Revictimización de la familia de Berta Cáceres

Un largo camino de lucha por la memoria verdad y justicia

Entrevista a las hijas de Berta Cáceres, Laura y Berta Zúñiga, junto al abogado patrocinante de la familia Víctor Fernandez, que repasan como ha sido el camino recorrido en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables del asesinato.

Luego del asesinato de Berta Cáceres y en el marco de las amenazas sufridas

-¿Cómo emprendieron el camino para exigir memoria verdad y justicia?

Berta Zuñiga: El primer temor que nosotras tuvimos era que se pudiera desvirtuar su crimen, que se pudiera hacer un montaje judicial diciendo que se trataba de otra cosa. Nosotras teníamos una necesidad desde el comienzo de plantear que ella había sido asesinada por quienes son parte de la empresa DESA, que finalmente es un nombre, un cascarón. Muchas de las inquietudes que sufrimos al principio en torno a las investigaciones apuntaban hacia decir que se trataba de un crimen pasional, cualquier tipo de cosa para desvirtuar el crimen. Desde el primer momento hubo una negación al diálogo directo con las víctimas, a rendir algún tipo de explicación. No conocíamos nada, el Ministerio Público que prácticamente era aliado de la empresa DESA. Era bien difícil confiar.

De esa desconfianza nació la propuesta de una comisión internacional independiente que pudiera coadyuvar la investigación del Ministerio Público para darle algún tipo de credibilidad o saber que realmente se estaba diligenciando acorde a los estándares internacionales y al profesionalismo, la eficiencia de un proceso realmente transparente a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su anuencia a dirigir esta comisión, parecida a la que se dio en Ayotzinapa. Pero el Estado de Honduras nunca respondió evitando que se creara esta comisión independiente.

De todas maneras nosotras paralelamente conformamos el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) que ayudó a sistematizar gran parte de las investigaciones y plantear la teoría del caso de cómo había sido asesinada Berta Cáceres. Todos los detalles del proceso que para nosotras fue muy importante. Fue una gran batalla contra el Estado y ha sido muy complejo en todo sentido. Pero todos los esfuerzos de manera independiente se han hecho y han sido útiles.

Laura Zúñiga: El proceso de justicia ha sido largo. Hay algo que reflexionamos cuando pasó lo de mi mami y es que lo emprendimos antes de que todo pasara. Porque ella nos enseñó a andar por caminos de justicia. Nos enseñó a ser parte de las luchas del pueblo, a manifestarnos. Yo me acuerdo cuando eran las marchas contra la militarización de Honduras, incluso antes del golpe de Estado yo quería ir a las marchas pero no podía faltar al colegio y yo le dije: ¡mami yo quiero ir!. Ella me dijo: ¡vaya! que en una manifestación va a aprender más que en un día de colegio. Entonces ahí fuimos aprendiendo a afrontar este proceso a partir de sus enseñanzas.

Me acuerdo cuando fue el asesinato, lo viví con mucho dolor, rabia e indignación que en éstos 5 años no se ha apagado. Mucha rebeldía también. Rebelarnos a la muerte, a este sistema de acumulación, de violencia y por eso creo que empezar a enfrentarnos a los asesinos de mi mami, que eran la empresa DESA, que son los más ricos de este país, que son los mismo asesinos del compañero Tomás García. El propio Estado hondureño que participó del asesinato de keyla. Es un proceso largo en el que tuvimos que mencionar a las empresas, los bancos y el Estado. Enfrentar como colectivo a todo ese poder.

Víctor Fernandez: Hay un camino ya recorrido del COPINH, de Berta, bastante afianzado sobre la búsqueda de memoria, verdad y justicia, porque nace con el mismo COPINH en los 90 y que se construye con un sin número de prácticas de luchas y resistencias, de muchas solidaridades nacionales e internacionales construidas a pulso. Cuando se produce el crimen contra Berta hay una reacción espontánea de sorpresa e indignación que a pesar del golpe tremendo que sufre su familia: sus hijas, hijo, madre, hermanos y la familia del COPINH, entienden que hay que demandar justicia. Inmediatamente se entiende los móviles del crimen vinculados a las empresas extractivas y especialmente a la empresa DESA. Entonces el camino a la justicia es la ruta espontánea tras el crimen.

Hay que recordar que el crimen se produce en el marco del desarrollo de un evento importante del COPINH en el que se discute el modelo energético para el país, en búsqueda de una alternativa desde la perspectiva de los pueblos indígenas, desde la perspectiva popular. Entonces el camino se abre de inmediato, yo creo que hay que destacar el deber que se impuso de darle racionalidad a ese camino, es decir, de encontrar una forma de procesar todas las voluntades: el reclamo, la indignación, a darle una forma de búsqueda de verdad de justicia, a reconstruir plenamente esto. Allí hubo consenso de muchos actores y hay un liderazgo para darle forma a todas esas voluntades que está en camino, se está consolidando y se ha venido construyendo, que vino juntando a toda la familia COPINH y la familia de Bertita.

