El banco estatal FMO financió una empresa detrás de un complot de asesinato en Honduras

Staatsbank FMO financierde bedrijf achter moordcomplot in Honduras

Jeroen Groot Johan Leupen

El banco estatal holandés FMO ha prestado millones a una empresa propiedad de un empresario hondureño que fue condenado a principios de este mes por su papel en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. Se opuso a la central hidroeléctrica a la que se destinaba la financiación. La familia de Cáceres quiere responsabilizar al banco en un juicio en Holanda.

En resumen

El FMO concedió préstamos millonarios a una empresa propiedad del empresario hondureño David Castillo para la construcción de una central hidroeléctrica.

Castillo fue condenado a principios de julio por su participación en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres, que se oponía a la central eléctrica.

Los familiares de Cáceres quieren responsabilizar al banco en un juicio.

FMO afirma que el caso es en parte motivo para que el banco reevalúe su política de inversión.

El banco de desarrollo holandés FMO ha concedido préstamos millonarios a una empresa propiedad de un empresario hondureño que fue condenado a principios de este mes por su papel en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. La financiación estaba destinada a la construcción de una central hidroeléctrica, pero FMO transfirió la mayor parte del dinero a una empresa propiedad del ex militar David Castillo, que lo utilizó para fines totalmente distintos. Según los familiares de Cáceres, pagó sobornos a agentes corruptos, y toda la información disponible indica que incluso financió su asesinato.

Caso legal

La familia quiere responsabilizar al banco estatal por ello en un juicio en Holanda y ha dado acceso al DF a documentos judiciales, extractos de pagos y conversaciones de WhatsApp de Castillo incautadas por la justicia hondureña.

El caso es una vergüenza para el banco estatal holandés FMO; el banco de desarrollo financia proyectos arriesgados en países pobres como Honduras que a menudo están plagados de corrupción. El FMO hace uso de las garantías del Estado y cuenta con estrictos mecanismos de control y estructuras de supervisión para evitar abusos y daños sociales. En la práctica, no siempre funcionan correctamente.

Muy impactado

En una declaración al FD, el FMO dijo estar “muy conmocionado” por la condena de su cliente y afirmó que el caso era una de las razones para que el banco reevaluara su política de inversión. Una cuestión nueva y más apremiante para nosotros es hasta qué punto el FMO puede y quiere actuar en Estados frágiles con leyes y reglamentos inadecuados, en los que el Estado de Derecho sólo se aplica de forma limitada. Debido al proceso judicial en curso, FMO no quiere responder concretamente a las declaraciones de los familiares.

Castillo es un ex-militar hondureño y ex-alto funcionario con buenas conexiones en la élite empresarial local. El FMO mantenía una estrecha relación con él como máximo responsable del promotor del proyecto, Desa, que iba a construir la central hidroeléctrica de Agua Zarca por 63 millones de dólares, de los cuales 15 millones serían financiación del FMO.

Asesinos

Pero ahora Castillo parece haber orquestado el asesinato de la activista Cáceres, que lideró la oposición local a la construcción de la planta por su profundo impacto en el hábitat de las comunidades indígenas lencas. A principios de 2016, fue asesinada a tiros en su casa por hombres armados. El tribunal hondureño condenó a Castillo a principios de julio de este año por la “planificación y organización” de ese acto, según la sentencia. Se espera que recurra.


Una cuestión clave es por qué el banco estatal holandés transfirió unos 3 millones de euros en 2015 y 2016 a dos empresas que no tenían ninguna relación formal con el proyecto de construcción: Concretos del Caribe -controlada por Castillo- y Desarrollos Ambientales, con sede en Panamá. Sus accionistas no pudieron ser identificados a partir de fuentes públicas. El banco ha sostenido que ha sometido a Castillo a una exhaustiva diligencia con los clientes.

Deber de control descuidado”.

Según los abogados de los familiares de Cáceres, el banco holandés incumplió su deber de control. Todo indica incluso que financiaron indirectamente su asesinato”, afirma el consejero Wout Albers, de Global Justice; los fondos del FMO se utilizaron supuestamente como dinero para sobornos de agentes corruptos y otros pagos dudosos. Los familiares basan su argumentación, entre otros, en los comprobantes de pago confiscados a Desa y en las conversaciones de WhatsApp del día anterior al asesinato de Cáceres que tuvieron lugar entre Castillo y varios sicarios, ahora también condenados.

