabilidad, este tipo de situaciones se va a seguir repitiendo”.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46046105

Honduras incumplió su deber reforzado de protección a Berta Cáceres.

A cinco años de la siembra de su legado, persiste la impunidad.

Ma. Luisa Gomez, abogada para Honduras del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Berta Cáceres era consciente de que su vida estaba amenazada a consecuencia de la lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal que impulsaba desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que co-fundó en 1993 para hacer frente al avance del extractivismo depredador en Honduras.

Durante años, denunció públicamente las amenazas de muerte que recibía, los hostigamientos y ataques de los que era objeto, las campañas de estigmatización y la criminalización a la que fue sometida como consecuencia de su labor de defensa de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Y, sobre todo, del territorio lenca y del río Gualcarque, amenazados ante el otorgamiento ilegal e inconsulto de una concesión administrativa a la empresa Desarrollos Energéticos S. A (DESA) para establecer el Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca en territorio lenca.

En el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora, reconociendo expresamente la situación de riesgo en la que vivía y requiriendo a Honduras que tomara medidas específicas para asegurar su vida y su integridad.

Sin embargo, Honduras no cumplió con sus obligaciones internacionales y no garantizó la protección reforzada que requería Berta, en su doble condición como mujer defensora indígena y como beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH. Finalmente, las amenazas, estigmatización y criminalización a las que la defensora estuvo sometida durante años ante la más absoluta inacción estatal, culminaron con su asesinato el 2 de marzo de 2016.

En este sentido, es importante recordar que Honduras tiene una serie de obligaciones que emanan de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte, cuya inobservancia puede generar su responsabilidad internacional. En efecto, los órganos interamericanos de derechos humanos (Corte IDH y CIDH), han aclarado el contenido y los alcances del deber general de respeto y garantía, en particular, cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos, y específicamente, de mujeres defensoras de derechos humanos.

Por ejemplo, la Corte IDH ha reiterado que, debido al importante rol que juegan las y los defensores de derechos humanos para la democracia y el Estado de derecho, los Estados tienen algunas obligaciones reforzadas para garantizar su protección. Así, por ejemplo, Honduras debió haber tomado todas las medidas razonables a su alcance para prevenir las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de Berta, al menos por dos motivos:

El primero, que Berta había puesto en conocimiento del Estado la situación de riesgo en la que se encontraba, tanto a través de denuncias ante el Ministerio Público, como en el marco del proceso ante la CIDH. Y el segundo, que tal y como han señalado organismos internacionales como Global Witness o la CIDH, cuando fue asesinada la lideresa, en Honduras existía un contexto general de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos que hacía que la situación de peligro en la que se encontraba Berta no fuera un hecho aislado, sino un problema estructural ante el cual el Estado debía tomar medidas. Cabe señalar que este grave contexto de riesgo prevalece hasta la fecha.

Asimismo, según la jurisprudencia de la Corte, Honduras tenía la obligación de remover todos los obstáculos para que Berta pudiera ejercer su labor de defensa libre de riesgo, y en particular, tenía el deber de abstenerse de emitir pronunciamientos públicos que pudieran estigmatizarla. Sin embargo, como quedó documentado en el marco de las medidas cautelares, fueron precisamente funcionarios estatales quienes estuvieron detrás de muchos de los hostigamientos en su contra. En consecuencia, el Estado tampoco cumplió con esta obligación.

Finalmente, pero no menos importante, Honduras tenía la obligación de investigar con la debida diligencia todos los delitos cometidos en su contra, tomando en cuenta su rol como persona defensora de derechos humanos dentro de las hipótesis de investigación, y barajando la posibilidad de que las amenazas y ataques pudieron haberse producido como represalia por su labor.

Sin embargo, Honduras nunca esclareció ninguno de los hechos denunciados por Berta antes de su asesinato, ni mucho menos, identificó, juzgó y sancionó a sus responsables. Esta omisión estatal es muy grave, pues los órganos interamericanos han reiterado que una investigación diligente y oportuna resulta fundamental para poder desactivar el origen del riesgo al que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos.

Al contrario, Berta fue criminalizada con el propósito de intimidar y obstaculizar sus legítimas acciones en defensa del territorio lenca y de los derechos de los pueblos indígenas. Es importante destacar que, mientras las denuncias contra Berta avanzaron con celeridad, los procesos impulsados por ella no presentaron avances nunca.

En definitiva, en el marco de la implementación de las medidas cautelares, se denunció reiteradamente ante el Estado y la CIDH que Berta estaba sometida a un nivel de riesgo muy elevado y que las medidas de protección con las que contaba no eran adecuadas ni eficaces para garantizar su protección. También se dio cuenta reiteradamente de la falta de avances sustantivos en las investigaciones de las amenazas y ataques padecidos por Berta, muchos de ellos perpetrados por funcionarios estatales. Y, sin embargo, el Estado nunca tomó medidas para corregir esta situación.

De la misma manera, también se reportaron específicamente constantes problemas en la implementación de las medidas de protección a nivel interno. Por ejemplo, se denunció que los patrullajes no se realizaban oportunamente, que las fuerzas militares habían tratado de vincularse a la implementación de las medidas, con la clara intención de intimidar a Berta; que se producían constantes fallos con las cámaras de seguridad, entre otras falencias que dejaban a Berta en desprotección. Sin embargo, tampoco así el Estado actuó para corregir estos problemas.

Por lo expuesto, no cabe duda de que Honduras no cumplió con el deber reforzado de protección de Berta Cáceres. Así, su asesinato no fue un hecho aislado, sino fruto de un continuo de violencia ante la que el Estado no actuó adecuadamente.

Además, tal y como fue reconocido por la sentencia mediante la cual se condenó a 7 personas por su autoría material de los hechos, “las acciones de represalias” en contra de Berta Cáceres se realizaron “con la finalidad de debilitar el movimiento que ella lideraba”. 

Sin embargo, a cinco años de su asesinato, nos sigue preocupando el hecho de que los autores intelectuales y los que financiaron el crimen aún no hayan sido investigados, enjuiciados y sancionados. Ello, a pesar de que la misma sentencia ya mencionada, también reconoció que el crimen fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).  Aunado a ello, el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) también dejó claro en su Informe “Represa de Violencia” que había indicios suficientes que permitían afirmar que, a través de sus influencias y conexiones políticas, DESA mandató a empresas de seguridad privada y sicarios, pero también cooptó a fuerzas de seguridad del Estado y operadores de justicia, para controlar y neutralizar cualquier oposición al proyecto Agua Zarca.

Ante la impunidad que persiste todavía, hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que actúen con profesionalidad, transparencia e independencia, aseguren la participación plena y efectiva de las víctimas y sus representantes legales en todas las etapas de los procesos judiciales que actualmente se impulsan (y los que faltan por impulsarse), y garanticen una justicia completa y transparente para Berta Cáceres y el COPINH.