— Pruebas presentadas durante el juicio: (juntarlas en la nube? se podrá poner el linkde la nube? para ir actualizandola cada dia y para que no aparezca acá un enorme chorizo de imagenes)
— Artículos de prensa destacados: (cuantos? cuales?)
El nombre de Berta Cáceres, defensora de la tierra y el agua, referente del pueblo Lenca en Honduras donde se opuso a la construcción de una represa que asfixia al Río Blanco, sagrado para les suyos resuena ahora cuando todavía se escuchan los ecos de las jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. Asesinada en 2016 por sicarios ya condenados relacionados con la misma empresa responsable de la represa, ella fue víctima de un femicidio político al igual que las hermanas Mirabal a quienes se recuerda en esta fecha. La segunda etapa del juicio, contra los autores intelectuales sigue aplazándose sin más sentido que garantizarles impunidad.Por Claudia Korol
En todo el mundo se realizan en estos días jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, fecha que recuerda el crimen de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las “Mariposas” que enfrentaron a la dictadura de Trujillo en República Dominicana -responsable de más de 50.000 asesinatos de los pueblos dominicano y haitiano-, hasta su asesinato en 1960, un triple feminicidio político.
En los feminicidios políticos perpetrados en las últimas décadas, entre ellos los de Beti Cariño (2010 / Oaxaca, México), Nilce de Souza Magalhães (2016 / Rondonia, Brasil), Macarena Valdes (2016 / Wallmapu, Chile), Berta Cáceres (2016/ Honduras), Marielle Franco (2018/ Brasil), Cristina Bautista (2019 / Cauca, Colombia), en todos hay acciones previas y posteriores dirigidas a desprestigiar a las lideresas populares que tienen un rol fundamental en la defensa de cuerpos y territorios. En la mayor parte los autores de los crímenes continúan en la impunidad, ya que están involucrados grandes empresas -muchas de ellas transnacionales-, poderosos intereses políticos corporativos, asesoramiento internacional, gobiernos locales, fuerzas de seguridad. Algo similar sucede en los procesos de criminalización de las defensoras de territorios, comunidades y cuerpos en el Abya Yala.
Berta Cáceres: un crimen emblemático
En esta semana se debía reiniciar en Honduras el juicio a David Castillo –postergado por dos años y ocho meses por maniobras dilatorias de su defensa aceptadas por el tribunal-. Una vez más la audiencia fue suspendida por la interposición de un recurso de apelación de la defensa. Resulta vergonzosa la complicidad del Tribunal con los dueños del poder. Nos dijo Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y coordinadora general del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), en una entrevista previa a la audiencia, que las pruebas existentes contra David Castillo son contundentes e irrefutables. Por eso su defensa intenta llevar el juicio a un callejón sin salida.
COPINH ha denunciado que David Castillo, junto a los integrantes de la familia Atala –Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah- y Daniel Atala Midence, son los responsables intelectuales del asesinato de Berta. A pesar de las numerosas pruebas que los incriminan, los empresarios Atala –dueños de DESA- jamás fueron juzgados, ni siquiera citados como testigos. Señaló Bertha Zúniga Cáceres: “En este juicio se pretende lograr la condena al Presidente de la empresa DESA, el señor David Castillo, que tuvo un papel determinante en el crimen de la compañera Berta Cáceres, y en los ataques sistemáticos al COPINH. Para nosotras es importante, pues él representa los intereses de un grupo económico que se intenta imponer frente a los pueblos, a sus resistencias. Es una persona con entrenamiento militar, que responde a los intereses de la familia Atala, de los grupos que se han beneficiado del modelo económico basado en el extractivismo, para seguir aumentando sus ganancias. A él lo consideramos una pieza clave para vincular a los autores materiales que ya fueron condenados y a los autores intelectuales que guardan impunidad, por no existir voluntad del estado de Honduras para enjuiciarlos y condenarlos. Esta condena reafirmaría el hecho de que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha, que se oponía a intereses económicos en el país que siguen violentando a los pueblos. Es un juicio que simbólicamente es muy importante también para plantear las dimensiones de los agravantes en el crimen sobre ella como lideresa mujer de una organización de pueblos indígenas, que no tuvo miedo en señalar quiénes atacan a los pueblos”.
¿Quién es David Castillo?
En la noche del 2 de marzo de 2016, madrugada del 3 de marzo, fue asesinada Berta Cáceres, cofundadora y dirigente del COPINH, reconocida dirigente de la resistencia al golpe de estado, defensora de los territorios –especialmente en los que habita el pueblo Lenca- y en los últimos años profundamente comprometida en la oposición de la comunidad Lenca de Río Blanco a la construcción de la represa Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque –considerado un río sagrado por su pueblo-. El crimen de Berta levantó una movilización nacional e internacional exigiendo justicia.
