La concesión ilegal persiste
Honduras, ha sido catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para defender los bienes comunes, según un estudio de Global Witness, los pueblos indígenas, garífunas y diversos del territorio hondureño, todos en resistencia por la defensa de la tierra y sus raíces ancestrales, se siguen enfrentando a la persecución, criminalización y muerte. Mientras tanto, las concesiones de los ríos y montañas para la explotación de los bienes comunes siguen vigentes poniendo en riesgo la vida de las personas y comunidades que históricamente han resguardado sus territorios.
En el año 2010, Berta Cáceres y el COPINH, presentaron denuncias contra 51 proyectos que habían obtenido concesiones y licencias de manera ilegal en territorio Lenca, el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la Familia Atala Zablah, fue uno de estos.
El saqueo y la invasión de estos territorios por parte de empresas trasnacionales y bancos financiadores de proyectos extractivos, se hace cada vez más preocupante al verse constantemente vulnerados los derechos fundamentales de los pueblos que habitan, trabajan y defienden la tierra. En marzo 2019 la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC, ahora UFERCO) presenta un requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por delitos cometidos para la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque y en favor de la empresa DESA.
Inversiones Las Jacarandas S.A, propiedad de la familia Atala Zablah, fue una de las inversionistas mayoritarias para que la empresa DESA se constituyera y conformara una estructura criminal que desarrolló ataques sistemáticos en contra de Berta Cáceres y el COPINH. Estos ataques sistemáticos se llevaron a cabo gracias al financiamiento y respaldo de Bancos internacionales como Ficohsa, Ficensa, Banco Mundial, y en el rediseño del proyecto, tras el asesinato de Tomás Garcia, defensor del río Gualcarque, se retira la empresa trasnacional china Sinohydro y se vuelven a firmar contratos millonarios con nuevos bancos. El Banco holandés FMO, Banco Finlandés Finnd Funn y el Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE dieron el respaldo económico para poder darle continuidad al proyecto ya que la concesión de río, aún con las denuncias, ataques y violaciones a los derechos de las comunidades, continúa vigente.
Berta Cáceres, antes de ser asesinada escribió al FMO en octubre y noviembre 2013 explicando que el proyecto hidroeléctrico violaba el derecho del pueblo Lenca a una Consulta Previa, Libre e Informada y que estaba siendo impuesto con violencia y represión. Berta exigió al FMO que no financiara el PHAZ, pero el FMO insistió y realizó el contrato de crédito con DESA y BCIE el 27 de febrero 2014. En julio 2017, un año después del asesinato de Berta Cáceres, el FMO al finamente retira su financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, mientras que el BCIE declaró que había suspendido los desembolsos, pero se negó a retirar formalmente sus fondos.
Tras una larga lucha en búsqueda de justicia y señalamiento a los actores de mayor responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, tras la visibilización de la continuidad de los ataques y violaciones de Derechos Humanos contra las comunidades Lencas producto de la vigencia de la concesión ilegal del Río Gualcarque, ha quedado en evidencia que la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.
A raíz de esto, en abril de 2019, el Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE, transfirió el préstamo No. 2097, otorgado originalmente a la sociedad Desarrollos Energéticos S.A. – DESA, a favor de Swiss International Wealth Management AG – SIWM AG, por un monto de 500 mil dólares. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.
La desvinculación del BCIE– Banco Centroamericano de Integración Económica- del proyecto Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres, y una aceptación de responsabilidad de su responsabilidad en la violencia ocurrida. Sin embargo, hoy continúa el saqueo de los bienes comunes en territorio hondureño, las concesiones siguen vigentes y el BCIE continúa financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” que abarcaría desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, afectando a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios para la imposición de este proyecto.
La violación sistemática del Derecho a la Consulta, por parte del Estado, los bancos y empresas trasnacionales, se agudiza aún más con el proyecto de ley de Consulta promovido por el Estado de Honduras, la llamada Ley Nájera, que busca regular los procesos de consulta sin la aprobación de este mecanismo por parte de las organizaciones en defensa de sus terriotrios.
El BCIE ha dicho públicamente que con esta ley volverá a reinvertir en proyectos en medio de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID 19, en la que espíritu del Convenio 169 de la OIT se sigue viendo diluido en aras de los intereses de los entes financieros y los planes de supuesto “desarrollo” impuestos desde la corrupción, que sigue cobrando vidas y poniendo en riesgo a las comunidades indígenas y a los bienes comunes en Honduras.