El banco estatal FMO financió una empresa detrás de un complot de asesinato en Honduras

Staatsbank FMO financierde bedrijf achter moordcomplot in Honduras

Jeroen Groot Johan Leupen

El banco estatal holandés FMO ha prestado millones a una empresa propiedad de un empresario hondureño que fue condenado a principios de este mes por su papel en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. Se opuso a la central hidroeléctrica a la que se destinaba la financiación. La familia de Cáceres quiere responsabilizar al banco en un juicio en Holanda.

En resumen

El FMO concedió préstamos millonarios a una empresa propiedad del empresario hondureño David Castillo para la construcción de una central hidroeléctrica.

Castillo fue condenado a principios de julio por su participación en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres, que se oponía a la central eléctrica.

Los familiares de Cáceres quieren responsabilizar al banco en un juicio.

FMO afirma que el caso es en parte motivo para que el banco reevalúe su política de inversión.

El banco de desarrollo holandés FMO ha concedido préstamos millonarios a una empresa propiedad de un empresario hondureño que fue condenado a principios de este mes por su papel en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. La financiación estaba destinada a la construcción de una central hidroeléctrica, pero FMO transfirió la mayor parte del dinero a una empresa propiedad del ex militar David Castillo, que lo utilizó para fines totalmente distintos. Según los familiares de Cáceres, pagó sobornos a agentes corruptos, y toda la información disponible indica que incluso financió su asesinato.

Caso legal

La familia quiere responsabilizar al banco estatal por ello en un juicio en Holanda y ha dado acceso al DF a documentos judiciales, extractos de pagos y conversaciones de WhatsApp de Castillo incautadas por la justicia hondureña.

El caso es una vergüenza para el banco estatal holandés FMO; el banco de desarrollo financia proyectos arriesgados en países pobres como Honduras que a menudo están plagados de corrupción. El FMO hace uso de las garantías del Estado y cuenta con estrictos mecanismos de control y estructuras de supervisión para evitar abusos y daños sociales. En la práctica, no siempre funcionan correctamente.

Muy impactado

En una declaración al FD, el FMO dijo estar “muy conmocionado” por la condena de su cliente y afirmó que el caso era una de las razones para que el banco reevaluara su política de inversión. Una cuestión nueva y más apremiante para nosotros es hasta qué punto el FMO puede y quiere actuar en Estados frágiles con leyes y reglamentos inadecuados, en los que el Estado de Derecho sólo se aplica de forma limitada. Debido al proceso judicial en curso, FMO no quiere responder concretamente a las declaraciones de los familiares.

Castillo es un ex-militar hondureño y ex-alto funcionario con buenas conexiones en la élite empresarial local. El FMO mantenía una estrecha relación con él como máximo responsable del promotor del proyecto, Desa, que iba a construir la central hidroeléctrica de Agua Zarca por 63 millones de dólares, de los cuales 15 millones serían financiación del FMO.

Asesinos

Pero ahora Castillo parece haber orquestado el asesinato de la activista Cáceres, que lideró la oposición local a la construcción de la planta por su profundo impacto en el hábitat de las comunidades indígenas lencas. A principios de 2016, fue asesinada a tiros en su casa por hombres armados. El tribunal hondureño condenó a Castillo a principios de julio de este año por la “planificación y organización” de ese acto, según la sentencia. Se espera que recurra.


Una cuestión clave es por qué el banco estatal holandés transfirió unos 3 millones de euros en 2015 y 2016 a dos empresas que no tenían ninguna relación formal con el proyecto de construcción: Concretos del Caribe -controlada por Castillo- y Desarrollos Ambientales, con sede en Panamá. Sus accionistas no pudieron ser identificados a partir de fuentes públicas. El banco ha sostenido que ha sometido a Castillo a una exhaustiva diligencia con los clientes.

Deber de control descuidado”.

Según los abogados de los familiares de Cáceres, el banco holandés incumplió su deber de control. Todo indica incluso que financiaron indirectamente su asesinato”, afirma el consejero Wout Albers, de Global Justice; los fondos del FMO se utilizaron supuestamente como dinero para sobornos de agentes corruptos y otros pagos dudosos. Los familiares basan su argumentación, entre otros, en los comprobantes de pago confiscados a Desa y en las conversaciones de WhatsApp del día anterior al asesinato de Cáceres que tuvieron lugar entre Castillo y varios sicarios, ahora también condenados.

El banco estatal ha sido noticia varias veces en los últimos años por los abusos cometidos en diversos proyectos. Recientemente, por ejemplo, un informe de la FD reveló que las plantaciones de aceite de palma en el país africano occidental de Liberia tienen muchos problemas. El FMO ya se enfrentó a una controversia similar en el Congo, y recientemente canceló un préstamo de 60 millones de dólares al banco hondureño Ficohsa tras las críticas de las ONG.

Campanas de alarma

El abogado Albers, que representa a la organización no gubernamental Copinh además de a los familiares de Cáceres, califica de “incomprensible” que el banco haya “ignorado una señal de alerta tras otra” desde que se inició el proyecto de la hidroeléctrica en 2014, incluso del propio Cáceres.

