Author: COPINH
Persiste la concesión ilegal del río Gualcarque
La concesión ilegal persiste
Honduras, ha sido catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para defender los bienes comunes, según un estudio de Global Witness, los pueblos indígenas, garífunas y diversos del territorio hondureño, todos en resistencia por la defensa de la tierra y sus raíces ancestrales, se siguen enfrentando a la persecución, criminalización y muerte. Mientras tanto, las concesiones de los ríos y montañas para la explotación de los bienes comunes siguen vigentes poniendo en riesgo la vida de las personas y comunidades que históricamente han resguardado sus territorios.
En el año 2010, Berta Cáceres y el COPINH, presentaron denuncias contra 51 proyectos que habían obtenido concesiones y licencias de manera ilegal en territorio Lenca, el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la Familia Atala Zablah, fue uno de estos.
El saqueo y la invasión de estos territorios por parte de empresas trasnacionales y bancos financiadores de proyectos extractivos, se hace cada vez más preocupante al verse constantemente vulnerados los derechos fundamentales de los pueblos que habitan, trabajan y defienden la tierra. En marzo 2019 la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC, ahora UFERCO) presenta un requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por delitos cometidos para la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque y en favor de la empresa DESA.
Inversiones Las Jacarandas S.A, propiedad de la familia Atala Zablah, fue una de las inversionistas mayoritarias para que la empresa DESA se constituyera y conformara una estructura criminal que desarrolló ataques sistemáticos en contra de Berta Cáceres y el COPINH. Estos ataques sistemáticos se llevaron a cabo gracias al financiamiento y respaldo de Bancos internacionales como Ficohsa, Ficensa, Banco Mundial, y en el rediseño del proyecto, tras el asesinato de Tomás Garcia, defensor del río Gualcarque, se retira la empresa trasnacional china Sinohydro y se vuelven a firmar contratos millonarios con nuevos bancos. El Banco holandés FMO, Banco Finlandés Finnd Funn y el Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE dieron el respaldo económico para poder darle continuidad al proyecto ya que la concesión de río, aún con las denuncias, ataques y violaciones a los derechos de las comunidades, continúa vigente.
Berta Cáceres, antes de ser asesinada escribió al FMO en octubre y noviembre 2013 explicando que el proyecto hidroeléctrico violaba el derecho del pueblo Lenca a una Consulta Previa, Libre e Informada y que estaba siendo impuesto con violencia y represión. Berta exigió al FMO que no financiara el PHAZ, pero el FMO insistió y realizó el contrato de crédito con DESA y BCIE el 27 de febrero 2014. En julio 2017, un año después del asesinato de Berta Cáceres, el FMO al finamente retira su financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, mientras que el BCIE declaró que había suspendido los desembolsos, pero se negó a retirar formalmente sus fondos.
Tras una larga lucha en búsqueda de justicia y señalamiento a los actores de mayor responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, tras la visibilización de la continuidad de los ataques y violaciones de Derechos Humanos contra las comunidades Lencas producto de la vigencia de la concesión ilegal del Río Gualcarque, ha quedado en evidencia que la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.
A raíz de esto, en abril de 2019, el Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE, transfirió el préstamo No. 2097, otorgado originalmente a la sociedad Desarrollos Energéticos S.A. – DESA, a favor de Swiss International Wealth Management AG – SIWM AG, por un monto de 500 mil dólares. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.
La desvinculación del BCIE– Banco Centroamericano de Integración Económica- del proyecto Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres, y una aceptación de responsabilidad de su responsabilidad en la violencia ocurrida. Sin embargo, hoy continúa el saqueo de los bienes comunes en territorio hondureño, las concesiones siguen vigentes y el BCIE continúa financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” que abarcaría desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, afectando a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios para la imposición de este proyecto.
La violación sistemática del Derecho a la Consulta, por parte del Estado, los bancos y empresas trasnacionales, se agudiza aún más con el proyecto de ley de Consulta promovido por el Estado de Honduras, la llamada Ley Nájera, que busca regular los procesos de consulta sin la aprobación de este mecanismo por parte de las organizaciones en defensa de sus terriotrios.
El BCIE ha dicho públicamente que con esta ley volverá a reinvertir en proyectos en medio de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID 19, en la que espíritu del Convenio 169 de la OIT se sigue viendo diluido en aras de los intereses de los entes financieros y los planes de supuesto “desarrollo” impuestos desde la corrupción, que sigue cobrando vidas y poniendo en riesgo a las comunidades indígenas y a los bienes comunes en Honduras.
¿Que papel tuvo el gobierno de Estados Unidos en el asesinato de Berta Cáceres?
Zoe PC
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, hace cinco años. Ella, sin lugar a duda, es una de las referentes políticas más importantes en la historia reciente del país centroamericano por su incansable compromiso a la lucha en defensa de los derechos de los pueblos más vulnerables como los pueblos indígenas, de la democracia y de los territorios.
El asesinato de Berta se produjo en un periodo que inició con el golpe de estado el 28 de junio de 2009 y que se extiende hasta el día de hoy. Este periodo se puede caracterizar por la descomposición del orden democrático con sucesivos gobiernos dictatoriales, y una agravada crisis económica, política y social.
