Tegucigalpa.- El próximo lunes 7 de septiembre será la audiencia inicial en contra de Raúl Pineda Pineda y Plutarco Mejía Cardona, exalcalde y ex vicealcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, respectivamente, por el delito de abuso de autoridad al otorgar de forma irregular e inconsulta el permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», sobre el río Gualcarque, territorio de la comunidad indígena lenca.
La causa data del 15 de diciembre de 2017 cuando se promovió Antejuicio en contra de los miembros de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, lo que luego dio paso a que se presentara el correspondiente Requerimiento Fiscal.
Otros imputados son: Edwin Fúnez Romero (regidor primero), Olver Robert Mejía Cabrera (regidor segundo), Nelly Senovia Sánchez (regidora tercera), Florentino Pineda Cabrera (regidor cuarto), Marlon Otoniel Méndez Cabrera (regidor quinto) y Wilfredo Mejía Leiva (regidor sexto), contra quienes en fecha 19 de abril de 2018 se decretó el respectivo Auto de Formal Procesamiento.
De acuerdo a las investigaciones practicadas en forma conjunta con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los funcionarios municipales tuvieron participación activa en los procesos que se siguieron al margen de la Ley para facilitar a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la puesta en operaciones de la represa «Agua Zarca» en el departamento de Santa Bárbara, en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos de estas comunidades originarias.
Como antecedente, se establece que en fecha 7 de octubre de 2009, DESA presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA, ahora denominada MI AMBIENTE) una solicitud de permiso para realizar estudio de factibilidad para la construcción y operación de una planta hidroeléctrica sobre la cuenca del río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, lo que se permitió mediante resolución 1661-2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, declarándose «Con Lugar» tal petición, por lo que un 15 de enero de 2010 el trámite pasó a dicha Municipalidad.
En tal sentido, fue que los imputados, según el expediente judicial, contraviniendo lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sesión ordinaria, de fecha 15 de septiembre de 2011, que consta en el acta N. 19-2011, otorgaron ilegalmente a la empresa DESA el referido permiso municipal de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca».
Todo ello, no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informada y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas lencas afectadas, destacando en este caso concreto, que la arbitraria autorización dada por la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, DESA la obtuvo con el propósito de cumplir una mera formalidad de la SERNA, pues según la información en poder de la Fiscalía de Etnias y la ATIC, ya previamente y sin contar con tal permiso de la Alcaldía, el 16 de diciembre de 2009 se había presentado el estudio de factibilidad ante esa Secretaría de Estado, con lo que se evidencia que los trabajos habían sido iniciados con el aval de las autoridades municipales, pero sin contar con una autorización legal, lo que finalmente se dio en violación a los preceptos contenidos en la legislación internacional vigente y que de acuerdo a la Constitución de la República, forman parte del ordenamiento jurídico.
Por el caso «Agua Zarca», centro de lucha de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, la Fiscalía de Etnias ha impulsado una serie de acciones en las que además han sido señalados los ex viceministros de SERNA, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Roberto Darío Cardona Valle y al exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez; así como se trabajó en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO, antes UFECIC) en el caso «Fraude sobre el Gualcarque» donde también está implicado el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda y los coimputados Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Darío Roberto Cardona Valle, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Zaida Odilia Pinel, Ana Lourdes Martínez Cruz y Aixa Gabriela Zelaya Gómez.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) promovió esta causa criminal desde marzo de 2019 y le llamó Fraude Sobre Gualcarque, pero en su red social el Poder Judicial lo ha bautizado con el eufemismo de “Agua Zarca”.
Aunque la Maccih señaló la responsabilidad de la administración pública en esta secuencia de supuestas irregularidades, no hay ningún político o empresario de alto perfil acusados en este caso. “Toda la investigación evidencia la actuación irresponsable de la administración pública, que para favorecer a la empresa DESA realizó trámites ilegales y omisión de informes para la concesión de recursos hídricos, afectándose a especies en peligro de extinción, flora, fauna y consumo humano”, dice el comunicado que emitió la Maccih en marzo de 2019.
En su comunicado la Maccih señaló que el gerente que firmó el contrato fue Roberto Martínez Lozano, el mismo político que en los noventa estuvo implicado junto al ex presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) en los impunes escándalos de supuesta corrupción y delitos ambientales de Ciudad Mateo. Callejas recibió 14 cartas de libertad en Honduras y en la actual década fue extraditado a Estados Unidos por otro caso de corrupción internacional. Allá falleció este año durante la pandemia.
El Poder Judicial informó ayer que la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba, como un paso previo al juicio oral y público, del caso denunciado por Berta Cáceres antes de su asesinato, será a finales de octubre.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=reporterosdeinv&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1300474715593728001&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.reporterosdeinvestigacion.com%2F2020%2F09%2F01%2Ftras-las-huellas-de-berta-caceres-cerca-de-juicio-oral-y-publico-16-supuestos-corruptos-denunciados-por-la-ambientalista%2F&sessionId=9491b9d6b5e72da7770e61cfb510ffe1b1bfea3d&siteScreenName=reporterosdeinv&theme=light&widgetsVersion=2d233ae%3A1618352735472&width=550px
El 4 de marzo de 2019, la Maccih anunció que la “la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC‐MP) presentó esta acusación ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción.