Incluso el promotor chino Sinohydro, también polémico por su papel en anteriores proyectos problemáticos, se retiró del proyecto de Agua Zarca en 2013 tras graves enfrentamientos con la población local. Para entonces, el promotor Desa ya amenazaba e intimidaba a los activistas, por ejemplo destruyendo su cosecha de maíz, según Albers.

Además, el promotor Desa y las demás partes implicadas no tenían experiencia en la construcción de centrales hidroeléctricas, y las estructuras accionariales de las empresas no estaban claras: Castillo, por ejemplo, controlaba una parte importante de Desa mediante acciones al portador. Esto ya debería haber hecho saltar las alarmas, dice Albers, porque es una construcción que suele ser utilizada por los blanqueadores de dinero. Castillo también ocupó anteriormente un alto cargo en la empresa estatal que concedió a Desa la licencia para el proyecto. Un evidente conflicto de intereses, según Albers.

Momentos clave

15 de julio de 2013: El ejército hondureño mata al activista Tomás García durante una protesta pacífica contra Agua Zarca.

24 de agosto de 2013: El constructor de presas chino Sinohydro se retira del proyecto debido al malestar de la población.

27 de febrero de 2014: FMO se une al proyecto y firma el acuerdo de préstamo de 15 millones de dólares.

3 de marzo de 2016: hombres armados matan a tiros a la activista Berta Cáceres en su propia casa.

19 de marzo de 2016: FMO y su socio Finnfund congelan su financiación tras la muerte de Cáceres.

6 de julio de 2017: FMO se retira definitivamente de Agua Zarca tras reevaluar su estrategia.

6 de julio de 2021: El director general de Desa, David Castillo, es condenado por orquestar el asesinato de Cáceres.

El FMO reevalúa su estrategia

El FMO congeló su participación en el proyecto al día siguiente del asesinato de Cáceres, cuando ya había transferido casi 6 millones de dólares de los 15 millones prometidos. El banco hizo una investigación externa y luego, en 2017, retiró definitivamente sus manos de Agua Zarca.

Finalmente, la planta nunca se construyó. Desde entonces, se han reforzado los controles internos y el banco está revisando también sus propias políticas de inversión, según un comunicado del FMO.

Estos son precisamente los estados donde podemos marcar la mayor diferencia y donde se nos pide que seamos activos. Al mismo tiempo, las inversiones en Estados frágiles implican los mayores riesgos. En los próximos meses revisaremos nuestra estrategia hasta 2030.

Poco después del asesinato, FMO defendió su participación en el proyecto haciendo hincapié en lo deficiente que es la red eléctrica en Honduras; en algunas zonas rurales la cobertura es inferior al 50%. Además, la comunidad local es muy dependiente de los combustibles fósiles, por lo que se beneficiaría enormemente de la electricidad verde. El FMO dijo que seguiría supervisando el proyecto mediante visitas especiales al lugar y consultores externos. “En los países en desarrollo con estructuras de supervisión débiles, podemos marcar la diferencia”, dijo el banco en una hoja informativa de 2016.

El Departamento de Defensa se dirigió al abogado hondureño de Castillo para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta. El ex consejero estadounidense tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

El río ‘sagrado”

Al principio, éramos conscientes de que se trataba de un proyecto complejo con diversos actores’, recuerda la portavoz de FMO sobre los inicios de Agua Zarca, que ahora se puede calificar de proyecto desastroso. Era una planta de pequeña escala en la zona de Río Blanco. Esperamos que este proyecto tenga efectos positivos en el nivel de vida de Honduras, proporcionando la electricidad que tanto se necesita y creando puestos de trabajo en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza”. Desde el principio, ha habido resistencia por parte de las comunidades lencas locales, que viven alrededor del río Gualcarque. Consideran que el río es sagrado, sobre todo porque de él depende su producción de maíz. La cuestión de la propiedad ha sido desde el principio uno de los principales puntos de discordia: los lencas insisten en que los bancos que se han derribado para construir la central eléctrica son “tierras comunitarias”. FMO sostiene que los terrenos se compraron legítimamente a dieciséis propietarios privados; todo se hizo de acuerdo con un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, luego llegó el asesinato de la activista y líder lenca Berta Cáceres. Estamos muy disgustados por este asesinato”, dice FMO. ‘Hasta el momento en que nos retiramos de esta inversión, en julio de 2017, siempre nos propusimos hacer juicios cuidadosos basados en la información disponible en ese momento. Tras su muerte, encargamos una investigación independiente sobre la actuación de FMO y las circunstancias en Honduras. Desde la salida, muchas cosas han cambiado internamente, según el banco: los criterios de selección se han endurecido, prestando más atención a los intereses locales, los derechos humanos y la investigación de los clientes. El FMO también reevaluará su política de inversión, en parte como resultado del caso.

Banco FICOHSA hace lobby en EEUU contra Ley Berta Cáceres y miente de nuevo.