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete sicarios como autores materiales del asesinato. Entre estos hombres, contratados por ejecutivos de DESA, están el ex jefe de seguridad de DESA y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos, Douglas Geovanny Bustillo, el ex sargento de fuerzas especiales Henry Hernández, el oficial de fuerzas especiales entrenado en Estados Unidos Mariano Díaz Chávez, y Edilson Atilio Duarte Mesa, integrante de las fuerzas armadas -en funciones a la hora del crimen-. No se trata de sicarios elegidos al azar. Es un grupo de tareas operativo, altamente calificado, con personal entrenado en Estados Unidos, coordinado por David Castillo, uno de los autores intelectuales juzgado en estos días, que ofició de enlace con los dueños de la empresa.
Presidente de DESA, empleado de los Atala, David Castillo es un ex oficial de inteligencia militar, que fue integrante de las Fuerzas Armadas de Honduras con el grado de Subteniente de Inteligencia Militar. Aparece en la lista de graduados del año 2004 de la academia militar estadounidense West Point. Está acusado de organizar el crimen, hacer inteligencia en el COPINH, y contratar a los asesinos. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, mientras intentaba salir del país. Desde su audiencia inicial el 9 de marzo de 2018, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
David Castillo fue el responsable de realizar una labor de inteligencia acercándose a Berta Cáceres, estableciendo una relación a través de la cual sacaba información para los planes de la empresa. Este vínculo está siendo utilizado ahora para atacar la imagen de Berta, profundizando las lógicas patriarcales de ataque a las mujeres dirigentes, a su vida privada, buscando justificar así la supuesta inocencia de David Castillo.
¿Por qué un feminicidio político?
Antes todavía del crimen, Berta había recibido numerosas amenazas. También había estado perseguida y presa por un montaje judicial organizado por el Ejército y la empresa DESA. También sufrió el acoso sexual de agentes de la inteligencia militar –entre ellos Douglas Bustillo y David Castillo-, y fue víctima de una campaña de desprestigio –que ahora se sabe que fue organizada por el grupo coordinado por Castillo, que contrató a periodistas para tal fin, y que finalmente la mató-.
La criminalización y estigmatización de Berta Cáceres fue el prólogo para el asesinato. En uno de los diálogos sostenidos con ella nos decía con su humor inconfundible: “Nos han acusado no solo de tráfico ilegal de armas, de violentas, de lucha armada, sino también de brujas. ¡Me han acusado de bruja! Es lo único que acepto. Algo de brujas tenemos para soportar lo que estamos viviendo y para seguir inventando nuevas luchas. Eso sí es verdad, digo. Pero lo demás no. Vivimos una enorme criminalización, especialmente por ser mujeres. Recibimos amenazas a nuestra vida, a nuestra integridad física, emocional, sexual, amenazas a nuestras hijas, hijos, a nuestros familiares más cercanos, a nuestras compañeras y compañeros del COPINH, a quienes nos acompañan, incluso así sean internacionalistas. Hay campañas de descrédito, acusaciones. Que somos putas, brujas, locas, que tenemos familias disfuncionales. Campañas nacionales en los medios de la oligarquía, con una gran carga de desprecio, de racismo, de patriarcado. (En el libro Las Revoluciones de Berta).
En diálogo con el periodista Dick Emanuelsson, en diciembre 2013, denunciaba Berta: “La concesión de Río Blanco la tiene DESA. Hasta ahora no ha podido contratar a ninguna empresa para seguir la construcción, precisamente por el nivel de lucha, de solidaridad y de denuncia. Por eso han aumentado la represión, el hostigamiento, las amenazas, los secuestros. Estos sicarios amenazan a las mujeres con hacerles cualquier cosa, ultrajarlas. ¿Quénes son? El jefe de seguridad de DESA, ex militar, el que se presenta como dueño de DESA, egresado de la West Point, especialista en inteligencia militar, y asesor de la Inteligencia del Estado Mayor. En todos los megaproyectos, hidroeléctricos o mineros, hay una vinculación con los militares. Yo fui presionada por ellos para sentarme a negociar con la empresa. Les dije: ‘no voy a hacer eso, no lo voy a hacer nunca’, pese a que el mismo dueño de la empresa me ofreció soborno. Como no les funciona eso, vienen después todas las acusaciones que se conocen, y amenazas de muerte. Tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa, donde incluso hay acoso sexual”. Eso, más el uso de las declaraciones de los que fueron nuestros compañeros: que somos traficantes de armas, que nos financian los europeos, los gringos, que degeneramos la lucha del COPINH, combinado con todo el mecanismo de querer pudrir a las organizaciones y despedazarlas, es una jugada muy inteligente. Es la estrategia gringa de contrainsurgencia”.