El requerimiento fiscal fue contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el denominado caso “Fraude sobre el Gualcarque”.
Antes de su asesinato, la líder indígena denunció que “los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la ENEE y DESA”.
Versión de la Maccih
La investigación reveló los siguientes hallazgos, según la Maccih:
1) La Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue creada el 20 de mayo de 2009 por Roberto Antonio Abate Ponce y Geovanny Isidro Abate Ponce con un capital de L 25,000.00. Se ha encontrado evidencia que Roberto Castillo desde esa época ya era representante de facto de DESA.
2) Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba como Asistente Técnico de Gerencia en la ENEE, al mismo tiempo que ejercía el dominio funcional de la empresa DESA. Este nombramiento le permitió acudir a las sesiones de Junta Directiva en calidad de invitado, donde se trataba la autorización y aprobación de contratos amparados en el decreto 70‐2007, específicamente el contrato con la empresa DESA, evidenciándose un conflicto de intereses.
3) Como consecuencia de dichas sesiones, se emitió la RESOLUCIÓN No. 01‐JD‐1078‐2010, de la Junta Directiva de la ENEE que resolvió: autorizar a la administración para iniciar el proceso de aprobación de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica entre la ENEE y las empresas que incluye a Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA).
4) Luego de obtenido el contrato de suministro de energía eléctrica con la ENEE, Roberto David Castillo Mejía, formaliza su vinculación con DESA, ya que se convierte en Presidente del Consejo de Administración y se le otorgan parte de las acciones de DESA, a través de una entidad asentada en Panamá de nombre Potencia de Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA), cuyos socios y directivos resultan ser Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo Argueta (quien es la persona que firma el contrato con la ENEE en nombre de DESA). Con lo anterior se demuestra, que Castillo Mejía durante el tiempo que estuvo en calidad de funcionario de la ENEE, ocultó la vinculación que tenía con la empresa DESA, en la cual tenía una participación directa, primero ocultando las acciones a través de una sociedad anónima de la cual era socio y directivo y luego haciendo firmar el contrato a la que era su socia en dicha sociedad panameña.
5) La colusión de Roberto David Castillo Mejía con funcionarios de la ENEE para favorecer a DESA, se evidencia con las anomalías administrativas que se dieron en la aprobación y asignación del contrato de suministro de energía eléctrica a DESA:
a) David Castillo Mejía, Sub Teniente de Inteligencia se encontraba laborando en la Dirección de Inteligencia de la Secretaria de Defensa, cuando ingresó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en junio del 2007, como parte de la junta interventora de la ENEE. Desde su ingreso laboró con Carolina Lizeth Castillo Argueta.
b) Carolina Castillo Argueta fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE que le permitió tener conocimiento del Estudio de factibilidad para el Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque, expediente 28‐E‐2003, correspondiente a una capacidad generadora de 6 MW en la ubicación clasificada con el número 460. Este proyecto fue declarado improcedente por el entonces Secretario General de SERNA por no cumplircon los requisitos legales requeridos.
c) Al momento de la aprobación y firma del contrato, Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba en la ENEE, como Asistente Técnico de Roberto Aníbal Martínez Lozano, quien firma el contrato con DESA, en su calidad de Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
d) El contrato fue firmado sin que se verificase que DESA no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado, violentando así lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
e) Se le asignó dicho contrato a una empresa de reciente creación, que no tenía las capacidades, la experiencia y el capital para desarrollar un proyecto de tal envergadura.
6) El Fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para favorecer el proyecto que desarrollaría la empresa DESA, con la participación de varios funcionarios de diferentes instituciones públicas (SERNA, ENEE, INA, ICF y la Municipalidad de San Francisco de Ojuera), quienes agilizaron el trámite del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de manera irregular, con evidente concertación entre los ahora imputados:
a) El Estudio de Factibilidad del Proyecto que fue requerido a la SERNA el 5 de octubre de 2009 y concedido el 16 de diciembre de ese mismo año, transitó por 4 Direcciones especializadas dentro de la institución y fue autorizada sin ubicar de forma fehaciente los terrenos objeto de la concesión, ni comprobar a quien pertenecían; sin que los términos de referencia se adecuaran a la normativa y sin que se presentase constancia municipal de anuencia de la comunidad. Las irregularidades fueron advertidas por la Dirección Legal de la SERNA, pero brindaron opinión favorable al proyecto sin esperar la subsanación de los requisitos que ellos mismos observaron.
b) Además, la realización del Estudio de Factibilidad es un proceso detallado y complejo que toma meses de mediciones y análisis, pero la representante legal de DESA presentó el Estudio finalizado 24 horas y 5 minutos después de su autorización. Se ha establecido durante la investigación que el Estudio contenía datos del Estudio de Factibilidad hecho en el 2003 para un proyecto similar que iba a ser financiado por la ENEE y por su Sindicato de trabajadores (cuya presidenta fue Carolina Lizeth Castillo Argueta) y que fue desechado.
y el documento de titularidad de tierras. Esta situación se repite en la emisión del Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica.