HERE IN ENGLISH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hace del conocimiento público lo siguiente:

En medio del juicio en contra del condenado asesino David Castillo, coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, se hizo público que el Banco FICOHSA de Camilo Atala, contrató una firma de lobistas en Estados Unidos para actuar en contra de la Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos, así como contra la ley anticorrupción y por los derechos humanos en Honduras.

Banco FICOHSA contrató al ex congresista Alan Wheat de la empresa lobista denominada Polsinelli, una firma de más de 900 abogados, para actuar en contra de iniciativas legislativas por los derechos humanos en Honduras lideradas por congresistas y organizaciones sociales en Estados Unidos.

Banco FICOHSA ha mentido públicamente de nuevo, a través de Polsinelli, al querer desvincularse del financiamiento al proyecto Agua Zarca y al decir, de manera injuriosa, que dicho banco es un “colaborador de proyectos de asistencia social del COPINH”.

Ante lo anterior, el COPINH:

  1. Denuncia públicamente las acciones del Banco FICOHSA de Camilo Atala, en contra de proyectos legislativos en EEUU a favor de los derechos humanos y la justicia en Honduras, como una práctica de la mafia bancaria en Honduras que se ve afectada por las reivindicaciones del pueblo Lenca organizado.
  2. Reitera y denuncia el involucramiento del Banco FICOHSA en el financiamiento al proyecto Agua Zarca de los Atala Zablah, por el cual fue asesinada Berta Cáceres. Así lo demuestran las pruebas científicas evacuadas en el reciente juicio contra el condenado David Castillo.
  3. Desmiente rotundamente las afirmaciones del Banco FICOHSA, a través de Polsinelli, sobre “colaboraciones” a nuestra organización. El COPINH nunca se vinculará con un banco involucrado en graves violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, rompimiento de leyes anti lavado dinero y financiamiento del proyecto que asesinó a Berta Cáceres. Este tipo de afirmaciones de representantes de Banco FICOHSA buscan confundir a la opinión pública.
  4. Denunciamos una vez más la existencia de una estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres y que sigue operando para atacar al COPINH y sus iniciativas de justicia, a la cual Banco FICOHSA está vinculado.

Dado a los 9 días del mes de julio de 2021 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras.


Comunicado: Una victoria popular de justicia para Berta; un paso al rompimiento del pacto de impunidad.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres ante el fallo condenatorio contra el imputado David Castillo por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, proferido por la sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, hacemos del conocimiento de la comunidad Nacional e Internacional lo siguiente:

  1. El fallo condenatorio emitido por este tribunal significa que las estructuras de poder no lograron, en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Atala Zablah, de la cual es instrumento el condenado David Castillo Mejía, no logró sus objetivos.
  2. Reafirmamos que la Causa Berta Cáceres de Justicia en Honduras no termina con esta resolución sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas.
  3. Reconocemos este paso de justicia como una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos.
  4. Exigimos que se cancele de manera inmediata la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque de la comunidad Lenca y se procese a todas las personas involucradas en su ilegal y corrupta concesión.
  5. Exigimos que sean desmontadas las redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad responsables de graves delitos expuestos durante el juicio de lo cual aportamos la prueba.
  6. Denunciamos el maltrato sistemático y constante hacia las víctimas por parte de los funcionarios públicos; es inadmisible que a una víctima en su proceso se le corte la palabra o se le niegue u obstaculice la entrada a un recinto judicial. 
  7. Agradecemos profundamente todo el acompañamiento nacional e internacional, de las comunidades, organizaciones, instituciones y pueblos solidarios que han compartido y hecho posible abrir los caminos de justicia en esta causa.
  8. Insistimos a la comunidad internacional y nacional a seguir en los esfuerzos contra la impunidad en Honduras y a apoyar los esfuerzos dignos de las organizaciones sociales y populares.
  9. Recogiendo las palabras de nuestra Berta Cáceres, reiteramos que la justicia la construimos los pueblos desde nuestra labor cotidiana, con la defensa de nuestros territorios, la realización de nuestros proyectos de vida y la lucha constante contra las desigualdades e injusticias.

Dado en el campamento feminista Viva Berta en la ciudad de Tegucigalpa a los 5 días del mes de julio de 2021.

POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO LEGAL DE LA CAUSA BERTA CÁCERES PREVIO AL FALLO CONTRA EL IMPUTADO ROBERTO DAVID CASTILLO.

CERTEZA Y PREOCUPACIONES

El equipo de Abogados.as de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, integrantes del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Asesoría Internacional, a pocas horas de escucharse el fallo en contra del imputado, Roberto David Castillo Mejía, a Honduras y el mundo,

EXPRESA:

1. Reafirmamos que, según las pruebas incorporadas al juicio, con certeza plena se ha acreditado que el imputado Castillo Mejía participó de la planificación, coordinación, aseguramiento de ejecución y verificación del asesinato de Berta Cáceres, por eso no tenemos duda que el fallo debe determinar la culpabilidad del imputado.