Inmediatamente después del asesinato se lo quiso presentar como “crimen pasional”. Abonado por esa campaña previa de desprestigio, realizada desde todas las usinas del poder patriarcal, y elaborado por la inteligencia militar, incluso la CNN repitió esa muletilla.
Ahora nuevamente se pretende oscurecer los móviles del crimen, presentando a David Castillo, y a sus operaciones de inteligencia militar, que incluyeron el acercamiento a Berta Cáceres, el intercambio de mensajes, el disfraz de “aliado”, mientras enviaba información a los jefes de la empresa, como argumentos para desdibujar la operación político militar de los dueños del poder.
En Conferencia de Prensa realizada por el COPINH y la familia de Berta Cáceres, expresaba Laura Zúniga Cáceres ante una pregunta insidiosa de un corresponsal de la prensa: “David Castillo es uno de los asesinos de Berta Cáceres. Fue un acosador, perseguidor de mi mami, que en reiteradas ocasiones la amenazó y buscó intimidarla. Sabemos que Berta Cáceres era una mujer fuerte, que no se dejaba intimidar, pero esa fue su función. Él buscaba intimidarla, le escribía siempre mensajes. Fue la comunicación entre un acosador, un hombre entrenado en inteligencia militar, hacia una persona que era su víctima.” Cuando el reportero le preguntó si había un vínculo amoroso entre ellos, Laura lo desmintió y agregó: “Mire, eso de intentar ligarlo con vínculos amorosos es bien feo, porque también vamos a recordar aquí que los femicidios de las mujeres, la mayor parte han sido realizados por personas cercanas, y que eso no justifica en nada el asesinato. Estamos hablando de un asesino, de un ex militar, utilizado por la familia Atala para atentar contra una mujer y un pueblo que está defendiendo su territorio, su vida y su río. Estamos hablando de un asesinato, de un asesino. Éste es un país donde hay impunidad, y tenemos que apostar a que se juzgue a los asesinos de los defensores y defensoras de la tierra y el ambiente, que sabemos que este país es uno de los más peligrosos para ellos y ellas”.
Contra la impunidad, por la vida
Los feminicidios políticos –como todos los crímenes que se enlazan en la necropolítica- tienen un objetivo altamente disciplinador y domesticador de las subjetividades. El patriarcado, como sistema estructural de opresión de las mujeres y disidencias sexuales, fue fundado y se rehace una y otra vez sobre la base de la violencia. En nuestro continente, se entrelaza con el colonialismo y la imposición del capitalismo depredador, destructor de la naturaleza, de las comunidades, de los pueblos. Los Estados Nación se han levantado a partir de sucesivos genocidios, invisibilizados por las versiones de la historia construidas por los vencedores. Desencubrir estas violencias, desenmascararlas, lograr el castigo a los responsables, es un hecho político sanador, que contribuye a la creación de una subjetividad capaz de ejercer rebeldías y resistencias. Por eso continuar las acciones internacionales por Justicia para Berta, y castigo a David Castillo y a los Atala, acuerpar al COPINH y a la familia de Berta Cáceres, es parte de las acciones que los feminismos populares realizan cotidianamente, en las cuales cada golpe dado al poder, cada ¡ya basta! expresado colectivamente, enriquece la capacidad de creer y crear un mundo donde las Bertas, las Macarenas, las Marielles, encuentren su lugar en nuestra memoria y en nuestro grito de Justicia.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, hace cinco años. Ella, sin lugar a duda, es una de las referentes políticas más importantes en la historia reciente del país centroamericano por su incansable compromiso a la lucha en defensa de los derechos de los pueblos más vulnerables como los pueblos indígenas, de la democracia y de los territorios.
El asesinato de Berta se produjo en un periodo que inició con el golpe de estado el 28 de junio de 2009 y que se extiende hasta el día de hoy. Este periodo se puede caracterizar por la descomposición del orden democrático con sucesivos gobiernos dictatoriales, y una agravada crisis económica, política y social.
Berta, como más de cien otros líderes y lideresas, fue asesinada por atreverse a cuestionar y luchar en contra este proceso facilitado e implementado con el golpe de Estado, de privatización, despojo en los territorios, cortes al sector público y a los programas sociales, retirada de derechos conquistados, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, aumento de políticas represivas, entre otros.