El banco estatal ha sido noticia varias veces en los últimos años por los abusos cometidos en diversos proyectos. Recientemente, por ejemplo, un informe de la FD reveló que las plantaciones de aceite de palma en el país africano occidental de Liberia tienen muchos problemas. El FMO ya se enfrentó a una controversia similar en el Congo, y recientemente canceló un préstamo de 60 millones de dólares al banco hondureño Ficohsa tras las críticas de las ONG.

Campanas de alarma

El abogado Albers, que representa a la organización no gubernamental Copinh además de a los familiares de Cáceres, califica de “incomprensible” que el banco haya “ignorado una señal de alerta tras otra” desde que se inició el proyecto de la hidroeléctrica en 2014, incluso del propio Cáceres.

Incluso el promotor chino Sinohydro, también polémico por su papel en anteriores proyectos problemáticos, se retiró del proyecto de Agua Zarca en 2013 tras graves enfrentamientos con la población local. Para entonces, el promotor Desa ya amenazaba e intimidaba a los activistas, por ejemplo destruyendo su cosecha de maíz, según Albers.

Además, el promotor Desa y las demás partes implicadas no tenían experiencia en la construcción de centrales hidroeléctricas, y las estructuras accionariales de las empresas no estaban claras: Castillo, por ejemplo, controlaba una parte importante de Desa mediante acciones al portador. Esto ya debería haber hecho saltar las alarmas, dice Albers, porque es una construcción que suele ser utilizada por los blanqueadores de dinero. Castillo también ocupó anteriormente un alto cargo en la empresa estatal que concedió a Desa la licencia para el proyecto. Un evidente conflicto de intereses, según Albers.

Momentos clave

15 de julio de 2013: El ejército hondureño mata al activista Tomás García durante una protesta pacífica contra Agua Zarca.

24 de agosto de 2013: El constructor de presas chino Sinohydro se retira del proyecto debido al malestar de la población.

27 de febrero de 2014: FMO se une al proyecto y firma el acuerdo de préstamo de 15 millones de dólares.

3 de marzo de 2016: hombres armados matan a tiros a la activista Berta Cáceres en su propia casa.

19 de marzo de 2016: FMO y su socio Finnfund congelan su financiación tras la muerte de Cáceres.

6 de julio de 2017: FMO se retira definitivamente de Agua Zarca tras reevaluar su estrategia.

6 de julio de 2021: El director general de Desa, David Castillo, es condenado por orquestar el asesinato de Cáceres.

El FMO reevalúa su estrategia

El FMO congeló su participación en el proyecto al día siguiente del asesinato de Cáceres, cuando ya había transferido casi 6 millones de dólares de los 15 millones prometidos. El banco hizo una investigación externa y luego, en 2017, retiró definitivamente sus manos de Agua Zarca.

Finalmente, la planta nunca se construyó. Desde entonces, se han reforzado los controles internos y el banco está revisando también sus propias políticas de inversión, según un comunicado del FMO.

Estos son precisamente los estados donde podemos marcar la mayor diferencia y donde se nos pide que seamos activos. Al mismo tiempo, las inversiones en Estados frágiles implican los mayores riesgos. En los próximos meses revisaremos nuestra estrategia hasta 2030.

Poco después del asesinato, FMO defendió su participación en el proyecto haciendo hincapié en lo deficiente que es la red eléctrica en Honduras; en algunas zonas rurales la cobertura es inferior al 50%. Además, la comunidad local es muy dependiente de los combustibles fósiles, por lo que se beneficiaría enormemente de la electricidad verde. El FMO dijo que seguiría supervisando el proyecto mediante visitas especiales al lugar y consultores externos. “En los países en desarrollo con estructuras de supervisión débiles, podemos marcar la diferencia”, dijo el banco en una hoja informativa de 2016.

El Departamento de Defensa se dirigió al abogado hondureño de Castillo para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta. El ex consejero estadounidense tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

El río ‘sagrado”

Al principio, éramos conscientes de que se trataba de un proyecto complejo con diversos actores’, recuerda la portavoz de FMO sobre los inicios de Agua Zarca, que ahora se puede calificar de proyecto desastroso. Era una planta de pequeña escala en la zona de Río Blanco. Esperamos que este proyecto tenga efectos positivos en el nivel de vida de Honduras, proporcionando la electricidad que tanto se necesita y creando puestos de trabajo en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza”. Desde el principio, ha habido resistencia por parte de las comunidades lencas locales, que viven alrededor del río Gualcarque. Consideran que el río es sagrado, sobre todo porque de él depende su producción de maíz. La cuestión de la propiedad ha sido desde el principio uno de los principales puntos de discordia: los lencas insisten en que los bancos que se han derribado para construir la central eléctrica son “tierras comunitarias”. FMO sostiene que los terrenos se compraron legítimamente a dieciséis propietarios privados; todo se hizo de acuerdo con un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, luego llegó el asesinato de la activista y líder lenca Berta Cáceres. Estamos muy disgustados por este asesinato”, dice FMO. ‘Hasta el momento en que nos retiramos de esta inversión, en julio de 2017, siempre nos propusimos hacer juicios cuidadosos basados en la información disponible en ese momento. Tras su muerte, encargamos una investigación independiente sobre la actuación de FMO y las circunstancias en Honduras. Desde la salida, muchas cosas han cambiado internamente, según el banco: los criterios de selección se han endurecido, prestando más atención a los intereses locales, los derechos humanos y la investigación de los clientes. El FMO también reevaluará su política de inversión, en parte como resultado del caso.