d) El 24 de marzo de 2011, SERNA emitió la Licencia Ambiental categoría 2 para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, valiéndose en una serie de situaciones contrarias a la legislación, entre las que destaca la incorrecta clasificación del proyecto. Categorizar el proyecto en un nivel inferior al que correspondía por ley incrementa los beneficios que DESA percibiría por su inversión en dos sentidos: abaratando los costos de licenciamiento, al disminuir los pagos al Estado en concepto de concesión y aminorando los costos de oportunidad, al obviarse la exigencia de presentación de un Estudio Ambiental completo que requeriría mediciones de caudal por los dos años posteriores a la autorización del mismo. La emisión de las licencias es posterior a las contratas, en contravención a la normativa de la materia.
e) En el año 2011, la Empresa DESA solicitó la ampliación de las Contratas y la Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, pidiendo la aprobación de una capacidad generadora de 21 MW. Estos incrementos se justificaban en un proceso de optimización que incluía la adición de una tercera turbina; sin embargo, las investigaciones han determinado que el caudal del río Gualcarque no es suficiente para activar una tercera turbina, ni siquiera la segunda turbina podría producir es capacidad en los momentos de más altos niveles de precipitación. Además, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no se encontraba en operación, por lo que no podía medirse la viabilidad de la ampliación que se solicitaba.
f) Este punto es de gran importancia pues cada turbina incrementa el costo de la inversión de DESA, asignando varios millones de dólares que nunca serían capaces de producir. Esta inversión más allá del punto de eficiencia solo puede justificarse con el hecho que este alto nivel de inversión se vería directamente reflejado en el precio al ue podrían vender la energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Varios mensajes recién publicados ofrecen nuevas revelaciones sobre el complot para asesinar a la reconocida activista Berta Cáceres en Honduras, que ponen al descubierto cómo las autoridades fracasaron en su intento de llevar ante la justicia a los presuntos autores intelectuales del crimen.
Registros de conversaciones personales, así como mensajes de texto y de WhatsApp descubiertos por la Fiscalía de Honduras revelaron que el escuadrón de sicarios “se comunicó mediante una cadena compartimentada que llegó a los niveles más altos de la dirección” de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la empresa que construía la represa hidroeléctrica Agua Zarca, como informó el Intercept el 21 de diciembre.
Cáceres, quien ganó el prestigioso premio ambiental Goldman en 2015, había protestado mucho tiempo por la construcción de la represa, que amenazaba la supervivencia de la comunidad indígena Lenca a lo largo del río Gualcarque. La activista fue asesinada a tiros en marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, en el suroeste de Honduras.
Una de las conversaciones del grupo incluía al director ejecutivo de DESA Roberto David Castillo Mejía y al director financiero Daniel Atala Midence, así como a los miembros de la junta directiva de DESA José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras y tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras.
“O ellos o nosotros”, decía el miembro de la junta de DESA Pedro Atala Zablah en un mensaje al grupo en octubre de 2015, refiriéndose al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización fundada por Cáceres, cuyos miembros se oponían a la represa.
“Mandemos mensaje. ‘Ke’ nada será fácil para esos ‘hdp’”, escribió.
Un abogado de Daniel Atala Midence y Pedro y José Eduardo Atala Zablah declaró a The Intercept que sus clientes “niegan completamente participación alguna en este lamentable crimen”. Ninguno de ellos ha sido arrestado o ha enfrentado cargos penales.
Siete de los ocho acusados de perpetrar el asesinato de Cáceres —entre ellos exmilitares entrenados por Estados Unidos y empleados de DESA— fueron declarados culpables en noviembre de 2018 y posteriormente sentenciados a penas de prisión entre 30 a 50 años.
Al leer el veredicto contra los asesinos de Cáceres, la corte determinó que ejecutivos de DESA habían ordenado la muerte de la ambientalista porque sus esfuerzos habían causado pérdidas financieras a la empresa y retrasos en el proyecto.
En marzo de 2018, las autoridades hondureñas detuvieron a Castillo Mejía, director ejecutivo de DESA en el momento del homicidio de Cáceres, por su participación como presunto autor intelectual. Sin embargo, este aún espera juicio debido a varias dilaciones y otras irregularidades en el caso. Una ley hondureña que rige la detención preventiva podría permitir la liberación de Castillo Mejía si no se decide su caso antes de marzo de 2020. Él ha negado todas las acusaciones que se le imputan.
Análisis de InSight Crime
El asesinato de Cáceres no fue una decisión tomada en el calor del momento, fue la “culminación de años de corrupción y violencia coordinadas”, según el Intercept. Aunque quienes apretaron el gatillo están tras las rejas, las autoridades hondureñas parecen tener menos interés en procesar a los presuntos autores intelectuales del asesinato, lo que deja intacta casi en su mayoría a la red criminal que ordenó el homicidio.
Por más de un año, los ejecutivos de DESA planearon metódicamente los ataques a Cáceres y su organización, mediante una cooptación sistemática de la policía, funcionarios de gobierno y medios de comunicación, según el Intercept.
En 2013, cuando el ejército hondureño asesinó al miembro del COPINH Tomás García durante una protesta por la construcción de la represa de Agua Zarca, Atala Midence y Castillo Mejía rápidamente maquinaron para “controlar las versiones de los medios”, usando sobornos a los reporteros para que describieran el hecho fatal como un “enfrentamiento por oposición a represa”, según el Intercept.
