Ataques a la comunidad de Río Blanco: una cronología de la violencia

El COPINH durante un período de tres años (2017/2018/2019) presentó más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes, sobre los ataques realizados por sicarios contratados por DESA y terratenientes aliados de la misma empresa, cuyo objetivo es apropiarse ilegalmente de las tierras con titulación comunitaria, destruir el tejido social comunitario para neutralizar la reivindicación de derechos indígenas y permitir la construcción del proyecto hidroeléctrico de muerte.

La instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, configuró una sistemática forma de imponer la violencia en la comunidad de Rio Blanco. Los hostigamientos, amenazas de muerte y asesinatos contra integrantes de la comunidad no cesaron, aún después del asesinato de la lideresa Berta Cáceres, en marzo de 2016.

Sobre la comunidad

La comunidad de Río Blanco tiene un título de tierra comunitario que data de finales del siglo XIX, del año 1883, que el Estado de Honduras pretende desconocer. A pesar de este, la municipalidad de Intibucá ha otorgado, de manera ilegal, dominios plenos sobre pedazos de esa tierra a personas que han sido cercanas a los alcaldes, y permisos como el otorgado a la empresa DESA para desarrollar el proyecto Agua Zarca, desconociendo los derechos de la comunidad y violando su autonomía.

La familia Madrid, asesorada por miembros de la empresa DESA y de empresarios de la generación de energía, han atacado a la comunidad para impedir que tengan la posesión de la tierra y hagan uso de ella. Es por esto que se ha denunciado un plan sistemático para atacar a la comunidad de Río Blanco y al COPINH por parte de los dueños y beneficiarios de la empresa DESA.




Enero/Julio 2017 

La comunidad recibe 9 amenazas de muerte con armas de fuego y la destrucción de cultivos y alimentos en 3 ocasiones

La municipalidad de Intibucá entrega de manera ilegal los dominios plenos sobre la tierra de la comunidad Río Blanco.

La comunidad recibe 3 amenazas de muerte con armas de fuego, la destrucción de cultivos y alimentos en 3 ocasiones y el robo de cargas de maíz en una ocasión.

Julio/Diciembre 2017
10 de diciembre 2017

Desaparición y asesinato de Elvín Saúl Madrid

Elvin Saúl Madrid Gómez, joven miembro del COPINH de 18 años. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un abismo, cerca de la casa de familiares de Olvin Mejía.
Olvin Mejía es el sicario contratado por DESA para asesinar a Berta Cáceres y demás miembros del COPINH, es originario de Valle de Ángeles. Asimismo, su hermano, Héctor Mejía, es el principal promotor y empleado de DESA para atacar al COPINH en las manifestaciones de exigencia de justicia.
Estas personas han hecho amenazas directas de muerte contra miembros de la comunidad durante los últimos 3 años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Destrucción de cosechas a miembros del COPINH en dos oportunidades y dos amenazas de muerte con arma de fuego.

Año 2018




Enero/Mayo 2019

Daños a carros de integrantes del COPINH en dos ocasiones

Amenazas de muerte y hostigamiento a Rosalina Domínguez y otros miembros de la comunidad

A pesar de las denuncias públicas a nivel nacional e internacional en contra de la violencia provocada por la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah, las agresiones continuaron en contra de la comunidad de Río Blanco, contra líderes como Francisco Sánchez y contra la lideresa Rosalina Domínguez.
En tres años fueron presentadas más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes sobre delitos de daños, amenazas de muerte, destrucción de alimentos y asesinatos perpetrados por la familia Madrid y sicarios de apellido Mejía. Sin embargo, no ha habido respuesta alguna y estos crímenes continúan en la impunidad.

Rosalina Domínguez fue una de las personas amenazadas, debido a la falta de acción de las autoridades y la impunidad ante los crímenes de las personas vinculadas al proyecto hidroeléctrico.

Tanto la fiscalía de La Esperanza, la DPI, el Mecanismo de Protección y la Secretaría de DDHH estaban al tanto de la problemática y sin realizar las acciones necesarias para detener la violencia. El 15 de mayo del 2019, Rosalina fue atacada por segunda vez por el sector El Barreal, en donde no permitieron la libre circulación del carro donde ella iba y dañaron las ruedas del mismo.

La impunidad no termina con una sentencia

 El pasado 2 de diciembre, a 45 meses del crimen y un año después de terminado el juicio, el poder judicial emitió sentencia en contra de siete autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y co-fundadora del COPINH y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. Entre los sentenciados se encuentran trabajadores de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

“Ley Nájera”: una normativa para el despojo de las comunidades indígenas en Honduras

La violación del Derecho de Consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en Honduras, en el marco de la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos, es una problemática que se ha hecho aún más visible luego del asesinato de Berta Cáceres. Desde ese momento, la comunidad internacional ha puesto presión sobre el Estado de Honduras sobre el cumplimiento de los convenios internacionales en esta materia.