2. Nos preocupa que el imputado Castillo Mejía y la familia Atala Zablah son parte de una empresa criminal experta en corromper y traficar con influencias, como lo mostraron al momento de obtener la concesión del río Gualcarque, imponerla en territorio Lenca, criminalizar y asesinar a Berta Cáceres. Esa criminal fortaleza, con certeza, la han usado y la siguen usando en este caso.

3. Nos preocupa que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHPER), estén respaldando al imputado Castillo Mejía, como lo confesó el mismo, y usen sus influencias y poder para quebrar la frágil independencia del Poder Judicial y del Tribunal que sentenciará el caso.

4. Nos preocupa que el investigado, Daniel Atala Midence, siendo parte de la estructura criminal que asesinó a Berta, haya sido el principal interlocutor entre un perito y la defensa de Castillo Mejía y haya tenido acceso a los enlaces de zoom de uso exclusivo del Tribunal de Sentencia y los haya facilitado al mismo perito del proceso, y que estos hechos el mismo Tribunal no solo los permitió, sino que los dejó impunes públicamente.

5. Nos preocupa que la misma defensa del imputado Castillo Mejía, en audiencia, denunció que uno de los jueces que sentenciará el caso, de manera discreta sostuvo reuniones con una organización de derechos humanos que apoya al imputado y el Poder Judicial nunca brindó informe alguno sobre esa denuncia; este hecho podría quebrar la independencia del Tribunal de Sentencia y favorecer al imputado.

6. Nos preocupa que en las últimas horas hemos sido informados que una de las juezas que integra el Tribunal de Sentencia es esposa de un militar, es decir de un compañero de armas del ahora imputado Castillo Mejía, subteniente del ejército en condición de retiro. Deseamos que este elemento en particular no quiebre la independencia e imparcialidad con la que debe actuar el Tribunal.

7. Reafirmamosnuestro compromisopara que todos los perpetradores del crimen contra Berta Cáceres sean procesados, juzgados y sancionados para romper con la impunidad estructural que ha ensangrentado a la sociedad hondureña.

Tegucigalpa, Francisco Morazán, 03 de Julio, 2021.

PRENSA:

Abogados de familia de Berta Cáceres preocupados por respaldo del COHEP y la AHPER a David Castillo

Los movimientos bajo la mesa serían los quiebres de la justicia en la sentencia que favorecería a David Castillo

Abogado Víctor Fernández: Después de este juicio vamos contra esa estructura empresarial criminal, violenta y corrupta

En la primera semana del juicio oral y público contra David Castillo, imputado como coactor del crimen contra Berta Cáceres, perfila no solo al criminal sino que vincula a otros actores y alumbra el camino para sentar las bases para alcanzar a los autores intelectuales del asesinato contra Berta Cáceres hace más de cinco años, señaló la acusación privada que lleva la representación de la familia y del COPINH.

“La estructura criminal y el Estado perdió el pulso con nosotros, nuestro tema central es lo que sigue ,ninguna de las personas imputadas está conectada con lo que dijo el director de la investigación que tenía que ver con la instalación de la hidroeléctrica, dónde están perjudicados por la lucha de Bertita, para eso estamos peleando para que se les traiga a juicio, lo cual es importante para la justicia del país y que es una práctica de la estructura empresarial criminal, violenta y corrupta en Honduras”, aseguró Víctor Fernández, uno de los apoderados legales en la acusación privada que ha estado desde el principio del proceso y que acompañó a Cáceres en los juicios incoados en su contra previos a su crimen.

En la segunda semana la población que mira el juicio tendrá la claridad para qué sirve la inversión que el Estado de Honduras hace en el Ministerio Público, agregó mientras hacía un recuenta de logros muy importantes a pesar de las trabas de la justicia hondureña para proteger a los autores materiales e intelectuales.

A través de redes sociales la noche de este domingo 02 de mayo, los abogados de la acusación privada , Victor Fernández y Carmen Haydeé López , que representan al COPINH y a la familia de la víctima, así como Laura Zúniga Cáceres, hija de la defensora, expusieron las conclusiones de la primera semana del Juicio Oral y Público contra David Castillo. El foro estuvo moderado por la periodista Xiomara Orellana.

De acuerdo a Fernández uno de los logros ha sido que se inicie el juicio después de alrededor de 15 acciones legales de la defensa de David Castillo para detenerlo. En el juicio salió a la luz cómo el Estado ha sido incapaz supuestamente de no poder vaciar el contenido de dos teléfonos celulares de David Castillo y con ello pudo haberse perdido información valiosa. Otro de los puntos importantes es que ha quedado claro la vinculación del Estado, la Empresa y grupos criminales integrados por sicarios y militares en activo y retiro, explicó a una audiencia de más de mil personas.

Asimismo analizó que en esta primera semana  se pudo advertir por dónde va la acusación del Ministerio Público y la privada que representa a las víctimas, y recata la lucha de la comunidad de Río Blanco y el COPINH, y lo más importante es que queda demostrado que el crimen contra Cáceres fue la consecuencia de la disputa sostenida de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, con el objetivo de provocar violencia para establecer a sangre y fuego la hidroeléctrica, para lo cual quitaron de en medio a Berta Cáceres que tuvo un papel trascendente en la lucha del pueblo lenca.