“Pagale al reportero de HCH”, ordenó Castillo Mejía a Atala Midence en referencia al canal local de noticias HCH Televisión Digital. “1000 lempiras [unos US$40] por la semana pasada […] y ahorita podemos dar otros mil”.
Los presuntos conspiradores en la muerte de Cáceres también dependieron supuestamente de aliados en la policía local para intimidar a los miembros de la comunidad que protestaban por la construcción de la represa.
“Le agradecemos el apoyo que nos dio ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policía Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, dice el mensaje de Castillo Mejía a un jefe de policía; más adelante, el ejecutivo compartió el mensaje en la conversación grupal de los miembros de la junta de DESA, otros ejecutivos y demás empleados.
Tras el asesinato de Cáceres, los miembros de la empresa se apoyaron en sus poderosos aliados políticos, como el ministro de seguridad Julián Pacheco, quien, según el Intercept, prometió a Pedro Atala Zablah pocos días después del homicidio que este se clasificaría como “crimen pasional” para desviar atención indeseada de la empresa.
Los mensajes indican que los implicados en el complot para asesinar a Cáceres sabían que tenían suficientes amigos en altos cargos para asegurar que las posibilidades de ser llevados ante la justicia fueran remotas o nulas. Hablaron claramente de sus intenciones en los mensajes, discutiendo detalles de la “misión”, los sobornos que se pagarían y las armas que se intercambiarían para perpetrar el crimen.
Como están las cosas, las élites que sienten que pueden planear y perpetrar deliberadamente un asesinato de una figura pública y quedar impunes parecen tener razón.
Berta Cáceres recibió el premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo para ambientalistas. Su campaña logró que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran su respaldo a un polémico proyecto hidroeléctrico.
La ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, fue asesinada este jueves en la madrugada en La Esperanza, en el oeste del país.
Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos. De acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen.
La madre de Cáceres reveló que la policía dice que se trató de un intento de robo.«Pero todos sabemos que fue por su lucha», agregó en declaraciones recogidas por la agencia AFP.
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En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.
Fue entonces cuando BBC Mundo la entrevistó y publicó el siguiente artículo.
Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros.
Nada ha podido detener la lucha de una mujer hondureña.
Una madre de cuatro hijos cuya campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió esta semana uno de los premios ambientales más prestigiosos globalmente, el premio Goldman.
La vivienda de Cáceres amaneció bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.
Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no han cesado en el país centroamericano, el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, según un informe divulgado esta semana por Global Witness, una ONG con sede en Londres.
Asesinatos
El informe titulado «¿Cuántos más?» señala que en 2014 Honduras fue el país que registró más asesinatos per capita de defensores del ambiente en todo el mundo.
Ceremonia para recordar a los tres líderes lenca asesinados durante la campaña contra la represa de Agua Zarca.
De las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año pasado –el número real puede ser mayor– casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.
En el caso de Honduras, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. «Más de 80 tuvieron lugar sólo en los últimos tres años en una región, Bajo Aguán», dijo Chris Moye, de Global Witness, a la BBC.
La ONG cuestiona que mientras los gobiernos se reúnen constantemente a discutir en foros globales el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente sin siquiera generar cobertura en la prensa internacional.
Para Chris Moye, el caso de Berta Cáceres es representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores del ambiente en Honduras.
¿Cuál es la historia de esta mujer cuyo pueblo se considera guardián de los ríos?
«Aprendí de mi madre»
Cáceres asegura que aprendió de su madre el sentido de la justicia.
Cáceres junto a su madre doña Berta, partera y enfermera que asisitió a refugiadas salvadoreñas. «Somos de una familia de muchas mujeres a las que le ha tocado luchar solas».
«Crecí en un hogar dirigido sólo por mi mamá y desde temprano ella trabajó en la defensa de los derechos humanos».
Su madre, doña Berta, fue partera, enfermera y alcaldesa y en la peor época de la represión de los 80 se dedicó atender la salud de refugiadas salvadoreñas.
«A mi madre le tocó vivir dictaduras, golpes de Estado, y hasta hoy en día me motiva para continuar con esta lucha«.
La actitud frente a la vida de doña Berta marcó profundamente a su hija. De niña ayudó a su madre, participó luego activamente en organizaciones estudiantiles y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
«Pueblo milenario»
La defensa de la naturaleza es parte del ADN de Cáceres y está enraizada en su identidad lenca.
Río Gualcarque, sagrado para los lencas y vital para su supervivencia.
«Actualmente somos más de 400 mil lencas. Somos un pueblo milenario en Honduras y el oriente de El Salvador«.
«Nos consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos», dijo Cáceres a la BBC.
En la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas.
Una de las mayores luchas por esos ríos ha sido de Agua Zarca.
La represa de Agua Zarca
Fue en 2006 que la comunidad lenca de Río Blanco buscó la ayuda de la organización fundada por Cáceres.
«Comenzó a ingresar maquinaria pesada al lugar. Ahí se dieron cuenta que era un proyecto hidroeléctrico, nadie del gobierno les había comunicado nada».
Cáceres ha sufrido múltiples amenazas de muerte y secuestro. También demandas judiciales con «cargos fabricados», según Global Witness.
El proyecto de la represa de Agua Zarca fue aprobado con una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA, DESA, que inicialmente logró el respaldo de la compañía china Sinohydro.