Así se emprendió el camino un poco tumultuoso de mucha fuerza, energía e indignación. Una construcción muy afinada de cuál es el camino para hacer justicia, que es la que hace el pueblo, el COPINH, las comunidades, demandar justicia ante el sistema.

-¿Cuáles fueron las principales irregularidades en el acceso a la justicia en el primer juicio?

Víctor Fernandez: Las principales irregularidades en el acceso a la justicia en el primer juicio fueron el desconocimiento de los derechos de las víctimas. El tener que lidiar con tener que llevar el reclamo de justicia con los perpetradores del crimen.

El crimen de Berta se produce el 2 de marzo de 2016, pero hubo un proceso acumulado de ataques y atentados contra la causa Berta Cáceres, la causa del COPINH, de la que fue parte el Ministerio Público y sigue siéndolo. Nuestro primer obstáculo fue el Ministerio Público, la vinculación de actores de la policía, del ejército, del sector privado en éste complot del asesinato que finalmente se expresa en el secreto absoluto de la investigación para las víctimas y la persecución a las personas y actores inmediatos a Berta. Entonces entre el secreto de la investigación que se mantiene hasta la fecha, la violación de los derechos de las personas y familiares de la organización de la que era parte COPINH, es un obstáculo terrible, que generó temor a cualquiera. La tendencia era generar impunidad y esto daba la posibilidad de todos los abusos, hasta la persecución y vinculación del personas del COPINH con el crimen. Esto fue lo más terrible.

Luego en el proceso de investigación, el apartarnos en esa demanda de pedido de justicia, el negar la participación de actores técnicos independientes en la investigación, obligó a la contracción en paralelo de un proceso de investigación independiente con personas expertas. El informe de GAIPE fue un aporte muy importante en el proceso. El desarrollar una estrategia de investigación en paralelo al Ministerio Público para forzar a que facilitara la información y no lo hizo, a pesar de que logramos resoluciones judiciales en el marco del proceso penal en el primer juicio que ordenaba que nos diera parte de la investigación. Fue hasta después de mucha pelea que tuvimos acceso a parte de la investigación de la cual nosotros construimos la tesis acusatoria que vincula a los actores que están condenados en el primer juicio y a los autores intelectuales del crimen que hace falta que se vinculen.

Eso obligó a que el Ministerio Público asumiera esta línea de investigación, que todavía está bastante limitada en los alcances que puede tener. Así fue el primer juicio, al extremo que la investigación privada fue expulsada del juicio todo por reclamar siempre y demandar que el proceso judicial alcanzara completa y plenamente las distintas aristas del crimen, no solo acotarlo al hecho que se produjo el 2 de marzo de 2016.

Berta Zuñiga: Lo más importante fue el acceso a la información que formaba parte del proceso que acusaba a estas personas. Para nosotras fue una lucha muy intensa durante todo el proceso, tanto es así que por reclamar este derecho, nuestra representación privada fue expulsada del juicio pero a pesar de eso logramos tener acceso a mucha información de los expedientes que ahora vinculan o hablan de todo el movimiento financiero de DESA y las responsabilidades de las personas que estaban encima de David Castillo. Lo único que no logramos fue el expediente de investigación del señor Mariano Chávez quien empezó siendo investigado por otros delitos y ahí supimos de las escuchas y algunas comunicaciones, pero no tuvimos acceso al expediente que para nosotras es algo bien delicado, ya que Chávez es un militar activo, de un rango alto entonces nos podía aportar mucha información sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en el crimen y no verlo como lo ha planteado el Estado de Honduras, que es una manzana podrida dentro del ejército. Sabemos que Berta Cáceres fue perseguida por el ejército que estaba dentro de una lista de objetivos militares a ser eliminados y construir la verdad en torno a la participación en esta instancia es algo que queda en deuda.

Un segundo punto sobre las irregularidades es el desconocimiento del COPINH como víctima, ya que es una organización social a la que le asesinan además de Berta Cáceres su coordinador general. No es reconocida formalmente como víctima en este proceso, por eso la voluntad del COPINH es expresada a través de nosotras como hijas, hijo, madre de Berta Cáceres, pero es importante que el Estado de Honduras avance en el reconocimiento de las Organizaciones Sociales cuando sus líderes son asesinados.