Laura Zúniga Cáceres señaló que se ha querido a toda costa dejar por fuera a las víctimas y por eso se empecinaron en evitar que ella estuviera en el juicio, lo cual se ha logrado en los últimos días, “desafiamos a esos asesinos, a los más ricos de Honduras que están acostumbrados a despojarnos de nuestros recursos, debemos frenarlos porque son los mismos que se están lucrando con esto de la pandemia. Están acostumbrados a violentar a las personas”.

La abogada López explicó que ya de manera oficial se acreditó el perfil de David Castillo y su vinculación en la empresa y el uso de su rol como militar activo que utilizó su cargo para colaborar en la planificación y concreción del crimen.

Destacó que Rosalina Domínguez, una mujer lenca, lideresa, muy cercana a Berta Cáceres con su declaración clara y precisa, recordó las agresiones previas al asesinato, lo cual puede llegar a ser reparador no solo para las víctimas sino para todo el pueblo hondureño, así como el rol del Estado de Honduras.

En relación a la pregunta sobre qué influyó para que el juicio se llevara a cabo a pesar de las constantes acciones de la defensa de David Castillo para detener el proceso dijo que “ha hecho que de cierta forma se volviera insostenible las mañas procesales de la defensa”.

El juicio continuará en su segunda semana, y el abogado Fernández llamó a la población a tener paciencia para ver su desarrollo , el cual es muy importante , “el juicio se volvió público para que hagamos ese control sobre el poder judicial, allí se puede ver cómo trabaja el poder judicial , el Ministerio Público y sus técnicos”.

Agregó que lo que viene es cómo se produce la vinculación entre la estructura intermedia compuesta por tres oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas en condición de retiro,  Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo y David Castillo. El uso que hizo de su poder este último para lograr la concesión de la hidroeléctrica y llevar la violencia a Río Blanco.

Este es el video donde puede escuchar detalladamente el resumen de lo ocurrido en el juicio durante esta primera semana. Allí se habla de cómo el propio Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, manejó como hipótesis del crimen como algo pasional para desvincular la responsabilidad de la empresa hidroeléctrica en este asesinato, “esto no fue algo antojadizo del ministro Pacheco”, recalcó Fernández.

Fuente: https://pasosdeanimalgrande.com/es-co/especial/berta-caceres/item/3146-abogado-victor-fernandez-despues-de-este-juicio-vamos-contra-esta-estructura-empresarial-criminal-violenta-y-corrupta

¿Que papel tuvo el gobierno de Estados Unidos en el asesinato de Berta Cáceres?

Zoe PC

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, hace cinco años. Ella, sin lugar a duda, es una de las referentes políticas más importantes en la historia reciente del país centroamericano por su incansable compromiso a la lucha en defensa de los derechos de los pueblos más vulnerables como los pueblos indígenas, de la democracia y de los territorios.

El asesinato de Berta se produjo en un periodo que inició con el golpe de estado el 28 de junio de 2009 y que se extiende hasta el día de hoy. Este periodo se puede caracterizar por la descomposición del orden democrático con sucesivos gobiernos dictatoriales, y una agravada crisis económica, política y social. 

Berta, como más de cien otros líderes y lideresas, fue asesinada por atreverse a cuestionar y luchar en contra este proceso facilitado e implementado con el golpe de Estado, de privatización, despojo en los territorios, cortes al sector público y a los programas sociales, retirada de derechos conquistados, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, aumento de políticas represivas, entre otros. 

Berta también cuestionó fuertemente el papel de poderes imperialistas, empresas transnacionales e instituciones financieras en propagar la crisis en Honduras para poder beneficiarse. En especial, entendía que el papel de Estados Unidos tenía mucha importancia. En una entrevista en 2014, criticó directamente a Hillary Clinton, quien era Secretaría del Estado en 2009, por su papel en concretar el golpe de Estado. Estaba clara de la importancia geopolítica de Honduras y los grandes intereses que se movían detrás de estas jugadas.

La concesión otorgada, de manera fraudulenta por cierto, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para hacer un proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque se dio un año después del golpe de Estado. En septiembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el contrato No. 043-2010 entre la ENEE y DESA para la venta de energía. 

Fue en esas fechas que la comunidad empezó a movilizarse y resistir la imposición del proyecto y en una asamblea comunitaria en 2010 declararon, “Que ante la agresiva, inconsulta, ilegítima y servil decisión del Congreso Nacional de entregar a manos privadas nuestros ríos y agua con el fin de generar más ganancias a empresarios mediante la generación de energía hidroeléctrica privada, grupos de poder que jamás se han preocupado, ni se preocuparán por cuidar nuestra riqueza natural, expresamos nuestro total rechazo a esa decisión.”

En esta lucha que lideraba Berta con su organización el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, se iban dando cuenta a través de meticulosas investigaciones hechas por la organización, que el proyecto que querían imponer sobre el sagrado Río Gualcarque no solo era interés de la oligarquía hondureña sino de una serie de instituciones y bancos internacionales.

