Esta resolución es una victoria para el pueblo Lenca, y para los pueblos indígenas en Honduras que son violentados en sus derechos humanos mediante las concesiones ilegales.
La Corte Suprema de Justicia reconoce condición de Víctima del COPINH y Río Blanco en caso de Fraude Sobre el Gualcarque.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ante la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que resolvió otorgando la acción de amparo presentada por el COPINH, para restituir los derechos como víctimas de la organización y de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco en el caso denominado Fraude Sobre el Gualcarque, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
¡Ya nos lo dijo el río, vamos a triunfar!
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Dado a los 25 días del mes de agosto de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.
Ante el inicio del juicio oral y público del caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) comparte lo siguiente:
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de agosto de 2021.
París, 16 de agosto de 2021.- Ad portas del inicio del proceso “Fraude al Gualcarque”, la FIDH junto con sus organizaciones miembro, el CAJAR-Colombia, CALDH-Guatemala y CIPRODEH-Honduras, exhortan a las autoridades judiciales a reconocer al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) como víctima de los hechos de corrupción juzgados.
El fraude en el Proyecto Agua Zarca violó el derecho del COPINH y la comunidad Lenca que representa al agua, a un ambiente sano y a sus derechos culturales, patrimoniales, y sociales, además del derecho a la consulta. Lo que es más, la denuncia de este fraude es la causa del asesinato de Berta Cáceres, la representante del COPINH y defensora de derechos humanos, del territorio y del ambiente.
El ex-gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, fue recientemente condenado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. Será juzgado junto con otras personas por los delitos de fraude, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos en la concesión del Proyecto Agua Zarca. Sin embargo, ese juicio va a iniciar sin la participación del COPINH quien fue excluido como víctima en el proceso desde agosto de 2019.
Las organizaciones consideran que el COPINH es víctima de ese fraude y por eso, presentaron una intervención escrita como terceros ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en el proceso de Amparo presentado por el COPINH el 4 de noviembre de 2019. En este escrito, la FIDH, el CCAJAR, CALDH y CIPRODEH, solicitan que la justicia hondureña reconozca que el COPINH puede participar en el juicio dicho “Fraude al Gualcarque” como acusador privado.
La corrupción no es un fenómeno inocuo; no es un delito sin víctimas. Los hechos de corrupción pueden violar no solamente la administración pública sino también los derechos humanos de las personas individuales y colectivas. Las víctimas deben poder participar en los procesos penales que buscan establecer responsabilidades por los hechos de corrupción.
En el caso particular, el COPINH y la comunidad Lenca que ellos representan, son víctimas directas de la aprobación fraudulosa del proyecto lo que causó la violación de su derecho al agua, a un ambiente sano y a sus derechos culturales, patrimoniales, sociales, además del derecho a la consulta. También son víctimas de los hechos que resultaron de la afectación del derecho a la vida de Berta Cáceres, quien fue asesinada por haber denunciado públicamente la corrupción del proyecto Agua Zarca.
Al negarles el espacio al COPINH en el proceso por corrupción, se les niega la posibilidad de acusar a los causantes de los hechos de corrupción responsables de las afectaciones que vivieron y que constituyen violaciones de derechos humanos.
Tegucigalpa. En la audiencia de individualización de pena contra David Castillo por su coautoría en el asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público y la acusación privada solicitaron al Juzgado de Sentencia se imponga la condena máxima de 25 años de privación de libertad y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
El abogado de la Causa Berta Cáceres, Víctor Fernández, sostuvo que en el caso contra David Castillo no hay circunstancias atenuantes. En cambio, expuso que existen una serie de circunstancias agravantes, entre las que citó la alevosía; el abuso de superioridad y de confianza; la ejecución del crimen aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar; y que el crimen se ejecutó por motivos racistas o de carácter ideológico.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN EL CRIMEN
Sobre el abuso de superioridad y de confianza, Fernández señaló que Castillo participó en el crimen contra la lideresa indígena desde la estructura de la empresa mercantil identificada como Desarrollos Energéticos S.A., lo que constituye a criterio del abogado como un elemento de superioridad sobre Cáceres.
Además, refirió que el condenado participó junto a una estructura militar en la forma en cómo se ejecutó el crimen, donde dos personas de las que ya fueron encontradas culpables -Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez- también fueron miembros de las Fuerzas Armadas, junto a una tercera -Henry Hernández- quien también era militar.