También desconocer los derechos de las víctimas cuando fuimos expulsadas, nuestra acusación privada. El Estado planteó que el Ministerio Público iba a ser representante de la voluntad de la víctima, cosa que no es posible para nosotros que sea concebida, ya que el Ministerio Público no fue en ese momento y aún hoy, un ente que mínimamente tenga una coordinación con nosotras. Esa relación que el Ministerio Público debería tener con nosotras como víctimas no ha existido y a veces hay un trato bastante malo porque les molesta que hayamos sido víctimas activas y denunciar todas las irregularidades a la que sometieron el proceso judicial que va en detrimento de nuestra intención de justicia integral.

Laura Zuñiga: En cuanto a la causa, han habido irregularidades desde el inicio. Una de las principales cosas fue cuando el ministro de seguridad sale a dar declaraciones el día 3 de marzo del 2016 en la mañana, diciendo que el asesinato de mi madre se trataba de un crimen pasional. Con todo lo que implica, con las intenciones de encubrir con lenguaje machista y patriarcal. Sin tener pruebas, sin tener ninguna razón sale a decir eso y tiempo despues nos dimos cuenta que quienes estaban involucrados en el asesinato eran ex militares, militares activos, ya que también hay una participación del brazo estatal. El negarnos a tener una autopsia alternativa, fue una irregularidad. No tener nunca información y tener que pelearla siempre. Hemos logrado conseguir información por el debate que dimos como víctimas en el proceso judicial, con el equipo de abogados y la gente del COPINH, con las comunidades. Fue una lucha muy difícil y lo sigue siendo porque nos siguen ocultando información.

Hubo otras irregularidades como cuando fuimos expulsados del primer proceso judicial que fue contra siete personas ya condenadas. Fue una gran irregularidad que no se nos permitiera introducir testigos ni medios de prueba. Que testificaron quienes hemos señalado como asesinos intelectuales de mi mami, que son miembros de la familia Atala Zablah. Han habido varias irregularidades en el proceso y que hemos podido ir avanzando poco a poco gracias a la determinación de muchas y muchos que han acompañado esta causa. Desde el primer paso que vencimos cuando hubo intención de cerrar este proceso diciendo primero que era un crimen pasional, luego diciendo que era un pleito interno entre la gente del COPINH, con el objetivo de criminalizarnos.

Hoy 5 años después pidiendo todavía que se investigue y castigue a los autores intelectuales ha sido un proceso largo que ha tenido su avance importante pero todavía queda mucho camino.

En cuanto a la Causa sobre David Castillo, coautor del crimen de Berta ¿Cuál es la situación del juicio? -¿Qué obstáculos presenta el proceso judicial?

Víctor Fernandez: En el juicio contra David Castillo, hay varios obstáculos. Lo primero es que nosotros tenemos claro y hay elementos suficientes para establecer que Castillo no solo es partícipe del delito de asesinato de Berta Cáceres, sino que también es partícipe de una serie de delitos previos a la ejecución del crimen de Berta. Además participó de una serie de actos orientados a generar impunidad para toda esa estructura delictiva. Nosotros creemos al menos, a partir de las pruebas que hay, que es autor del delito de asociación ilícita junto a la estructura que constituyó y luego desarrolló la empresa DESA. Dicha empresa pasó de ser una empresa mercantil regular a configurar una verdadera asociación delictiva. Desde el momento que la constituyen dos personas que estaban instrumentalizadas por David Castillo y luego éste conduce junto a los verdaderos accionistas: la familia Atala Zablah una serie de comportamientos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos en el territorio, de ruptura y quebrantamiento del tejido social, es decir, es una verdadera asociación delictiva.

Desafortunadamente David Castillo no está siendo juzgado por asociación ilícita y ese ya es un obstáculo a la justicia integral de este caso de la causa Berta Cáceres. Luego todas las demoras que se han tenido. El Ministerio Público tampoco ha tenido la apertura, la coordinación con las víctimas, asique vamos en esa separación indebida innecesaria en el proceso. Hemos hecho un proceso para que no vuelva ocurrir, en éste juicio contra David Castillo. Aunque hemos hecho el esfuerzo, el Ministerio Público tiene la misma actitud de muy poca apertura. Además toda la estrategia diseñada por la estructura criminal que mató a Bertita que es la misma que defiende a David Castillo, de dilatar el juicio, de presentarse como víctima, de desarrollar campañas en medios frente al papel que hace el COPINH y la solidaridad internacional, todo esto está presente en el juicio.

Pero la buena noticia es que al final de todo el juicio se va a desarrollar y esperamos sea en el menor tiempo posile y que al menos sobre el delito de asesinato haya justicia y nosotros vamos a seguir la pelea, porque se haga justicia integral que incluye la búsqueda de los verdaderos autores del crimen que todavía no han sido llamados por la justicia. La reversión de la conceción criminal del Río Gualcarque, la persecución de los funcionarios públicos que tenian la responsabilidad de proteger la vida de Berta y no lo hicieron sino que contribuyeron al descenlace fatal como el asesinato. La demanda contra el sistema financiero, contra la banca nacional e internacional que financió hasta cuando estuvo la concesión en términos materiales del Río Gualcarque, a esa banca hay que demandar justicia y estan curso algunos procesos, por ejemplo contra el FMO, en Holanda y se está trabajando en todos esos frentes para lograr memoria verdad y justicia en el caso de Berta.