Comunicado: Una victoria popular de justicia para Berta; un paso al rompimiento del pacto de impunidad.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres ante el fallo condenatorio contra el imputado David Castillo por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, proferido por la sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, hacemos del conocimiento de la comunidad Nacional e Internacional lo siguiente:

  1. El fallo condenatorio emitido por este tribunal significa que las estructuras de poder no lograron, en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Atala Zablah, de la cual es instrumento el condenado David Castillo Mejía, no logró sus objetivos.
  2. Reafirmamos que la Causa Berta Cáceres de Justicia en Honduras no termina con esta resolución sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas.
  3. Reconocemos este paso de justicia como una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos.
  4. Exigimos que se cancele de manera inmediata la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque de la comunidad Lenca y se procese a todas las personas involucradas en su ilegal y corrupta concesión.
  5. Exigimos que sean desmontadas las redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad responsables de graves delitos expuestos durante el juicio de lo cual aportamos la prueba.
  6. Denunciamos el maltrato sistemático y constante hacia las víctimas por parte de los funcionarios públicos; es inadmisible que a una víctima en su proceso se le corte la palabra o se le niegue u obstaculice la entrada a un recinto judicial. 
  7. Agradecemos profundamente todo el acompañamiento nacional e internacional, de las comunidades, organizaciones, instituciones y pueblos solidarios que han compartido y hecho posible abrir los caminos de justicia en esta causa.
  8. Insistimos a la comunidad internacional y nacional a seguir en los esfuerzos contra la impunidad en Honduras y a apoyar los esfuerzos dignos de las organizaciones sociales y populares.
  9. Recogiendo las palabras de nuestra Berta Cáceres, reiteramos que la justicia la construimos los pueblos desde nuestra labor cotidiana, con la defensa de nuestros territorios, la realización de nuestros proyectos de vida y la lucha constante contra las desigualdades e injusticias.

Dado en el campamento feminista Viva Berta en la ciudad de Tegucigalpa a los 5 días del mes de julio de 2021.

POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO LEGAL DE LA CAUSA BERTA CÁCERES PREVIO AL FALLO CONTRA EL IMPUTADO ROBERTO DAVID CASTILLO.

CERTEZA Y PREOCUPACIONES

El equipo de Abogados.as de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, integrantes del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Asesoría Internacional, a pocas horas de escucharse el fallo en contra del imputado, Roberto David Castillo Mejía, a Honduras y el mundo,

EXPRESA:

1. Reafirmamos que, según las pruebas incorporadas al juicio, con certeza plena se ha acreditado que el imputado Castillo Mejía participó de la planificación, coordinación, aseguramiento de ejecución y verificación del asesinato de Berta Cáceres, por eso no tenemos duda que el fallo debe determinar la culpabilidad del imputado.

2. Nos preocupa que el imputado Castillo Mejía y la familia Atala Zablah son parte de una empresa criminal experta en corromper y traficar con influencias, como lo mostraron al momento de obtener la concesión del río Gualcarque, imponerla en territorio Lenca, criminalizar y asesinar a Berta Cáceres. Esa criminal fortaleza, con certeza, la han usado y la siguen usando en este caso.

3. Nos preocupa que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHPER), estén respaldando al imputado Castillo Mejía, como lo confesó el mismo, y usen sus influencias y poder para quebrar la frágil independencia del Poder Judicial y del Tribunal que sentenciará el caso.

4. Nos preocupa que el investigado, Daniel Atala Midence, siendo parte de la estructura criminal que asesinó a Berta, haya sido el principal interlocutor entre un perito y la defensa de Castillo Mejía y haya tenido acceso a los enlaces de zoom de uso exclusivo del Tribunal de Sentencia y los haya facilitado al mismo perito del proceso, y que estos hechos el mismo Tribunal no solo los permitió, sino que los dejó impunes públicamente.