Producto a los grandes intereses en este proyecto, tanto Berta como otros miembros del COPINH y de la comunidad recibían constante hostigamiento por parte de la seguridad privada de la empresa DESA, de las fuerzas de seguridad del estado hondureño y de otras personas sin vinculo institucional claro. Este hostigamiento incluía seguimiento, amenazas de muerte, persecución, judicialización, intentos de quebrar unidad de la comunidad y de la organización, y violencia física incluyendo el asesinato de 6 personas incluyendo a Berta.

La organización sostiene que el hecho de mantener el financiamiento a un proyecto que infringe sobre los derechos de las personas y que ha cobrado varias vidas, implica un nivel de responsabilidad. 

Un actor fundamental en lo que fue la persecución de Berta Cáceres y su eventual asesinato, es el gobierno de EEUU. Si bien no hay pruebas de la participación directa en la planeación y la ejecución del crimen, sí existen vínculos directos por el apoyo que daba al proyecto y el entrenamiento militar de personas que participaron en el asesinato. Y en general se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.

“se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.”

Financiamiento y apoyo a Agua Zarca

Como ya se mencionó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su momento contaba con inversión y apoyo de grandes instituciones y bancos internacionales. Entre ellas: el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el FMO de Holanda, FinnFund de Finlandia, Voith Hydro con sede en Alemania, Banco Lafise, el Banco Mundial y La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. 

USAID tiene un largo trayecto de utilizar su poder como agencia de ayuda financiera para promover la agenda de Estados Unidos donde va. En el caso de Agua Zarca, la USAID firmó un convenio con la empresa DESA en diciembre de 2015, cuando ya la resistencia contra el proyecto llevaba 5 años, y había serias acusaciones contra DESA por violaciones de derechos humanos de las comunidades resistiendo el proyecto y por cometer fraude en el proceso de otorgamiento de permisos para el mismo. Sin embargo, la USAID con su programa MERCADO firmó con DESA un convenio por un proyecto de asistencia a productores agrícolas de los municipios aldeanos a Agua Zarca. 

Firma de convenio entre la empresa DESA y la USAID. Con camisa blanca Sergio Rodríguez Diciembre 2015. Fotografía cortesía Proceso Digital.

En el comunicado de prensa anunciando el convenio firmada por USAID y Hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala, afirma que “Hidroeléctrica Agua Zarca desarrolla varias actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto en temas salud, educación, prácticas medioambientales responsables y actividades de desarrollo comunitario.”

Cabe destacar que la firma de DESA fue a través de Sergio Rodríguez quien fue condenado por participar en el asesinato de Berta. Según investigaciones sobre el asesinato de Berta. Cuando este convenio fue firmado por Rodríguez y los representantes de la USAID, los planes para asesinar a Berta, que Rodríguez ayudó a construir, ya estaban en marcha.

Convenio firmado entre la empresa DESA y la USAID. Diciembre de 2015.

Así que la promoción de un convenio para “apoyar agricultores” en este contexto no es un hecho inocente, la USAID con conocimiento de la fuerte resistencia al proyecto, los asesinatos de líderes y la persecución contra ellos, dio un respaldo contundente a DESA y a sus acciones en un momento decisivo.

Entrenamiento militar

Hasta la fecha han sido condenadas siete personas por haber participado en el asesinato de Berta Cáceres y uno, David Castillo, se mantiene en prisión preventiva esperando juicio. Aunque, como el COPINH ha denunciado reiteradamente, falta mucho para lograr la justicia real que contempla los autores intelectuales que son quienes financiaron y planificaron el asesinato, lo que se sabe de las personas ya condenadas y vinculadas al caso revela mucho sobre la estructura criminal que existe en Honduras para llevar a cabo estos crímenes. 

La participación de miembros del ejército de Honduras es un punto destacable, de las personas que son formalmente vinculadas al caso, según la justicia hondureña, cinco son vinculados con el ejército y de ellos varios recibieron entrenamiento militar de los Estados Unidos. 

El entrenamiento militar que históricamente ha prestado EEUU a Honduras, como a otros países de la región, ha sido un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta institución que en reiteradas ocasiones ha sido acusada de severas violaciones de derechos humanos entre otras cosas y que como demuestra el caso de Berta, entre miles de otros, tiene vínculos directos con estructuras criminales.

De los vinculados al caso, se sabe que David Castillo y el Mayor Mariano Díaz Chávez, oficiales del ejército recibieron capacitación militar de EEUU.

David Castillo, el presidente de la empresa DESA e imputado como coautor del crimen, fue Subteniente de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y según registros, habría sido formado en la academia militar de los EEUU West Point. 

Captura de pantalla, página oficial de la West Point Association of Graduates.