Berta Cáceres: Para este nuevo proceso algunos testimonios o peritajes que hablaban del perfil de Berta Cáceres y del por qué ella es asesinada, no fueron incorporados y es algo que estuvimos luchando.

Un primer punto importante es la introducción de estos peritajes que amplían el reconocimiento de quien era Berta Cáceres, por ejemplo el tema de su condición de mujer indígena, lideresa ambiental que matiza la manera en que operó el crimen y los ataques sistemáticos que sufrió Berta.

Tratar de introducir el contexto ya que es imposible entender la participación tanto del señor David Castillo como de toda la estructura criminal sin entender el conjunto de acciones para neutralizar, atacar y acabar la lucha de COPINH. Hay que decir sobre plantear la relación entre David Castillo y esa estructura superior, en la que se entienda por que él no es la persona que tiene la última palabra en cuanto a la comisión del delito, sino que otras personas por encima de Castillo eran las que podían ser determinantes en cuanto a la ejecución del crimen.

Introducir este aspecto en este proceso es un desafío. Además dicho juicio ha estado sometido a plazos reiterados por parte de la defensa que han saboteado la realización del proceso judicial para evadir una condena, las investigaciones y sobre la responsabilidad que se pueda deducir también a los actores por encima de David Castillo planteando que de todas maneras aunque es el presidente de la empresa era un subordinado de las órdenes de miembros de la familia Atala Zablah.

Para sintetizar entre los muchos obstáculos que pudieramos tener es el desconocimiento de nosotras como víctimas como una figura central dentro del proceso judicial, para que todo este proceso se configure en torno a redimir la pena, el daño que se nos fue ocasionado a nosotras como víctimas e irradiar desde nosotras hacia el COPINH, el pueblo Lenca, el pueblo hondureño y la comunidad internacional que simpatiza con éste proceso y que ha condenado el asesinato. Este es otro de los desafíos.

Laura Zúñiga: En cuanto a la causa sobre David Castillo, cual es la situación actual es que estamos a las puertas de la última etapa del proceso judicial que es la oral y pública, las más importante porque es el debate donde se presentan las pruebas. Ya se hizo la audiencia de presentación de pruebas en la que las partes, nosotras como víctimas, presentamos una cantidad de pruebas que queremos que se evacúen, que se debatan dentro del espacio del juicio oral.

En total contra David Castillo se presentaron 81 medios de prueba. Esperemos que se acepten porque son parte importante del proceso y sirven para lo que nosotros buscamos que es la condena de un asesino mas de mi mami.

Los obstáculos han sido el retraso y la dilatación de este proceso, casi dos años dilatando el debate oral y público con la intención de generar impunidad. Sabemos que entre más tiempo pase es más fácil garantizar la impunidad contra este señor y otros co-asesinos intelectuales.

Con este juicio planteamos romper la impunidad del caso de mi mami. Seguir rompiendo la impunidad que comienza con el asesinato de compañeros y compañeras del COPINH que estan defendiendo el Río y que continúa hasta hoy poniendo en riesgo la vida de quienes luchamos en defensa de la tierra y la vida, desafiando los poderes extractivos trasnacionales en Honduras incluso el poder de los bancos.

Esta estructura criminal que atentó contra mi mami sigue activa contra la gente que lucha, por eso estamos intentando romper esa impunidad y es muy difícil, porque el sistema de justicia funciona solo para criminalizar a los defensores y defensoras de la vida, no para protegerlos.

Campaña de criminalización contra el COPINH

 Los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llevan años sufriendo amenazas, acosos y ataques como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos, el medioambiente y los bienes naturales. Berta Cáceres, lideresa y cofundadora de la organización, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de la localidad de La Esperanza, Departamento de Intibucá. Tras su muerte, el 5 de marzo de 2016 la Comisión Interamericana solicitó medidas cautelares (medida cautelar 112/16) en favor de los miembros del COPINH, los familiares de Berta Cáceres y el defensor mexicano Gustavo Castro, tras encontrarse expuestas y expuestos a una mayor vulnerabilidad tras el homicidio de la lideresa. Basándose en estas medidas, el sistema hondureño de protección de las personas que defienden los derechos humanos debe aplicar medidas de seguridad para garantizar la integridad física de los miembros de COPINH, y asegurar que pueden seguir desempeñando sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias.