5. Nos preocupa que la misma defensa del imputado Castillo Mejía, en audiencia, denunció que uno de los jueces que sentenciará el caso, de manera discreta sostuvo reuniones con una organización de derechos humanos que apoya al imputado y el Poder Judicial nunca brindó informe alguno sobre esa denuncia; este hecho podría quebrar la independencia del Tribunal de Sentencia y favorecer al imputado.

6. Nos preocupa que en las últimas horas hemos sido informados que una de las juezas que integra el Tribunal de Sentencia es esposa de un militar, es decir de un compañero de armas del ahora imputado Castillo Mejía, subteniente del ejército en condición de retiro. Deseamos que este elemento en particular no quiebre la independencia e imparcialidad con la que debe actuar el Tribunal.

7. Reafirmamosnuestro compromisopara que todos los perpetradores del crimen contra Berta Cáceres sean procesados, juzgados y sancionados para romper con la impunidad estructural que ha ensangrentado a la sociedad hondureña.

Tegucigalpa, Francisco Morazán, 03 de Julio, 2021.

PRENSA:

Abogados de familia de Berta Cáceres preocupados por respaldo del COHEP y la AHPER a David Castillo

Los movimientos bajo la mesa serían los quiebres de la justicia en la sentencia que favorecería a David Castillo

HONDURAS / APAGAN “ZOOM” A DANIEL ATALA Y LO LLEVAN A TRIBUNAL DEL JUICIO BERTA

“#JusticiaParaBerta. Si el Tribunal accede o no a la declaración de Daniel Atala (foto) en este momento es irrelevante, pues ya es un gran logro político, jurídico y social que Daniel A. invoque que no puede ‘declarar contra sí mismo’ y que el @MP_Honduras reconozca que es investigado”, escribió ayer tarde el exdirector de C-Libre e integrante del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora.

Aunque el Ministerio Público admitió ayer que se investiga a Daniel Atala, el abogado Tábora, reprocha que esa institución, por ley la acusadora en Honduras, desde hace tres años tiene las pruebas que demostrarían el asesinato de Berta Cáceres y no ha presentado acusaciones formales.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El empresario Daniel Atala Midence entró apresurado ayer a las 5:00 de la tarde a la Corte Suprema de la capital hondureña. Llegó tarde a la justicia, estaba citado tres horas antes para actuar como testigo y explicar la relación con su exempleado y gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), actualmente juzgado por la presunta participación en el asesinato de la reconocida lideresa indígena, Berta Cáceres.

La noche del 2 de marzo de 2016, en la Esperanza, Intibucá, un grupo de sicarios entró en la casa de habitación de Berta y le segó la vida, apenas diez meses después que le fue otorgado el “Nobel Verde” como se llama al prestigioso “Premio Ambiental Goldman” por su contribución a la lucha persistente en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas de Honduras. Ese crimen ha sido condenado en el mundo y en el Congreso de EEUU está en creación “La Ley Berta Cáceres para Derechos Humanos”.

Entre varios citados a la audiencia de ayer en el Tribunal Nacional de Sentencia, se esperaba la declaración de Daniel Atala Midence, quien al momento del crimen contra Berta era el gerente financiero de DESA. Sin embargo, tomó la decisión de no asistir y se conectó a la sala vía programa “Zoom” (video-chat), así estuvo un par de horas, pero al enterarse la jueza que se encontraba en Tegucigalpa y sin impedimento para declarar de manera presencial, el Tribunal ordenó que se movilizara a la Corte para emitir su testimonio. Y así lo hizo, llegó a las 5:00 de la tarde.

Atala Midence solicitó al Tribunal de Sentencia no testificar porque expuso que él es un investigado por el asesinato de Berta Cáceres y amparado en la Constitución de la República, tenía el derecho a “no declarar contra sí mismo”.

Ante esta solicitud, el Tribunal dijo que no tenían conocimiento de alguna investigación que se hubiese instruido en su contra. No obstante, provocó sorpresa en los abogados acusadores que hasta anoche el Ministerio Público diera a conocer que Daniel está siendo investigado, ya que a su criterio esperaron a que se presentara a la Corte para anunciar que “está siendo investigado”, por lo que apoyaron y defendieron la solicitud de que no diera declaraciones ya que podía perjudicarlo.

NOTA DE INTERÉS: ABOGADO DE LOS ATALA CREE QUE DAVID CASTILLO ES INOCENTE

A pesar de las reposiciones interpuestas por las acusaciones privadas para que Atala declarase, el Tribunal despachó a Daniel sin tomar su declaración. Eso ocurrió, según Edy Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, “a pesar de que la acusación privada ha presentado dos solicitudes de acusación penal con la información detallada contra Daniel Atala, el Ministerio Público hondureño no le ha llamado a ser interrogado”.