La organización que concedió el premio a Cáceres señala que a partir del golpe de estado de 2009, Honduras vio un aumento explosivo de megaproyectos, especialmente vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras.
La represa de Agua Zarca «hubiera significado desplazamientos y hubiera impedido a la comunidad desarrollar sus actividades agrícolas. No sólo se privatiza el río sino varios kilómetros a la redonda», dijo Cáceres a la BBC.
En esos proyectos «el río deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas».
Bloqueo y «hostigamiento militar»
En más de 150 asambleas indígenas las comunidades lencas expresaron el rechazo a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque.
El proyecto hidroeléctrico negó, según Cáceres, el derecho de consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.
Ante la falta de respuesta del gobierno, en 2010 Cáceres llevó la protesta a la capital, Tegucigalpa, para exigir al Congreso el rechazo al proyecto hidroeléctrico.
«Pero otorgaron los ríos a empresas privadas por más de 30 años«.
Finalmente, en 2013, el pueblo lenca comenzó una toma indefinida de carreteras para impedir la entrada de maquinaria.
El bloqueo duró más de un año y fue según Cáceres uno de los períodos más difíciles.
«Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados, sicarios. Incluso la policía hizo acciones en que apuntó los cañones de sus fusiles a las cabezas de niños y niñas y ancianos de Río Blanco».
Tres líderes lenca fueron asesinados durante la campaña de Agua Zarca, según Global Witness.
Uno de ellos fue Tomás García. El militar que le disparó durante el bloqueo fue detenido por unos días y luego puesto en libertad.
El retiro del gigante chino
A finales de 2013, Sinohydro dio por terminado el contrato con DESA, señalando públicamente como motivo la continua resistencia comunitaria.
La Corporación Financiera Internacional retiró posteriormente su financiación citando inquietudes sobre violaciones de los derechos humanos.
Y organizaciones internacionales como Amigos de la Tierra instan ahora a otra empresa, la alemana Voith Hydro, a que abandone su respaldo al proyecto.
Derechos humanos
El proyecto de Agua Zarca está detenido por el momento.
«Pero amenazan con construir en otro punto, aguas arriba. Y también está Blue Energy, otro proyecto sobre el río Cangel, con capitales estadounidenses y canadienses», por el que Cáceres asegura haber recibido múltiples amenazas.
El proyecto negó, según Cáceres, el derecho de consulta previa en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.
«Sabemos que es muy duro y que es una situación que se va a agravar».
Luego de una visita a la región en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció «reportes que apuntan a una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos (…) a pesar de patrones de violencia identificados por organizaciones campesinas en relación a la posible participación del Estado en los presuntos incidentes».
El país fue retirado de la lista negra de la Comisión, algo que según la misma sólo implica un sistema de monitoreo distinto.
El gobierno hondureño recogió la medida el 27 de enero de 2015 con una declaración en el sitio presidencial: «Por primera vez, después de cinco años, un gobierno logra que Honduras sea excluida de la Lista Negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que demuestra el firme compromiso del presidente Juan Orlando Hernández en garantizar que se respeten los derechos humanos de los hondureños».
«Me lo dijo el río»
Dos de los hijos de Cáceres ya abandonaron Honduras por temores de seguridad.
«Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río».
«Seguiremos ya no sólo como pueblo lenca sino con otras organizaciones con la esperanza de cambiar la situación en nuestro país», dijo Cáceres a la BBC.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, hace cinco años. Ella, sin lugar a duda, es una de las referentes políticas más importantes en la historia reciente del país centroamericano por su incansable compromiso a la lucha en defensa de los derechos de los pueblos más vulnerables como los pueblos indígenas, de la democracia y de los territorios.
El asesinato de Berta se produjo en un periodo que inició con el golpe de estado el 28 de junio de 2009 y que se extiende hasta el día de hoy. Este periodo se puede caracterizar por la descomposición del orden democrático con sucesivos gobiernos dictatoriales, y una agravada crisis económica, política y social.
Berta, como más de cien otros líderes y lideresas, fue asesinada por atreverse a cuestionar y luchar en contra este proceso facilitado e implementado con el golpe de Estado, de privatización, despojo en los territorios, cortes al sector público y a los programas sociales, retirada de derechos conquistados, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, aumento de políticas represivas, entre otros.
Berta también cuestionó fuertemente el papel de poderes imperialistas, empresas transnacionales e instituciones financieras en propagar la crisis en Honduras para poder beneficiarse. En especial, entendía que el papel de Estados Unidos tenía mucha importancia. En una entrevista en 2014, criticó directamente a Hillary Clinton, quien era Secretaría del Estado en 2009, por su papel en concretar el golpe de Estado. Estaba clara de la importancia geopolítica de Honduras y los grandes intereses que se movían detrás de estas jugadas.
La concesión otorgada, de manera fraudulenta por cierto, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para hacer un proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque se dio un año después del golpe de Estado. En septiembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el contrato No. 043-2010 entre la ENEE y DESA para la venta de energía.