Sin embargo, los hostigamientos y ataques se sucedieron en forma sistemática hasta la actualidad.  Sumado a esto, las investigaciones judiciales para esclarecer el crimen de Berta han encontrado numerosos obstáculos en el camino para hallar la verdad y juzgar a todos los responsables.

La lideresa del COPINH estaba profundamente involucrada en las acciones por la defensa del Río Gualcarque, el cual fue concesionado ilegalmente después del Golpe de Estado en Honduras el 2009, y propuesto para la ejecución de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto desarrollado por la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah. Berta era una de las voces más fuertes en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica, la cual se inició sin el consentimiento libre e informado, como lo indica el Convenio 169 de la OIT, de las comunidades locales ni la celebración de consultas adecuadas con ellas.

Su asesinato fue paradigmático, ya que el caso forma parte de un patrón de violencia y corrupción contra defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades indígenas y defensores del medio ambiente en todo el mundo.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para personas defensoras de derechos humanos y es conocido por no proteger a quienes defienden derechos humanos, como lo señalaron las Relatorías sobre Defensores y Defensoras de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ver: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20397&LangID=S

Para el año 2016, Front Line Defenders informabaque al menos 33 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2016 en Honduras. Ver: https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2016

Historia de los ataques luego del asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016

El 7 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en favor de todos los miembros de COPINH y de la familia de Berta Cáceres, a causa del riesgo que corrían por su labor tras el asesinato de la lideresa.

Su crimen ha tenido repercusión internacional, es por ello que el 24 de mayo del 2017 organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional solicitaron a las autoridades hondureñas que se garanticen y pongan a disposición las pruebas para que las partes implicadas en el caso puedan ejercer sus derechos y para que pueda llevarse a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato (véase Continúa en riesgo la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres, https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/6335/2017/es/).

Sin embargo, poco después del asesinato de Cáceres, el 15 de marzo de 2016, un desconocido mató a tiros a Nelson García, integrante de COPINH, cuando regresaba a su hogar en Río Lindo. Horas antes, ese mismo día, García había acompañado a una comunidad en Río Chiquito que había sido violentamente desalojada por la policía y el ejército.

El asesinato de García ocurre menos de dos semanas después del asesinato de Berta Cáceres y a sólo ocho días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares a favor de todos los miembros del COPINH. Ambos crímenes ocurrieron en un contexto de escalada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y en particular contra aquellos que defienden derechos ambientales, territoriales y de las poblaciones indígenas, repitiendo y agravando un patrón repetidamente denunciado por las organizaciones nacionales e internacionales.

El 19 Abril 2016 mientras se desarrollaba el encuentro “Berta Cáceres Vive” (Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive”) una delegación internacional y nacional se manifestó para exigir  justicia por el asesinato de Berta y expresar su solidaridad con el COPINH. En ese entonces fueron atacados violentamente.

Desde el COPINH informaron que los atacantes estaban vinculados a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa privada hondureña de energía detrás del proyecto Agua Zarca. Algunos de los atacantes fueron identificados como sicarios que habían amenazado previamente a Berta y a integrantes del COPINH, y quienes habían sido detenidos en 2015 por portar armas de fuego de alto calibre.

Los ataques continuaron y el 8 de mayo de 2016, Tomás Gómez Membreño, coordinador general de COPINH, viajaba con algunos de sus colegas para participar de una manifestación en Tegucigalpa, la ciudad capital. En el camino, un vehículo armado conducido por personal militar comenzó a seguirles e intentó sacarlos del camino. El conductor pudo controlar el vehículo y alcanzó a evitar un accidente; pocas semanas antes, Gómez Membreño había escuchado tiros cerca de su domicilio.

El 6 de mayo de 2016, un hombre armado disparó varias veces contra Alexander García Sorto, líder de COPINH y defensor de derechos humanos lenca, frente a su domicilio en Llano Grande, Colomoncagua, cuando iba a encontrarse con otros colegas. García resultó herido en el hombro izquierdo, pero sobrevivió el atentado. El atacante fue identificado como Enedicto Alvarado, ex miembro del ejército y guardia de seguridad privado que anteriormente había amenazado de muerte a García y se había mostrado hostil hacia los/as integrantes del COPINH.

La policía local detuvo brevemente a Alvarado, pero lo liberaron el mismo día tras acusarle de posesión ilegal de arma de fuego. Luego Alvarado amenazó con “terminar de matar” Alexander García, defensor de derechos humanos lenca y quien lidera la oposición pacífica de su comunidad a la construcción de una represa hidroeléctrica que afectaría los ríos Negro y Chinacla y el acceso de la comunidad al agua. El proyecto hidroeléctrico estaba siendo desarrollado por AURORA S. A., una compañía propiedad del esposo de la vicepresidenta del Parlamento, Gladis Aurora López.

