Ataques a la comunidad de Río Blanco: una cronología de la violencia

El COPINH durante un período de tres años (2017/2018/2019) presentó más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes, sobre los ataques realizados por sicarios contratados por DESA y terratenientes aliados de la misma empresa, cuyo objetivo es apropiarse ilegalmente de las tierras con titulación comunitaria, destruir el tejido social comunitario para neutralizar la reivindicación de derechos indígenas y permitir la construcción del proyecto hidroeléctrico de muerte.

La instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, configuró una sistemática forma de imponer la violencia en la comunidad de Rio Blanco. Los hostigamientos, amenazas de muerte y asesinatos contra integrantes de la comunidad no cesaron, aún después del asesinato de la lideresa Berta Cáceres, en marzo de 2016.

Sobre la comunidad

La comunidad de Río Blanco tiene un título de tierra comunitario que data de finales del siglo XIX, del año 1883, que el Estado de Honduras pretende desconocer. A pesar de este, la municipalidad de Intibucá ha otorgado, de manera ilegal, dominios plenos sobre pedazos de esa tierra a personas que han sido cercanas a los alcaldes, y permisos como el otorgado a la empresa DESA para desarrollar el proyecto Agua Zarca, desconociendo los derechos de la comunidad y violando su autonomía.

La familia Madrid, asesorada por miembros de la empresa DESA y de empresarios de la generación de energía, han atacado a la comunidad para impedir que tengan la posesión de la tierra y hagan uso de ella. Es por esto que se ha denunciado un plan sistemático para atacar a la comunidad de Río Blanco y al COPINH por parte de los dueños y beneficiarios de la empresa DESA.




Enero/Julio 2017

La comunidad recibe 9 amenazas de muerte con armas de fuego y la destrucción de cultivos y alimentos en 3 ocasiones

La municipalidad de Intibucá entrega de manera ilegal los dominios plenos sobre la tierra de la comunidad Río Blanco.

La comunidad recibe 3 amenazas de muerte con armas de fuego, la destrucción de cultivos y alimentos en 3 ocasiones y el robo de cargas de maíz en una ocasión.

Julio/Diciembre 2017
10 de diciembre 2017

Desaparición y asesinato de Elvín Saúl Madrid

Elvin Saúl Madrid Gómez, joven miembro del COPINH de 18 años. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un abismo, cerca de la casa de familiares de Olvin Mejía.
Olvin Mejía es el sicario contratado por DESA para asesinar a Berta Cáceres y demás miembros del COPINH, es originario de Valle de Ángeles. Asimismo, su hermano, Héctor Mejía, es el principal promotor y empleado de DESA para atacar al COPINH en las manifestaciones de exigencia de justicia.
Estas personas han hecho amenazas directas de muerte contra miembros de la comunidad durante los últimos 3 años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Destrucción de cosechas a miembros del COPINH en dos oportunidades y dos amenazas de muerte con arma de fuego.

Año 2018




Enero/Mayo 2019

Daños a carros de integrantes del COPINH en dos ocasiones

Amenazas de muerte y hostigamiento a Rosalina Domínguez y otros miembros de la comunidad

A pesar de las denuncias públicas a nivel nacional e internacional en contra de la violencia provocada por la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah, las agresiones continuaron en contra de la comunidad de Río Blanco, contra líderes como Francisco Sánchez y contra la lideresa Rosalina Domínguez.
En tres años fueron presentadas más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes sobre delitos de daños, amenazas de muerte, destrucción de alimentos y asesinatos perpetrados por la familia Madrid y sicarios de apellido Mejía. Sin embargo, no ha habido respuesta alguna y estos crímenes continúan en la impunidad.

Rosalina Domínguez fue una de las personas amenazadas, debido a la falta de acción de las autoridades y la impunidad ante los crímenes de las personas vinculadas al proyecto hidroeléctrico.

Tanto la fiscalía de La Esperanza, la DPI, el Mecanismo de Protección y la Secretaría de DDHH estaban al tanto de la problemática y sin realizar las acciones necesarias para detener la violencia. El 15 de mayo del 2019, Rosalina fue atacada por segunda vez por el sector El Barreal, en donde no permitieron la libre circulación del carro donde ella iba y dañaron las ruedas del mismo.

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