Fue en esas fechas que la comunidad empezó a movilizarse y resistir la imposición del proyecto y en una asamblea comunitaria en 2010 declararon, “Que ante la agresiva, inconsulta, ilegítima y servil decisión del Congreso Nacional de entregar a manos privadas nuestros ríos y agua con el fin de generar más ganancias a empresarios mediante la generación de energía hidroeléctrica privada, grupos de poder que jamás se han preocupado, ni se preocuparán por cuidar nuestra riqueza natural, expresamos nuestro total rechazo a esa decisión.”
En esta lucha que lideraba Berta con su organización el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, se iban dando cuenta a través de meticulosas investigaciones hechas por la organización, que el proyecto que querían imponer sobre el sagrado Río Gualcarque no solo era interés de la oligarquía hondureña sino de una serie de instituciones y bancos internacionales.
Producto a los grandes intereses en este proyecto, tanto Berta como otros miembros del COPINH y de la comunidad recibían constante hostigamiento por parte de la seguridad privada de la empresa DESA, de las fuerzas de seguridad del estado hondureño y de otras personas sin vinculo institucional claro. Este hostigamiento incluía seguimiento, amenazas de muerte, persecución, judicialización, intentos de quebrar unidad de la comunidad y de la organización, y violencia física incluyendo el asesinato de 6 personas incluyendo a Berta.
La organización sostiene que el hecho de mantener el financiamiento a un proyecto que infringe sobre los derechos de las personas y que ha cobrado varias vidas, implica un nivel de responsabilidad.
Un actor fundamental en lo que fue la persecución de Berta Cáceres y su eventual asesinato, es el gobierno de EEUU. Si bien no hay pruebas de la participación directa en la planeación y la ejecución del crimen, sí existen vínculos directos por el apoyo que daba al proyecto y el entrenamiento militar de personas que participaron en el asesinato. Y en general se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.
«se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.»
Financiamiento y apoyo a Agua Zarca
Como ya se mencionó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su momento contaba con inversión y apoyo de grandes instituciones y bancos internacionales. Entre ellas: el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el FMO de Holanda, FinnFund de Finlandia, Voith Hydro con sede en Alemania, Banco Lafise, el Banco Mundial y La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
USAID tiene un largo trayecto de utilizar su poder como agencia de ayuda financiera para promover la agenda de Estados Unidos donde va. En el caso de Agua Zarca, la USAID firmó un convenio con la empresa DESA en diciembre de 2015, cuando ya la resistencia contra el proyecto llevaba 5 años, y había serias acusaciones contra DESA por violaciones de derechos humanos de las comunidades resistiendo el proyecto y por cometer fraude en el proceso de otorgamiento de permisos para el mismo. Sin embargo, la USAID con su programa MERCADO firmó con DESA un convenio por un proyecto de asistencia a productores agrícolas de los municipios aldeanos a Agua Zarca.
Firma de convenio entre la empresa DESA y la USAID. Con camisa blanca Sergio Rodríguez Diciembre 2015. Fotografía cortesía Proceso Digital.
En el comunicado de prensa anunciando el convenio firmada por USAID y Hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala, afirma que “Hidroeléctrica Agua Zarca desarrolla varias actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto en temas salud, educación, prácticas medioambientales responsables y actividades de desarrollo comunitario.”
Cabe destacar que la firma de DESA fue a través de Sergio Rodríguez quien fue condenado por participar en el asesinato de Berta. Según investigaciones sobre el asesinato de Berta. Cuando este convenio fue firmado por Rodríguez y los representantes de la USAID, los planes para asesinar a Berta, que Rodríguez ayudó a construir, ya estaban en marcha.
Convenio firmado entre la empresa DESA y la USAID. Diciembre de 2015.
Así que la promoción de un convenio para “apoyar agricultores” en este contexto no es un hecho inocente, la USAID con conocimiento de la fuerte resistencia al proyecto, los asesinatos de líderes y la persecución contra ellos, dio un respaldo contundente a DESA y a sus acciones en un momento decisivo.
Entrenamiento militar
Hasta la fecha han sido condenadas siete personas por haber participado en el asesinato de Berta Cáceres y uno, David Castillo, se mantiene en prisión preventiva esperando juicio. Aunque, como el COPINH ha denunciado reiteradamente, falta mucho para lograr la justicia real que contempla los autores intelectuales que son quienes financiaron y planificaron el asesinato, lo que se sabe de las personas ya condenadas y vinculadas al caso revela mucho sobre la estructura criminal que existe en Honduras para llevar a cabo estos crímenes.
La participación de miembros del ejército de Honduras es un punto destacable, de las personas que son formalmente vinculadas al caso, según la justicia hondureña, cinco son vinculados con el ejército y de ellos varios recibieron entrenamiento militar de los Estados Unidos.
El entrenamiento militar que históricamente ha prestado EEUU a Honduras, como a otros países de la región, ha sido un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta institución que en reiteradas ocasiones ha sido acusada de severas violaciones de derechos humanos entre otras cosas y que como demuestra el caso de Berta, entre miles de otros, tiene vínculos directos con estructuras criminales.
De los vinculados al caso, se sabe que David Castillo y el Mayor Mariano Díaz Chávez, oficiales del ejército recibieron capacitación militar de EEUU.
David Castillo, el presidente de la empresa DESA e imputado como coautor del crimen, fue Subteniente de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y según registros, habría sido formado en la academia militar de los EEUU West Point.