“No fue suficiente haber asesinado a Berta hace ya más de 80 días, ahora quieren matar también a todos los otros coordinadores del COPINH, que siguen adelante con su tarea para impedir que las corporaciones mineras multinacionales ingresen en su territorio”, declaraba en ese entonces Tomás Gómez Membreño, coordinador general del COPINH el 1 de junio de 2016.

Ver Nota: https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-tom%C3%A1s-g%C3%B3mez-membre%C3%B1o

El 6 de julio de 2016 hallaron el cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquia Urquia, defensora de derechos humanos, en las cercanías del basurero municipal de Marcala, departamento de La Paz, Honduras. Lesbia había desaparecido la tarde anterior, alrededor de las 17:00 horas, cuando salió de su hogar para hacer ejercicio en bicicleta.

Era lideresa comunitaria e integraba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Se había sumado a la organización en el año 2009, durante las protestas contra el golpe de estado y trabajaba activamente oponiéndose a la construcción de la represa hidroeléctrica “Aurora I”, en la municipalidad de San José, La Paz. La compañía responsable de este proyecto es propiedad de Gladys Aurora López, presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional.

En su comunicado de prensa, el COPINH afirmaba que este asesinato “nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza”. Y agregaba “La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista.”

Ver nota: https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/lesbia-yaneth-urquia-urquia

La noche del 10 de octubre de 2016, Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, conducía hacia su domicilio desde las oficinas de la organización ubicadas en La Esperanza, Intibucá, cuando hombres armados abrieron fuego contra su vehículo. Esa mañana, Alexander García Sorto, líder local del COPINH, se había despertado al oír los disparos que impactaron en la puerta y la ventana de su hogar, cuando se hallaba durmiendo junto a su esposa y sus dos hijas en Llano Grande, Colomoncagua. Ambos defensores sobrevivieron a los atentados, en una segunda oportunidad, puesto que los primeros ataques ocurrieron el 8 mayo de 2016.

El 30 de junio de 2017, los defensores y defensora de derechos humanos Bertha Zúniga Cáceres, Sotero Chavarría y Asunción Martínez fueron atacados dos veces por personas no identificadas en su regreso de la comunidad de Cancire, en el municipio de Santiago Puringla, La Paz, Honduras.

En el primer incidente, un Toyota Tacoma negro bloqueaba el camino entre Cancire y San Antonio. Cuando el coche con el COPINH se acercó, tres hombres que llevaban machetes intentaron atacarles, sin embargo, el auto del COPINH logró escaparse del bloqueo. Un cuarto asaltante lanzó una piedra desde dentro del vehículo hacia la ventana lateral del conductor del auto del COPINH antes de empezar a perseguirles. En seguida, esta cuarta persona hizo varios intentos de chocar con su vehículo, con el fin de forzar el vehículo fuera de la carretera y hacia el abismo. Esto duró varios minutos hasta que los miembros del COPINH pudieron tomar un desvío y escapar de la persecución.

Sotero Chavarría Fúnez informó a Amnistía Internacional que unos días antes, dos desconocidos habían preguntado sobre su paradero en su ciudad natal. En junio, unos desconocidos trataron de secuestrar a la madre de sus hijos en un vehículo. El 21 de junio, COPINH denunció que un desconocido había amenazado con una pistola a Francisco Javier Sánchez—otro coordinador—mientras éste trabajaba la tierra, y le había dicho que iba a matar a sus hijos.

Ver nota: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR3766742017SPANISH.pdf

Desde el 2016 hasta la actualidad, las amenazas y riesgos a la seguridad personalde activistas defensorxs de la tierra y el territorio, forman parte de la realidad que expone la sistematicidad de la violencia en Honduras. La comunidad internacional se ha movilizado y exige justicia y el fin de la impunidad. Sin embargo, el gobierno de Honduras no ha actuado en consecuencia ni ha proporcionado un entorno propicio para resguardar la vida de  lxs defensores de derechos humanos en el país.

Lxs miembrxs del Copinh y en especial Berta, se enfrentaron con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia y criminalización por las fuerzas de seguridad del Estado, la seguridad privada de la empresa DESA y personas armadas pagadas por la empresa. Esa violencia fue denunciada ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales en varias ocasiones, pero nunca se tomaron las medidas para frenar los ataques ya que eran ‘necesarios’ para seguir adelante con los proyectos hidroeléctricos.

Berta ha dejado un mensaje contundente sobre la persecución y la violencia en Honduras durante la ceremonia de premiación de los Premio Ambiental Goldman, con el cual fue galardonada en el 2015; “¡Despertemos! ¡Despertemos, humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. […] La madre tierra —militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales— nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna, y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.”