El mayor Mariano Díaz Chávez durante su largo trayecto en el ejército que comenzó en 1992, según investigación hecha por COPINH, habría recibido capacitaciones del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCSOUTH) cuando estaba en el 15° Batallón en la región del Bajo Aguán en 2012. Él era instructor de la nueva fuerza militar creada en 2015 llamada Policía Militar para el Orden Público, cuyos instructores y comandantes participaron en el entrenamiento SOCSOUTH del 15° batallón.

A la derecha, Mariano Díaz Chávez en misión internacional en el Sahara. Fotografía cortesía de Notibomba.

Aliados incondicionales

Estos vínculos directos que existen entre instituciones de EE.UU. como la USAID y el Comando Sur con el proyecto Agua Zarca e individuos que participaron en el asesinato de Berta, no son hechos aislados ni sorprendentes visto de cara a la relación histórica que los EE.UU. tiene con Honduras.  

A pesar de la profunda crisis institucional, política, económica y social que existe en Honduras y las constantes violaciones a los derechos fundamentales del pueblo hondureño a manos del Estado, el gobierno de Honduras goza de una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, que se autoproclama como el veedor de los derechos humanos en el mundo. 

Mientras tanto, el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, JOH, ha sido acusado, en cortes de Nueva York, de haber participado activamente en el tráfico de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En 2017, el gobierno de JOH fue acusado de cometer fraude electoral, tras modificar la constitución de manera dudosa para que pudiera ser presidente en un segundo mandato. Las calles y carreteras desbordaron en movilizaciones masivas en todo el territorio nacional contra el fraude, en las cuales 40 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, y hasta la Organización de Estados Americanos reconoció la existencia del fraude y llamó a repetir las elecciones. Cuando los resultados ‘oficiales’ fueron publicados un mes después de las elecciones el gobierno de EEUU respaldó a JOH y reconoció su ‘victoria.’

No es difícil entender porque existe esta relación especial entre Honduras y Estados Unidos. Honduras ha sido el base de operaciones para el gobierno de EEUU por décadas con el base militar Palmerola/Soto Cano al centro. EEUU ha utilizado la base de Palmerola, considerada una de los bases estadounidenses más grandes del mundo, por décadas y hoy alberga soldados estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Comando Sur del Ejército Estadounidense. 

Así como Palmerola, existen numerosos ejemplos de cómo EEUU se beneficia económicamente y políticamente del orden represivo, neoliberal y militarista en Honduras que ha devastado el país en todo sentido. Mientras existen estos beneficios, el gobierno de Estados Unidos no tiene problema en mantener un constante flujo de fondos hacia el ejército y mega-proyectos extractivos, armas y municiones para la fuerza pública, y un constante respaldo político al gobierno que es considerado ilegitimo. La vinculación de la principal empresa estadounidense de Aceros NUCOR con el caso de criminalización e injusto encarcelamiento de los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol por protestas en contra de la minera Ecotek-Los Pinares, da cuenta de esto.

Existen iniciativas por parte de diputados progresistas que han sido construido con organizaciones de Honduras para frenar este apoyo incondicional del gobierno nacional como el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” para los derechos humanos en Honduras y el reciente Proyecto de Ley de Derechos Humanos Y Anticorrupción de Honduras, pero no han podido avanzar. Hasta que se logre cortar este apoyo, las elites y corruptos de Honduras tendrán carta blanca para seguir llevando a cabo sus políticas de muerte y asesinatos como el de Berta.

Honduras incumplió su deber reforzado de protección a Berta Cáceres.

A cinco años de la siembra de su legado, persiste la impunidad.

Ma. Luisa Gomez, abogada para Honduras del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Berta Cáceres era consciente de que su vida estaba amenazada a consecuencia de la lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal que impulsaba desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que co-fundó en 1993 para hacer frente al avance del extractivismo depredador en Honduras.

Durante años, denunció públicamente las amenazas de muerte que recibía, los hostigamientos y ataques de los que era objeto, las campañas de estigmatización y la criminalización a la que fue sometida como consecuencia de su labor de defensa de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Y, sobre todo, del territorio lenca y del río Gualcarque, amenazados ante el otorgamiento ilegal e inconsulto de una concesión administrativa a la empresa Desarrollos Energéticos S. A (DESA) para establecer el Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca en territorio lenca.

En el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora, reconociendo expresamente la situación de riesgo en la que vivía y requiriendo a Honduras que tomara medidas específicas para asegurar su vida y su integridad.

Sin embargo, Honduras no cumplió con sus obligaciones internacionales y no garantizó la protección reforzada que requería Berta, en su doble condición como mujer defensora indígena y como beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH. Finalmente, las amenazas, estigmatización y criminalización a las que la defensora estuvo sometida durante años ante la más absoluta inacción estatal, culminaron con su asesinato el 2 de marzo de 2016.

En este sentido, es importante recordar que Honduras tiene una serie de obligaciones que emanan de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte, cuya inobservancia puede generar su responsabilidad internacional. En efecto, los órganos interamericanos de derechos humanos (Corte IDH y CIDH), han aclarado el contenido y los alcances del deber general de respeto y garantía, en particular, cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos, y específicamente, de mujeres defensoras de derechos humanos.