Berta, como más de cien otros líderes y lideresas, fue asesinada por atreverse a cuestionar y luchar en contra este proceso facilitado e implementado con el golpe de Estado, de privatización, despojo en los territorios, cortes al sector público y a los programas sociales, retirada de derechos conquistados, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, aumento de políticas represivas, entre otros.
Berta también cuestionó fuertemente el papel de poderes imperialistas, empresas transnacionales e instituciones financieras en propagar la crisis en Honduras para poder beneficiarse. En especial, entendía que el papel de Estados Unidos tenía mucha importancia. En una entrevista en 2014, criticó directamente a Hillary Clinton, quien era Secretaría del Estado en 2009, por su papel en concretar el golpe de Estado. Estaba clara de la importancia geopolítica de Honduras y los grandes intereses que se movían detrás de estas jugadas.
La concesión otorgada, de manera fraudulenta por cierto, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para hacer un proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque se dio un año después del golpe de Estado. En septiembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el contrato No. 043-2010 entre la ENEE y DESA para la venta de energía.
Fue en esas fechas que la comunidad empezó a movilizarse y resistir la imposición del proyecto y en una asamblea comunitaria en 2010 declararon, “Que ante la agresiva, inconsulta, ilegítima y servil decisión del Congreso Nacional de entregar a manos privadas nuestros ríos y agua con el fin de generar más ganancias a empresarios mediante la generación de energía hidroeléctrica privada, grupos de poder que jamás se han preocupado, ni se preocuparán por cuidar nuestra riqueza natural, expresamos nuestro total rechazo a esa decisión.”
En esta lucha que lideraba Berta con su organización el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, se iban dando cuenta a través de meticulosas investigaciones hechas por la organización, que el proyecto que querían imponer sobre el sagrado Río Gualcarque no solo era interés de la oligarquía hondureña sino de una serie de instituciones y bancos internacionales.
Producto a los grandes intereses en este proyecto, tanto Berta como otros miembros del COPINH y de la comunidad recibían constante hostigamiento por parte de la seguridad privada de la empresa DESA, de las fuerzas de seguridad del estado hondureño y de otras personas sin vinculo institucional claro. Este hostigamiento incluía seguimiento, amenazas de muerte, persecución, judicialización, intentos de quebrar unidad de la comunidad y de la organización, y violencia física incluyendo el asesinato de 6 personas incluyendo a Berta.
La organización sostiene que el hecho de mantener el financiamiento a un proyecto que infringe sobre los derechos de las personas y que ha cobrado varias vidas, implica un nivel de responsabilidad.
Un actor fundamental en lo que fue la persecución de Berta Cáceres y su eventual asesinato, es el gobierno de EEUU. Si bien no hay pruebas de la participación directa en la planeación y la ejecución del crimen, sí existen vínculos directos por el apoyo que daba al proyecto y el entrenamiento militar de personas que participaron en el asesinato. Y en general se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.
“se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.”
Financiamiento y apoyo a Agua Zarca
Como ya se mencionó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su momento contaba con inversión y apoyo de grandes instituciones y bancos internacionales. Entre ellas: el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el FMO de Holanda, FinnFund de Finlandia, Voith Hydro con sede en Alemania, Banco Lafise, el Banco Mundial y La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
USAID tiene un largo trayecto de utilizar su poder como agencia de ayuda financiera para promover la agenda de Estados Unidos donde va. En el caso de Agua Zarca, la USAID firmó un convenio con la empresa DESA en diciembre de 2015, cuando ya la resistencia contra el proyecto llevaba 5 años, y había serias acusaciones contra DESA por violaciones de derechos humanos de las comunidades resistiendo el proyecto y por cometer fraude en el proceso de otorgamiento de permisos para el mismo. Sin embargo, la USAID con su programa MERCADO firmó con DESA un convenio por un proyecto de asistencia a productores agrícolas de los municipios aldeanos a Agua Zarca.
En el comunicado de prensa anunciando el convenio firmada por USAID y Hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala, afirma que “Hidroeléctrica Agua Zarca desarrolla varias actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto en temas salud, educación, prácticas medioambientales responsables y actividades de desarrollo comunitario.”
Cabe destacar que la firma de DESA fue a través de Sergio Rodríguez quien fue condenado por participar en el asesinato de Berta. Según investigaciones sobre el asesinato de Berta. Cuando este convenio fue firmado por Rodríguez y los representantes de la USAID, los planes para asesinar a Berta, que Rodríguez ayudó a construir, ya estaban en marcha.
Así que la promoción de un convenio para “apoyar agricultores” en este contexto no es un hecho inocente, la USAID con conocimiento de la fuerte resistencia al proyecto, los asesinatos de líderes y la persecución contra ellos, dio un respaldo contundente a DESA y a sus acciones en un momento decisivo.