Ataques a la comunidad de Río Blanco: una cronología de la violencia

El COPINH durante un período de tres años (2017/2018/2019) presentó más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes, sobre los ataques realizados por sicarios contratados por DESA y terratenientes aliados de la misma empresa, cuyo objetivo es apropiarse ilegalmente de las tierras con titulación comunitaria, destruir el tejido social comunitario para neutralizar la reivindicación de derechos indígenas y permitir la construcción del proyecto hidroeléctrico de muerte.

La instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, configuró una sistemática forma de imponer la violencia en la comunidad de Rio Blanco. Los hostigamientos, amenazas de muerte y asesinatos contra integrantes de la comunidad no cesaron, aún después del asesinato de la lideresa Berta Cáceres, en marzo de 2016.

Sobre la comunidad

La comunidad de Río Blanco tiene un título de tierra comunitario que data de finales del siglo XIX, del año 1883, que el Estado de Honduras pretende desconocer. A pesar de este, la municipalidad de Intibucá ha otorgado, de manera ilegal, dominios plenos sobre pedazos de esa tierra a personas que han sido cercanas a los alcaldes, y permisos como el otorgado a la empresa DESA para desarrollar el proyecto Agua Zarca, desconociendo los derechos de la comunidad y violando su autonomía.

La familia Madrid, asesorada por miembros de la empresa DESA y de empresarios de la generación de energía, han atacado a la comunidad para impedir que tengan la posesión de la tierra y hagan uso de ella. Es por esto que se ha denunciado un plan sistemático para atacar a la comunidad de Río Blanco y al COPINH por parte de los dueños y beneficiarios de la empresa DESA.




Enero/Julio 2017

La comunidad recibe 9 amenazas de muerte con armas de fuego y la destrucción de cultivos y alimentos en 3 ocasiones

La municipalidad de Intibucá entrega de manera ilegal los dominios plenos sobre la tierra de la comunidad Río Blanco.

La comunidad recibe 3 amenazas de muerte con armas de fuego, la destrucción de cultivos y alimentos en 3 ocasiones y el robo de cargas de maíz en una ocasión.

Julio/Diciembre 2017
10 de diciembre 2017

Desaparición y asesinato de Elvín Saúl Madrid

Elvin Saúl Madrid Gómez, joven miembro del COPINH de 18 años. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un abismo, cerca de la casa de familiares de Olvin Mejía.
Olvin Mejía es el sicario contratado por DESA para asesinar a Berta Cáceres y demás miembros del COPINH, es originario de Valle de Ángeles. Asimismo, su hermano, Héctor Mejía, es el principal promotor y empleado de DESA para atacar al COPINH en las manifestaciones de exigencia de justicia.
Estas personas han hecho amenazas directas de muerte contra miembros de la comunidad durante los últimos 3 años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Destrucción de cosechas a miembros del COPINH en dos oportunidades y dos amenazas de muerte con arma de fuego.

Año 2018




Enero/Mayo 2019

Daños a carros de integrantes del COPINH en dos ocasiones

Amenazas de muerte y hostigamiento a Rosalina Domínguez y otros miembros de la comunidad

A pesar de las denuncias públicas a nivel nacional e internacional en contra de la violencia provocada por la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah, las agresiones continuaron en contra de la comunidad de Río Blanco, contra líderes como Francisco Sánchez y contra la lideresa Rosalina Domínguez.
En tres años fueron presentadas más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes sobre delitos de daños, amenazas de muerte, destrucción de alimentos y asesinatos perpetrados por la familia Madrid y sicarios de apellido Mejía. Sin embargo, no ha habido respuesta alguna y estos crímenes continúan en la impunidad.

Rosalina Domínguez fue una de las personas amenazadas, debido a la falta de acción de las autoridades y la impunidad ante los crímenes de las personas vinculadas al proyecto hidroeléctrico.

Tanto la fiscalía de La Esperanza, la DPI, el Mecanismo de Protección y la Secretaría de DDHH estaban al tanto de la problemática y sin realizar las acciones necesarias para detener la violencia. El 15 de mayo del 2019, Rosalina fue atacada por segunda vez por el sector El Barreal, en donde no permitieron la libre circulación del carro donde ella iba y dañaron las ruedas del mismo.

“Ley Nájera”: una normativa para el despojo de las comunidades indígenas en Honduras

La violación del Derecho de Consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en Honduras, en el marco de la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos, es una problemática que se ha hecho aún más visible luego del asesinato de Berta Cáceres. Desde ese momento, la comunidad internacional ha puesto presión sobre el Estado de Honduras sobre el cumplimiento de los convenios internacionales en esta materia.