El gobierno nacional ha desarrollado una propuesta que sufrió múltiples alteraciones y que buscó crear un marco regulatorio del derecho de consulta previa, que dé la impresión de cumplimiento de los estándares internacionales.

El 15 de enero del 2020, el diputado Óscar Nájera anunció la construcción de un proyecto de Ley de Consulta, el cual ha sido catalogado por las organizaciones indígenas y negras de Honduras como lesivo para el derecho de autodeterminación de los pueblos y el respeto por la soberanía sobre sus territorios.

En el contexto de la presentación del proyecto Nájera dijo “Hemos iniciado la socialización de la consulta con el 100% de la convocatoria. Por primera vez en la historia, hemos llegado a un consenso de abrazarnos todos juntos por el bien de Honduras. Para toda la hermandad, unidad, humildad y para el desarrollo de estos pueblos olvidados y marginados. Hoy llegó la hora, llegó el momento de estos 10 pueblos indígenas”

Ver video: https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1219402974398730240?s=20

El propósito de la ley, según los representantes del Estado, consiste en establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades, respecto a proyectos, medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directa o indirectamente a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda.

La misma crearía el marco legal con el propósito de que los pueblos indígenas y afro descendientes a través de la consulta libre, previa e informada, mantengan su identidad, diversidad y se brinden espacios de participación.

Para tales efectos, crearían el ente rector que velará por los procesos de consulta, así como de la correcta aplicación de la ley y su reglamentación. Este ente se denomina Comisionado Nacional de la Consulta Libre, Previa e Informada (CONACOLP) como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con autonomía técnica, funcional y administrativa.

Ver nota: https://www.latribuna.hn/2020/01/09/oscar-najera-hemos-iniciado-la-socializacion-de-la-ley-de-consulta-libre-previa-e-informada/

Sin embargo, las organizaciones sociales e indígenas de Honduras realizaron movilizaciones y otras acciones de protesta en rechazo a la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, la “Ley Nájera”.

“Lo que se hizo el 15 de enero en este Congreso Nacional, liderado por el diputado Óscar Nájera, es una farsa, porque los pueblos indígenas no estamos avalando ningún proyecto de ley que nazca de este Congreso espurio y que tenga las intenciones de flexibilizar la entrada de proyectos extractivos y de saqueo en los territorios de los pueblos indígenas”, manifestó Zúniga durante la movilización en las afueras del Congreso donde recalcó que “esta ley es un insulto y es escupir a la memoria de Berta Cáceres” expresó Berta Zúniga Cáceres, Coordinadora del COPINH.

Movilizaciones contra la Ley Nájera, ver imágenes y videos: https://copinh.org/2020/01/movilizacion-no-a-la-ley-najera/

En el marco de un foro en el cual participaron representantes de organizaciones que aglutinan diversas comunidades, estuvo presente Berta Zúniga Cáceres, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), Félix Valentín, por la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), miembros del observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, junto a la abogada Naama Ávila y Rony Castillo. Allí explicaron que no están de acuerdo con la creación de leyes que obstaculicen las decisiones de los pueblos, ya que desde el 2015 se habían creado tres propuestas que hasta la actualidad ninguna toma en consideración la opinión de las comunidades.

Ver nota: https://www.pasosdeanimalgrande.com/es/contexto/item/2684-cuestionan-ley-najera-por-violentar-derechos-ancestrales-de-los-pueblos-indigenas

Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, también manifestaron que “la consulta es un mecanismo que nace desde los pueblos, no se impone a ellos. Por eso tienen características propias en cada población, respetando así la autodeterminación de cada uno. Esta propuesta no solo no valora los mecanismos históricos propios, sino que no fue siquiera avalada por las poblaciones a las que pretende imponerse”.

Nota: https://www.ocmal.org/los-pueblos-originarios-de-honduras-rechazan-la-ley-najera/

Las comunidades indígenas y afrodescendientes hondureñas coincidieron en denunciar que, dadas las condiciones de violencia, asesinatos, criminalización, persecución, altos de niveles de pobreza, desplazamiento forzoso y de despojo sistemático que experimentan “no es posible aprobar una Ley de Consulta sin la debida consulta y sin antes generar las reformas estructurales para cambiar y disminuir las desigualdades sociales y raciales imperantes en el país. Esto último debería de ser la primera preocupación de los honorables Diputados del Congreso Nacional y de la sociedad hondureña en general” concluyeron.

Ver nota: https://avispa.org/en-honduras-comunidades-denuncian-reglamentacion-de-consulta-indigena-para-favorecer-despojo-de-territorios/