“Ahora, en su calidad de testigo, ha sido citado por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral y público instruido contra David Castillo para declarar sobre las actuaciones de este último. Fue la primera vez que la justicia hondureña llamó a un miembro de la familia Atala para hablar sobre el crimen contra Berta”, amplió.

David Castillo es ingeniero electricista, casado, hondureño, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, fue Subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, también fue Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Además, según un informe del Tribunal Superior de Cuentas, Castillo laboró en las Fuerzas Armadas de Honduras, fue presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA, nombrado en ese cargo el 7 de noviembre de 2011, ha sido presidente de las empresas Potencia Y Energía de Mesoamerica S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá. PEMSA es uno de los dos principales accionistas de DESA.

DESA “CUNA DE ORO”

La aprobación del contrato hidroeléctrico suscrito entre ENEE y DESA la hizo el Congreso Nacional presidido entonces por el ahora gobernante Juan Hernández, y se convirtió en ley en medio de las fiestas navideñas, en La Gaceta del 31 de diciembre de 2010, no obstante, el trámite oficial empezó días antes que saliera el dictador Micheletti.

El contrato de la construcción y la licencia ambiental para el proyecto de Agua Zarca (contra el que ha luchado el pueblo Lenca liderado por Berta Cáceres) fue concedido a DESA durante la dictadura de Roberto Micheletti, siendo secretario de Recursos Naturales, Valerio Gutiérrez.- Entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobaron unos 24 proyectos hidroeléctricos con inversión de más de mil millones de dólares. Agua Zarca es parte de ese plan.

Varios apoderados legales que ha tenido DESA trabajaron para el influyente bufete legal internacional Consortium, entre ellos, Carolina Castillo Argueta; esta hondureña fue presidenta de la Asociación de Productores de Energía Renovable (AHPPER), confesa por su propia presidenta Elsia Paz, en 2010, de haber pagado campañas de diputados a cambio de concesión de ríos y cuencas hidrográficas.

Tribunal hondureño admite peritos en juicio contra presunto asesino de Berta Cáceres

MANAGUA (Sputnik) — El Tribunal de Sentencia Nacional, de Honduras, admitió tres peritos en el juicio oral contra David Castillo, acusado de coautoría en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, cometido por sicarios el 2 de marzo de 2016.”El tribunal ha admitido tres peritos propuestos por nuestro equipo legal que demostrarán que David Castillo, empresario y ex agente de inteligencia, formaba parte de una estructura criminal que planificó y ejecutó el crimen”, apuntó en la red social Twitter Bertha Zúñiga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

El tribunal también admitió el análisis de la posición de poder del acusado Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial—institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres, presentado por el investigador social Harald Waxenecker.

“El peritaje de la doctora Gladys Tzul Tzul “Análisis de la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de Derechos Humanos” ha sido aceptado”, añadió Zúñiga, hija de la lideresa del pueblo lenca víctima mortal del crimen cometido en la ciudad de La Esperanza (oeste).

Sin embargo el juzgado rechazó en la vista oral una nueva prueba que vincula al empresario Daniel Atala con el crimen.

El elemento probatorio consiste en la presentación de copias sobre transacciones bancarias por 1.254.000 de dólares realizadas por Daniel Atala a David Castillo, días antes del asesinato.

Al momento del feminicidio Castillo fungía como presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), propiedad de la familia Atala Zablach y ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía.

El Ministerio Público lo acusa de haber ordenado el crimen de la ambientalista, que un año antes había sido acreedora del Premio Internacional Goldman a los defensores de la naturaleza.

El arresto de Castillo se produjo exactamente dos años después del asesinato, el 2 de marzo de 2018, mientras intentaba abandonar Honduras por el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte), rumbo a estados Unidos.

Luego de ser aplazado el 6 de abril por una recusación de la defensa de Castillo que presentó tres impugnaciones, el juicio se reanudó el 26 de febrero después que la Corte de Apelaciones declarara sin lugar ese recurso dilatorio.