El gobierno nacional ha desarrollado una propuesta que sufrió múltiples alteraciones y que buscó crear un marco regulatorio del derecho de consulta previa, que dé la impresión de cumplimiento de los estándares internacionales.

El 15 de enero del 2020, el diputado Óscar Nájera anunció la construcción de un proyecto de Ley de Consulta, el cual ha sido catalogado por las organizaciones indígenas y negras de Honduras como lesivo para el derecho de autodeterminación de los pueblos y el respeto por la soberanía sobre sus territorios.

En el contexto de la presentación del proyecto Nájera dijo “Hemos iniciado la socialización de la consulta con el 100% de la convocatoria. Por primera vez en la historia, hemos llegado a un consenso de abrazarnos todos juntos por el bien de Honduras. Para toda la hermandad, unidad, humildad y para el desarrollo de estos pueblos olvidados y marginados. Hoy llegó la hora, llegó el momento de estos 10 pueblos indígenas”

Ver video: https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1219402974398730240?s=20

El propósito de la ley, según los representantes del Estado, consiste en establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades, respecto a proyectos, medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directa o indirectamente a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda.

La misma crearía el marco legal con el propósito de que los pueblos indígenas y afro descendientes a través de la consulta libre, previa e informada, mantengan su identidad, diversidad y se brinden espacios de participación.

Para tales efectos, crearían el ente rector que velará por los procesos de consulta, así como de la correcta aplicación de la ley y su reglamentación. Este ente se denomina Comisionado Nacional de la Consulta Libre, Previa e Informada (CONACOLP) como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con autonomía técnica, funcional y administrativa.

Ver nota: https://www.latribuna.hn/2020/01/09/oscar-najera-hemos-iniciado-la-socializacion-de-la-ley-de-consulta-libre-previa-e-informada/

Sin embargo, las organizaciones sociales e indígenas de Honduras realizaron movilizaciones y otras acciones de protesta en rechazo a la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, la “Ley Nájera”.

“Lo que se hizo el 15 de enero en este Congreso Nacional, liderado por el diputado Óscar Nájera, es una farsa, porque los pueblos indígenas no estamos avalando ningún proyecto de ley que nazca de este Congreso espurio y que tenga las intenciones de flexibilizar la entrada de proyectos extractivos y de saqueo en los territorios de los pueblos indígenas”, manifestó Zúniga durante la movilización en las afueras del Congreso donde recalcó que “esta ley es un insulto y es escupir a la memoria de Berta Cáceres” expresó Berta Zúniga Cáceres, Coordinadora del COPINH.

Movilizaciones contra la Ley Nájera, ver imágenes y videos: https://copinh.org/2020/01/movilizacion-no-a-la-ley-najera/

En el marco de un foro en el cual participaron representantes de organizaciones que aglutinan diversas comunidades, estuvo presente Berta Zúniga Cáceres, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), Félix Valentín, por la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), miembros del observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, junto a la abogada Naama Ávila y Rony Castillo. Allí explicaron que no están de acuerdo con la creación de leyes que obstaculicen las decisiones de los pueblos, ya que desde el 2015 se habían creado tres propuestas que hasta la actualidad ninguna toma en consideración la opinión de las comunidades.

Ver nota: https://www.pasosdeanimalgrande.com/es/contexto/item/2684-cuestionan-ley-najera-por-violentar-derechos-ancestrales-de-los-pueblos-indigenas

Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, también manifestaron que “la consulta es un mecanismo que nace desde los pueblos, no se impone a ellos. Por eso tienen características propias en cada población, respetando así la autodeterminación de cada uno. Esta propuesta no solo no valora los mecanismos históricos propios, sino que no fue siquiera avalada por las poblaciones a las que pretende imponerse”.

Nota: https://www.ocmal.org/los-pueblos-originarios-de-honduras-rechazan-la-ley-najera/

Las comunidades indígenas y afrodescendientes hondureñas coincidieron en denunciar que, dadas las condiciones de violencia, asesinatos, criminalización, persecución, altos de niveles de pobreza, desplazamiento forzoso y de despojo sistemático que experimentan “no es posible aprobar una Ley de Consulta sin la debida consulta y sin antes generar las reformas estructurales para cambiar y disminuir las desigualdades sociales y raciales imperantes en el país. Esto último debería de ser la primera preocupación de los honorables Diputados del Congreso Nacional y de la sociedad hondureña en general” concluyeron.

Ver nota: https://avispa.org/en-honduras-comunidades-denuncian-reglamentacion-de-consulta-indigena-para-favorecer-despojo-de-territorios/

La impunidad no termina con una sentencia

 El pasado 2 de diciembre, a 45 meses del crimen y un año después de terminado el juicio, el poder judicial emitió sentencia en contra de siete autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y co-fundadora del COPINH y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. Entre los sentenciados se encuentran trabajadores de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.