Captura de pantalla, página oficial de la West Point Association of Graduates.
El mayor Mariano Díaz Chávez durante su largo trayecto en el ejército que comenzó en 1992, según investigación hecha por COPINH, habría recibido capacitaciones del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCSOUTH) cuando estaba en el 15° Batallón en la región del Bajo Aguán en 2012. Él era instructor de la nueva fuerza militar creada en 2015 llamada Policía Militar para el Orden Público, cuyos instructores y comandantes participaron en el entrenamiento SOCSOUTH del 15° batallón.
A la derecha, Mariano Díaz Chávez en misión internacional en el Sahara. Fotografía cortesía de Notibomba.
Aliados incondicionales
Estos vínculos directos que existen entre instituciones de EE.UU. como la USAID y el Comando Sur con el proyecto Agua Zarca e individuos que participaron en el asesinato de Berta, no son hechos aislados ni sorprendentes visto de cara a la relación histórica que los EE.UU. tiene con Honduras.
A pesar de la profunda crisis institucional, política, económica y social que existe en Honduras y las constantes violaciones a los derechos fundamentales del pueblo hondureño a manos del Estado, el gobierno de Honduras goza de una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, que se autoproclama como el veedor de los derechos humanos en el mundo.
Mientras tanto, el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, JOH, ha sido acusado, en cortes de Nueva York, de haber participado activamente en el tráfico de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En 2017, el gobierno de JOH fue acusado de cometer fraude electoral, tras modificar la constitución de manera dudosa para que pudiera ser presidente en un segundo mandato. Las calles y carreteras desbordaron en movilizaciones masivas en todo el territorio nacional contra el fraude, en las cuales 40 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, y hasta la Organización de Estados Americanos reconoció la existencia del fraude y llamó a repetir las elecciones. Cuando los resultados ‘oficiales’ fueron publicados un mes después de las elecciones el gobierno de EEUU respaldó a JOH y reconoció su ‘victoria.’
No es difícil entender porque existe esta relación especial entre Honduras y Estados Unidos. Honduras ha sido el base de operaciones para el gobierno de EEUU por décadas con el base militar Palmerola/Soto Cano al centro. EEUU ha utilizado la base de Palmerola, considerada una de los bases estadounidenses más grandes del mundo, por décadas y hoy alberga soldados estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Comando Sur del Ejército Estadounidense.
Así como Palmerola, existen numerosos ejemplos de cómo EEUU se beneficia económicamente y políticamente del orden represivo, neoliberal y militarista en Honduras que ha devastado el país en todo sentido. Mientras existen estos beneficios, el gobierno de Estados Unidos no tiene problema en mantener un constante flujo de fondos hacia el ejército y mega-proyectos extractivos, armas y municiones para la fuerza pública, y un constante respaldo político al gobierno que es considerado ilegitimo. La vinculación de la principal empresa estadounidense de Aceros NUCOR con el caso de criminalización e injusto encarcelamiento de los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol por protestas en contra de la minera Ecotek-Los Pinares, da cuenta de esto.
Existen iniciativas por parte de diputados progresistas que han sido construido con organizaciones de Honduras para frenar este apoyo incondicional del gobierno nacional como el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” para los derechos humanos en Honduras y el reciente Proyecto de Ley de Derechos Humanos Y Anticorrupción de Honduras, pero no han podido avanzar. Hasta que se logre cortar este apoyo, las elites y corruptos de Honduras tendrán carta blanca para seguir llevando a cabo sus políticas de muerte y asesinatos como el de Berta.
A cinco años de la siembra de su legado, persiste la impunidad.
Ma. Luisa Gomez, abogada para Honduras del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Berta Cáceres era consciente de que su vida estaba amenazada a consecuencia de la lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal que impulsaba desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que co-fundó en 1993 para hacer frente al avance del extractivismo depredador en Honduras.
Durante años, denunció públicamente las amenazas de muerte que recibía, los hostigamientos y ataques de los que era objeto, las campañas de estigmatización y la criminalización a la que fue sometida como consecuencia de su labor de defensa de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Y, sobre todo, del territorio lenca y del río Gualcarque, amenazados ante el otorgamiento ilegal e inconsulto de una concesión administrativa a la empresa Desarrollos Energéticos S. A (DESA) para establecer el Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca en territorio lenca.
En el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora, reconociendo expresamente la situación de riesgo en la que vivía y requiriendo a Honduras que tomara medidas específicas para asegurar su vida y su integridad.
Sin embargo, Honduras no cumplió con sus obligaciones internacionales y no garantizó la protección reforzada que requería Berta, en su doble condición como mujer defensora indígena y como beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH. Finalmente,las amenazas, estigmatización y criminalización a las que la defensora estuvo sometida durante años ante la más absoluta inacción estatal, culminaron con su asesinato el 2 de marzo de 2016.
En este sentido, es importante recordar que Honduras tiene una serie de obligaciones que emanan de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte, cuya inobservancia puede generar su responsabilidad internacional. En efecto, los órganos interamericanos de derechos humanos (Corte IDH y CIDH), han aclarado el contenido y los alcances del deber general de respeto y garantía, en particular, cuando se trata de personas defensoras de derechos humanos, y específicamente, de mujeres defensoras de derechos humanos.