Por ese mismo caso el 2 de diciembre de 2019 caso fueron condenados a 50 años de prisión como autores materiales del asesinato los acusados Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres

Mientras, Sergio Ramón Rodríguez, gerente de DESA; el ex jefe de Seguridad de la propia compañía Douglas Geovanny Bustillo, y el mayor del Ejército Mariano Díaz recibieron condenas de 30 años de cárcel.

https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111663754.html

Honduras: el asesinato de Berta Cáceres sigue impune, David Castillo va a juicio

Por Jackie McVicar

En Honduras se inicia un juicio importante, faltan pocos días, Bertha Zúniga no subestima la importancia de lo que puede revelarse en el juicio contra Roberto David Castillo Mejía directivo de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), propiedad de la familia millonaria Atala Zablah y cómo eso puede apuntar a los autores intelectuales. “Es una etapa determinante para abrir estos otros procesos que son deuda del Estado, de una impunidad que gozan actores económicos de gran influencia en nuestro país que siguen sin ser juzgados.”

El martes 6 de abril, un Tribunal hondureño juzgará a David Castillo, ex oficial de inteligencia militar y ejecutivo de la empresa hidroeléctrica comúnmente conocida como DESA, Castillo será juzgado por el asesinato de Berta Cáceres ocurrido hace cinco años, pero la hija de la activista indígena Lenca advierte que los actores políticos y económicos atrás del asesinato siguen protegidos por una estructura criminal.

“Es una pieza clave entre los autores materiales y los autores intelectuales quienes continúan en impunidad”, dijo Bertha Zúniga en una conferencia de prensa virtual el 30 de marzo. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Berta, entre ellos un militar activo, el ex responsable de seguridad de DESA y el gerente socioambiental de la misma empresa, junto con cuatro sicarios. La acusación privada de la familia de Berta Cáceres alega que David Castillo actuó como intermediario, coordinándose con los asesinos (ya condenados), y en particular con el ex jefe de seguridad Douglas Bustillo, además con los altos cargos de la empresa para matar a Cáceres y frenar la resistencia organizada al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, en territorio del pueblo Lenca sobre el río Gualcarque.

La prueba recabada por el Ministerio Público (MP) y evacuada en el primer juicio de 2018 incluye extracciones de teléfonos celulares, información de antenas de telecomunicaciones y escuchas telefónicas. Gran parte de esta prueba se utilizará de nuevo en el juicio contra Castillo, y demuestra cómo se coordinó desde al menos noviembre de 2015 ⎼cuatro meses antes de que Berta Cáceres fuera asesinada⎼, con el convicto asesino y ex gerente de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, para vigilar y controlar los movimientos de Berta. Bustillo a su vez se coordinó con el militar activo Mariano Díaz (también condenado en 2018), para contratar a los sicarios responsables de llevar a cabo el asesinato.

Zúniga, que ahora dirige el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), cofundado hace 28 años por Cáceres para luchar por mejores condiciones de vida para las mujeres y comunidades indígenas y para proteger los derechos culturales y territoriales del pueblo Lenca, afirma que David Castillo generó “un patrón de persecución permanente contra COPINH y particularmente contra Berta Cáceres, una mujer de la resistencia territorial.”

Aunque Castillo era el presidente de DESA en el momento del asesinato, la acusación privada argumenta que las pruebas de las comunicaciones demuestran que jugó un papel subordinado al resto de los ejecutivos de la empresa, los miembros de la familia Atala Zablah en la planificación y ejecución del plan de asesinato. Además, la sentencia condenatoria de 2018 afirma que más que un ejecutivo de la corporación DESA conocía y consintió el plan de asesinato de Berta Cáceres, pero hasta la fecha, nadie de la familia Atala Zablah, ha sido capturado, aunque el Ministerio Público ha repetido que hay una línea de investigación abierta, porque detrás esta la empresa inversiones Las Jacarandas que financió a DESA.

Las investigaciones del Ministerio Público y de expertos independientes señalan que el asesinato de Berta Cáceres tiene su origen en las denuncias que hizo contra el Proyecto Agua Zarca, la empresa DESA, la familia Atala Zablah y los funcionarios públicos que aprobaron el proyecto. En 2019, tres años después de su asesinato, 16 funcionarios y ex funcionarios fueron acusados por el aquel entonces Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras(MACCIH), y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (UFERCO), y por delitos relacionados a la corrupción en el otorgamiento de la licencia en un caso conocido como, “Fraude Sobre el Gualcarque.” La investigación descubrió una red de corrupción dentro de los procesos de otorgamiento de licencias y trámites administrativos por parte de funcionarios públicos de la Secretaría del Medio Ambiente, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y las alcaldías locales a favor de DESA y las empresas que fueron contratadas por ellos para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Aunque DESA y otras empresas no cumplían con los requisitos legales para recibir contratos, licencias y permisos, los funcionarios públicos emitieron dictámenes favorables, permitiendo la explotación del territorio indígena Lenca.