«Este extremo visto por si solo, son al menos cuatro personas con formación militar y además en conexión con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas […] constituye un elemento obvio de superioridad que facilitó la ejecución del crimen», afirmó el abogado Fernández durante su participación en la audiencia.
Asimismo, citó al perito Harald Waxenecker con relación a que el crimen se ejecutó por una combinación de una estructura empresarial delincuencial con una estructura militar que entró al mundo criminal. Fernández señaló que el hecho se produjo de noche y que Castillo tuvo una participación de controlador o director de la ejecución del crimen por lo que tenía conocimiento de las circunstancias de tiempo y lugar en que se iba a ejecutar el crimen.
En cuanto a la ejecución del delito por motivos racistas o de carácter ideológico, Fernández sostuvo que a la acusación le parece fundamental la pericia del perito Harald Waxenecker, en la que se señaló que Cáceres «quedó inserta en un choque entre una visión sobre el uso o el manejo de la naturaleza de la que es parte el condenado Roberto David Castillo, que impone la lógica del mercado sobre la naturaleza».
ELEMENTOS PERSONALES AGRAVANTES CONTRA CASTILLO
Fernández también enunció cuatro elementos personales del crimen de David Castillo contra Berta Cáceres. En primer lugar, su condición de militar en condición de retiro de las Fuerzas Armadas vinculado a un hecho criminal. El segundo punto, la vinculación del imputado como funcionario público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la que su cargo estaba vinculado al manejo estratégico del modelo energético del país.
En tercera categoría su condición de empresario y beneficiario de concesiones del Estado, donde Castillo apareció vinculado a dos sociedades mercantiles, todas beneficiarias de concesiones del Estado. Finalmente, como cuarta categoría, Fernández señaló que Roberto David Castillo fue reparado por el Tribunal Superior de Cuentas por sus funciones en la ENEE, porque siendo funcionario cobraba un salario y además cobraba otro salario como miembro de las Fuerzas Armadas, donde si bien devolvió parte de lo reclamado ya carga sobre él el antecedente personal.
El expresidente de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo fue encontrado culpable como coautor del asesinato de la ambientalista el pasado lunes 5 de julio. La familia de Berta Cáceres exige que se capture y procese a los autores intelectuales detrás del asesinato de la lideresa indígena.
Fuente: Criterio.hn
Staatsbank FMO financierde bedrijf achter moordcomplot in Honduras
Jeroen Groot Johan Leupen
El banco estatal holandés FMO ha prestado millones a una empresa propiedad de un empresario hondureño que fue condenado a principios de este mes por su papel en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. Se opuso a la central hidroeléctrica a la que se destinaba la financiación. La familia de Cáceres quiere responsabilizar al banco en un juicio en Holanda.
En resumen
El FMO concedió préstamos millonarios a una empresa propiedad del empresario hondureño David Castillo para la construcción de una central hidroeléctrica.
Castillo fue condenado a principios de julio por su participación en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres, que se oponía a la central eléctrica.
Los familiares de Cáceres quieren responsabilizar al banco en un juicio.
FMO afirma que el caso es en parte motivo para que el banco reevalúe su política de inversión.
El banco de desarrollo holandés FMO ha concedido préstamos millonarios a una empresa propiedad de un empresario hondureño que fue condenado a principios de este mes por su papel en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. La financiación estaba destinada a la construcción de una central hidroeléctrica, pero FMO transfirió la mayor parte del dinero a una empresa propiedad del ex militar David Castillo, que lo utilizó para fines totalmente distintos. Según los familiares de Cáceres, pagó sobornos a agentes corruptos, y toda la información disponible indica que incluso financió su asesinato.
Caso legal
La familia quiere responsabilizar al banco estatal por ello en un juicio en Holanda y ha dado acceso al DF a documentos judiciales, extractos de pagos y conversaciones de WhatsApp de Castillo incautadas por la justicia hondureña.
El caso es una vergüenza para el banco estatal holandés FMO; el banco de desarrollo financia proyectos arriesgados en países pobres como Honduras que a menudo están plagados de corrupción. El FMO hace uso de las garantías del Estado y cuenta con estrictos mecanismos de control y estructuras de supervisión para evitar abusos y daños sociales. En la práctica, no siempre funcionan correctamente.