Berta también cuestionó fuertemente el papel de poderes imperialistas, empresas transnacionales e instituciones financieras en propagar la crisis en Honduras para poder beneficiarse. En especial, entendía que el papel de Estados Unidos tenía mucha importancia. En una entrevista en 2014, criticó directamente a Hillary Clinton, quien era Secretaría del Estado en 2009, por su papel en concretar el golpe de Estado. Estaba clara de la importancia geopolítica de Honduras y los grandes intereses que se movían detrás de estas jugadas.
La concesión otorgada, de manera fraudulenta por cierto, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para hacer un proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque se dio un año después del golpe de Estado. En septiembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el contrato No. 043-2010 entre la ENEE y DESA para la venta de energía.
Fue en esas fechas que la comunidad empezó a movilizarse y resistir la imposición del proyecto y en una asamblea comunitaria en 2010 declararon, “Que ante la agresiva, inconsulta, ilegítima y servil decisión del Congreso Nacional de entregar a manos privadas nuestros ríos y agua con el fin de generar más ganancias a empresarios mediante la generación de energía hidroeléctrica privada, grupos de poder que jamás se han preocupado, ni se preocuparán por cuidar nuestra riqueza natural, expresamos nuestro total rechazo a esa decisión.”
En esta lucha que lideraba Berta con su organización el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, se iban dando cuenta a través de meticulosas investigaciones hechas por la organización, que el proyecto que querían imponer sobre el sagrado Río Gualcarque no solo era interés de la oligarquía hondureña sino de una serie de instituciones y bancos internacionales.
Producto a los grandes intereses en este proyecto, tanto Berta como otros miembros del COPINH y de la comunidad recibían constante hostigamiento por parte de la seguridad privada de la empresa DESA, de las fuerzas de seguridad del estado hondureño y de otras personas sin vinculo institucional claro. Este hostigamiento incluía seguimiento, amenazas de muerte, persecución, judicialización, intentos de quebrar unidad de la comunidad y de la organización, y violencia física incluyendo el asesinato de 6 personas incluyendo a Berta.
La organización sostiene que el hecho de mantener el financiamiento a un proyecto que infringe sobre los derechos de las personas y que ha cobrado varias vidas, implica un nivel de responsabilidad.
Un actor fundamental en lo que fue la persecución de Berta Cáceres y su eventual asesinato, es el gobierno de EEUU. Si bien no hay pruebas de la participación directa en la planeación y la ejecución del crimen, sí existen vínculos directos por el apoyo que daba al proyecto y el entrenamiento militar de personas que participaron en el asesinato. Y en general se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.
«se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.»
Financiamiento y apoyo a Agua Zarca
Como ya se mencionó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su momento contaba con inversión y apoyo de grandes instituciones y bancos internacionales. Entre ellas: el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el FMO de Holanda, FinnFund de Finlandia, Voith Hydro con sede en Alemania, Banco Lafise, el Banco Mundial y La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
USAID tiene un largo trayecto de utilizar su poder como agencia de ayuda financiera para promover la agenda de Estados Unidos donde va. En el caso de Agua Zarca, la USAID firmó un convenio con la empresa DESA en diciembre de 2015, cuando ya la resistencia contra el proyecto llevaba 5 años, y había serias acusaciones contra DESA por violaciones de derechos humanos de las comunidades resistiendo el proyecto y por cometer fraude en el proceso de otorgamiento de permisos para el mismo. Sin embargo, la USAID con su programa MERCADO firmó con DESA un convenio por un proyecto de asistencia a productores agrícolas de los municipios aldeanos a Agua Zarca.
Firma de convenio entre la empresa DESA y la USAID. Con camisa blanca Sergio Rodríguez Diciembre 2015. Fotografía cortesía Proceso Digital.
En el comunicado de prensa anunciando el convenio firmada por USAID y Hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala, afirma que “Hidroeléctrica Agua Zarca desarrolla varias actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto en temas salud, educación, prácticas medioambientales responsables y actividades de desarrollo comunitario.”
Cabe destacar que la firma de DESA fue a través de Sergio Rodríguez quien fue condenado por participar en el asesinato de Berta. Según investigaciones sobre el asesinato de Berta. Cuando este convenio fue firmado por Rodríguez y los representantes de la USAID, los planes para asesinar a Berta, que Rodríguez ayudó a construir, ya estaban en marcha.
Convenio firmado entre la empresa DESA y la USAID. Diciembre de 2015.
Así que la promoción de un convenio para “apoyar agricultores” en este contexto no es un hecho inocente, la USAID con conocimiento de la fuerte resistencia al proyecto, los asesinatos de líderes y la persecución contra ellos, dio un respaldo contundente a DESA y a sus acciones en un momento decisivo.