Entrenamiento militar
Hasta la fecha han sido condenadas siete personas por haber participado en el asesinato de Berta Cáceres y uno, David Castillo, se mantiene en prisión preventiva esperando juicio. Aunque, como el COPINH ha denunciado reiteradamente, falta mucho para lograr la justicia real que contempla los autores intelectuales que son quienes financiaron y planificaron el asesinato, lo que se sabe de las personas ya condenadas y vinculadas al caso revela mucho sobre la estructura criminal que existe en Honduras para llevar a cabo estos crímenes.
La participación de miembros del ejército de Honduras es un punto destacable, de las personas que son formalmente vinculadas al caso, según la justicia hondureña, cinco son vinculados con el ejército y de ellos varios recibieron entrenamiento militar de los Estados Unidos.
El entrenamiento militar que históricamente ha prestado EEUU a Honduras, como a otros países de la región, ha sido un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta institución que en reiteradas ocasiones ha sido acusada de severas violaciones de derechos humanos entre otras cosas y que como demuestra el caso de Berta, entre miles de otros, tiene vínculos directos con estructuras criminales.
De los vinculados al caso, se sabe que David Castillo y el Mayor Mariano Díaz Chávez, oficiales del ejército recibieron capacitación militar de EEUU.
David Castillo, el presidente de la empresa DESA e imputado como coautor del crimen, fue Subteniente de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y según registros, habría sido formado en la academia militar de los EEUU West Point.
El mayor Mariano Díaz Chávez durante su largo trayecto en el ejército que comenzó en 1992, según investigación hecha por COPINH, habría recibido capacitaciones del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCSOUTH) cuando estaba en el 15° Batallón en la región del Bajo Aguán en 2012. Él era instructor de la nueva fuerza militar creada en 2015 llamada Policía Militar para el Orden Público, cuyos instructores y comandantes participaron en el entrenamiento SOCSOUTH del 15° batallón.
Aliados incondicionales
Estos vínculos directos que existen entre instituciones de EE.UU. como la USAID y el Comando Sur con el proyecto Agua Zarca e individuos que participaron en el asesinato de Berta, no son hechos aislados ni sorprendentes visto de cara a la relación histórica que los EE.UU. tiene con Honduras.
A pesar de la profunda crisis institucional, política, económica y social que existe en Honduras y las constantes violaciones a los derechos fundamentales del pueblo hondureño a manos del Estado, el gobierno de Honduras goza de una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, que se autoproclama como el veedor de los derechos humanos en el mundo.
Mientras tanto, el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, JOH, ha sido acusado, en cortes de Nueva York, de haber participado activamente en el tráfico de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En 2017, el gobierno de JOH fue acusado de cometer fraude electoral, tras modificar la constitución de manera dudosa para que pudiera ser presidente en un segundo mandato. Las calles y carreteras desbordaron en movilizaciones masivas en todo el territorio nacional contra el fraude, en las cuales 40 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, y hasta la Organización de Estados Americanos reconoció la existencia del fraude y llamó a repetir las elecciones. Cuando los resultados ‘oficiales’ fueron publicados un mes después de las elecciones el gobierno de EEUU respaldó a JOH y reconoció su ‘victoria.’
No es difícil entender porque existe esta relación especial entre Honduras y Estados Unidos. Honduras ha sido el base de operaciones para el gobierno de EEUU por décadas con el base militar Palmerola/Soto Cano al centro. EEUU ha utilizado la base de Palmerola, considerada una de los bases estadounidenses más grandes del mundo, por décadas y hoy alberga soldados estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Comando Sur del Ejército Estadounidense.
Así como Palmerola, existen numerosos ejemplos de cómo EEUU se beneficia económicamente y políticamente del orden represivo, neoliberal y militarista en Honduras que ha devastado el país en todo sentido. Mientras existen estos beneficios, el gobierno de Estados Unidos no tiene problema en mantener un constante flujo de fondos hacia el ejército y mega-proyectos extractivos, armas y municiones para la fuerza pública, y un constante respaldo político al gobierno que es considerado ilegitimo. La vinculación de la principal empresa estadounidense de Aceros NUCOR con el caso de criminalización e injusto encarcelamiento de los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol por protestas en contra de la minera Ecotek-Los Pinares, da cuenta de esto.
Existen iniciativas por parte de diputados progresistas que han sido construido con organizaciones de Honduras para frenar este apoyo incondicional del gobierno nacional como el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” para los derechos humanos en Honduras y el reciente Proyecto de Ley de Derechos Humanos Y Anticorrupción de Honduras, pero no han podido avanzar. Hasta que se logre cortar este apoyo, las elites y corruptos de Honduras tendrán carta blanca para seguir llevando a cabo sus políticas de muerte y asesinatos como el de Berta.
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THE PLAN THAT KILLED BERTA CÁCERES.
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El plan que asesinó a Berta Cáceres.
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Violence, Corruption & Impunity in the Honduran Energy Industry:
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Due Process of Law Foundation, Guatemala Human Rights Commissions, Plataforma Internaciones Contra la Impunidad, School of the Americas Watch and Robert F. Kennedy Human Rights.
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Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras
Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía.
Due Process of Law Foundation, Guatemala Human Rights Commissions, Plataforma Internaciones Contra la Impunidad, School of the Americas Watch y Robert F. Kennedy Human Rights.
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