Muy impactado
En una declaración al FD, el FMO dijo estar “muy conmocionado” por la condena de su cliente y afirmó que el caso era una de las razones para que el banco reevaluara su política de inversión. Una cuestión nueva y más apremiante para nosotros es hasta qué punto el FMO puede y quiere actuar en Estados frágiles con leyes y reglamentos inadecuados, en los que el Estado de Derecho sólo se aplica de forma limitada. Debido al proceso judicial en curso, FMO no quiere responder concretamente a las declaraciones de los familiares.
Castillo es un ex-militar hondureño y ex-alto funcionario con buenas conexiones en la élite empresarial local. El FMO mantenía una estrecha relación con él como máximo responsable del promotor del proyecto, Desa, que iba a construir la central hidroeléctrica de Agua Zarca por 63 millones de dólares, de los cuales 15 millones serían financiación del FMO.
Asesinos
Pero ahora Castillo parece haber orquestado el asesinato de la activista Cáceres, que lideró la oposición local a la construcción de la planta por su profundo impacto en el hábitat de las comunidades indígenas lencas. A principios de 2016, fue asesinada a tiros en su casa por hombres armados. El tribunal hondureño condenó a Castillo a principios de julio de este año por la “planificación y organización” de ese acto, según la sentencia. Se espera que recurra.
Una cuestión clave es por qué el banco estatal holandés transfirió unos 3 millones de euros en 2015 y 2016 a dos empresas que no tenían ninguna relación formal con el proyecto de construcción: Concretos del Caribe -controlada por Castillo- y Desarrollos Ambientales, con sede en Panamá. Sus accionistas no pudieron ser identificados a partir de fuentes públicas. El banco ha sostenido que ha sometido a Castillo a una exhaustiva diligencia con los clientes.
Deber de control descuidado”.
Según los abogados de los familiares de Cáceres, el banco holandés incumplió su deber de control. Todo indica incluso que financiaron indirectamente su asesinato”, afirma el consejero Wout Albers, de Global Justice; los fondos del FMO se utilizaron supuestamente como dinero para sobornos de agentes corruptos y otros pagos dudosos. Los familiares basan su argumentación, entre otros, en los comprobantes de pago confiscados a Desa y en las conversaciones de WhatsApp del día anterior al asesinato de Cáceres que tuvieron lugar entre Castillo y varios sicarios, ahora también condenados.
El banco estatal ha sido noticia varias veces en los últimos años por los abusos cometidos en diversos proyectos. Recientemente, por ejemplo, un informe de la FD reveló que las plantaciones de aceite de palma en el país africano occidental de Liberia tienen muchos problemas. El FMO ya se enfrentó a una controversia similar en el Congo, y recientemente canceló un préstamo de 60 millones de dólares al banco hondureño Ficohsa tras las críticas de las ONG.
Campanas de alarma
El abogado Albers, que representa a la organización no gubernamental Copinh además de a los familiares de Cáceres, califica de “incomprensible” que el banco haya “ignorado una señal de alerta tras otra” desde que se inició el proyecto de la hidroeléctrica en 2014, incluso del propio Cáceres.
Incluso el promotor chino Sinohydro, también polémico por su papel en anteriores proyectos problemáticos, se retiró del proyecto de Agua Zarca en 2013 tras graves enfrentamientos con la población local. Para entonces, el promotor Desa ya amenazaba e intimidaba a los activistas, por ejemplo destruyendo su cosecha de maíz, según Albers.
Además, el promotor Desa y las demás partes implicadas no tenían experiencia en la construcción de centrales hidroeléctricas, y las estructuras accionariales de las empresas no estaban claras: Castillo, por ejemplo, controlaba una parte importante de Desa mediante acciones al portador. Esto ya debería haber hecho saltar las alarmas, dice Albers, porque es una construcción que suele ser utilizada por los blanqueadores de dinero. Castillo también ocupó anteriormente un alto cargo en la empresa estatal que concedió a Desa la licencia para el proyecto. Un evidente conflicto de intereses, según Albers.
Momentos clave
15 de julio de 2013: El ejército hondureño mata al activista Tomás García durante una protesta pacífica contra Agua Zarca.