En el momento en que se concedieron las licencias, David Castillo era el presidente de facto de DESA, pero también seguía siendo empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en representación de las Fuerzas Armadas de Honduras, que había creado una comisión interventora de la ENEE. La investigación demuestra que David Castillo y sus socios utilizaron información privilegiada como empleados del Estado en la ENEE para conseguir las licencias necesarias para el proyecto Agua Zarca que luego desarrollaron a través de la empresa DESA. Antes de su participación en DESA, David Castillo no tenía experiencia en proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, una vez concedidas las licencias ambientales y luego las de explotación, la empresa pudo acceder a préstamos multimillonarios de diversas instituciones financieras multinacionales.

El caso demuestra profundas irregularidades en el desarrollo de proyectos de generación de energía en los que se mezclan dos fenómenos ilegales. Uno, hay corrupción por el otorgamiento de los contratos sin que se cumplieran los requisitos para la adquisición del contrato, resultando en un fraude contra la administración pública más abuso de autoridad, y dos, hay corrupción por la compra venta de la energía sin que el objeto convenido (el total de la energía) coincida con la energía que producirá la empresa que resulta también en estos mismos actos de fraude.

En 2018, el Tribunal de Sentencia consideró que las pruebas presentadas en el juicio confirmaban que Berta Cáceres fue asesinada para neutralizar la resistencia al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río sagrado del Pueblo Lenca, el río Gualcarque. Durante su batalla para frenar el proyecto, Berta, con la comunidad indígena Lenca de Río Blanco organizada en COPINH, denunciaron la corrupción detrás del proyecto y las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo con la ejecución del proyecto hidroeléctrico sin su consentimiento libre, previo e informado. Las pruebas sugieren que Castillo coordinó a la policía para movilizarse contra la resistencia, mientras que los Atala Zablah utilizaron su influencia política para criminalizar a Berta y a otros. Aparte de Berta, Tomas García de la comunidad de Río Blanco, también fue asesinado por su resistencia al proyecto Agua Zarca, a manos de un soldado afuera de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica. Otras personas han sido víctimas de agresiones y amenazas que siguen hasta el día de hoy.

La motivación criminal de los empresarios

Para DESA, la resistencia organizada supuso múltiples contratiempos, entre ellos la pérdida de la inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la salida de la multinacional SinoHydro, así como los costos del rediseño del proyecto y el traslado de las instalaciones a la orilla opuesta del río Gualcarque. Las movilizaciones y las legítimas acciones de protesta en rechazo al proyecto supusieron retrasos y pérdidas multimillonarias de inversión y recursos. Sólo la inversión de los bancos internacionales, FinnFund, FMO y BCIE era de 44,4 millones de dólares que debido a las acciones de protesta contra el proyecto fueron puestos en riesgo.

Por ejemplo, las pruebas presentadas por UFERCO muestran que DESA y la Empresa Estatal de Energía ENEE negociaron un PPA sobre la base de que DESA generaría 21,7 MW a pesar de que un estudio ambiental muestra que el río podría generar un máximo de 8MW. Como resultado de la negociación, DESA cobraría por la supuesta capacidad de generación de energía, y no por lo que realmente podría producir el proyecto energético. En la práctica, cuanto mayor sea la capacidad de generación y, por tanto, mayores sean los costes de construcción y operación del proyecto hidroeléctrico, mayor será el coste de cada MW vendido al Estado debido a lo establecido en las directrices de la ENEE y en el PPA. Para DESA era más rentable desarrollar una presa de 21,7 MW pero sólo producir 8MW.

Las irregularidades en los procesos penales

Aunque el caso avanza en los tribunales especiales creados para combatir la corrupción, el COPINH ha sido excluido hasta ahora como acusación privada de participar y están a la espera de la resolución de un amparo para que la Corte Suprema decida sobre el asunto. Al mismo tiempo, la defensa también ha presentado amparos y el juicio ha sido suspendido a la espera de la notificación de la Corte Suprema sobre sus impactos.

El mismo día que COPINH sostuvo la conferencia de prensa, Juan Antonio Hernández “Tony”, el hermano del actual presidente de Honduras, fue condenado en un tribunal de Nueva York a prisión de por vida más 30 años de reclusión, en cadena perpetua, y un decomiso de US$138 millones en patrimonio por distribuir 185 toneladas de cocaína, por delitos relacionados con armas de fuego y declaraciones falsas. El juicio dejó claro que en la comisión de los delitos, el socio de Tony era su hermano Juan Orlando, que fue nombrado como presidente para un segundo mandato en medio de amplias denuncias de fraude y disturbios civiles que llevaron a la muerte de al menos 40 personas, principalmente a manos de agentes de seguridad del Estado. La DEA destaca, “Tony Hernández, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado.”