Por ejemplo, la Corte IDH ha reiterado que, debido al importante rol que juegan las y los defensores de derechos humanos para la democracia y el Estado de derecho, los Estados tienen algunas obligaciones reforzadas para garantizar su protección. Así, por ejemplo, Honduras debió haber tomado todas las medidas razonables a su alcance para prevenir las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de Berta, al menos por dos motivos:
El primero, que Berta había puesto en conocimiento del Estado la situación de riesgo en la que se encontraba, tanto a través de denuncias ante el Ministerio Público, como en el marco del proceso ante la CIDH. Y el segundo, que tal y como han señalado organismos internacionales como Global Witness o la CIDH, cuando fue asesinada la lideresa, en Honduras existía un contexto general de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos que hacía que la situación de peligro en la que se encontraba Berta no fuera un hecho aislado, sino un problema estructural ante el cual el Estado debía tomar medidas. Cabe señalar que este grave contexto de riesgo prevalece hasta la fecha.
Asimismo, según la jurisprudencia de la Corte, Honduras tenía la obligación de remover todos los obstáculos para que Berta pudiera ejercer su labor de defensa libre de riesgo, y en particular, tenía el deber de abstenerse de emitir pronunciamientos públicos que pudieran estigmatizarla. Sin embargo, como quedó documentado en el marco de las medidas cautelares, fueron precisamente funcionarios estatales quienes estuvieron detrás de muchos de los hostigamientos en su contra. En consecuencia, el Estado tampoco cumplió con esta obligación.
Finalmente, pero no menos importante, Honduras tenía la obligación de investigar con la debida diligencia todos los delitos cometidos en su contra, tomando en cuenta su rol como persona defensora de derechos humanos dentro de las hipótesis de investigación, y barajando la posibilidad de que las amenazas y ataques pudieron haberse producido como represalia por su labor.
Sin embargo, Honduras nunca esclareció ninguno de los hechos denunciados por Berta antes de su asesinato, ni mucho menos, identificó, juzgó y sancionó a sus responsables. Esta omisión estatal es muy grave, pues los órganos interamericanos han reiterado que una investigación diligente y oportuna resulta fundamental para poder desactivar el origen del riesgo al que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos.
Al contrario, Berta fue criminalizada con el propósito de intimidar y obstaculizar sus legítimas acciones en defensa del territorio lenca y de los derechos de los pueblos indígenas. Es importante destacar que, mientras las denuncias contra Berta avanzaron con celeridad, los procesos impulsados por ella no presentaron avances nunca.
En definitiva, en el marco de la implementación de las medidas cautelares, se denunció reiteradamente ante el Estado y la CIDH que Berta estaba sometida a un nivel de riesgo muy elevado y que las medidas de protección con las que contaba no eran adecuadas ni eficaces para garantizar su protección. También se dio cuenta reiteradamente de la falta de avances sustantivos en las investigaciones de las amenazas y ataques padecidos por Berta, muchos de ellos perpetrados por funcionarios estatales. Y, sin embargo, el Estado nunca tomó medidas para corregir esta situación.
De la misma manera, también se reportaron específicamente constantes problemas en la implementación de las medidas de protección a nivel interno. Por ejemplo, se denunció que los patrullajes no se realizaban oportunamente, que las fuerzas militares habían tratado de vincularse a la implementación de las medidas, con la clara intención de intimidar a Berta; que se producían constantes fallos con las cámaras de seguridad, entre otras falencias que dejaban a Berta en desprotección. Sin embargo, tampoco así el Estado actuó para corregir estos problemas.
Por lo expuesto, no cabe duda de que Honduras no cumplió con el deber reforzado de protección de Berta Cáceres. Así, su asesinato no fue un hecho aislado, sino fruto de un continuo de violencia ante la que el Estado no actuó adecuadamente.
Además, tal y como fue reconocido por la sentencia mediante la cual se condenó a 7 personas por su autoría material de los hechos, “las acciones de represalias” en contra de Berta Cáceres se realizaron “con la finalidad de debilitar el movimiento que ella lideraba”.
Sin embargo, a cinco años de su asesinato, nos sigue preocupando el hecho de que los autores intelectuales y los que financiaron el crimen aún no hayan sido investigados, enjuiciados y sancionados. Ello, a pesar de que la misma sentencia ya mencionada, también reconoció que el crimen fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Aunado a ello, el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) también dejó claro en su Informe “Represa de Violencia” que había indicios suficientes que permitían afirmar que, a través de sus influencias y conexiones políticas, DESA mandató a empresas de seguridad privada y sicarios, pero también cooptó a fuerzas de seguridad del Estado y operadores de justicia, para controlar y neutralizar cualquier oposición al proyecto Agua Zarca.
Ante la impunidad que persiste todavía, hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que actúen con profesionalidad, transparencia e independencia, aseguren la participación plena y efectiva de las víctimas y sus representantes legales en todas las etapas de los procesos judiciales que actualmente se impulsan (y los que faltan por impulsarse), y garanticen una justicia completa y transparente para Berta Cáceres y el COPINH.
El pasado 2 de diciembre, a 45 meses del crimen y un año después de terminado el juicio, el poder judicial emitió sentencia en contra de siete autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y co-fundadora del COPINH y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. Entre los sentenciados se encuentran trabajadores de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.