24 de agosto de 2013: El constructor de presas chino Sinohydro se retira del proyecto debido al malestar de la población.
27 de febrero de 2014: FMO se une al proyecto y firma el acuerdo de préstamo de 15 millones de dólares.
3 de marzo de 2016: hombres armados matan a tiros a la activista Berta Cáceres en su propia casa.
19 de marzo de 2016: FMO y su socio Finnfund congelan su financiación tras la muerte de Cáceres.
6 de julio de 2017: FMO se retira definitivamente de Agua Zarca tras reevaluar su estrategia.
6 de julio de 2021: El director general de Desa, David Castillo, es condenado por orquestar el asesinato de Cáceres.
El FMO reevalúa su estrategia
El FMO congeló su participación en el proyecto al día siguiente del asesinato de Cáceres, cuando ya había transferido casi 6 millones de dólares de los 15 millones prometidos. El banco hizo una investigación externa y luego, en 2017, retiró definitivamente sus manos de Agua Zarca.
Finalmente, la planta nunca se construyó. Desde entonces, se han reforzado los controles internos y el banco está revisando también sus propias políticas de inversión, según un comunicado del FMO.
Estos son precisamente los estados donde podemos marcar la mayor diferencia y donde se nos pide que seamos activos. Al mismo tiempo, las inversiones en Estados frágiles implican los mayores riesgos. En los próximos meses revisaremos nuestra estrategia hasta 2030.
Poco después del asesinato, FMO defendió su participación en el proyecto haciendo hincapié en lo deficiente que es la red eléctrica en Honduras; en algunas zonas rurales la cobertura es inferior al 50%. Además, la comunidad local es muy dependiente de los combustibles fósiles, por lo que se beneficiaría enormemente de la electricidad verde. El FMO dijo que seguiría supervisando el proyecto mediante visitas especiales al lugar y consultores externos. “En los países en desarrollo con estructuras de supervisión débiles, podemos marcar la diferencia”, dijo el banco en una hoja informativa de 2016.
El Departamento de Defensa se dirigió al abogado hondureño de Castillo para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta. El ex consejero estadounidense tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.
El río ‘sagrado”
Al principio, éramos conscientes de que se trataba de un proyecto complejo con diversos actores’, recuerda la portavoz de FMO sobre los inicios de Agua Zarca, que ahora se puede calificar de proyecto desastroso. Era una planta de pequeña escala en la zona de Río Blanco. Esperamos que este proyecto tenga efectos positivos en el nivel de vida de Honduras, proporcionando la electricidad que tanto se necesita y creando puestos de trabajo en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza”. Desde el principio, ha habido resistencia por parte de las comunidades lencas locales, que viven alrededor del río Gualcarque. Consideran que el río es sagrado, sobre todo porque de él depende su producción de maíz. La cuestión de la propiedad ha sido desde el principio uno de los principales puntos de discordia: los lencas insisten en que los bancos que se han derribado para construir la central eléctrica son “tierras comunitarias”. FMO sostiene que los terrenos se compraron legítimamente a dieciséis propietarios privados; todo se hizo de acuerdo con un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, luego llegó el asesinato de la activista y líder lenca Berta Cáceres. Estamos muy disgustados por este asesinato”, dice FMO. ‘Hasta el momento en que nos retiramos de esta inversión, en julio de 2017, siempre nos propusimos hacer juicios cuidadosos basados en la información disponible en ese momento. Tras su muerte, encargamos una investigación independiente sobre la actuación de FMO y las circunstancias en Honduras. Desde la salida, muchas cosas han cambiado internamente, según el banco: los criterios de selección se han endurecido, prestando más atención a los intereses locales, los derechos humanos y la investigación de los clientes. El FMO también reevaluará su política de inversión, en parte como resultado del caso.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hace del conocimiento público lo siguiente:
En medio del juicio en contra del condenado asesino David Castillo, coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, se hizo público que el Banco FICOHSA de Camilo Atala, contrató una firma de lobistas en Estados Unidos para actuar en contra de la Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos, así como contra la ley anticorrupción y por los derechos humanos en Honduras.
Banco FICOHSA contrató al ex congresista Alan Wheat de la empresa lobista denominada Polsinelli, una firma de más de 900 abogados, para actuar en contra de iniciativas legislativas por los derechos humanos en Honduras lideradas por congresistas y organizaciones sociales en Estados Unidos.