Por ejemplo, la Corte IDH ha reiterado que, debido al importante rol que juegan las y los defensores de derechos humanos para la democracia y el Estado de derecho, los Estados tienen algunas obligaciones reforzadas para garantizar su protección. Así, por ejemplo, Honduras debió haber tomado todas las medidas razonables a su alcance para prevenir las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de Berta, al menos por dos motivos:

El primero, que Berta había puesto en conocimiento del Estado la situación de riesgo en la que se encontraba, tanto a través de denuncias ante el Ministerio Público, como en el marco del proceso ante la CIDH. Y el segundo, que tal y como han señalado organismos internacionales como Global Witness o la CIDH, cuando fue asesinada la lideresa, en Honduras existía un contexto general de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos que hacía que la situación de peligro en la que se encontraba Berta no fuera un hecho aislado, sino un problema estructural ante el cual el Estado debía tomar medidas. Cabe señalar que este grave contexto de riesgo prevalece hasta la fecha.

Asimismo, según la jurisprudencia de la Corte, Honduras tenía la obligación de remover todos los obstáculos para que Berta pudiera ejercer su labor de defensa libre de riesgo, y en particular, tenía el deber de abstenerse de emitir pronunciamientos públicos que pudieran estigmatizarla. Sin embargo, como quedó documentado en el marco de las medidas cautelares, fueron precisamente funcionarios estatales quienes estuvieron detrás de muchos de los hostigamientos en su contra. En consecuencia, el Estado tampoco cumplió con esta obligación.

Finalmente, pero no menos importante, Honduras tenía la obligación de investigar con la debida diligencia todos los delitos cometidos en su contra, tomando en cuenta su rol como persona defensora de derechos humanos dentro de las hipótesis de investigación, y barajando la posibilidad de que las amenazas y ataques pudieron haberse producido como represalia por su labor.

Sin embargo, Honduras nunca esclareció ninguno de los hechos denunciados por Berta antes de su asesinato, ni mucho menos, identificó, juzgó y sancionó a sus responsables. Esta omisión estatal es muy grave, pues los órganos interamericanos han reiterado que una investigación diligente y oportuna resulta fundamental para poder desactivar el origen del riesgo al que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos.

Al contrario, Berta fue criminalizada con el propósito de intimidar y obstaculizar sus legítimas acciones en defensa del territorio lenca y de los derechos de los pueblos indígenas. Es importante destacar que, mientras las denuncias contra Berta avanzaron con celeridad, los procesos impulsados por ella no presentaron avances nunca.

En definitiva, en el marco de la implementación de las medidas cautelares, se denunció reiteradamente ante el Estado y la CIDH que Berta estaba sometida a un nivel de riesgo muy elevado y que las medidas de protección con las que contaba no eran adecuadas ni eficaces para garantizar su protección. También se dio cuenta reiteradamente de la falta de avances sustantivos en las investigaciones de las amenazas y ataques padecidos por Berta, muchos de ellos perpetrados por funcionarios estatales. Y, sin embargo, el Estado nunca tomó medidas para corregir esta situación.

De la misma manera, también se reportaron específicamente constantes problemas en la implementación de las medidas de protección a nivel interno. Por ejemplo, se denunció que los patrullajes no se realizaban oportunamente, que las fuerzas militares habían tratado de vincularse a la implementación de las medidas, con la clara intención de intimidar a Berta; que se producían constantes fallos con las cámaras de seguridad, entre otras falencias que dejaban a Berta en desprotección. Sin embargo, tampoco así el Estado actuó para corregir estos problemas.

Por lo expuesto, no cabe duda de que Honduras no cumplió con el deber reforzado de protección de Berta Cáceres. Así, su asesinato no fue un hecho aislado, sino fruto de un continuo de violencia ante la que el Estado no actuó adecuadamente.

Además, tal y como fue reconocido por la sentencia mediante la cual se condenó a 7 personas por su autoría material de los hechos, “las acciones de represalias” en contra de Berta Cáceres se realizaron “con la finalidad de debilitar el movimiento que ella lideraba”. 

Sin embargo, a cinco años de su asesinato, nos sigue preocupando el hecho de que los autores intelectuales y los que financiaron el crimen aún no hayan sido investigados, enjuiciados y sancionados. Ello, a pesar de que la misma sentencia ya mencionada, también reconoció que el crimen fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).  Aunado a ello, el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) también dejó claro en su Informe “Represa de Violencia” que había indicios suficientes que permitían afirmar que, a través de sus influencias y conexiones políticas, DESA mandató a empresas de seguridad privada y sicarios, pero también cooptó a fuerzas de seguridad del Estado y operadores de justicia, para controlar y neutralizar cualquier oposición al proyecto Agua Zarca.

Ante la impunidad que persiste todavía, hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que actúen con profesionalidad, transparencia e independencia, aseguren la participación plena y efectiva de las víctimas y sus representantes legales en todas las etapas de los procesos judiciales que actualmente se impulsan (y los que faltan por impulsarse), y garanticen una justicia completa y transparente para Berta Cáceres y el COPINH.