Según la sentencia, se aseguró millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; utilizó una seguridad fuertemente armada que incluía a miembros del ejército y la policía nacional hondureños. El juez señaló: “Durante un período de 15 años, el acusado corrompió la institución democrática de Honduras para enriquecerse.”

Justo una semana antes de la sentencia de Tony, en un caso separado pero relacionado, el ciudadano Geovany Fuentes también fue condenado por narcotráfico. Fuentes fue un violento co-conspirador de los hermanos Hernández en la producción de cocaína y su transporte a los Estados Unidos, quien pagó a jueces para asegurar la impunidad. Durante su juicio, un testigo protegido que anteriormente era contador para Fuentes, declaró que fue testigo cuando Juan Orlando Hernández, entonces candidato a la presidencia, prometió a Fuentes protección porque Oscar Chinchilla estaba con ellos.

Oscar Chinchilla, el actual Fiscal General de Honduras fue reelegido irregularmente para un segundo mandato en 2018 a pesar de que ni siquiera se presentó como candidato y fue visto por la sociedad civil como parte de la cúpula que permitió la reelección de Hernández en 2017 a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Bajo la dirección de Chinchilla, se ha negado a presentar una acusación contra el director financiero de la corporación DESA, Daniel Atala, con quien según la acusación privada, David Castillo coordinó para asegurar pagos para cometer el crimen contra Berta Cáceres, aunque ha habido una investigación abierta en su contra por más de tres años. El caso de Berta desde el principio ha estado velado por la secretividad y la falta de divulgación de información por parte de la Fiscalía, e incluso su incumplimiento para analizar un arma encontrada en el domicilio del militar condenado, Mariano Díaz.

La impunidad consolidada por el clan de los Hernández

Entre 2004-2017, años durante los cuales Tony Hernández cometió los crímenes, los hermanos Hernández y sus colaboradores convirtieron a Honduras en un narcoestado corrupto que utilizaron todos los medios posibles para proteger sus intereses económicos. Como consecuencia, se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo en todos los ámbitos. La protección de Berta, ordenada por la CIDH, estaba en manos de Julián Pacheco, el Ministro de Seguridad que también ha sido vinculado al narcotráfico a través de los procesos judiciales en los Estados Unidos. Según los chats presentados en el juicio de 2018 y que se usará de nuevo en el juicio de David Castillo, poco después del asesinato, Julián Pacheco prometió a Pedro Atala Zablah, de la familia que controlaba DESA, que se aseguraría de que el asesinato fuera calificado como un crimen pasional.

Erika Guevara Rosas, la Directora de las Américas para Amnistía Internacional que acompañó a Bertha Zúniga en la conferencia de prensa, recordaba que días después del asesinato de Berta Cáceres cuando llegó a Honduras, estas narrativas falsas para confundir sobre el crimen ya estaban circulando. “El gobierno no la protegió y no solo no la protegió, desde su asesinato, se ha encargado de obstaculizar todo los caminos para garantizar verdad y justicia,” dijo Guevara Rosa, quien refiere al atroz femicidio de Berta Cáceres como una “tragedia anunciada.”

“Berta había denunciado reiteradamente agresiones y amenazas de muerte contra ella, amenazas y hostigamiento contra los procesos penales que COPINH llevaba a nivel comunitario, precisamente para resistir la expropiación y extracción de los recursos naturales.”

Berta Cáceres, además de ser una voz de resistencia permanente al proyecto hidroeléctrico en territorio Lenca, trabajó arduamente en la refundación de Honduras. Especialmente tras el golpe de Estado de 2009, vio cómo las estructuras de poder se alineaban para garantizar la impunidad de los más graves actos de agresión y corrupción por los poderes económicos y políticos en el país y luchó no sólo para denunciarlo, sino para crear una nueva Honduras. El hecho de que su asesinato, en pleno apogeo del cártel de la droga de los Hernández, haya quedado en la impunidad para los más altos actores no debería sorprender dado el narcoestado en el cual ocurrió el crimen.

A una semana del juicio, Bertha Zúniga no subestima la importancia de lo que puede revelarse en el juicio de David Castillo y cómo eso puede apuntar a los autores intelectuales. “Es una etapa determinante para abrir estos otros procesos que son deuda del Estado, de una impunidad que gozan actores económicos de gran influencia en nuestro país que siguen sin ser juzgados.”

https://www.prensacomunitaria.org/2021/04/honduras-el-asesinato-de-berta-caceres-sigue-impune-david-castillo-va-a-juicio/