Banco FICOHSA ha mentido públicamente de nuevo, a través de Polsinelli, al querer desvincularse del financiamiento al proyecto Agua Zarca y al decir, de manera injuriosa, que dicho banco es un “colaborador de proyectos de asistencia social del COPINH”.
Ante lo anterior, el COPINH:
Dado a los 9 días del mes de julio de 2021 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres ante el fallo condenatorio contra el imputado David Castillo por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, proferido por la sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, hacemos del conocimiento de la comunidad Nacional e Internacional lo siguiente:
Dado en el campamento feminista Viva Berta en la ciudad de Tegucigalpa a los 5 días del mes de julio de 2021.
CERTEZA Y PREOCUPACIONES
El equipo de Abogados.as de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, integrantes del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Asesoría Internacional, a pocas horas de escucharse el fallo en contra del imputado, Roberto David Castillo Mejía, a Honduras y el mundo,
EXPRESA:
1. Reafirmamos que, según las pruebas incorporadas al juicio, con certeza plena se ha acreditado que el imputado Castillo Mejía participó de la planificación, coordinación, aseguramiento de ejecución y verificación del asesinato de Berta Cáceres, por eso no tenemos duda que el fallo debe determinar la culpabilidad del imputado.
2. Nos preocupa que el imputado Castillo Mejía y la familia Atala Zablah son parte de una empresa criminal experta en corromper y traficar con influencias, como lo mostraron al momento de obtener la concesión del río Gualcarque, imponerla en territorio Lenca, criminalizar y asesinar a Berta Cáceres. Esa criminal fortaleza, con certeza, la han usado y la siguen usando en este caso.
3. Nos preocupa que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHPER), estén respaldando al imputado Castillo Mejía, como lo confesó el mismo, y usen sus influencias y poder para quebrar la frágil independencia del Poder Judicial y del Tribunal que sentenciará el caso.
4. Nos preocupa que el investigado, Daniel Atala Midence, siendo parte de la estructura criminal que asesinó a Berta, haya sido el principal interlocutor entre un perito y la defensa de Castillo Mejía y haya tenido acceso a los enlaces de zoom de uso exclusivo del Tribunal de Sentencia y los haya facilitado al mismo perito del proceso, y que estos hechos el mismo Tribunal no solo los permitió, sino que los dejó impunes públicamente.
5. Nos preocupa que la misma defensa del imputado Castillo Mejía, en audiencia, denunció que uno de los jueces que sentenciará el caso, de manera discreta sostuvo reuniones con una organización de derechos humanos que apoya al imputado y el Poder Judicial nunca brindó informe alguno sobre esa denuncia; este hecho podría quebrar la independencia del Tribunal de Sentencia y favorecer al imputado.
6. Nos preocupa que en las últimas horas hemos sido informados que una de las juezas que integra el Tribunal de Sentencia es esposa de un militar, es decir de un compañero de armas del ahora imputado Castillo Mejía, subteniente del ejército en condición de retiro. Deseamos que este elemento en particular no quiebre la independencia e imparcialidad con la que debe actuar el Tribunal.
7. Reafirmamosnuestro compromisopara que todos los perpetradores del crimen contra Berta Cáceres sean procesados, juzgados y sancionados para romper con la impunidad estructural que ha ensangrentado a la sociedad hondureña.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, 03 de Julio, 2021.
PRENSA:
Abogados de familia de Berta Cáceres preocupados por respaldo del COHEP y la AHPER a David Castillo
En la primera semana del juicio oral y público contra David Castillo, imputado como coactor del crimen contra Berta Cáceres, perfila no solo al criminal sino que vincula a otros actores y alumbra el camino para sentar las bases para alcanzar a los autores intelectuales del asesinato contra Berta Cáceres hace más de cinco años, señaló la acusación privada que lleva la representación de la familia y del COPINH.
“La estructura criminal y el Estado perdió el pulso con nosotros, nuestro tema central es lo que sigue ,ninguna de las personas imputadas está conectada con lo que dijo el director de la investigación que tenía que ver con la instalación de la hidroeléctrica, dónde están perjudicados por la lucha de Bertita, para eso estamos peleando para que se les traiga a juicio, lo cual es importante para la justicia del país y que es una práctica de la estructura empresarial criminal, violenta y corrupta en Honduras”, aseguró Víctor Fernández, uno de los apoderados legales en la acusación privada que ha estado desde el principio del proceso y que acompañó a Cáceres en los juicios incoados en su contra previos a su crimen.
En la segunda semana la población que mira el juicio tendrá la claridad para qué sirve la inversión que el Estado de Honduras hace en el Ministerio Público, agregó mientras hacía un recuenta de logros muy importantes a pesar de las trabas de la justicia hondureña para proteger a los autores materiales e intelectuales.
A través de redes sociales la noche de este domingo 02 de mayo, los abogados de la acusación privada , Victor Fernández y Carmen Haydeé López , que representan al COPINH y a la familia de la víctima, así como Laura Zúniga Cáceres, hija de la defensora, expusieron las conclusiones de la primera semana del Juicio Oral y Público contra David Castillo. El foro estuvo moderado por la periodista Xiomara Orellana.
De acuerdo a Fernández uno de los logros ha sido que se inicie el juicio después de alrededor de 15 acciones legales de la defensa de David Castillo para detenerlo. En el juicio salió a la luz cómo el Estado ha sido incapaz supuestamente de no poder vaciar el contenido de dos teléfonos celulares de David Castillo y con ello pudo haberse perdido información valiosa. Otro de los puntos importantes es que ha quedado claro la vinculación del Estado, la Empresa y grupos criminales integrados por sicarios y militares en activo y retiro, explicó a una audiencia de más de mil personas.
Asimismo analizó que en esta primera semana se pudo advertir por dónde va la acusación del Ministerio Público y la privada que representa a las víctimas, y recata la lucha de la comunidad de Río Blanco y el COPINH, y lo más importante es que queda demostrado que el crimen contra Cáceres fue la consecuencia de la disputa sostenida de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, con el objetivo de provocar violencia para establecer a sangre y fuego la hidroeléctrica, para lo cual quitaron de en medio a Berta Cáceres que tuvo un papel trascendente en la lucha del pueblo lenca.
Laura Zúniga Cáceres señaló que se ha querido a toda costa dejar por fuera a las víctimas y por eso se empecinaron en evitar que ella estuviera en el juicio, lo cual se ha logrado en los últimos días, “desafiamos a esos asesinos, a los más ricos de Honduras que están acostumbrados a despojarnos de nuestros recursos, debemos frenarlos porque son los mismos que se están lucrando con esto de la pandemia. Están acostumbrados a violentar a las personas”.
La abogada López explicó que ya de manera oficial se acreditó el perfil de David Castillo y su vinculación en la empresa y el uso de su rol como militar activo que utilizó su cargo para colaborar en la planificación y concreción del crimen.
Destacó que Rosalina Domínguez, una mujer lenca, lideresa, muy cercana a Berta Cáceres con su declaración clara y precisa, recordó las agresiones previas al asesinato, lo cual puede llegar a ser reparador no solo para las víctimas sino para todo el pueblo hondureño, así como el rol del Estado de Honduras.
En relación a la pregunta sobre qué influyó para que el juicio se llevara a cabo a pesar de las constantes acciones de la defensa de David Castillo para detener el proceso dijo que “ha hecho que de cierta forma se volviera insostenible las mañas procesales de la defensa”.
El juicio continuará en su segunda semana, y el abogado Fernández llamó a la población a tener paciencia para ver su desarrollo , el cual es muy importante , “el juicio se volvió público para que hagamos ese control sobre el poder judicial, allí se puede ver cómo trabaja el poder judicial , el Ministerio Público y sus técnicos”.
Agregó que lo que viene es cómo se produce la vinculación entre la estructura intermedia compuesta por tres oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo y David Castillo. El uso que hizo de su poder este último para lograr la concesión de la hidroeléctrica y llevar la violencia a Río Blanco.
Este es el video donde puede escuchar detalladamente el resumen de lo ocurrido en el juicio durante esta primera semana. Allí se habla de cómo el propio Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, manejó como hipótesis del crimen como algo pasional para desvincular la responsabilidad de la empresa hidroeléctrica en este asesinato, “esto no fue algo antojadizo del ministro Pacheco”, recalcó Fernández.