Entrenamiento militar
Hasta la fecha han sido condenadas siete personas por haber participado en el asesinato de Berta Cáceres y uno, David Castillo, se mantiene en prisión preventiva esperando juicio. Aunque, como el COPINH ha denunciado reiteradamente, falta mucho para lograr la justicia real que contempla los autores intelectuales que son quienes financiaron y planificaron el asesinato, lo que se sabe de las personas ya condenadas y vinculadas al caso revela mucho sobre la estructura criminal que existe en Honduras para llevar a cabo estos crímenes.
La participación de miembros del ejército de Honduras es un punto destacable, de las personas que son formalmente vinculadas al caso, según la justicia hondureña, cinco son vinculados con el ejército y de ellos varios recibieron entrenamiento militar de los Estados Unidos.
El entrenamiento militar que históricamente ha prestado EEUU a Honduras, como a otros países de la región, ha sido un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta institución que en reiteradas ocasiones ha sido acusada de severas violaciones de derechos humanos entre otras cosas y que como demuestra el caso de Berta, entre miles de otros, tiene vínculos directos con estructuras criminales.
De los vinculados al caso, se sabe que David Castillo y el Mayor Mariano Díaz Chávez, oficiales del ejército recibieron capacitación militar de EEUU.
David Castillo, el presidente de la empresa DESA e imputado como coautor del crimen, fue Subteniente de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y según registros, habría sido formado en la academia militar de los EEUU West Point.
Captura de pantalla, página oficial de la West Point Association of Graduates.
El mayor Mariano Díaz Chávez durante su largo trayecto en el ejército que comenzó en 1992, según investigación hecha por COPINH, habría recibido capacitaciones del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCSOUTH) cuando estaba en el 15° Batallón en la región del Bajo Aguán en 2012. Él era instructor de la nueva fuerza militar creada en 2015 llamada Policía Militar para el Orden Público, cuyos instructores y comandantes participaron en el entrenamiento SOCSOUTH del 15° batallón.
A la derecha, Mariano Díaz Chávez en misión internacional en el Sahara. Fotografía cortesía de Notibomba.
Aliados incondicionales
Estos vínculos directos que existen entre instituciones de EE.UU. como la USAID y el Comando Sur con el proyecto Agua Zarca e individuos que participaron en el asesinato de Berta, no son hechos aislados ni sorprendentes visto de cara a la relación histórica que los EE.UU. tiene con Honduras.
A pesar de la profunda crisis institucional, política, económica y social que existe en Honduras y las constantes violaciones a los derechos fundamentales del pueblo hondureño a manos del Estado, el gobierno de Honduras goza de una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, que se autoproclama como el veedor de los derechos humanos en el mundo.
Mientras tanto, el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, JOH, ha sido acusado, en cortes de Nueva York, de haber participado activamente en el tráfico de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En 2017, el gobierno de JOH fue acusado de cometer fraude electoral, tras modificar la constitución de manera dudosa para que pudiera ser presidente en un segundo mandato. Las calles y carreteras desbordaron en movilizaciones masivas en todo el territorio nacional contra el fraude, en las cuales 40 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, y hasta la Organización de Estados Americanos reconoció la existencia del fraude y llamó a repetir las elecciones. Cuando los resultados ‘oficiales’ fueron publicados un mes después de las elecciones el gobierno de EEUU respaldó a JOH y reconoció su ‘victoria.’
No es difícil entender porque existe esta relación especial entre Honduras y Estados Unidos. Honduras ha sido el base de operaciones para el gobierno de EEUU por décadas con el base militar Palmerola/Soto Cano al centro. EEUU ha utilizado la base de Palmerola, considerada una de los bases estadounidenses más grandes del mundo, por décadas y hoy alberga soldados estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Comando Sur del Ejército Estadounidense.
Así como Palmerola, existen numerosos ejemplos de cómo EEUU se beneficia económicamente y políticamente del orden represivo, neoliberal y militarista en Honduras que ha devastado el país en todo sentido. Mientras existen estos beneficios, el gobierno de Estados Unidos no tiene problema en mantener un constante flujo de fondos hacia el ejército y mega-proyectos extractivos, armas y municiones para la fuerza pública, y un constante respaldo político al gobierno que es considerado ilegitimo. La vinculación de la principal empresa estadounidense de Aceros NUCOR con el caso de criminalización e injusto encarcelamiento de los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol por protestas en contra de la minera Ecotek-Los Pinares, da cuenta de esto.
Existen iniciativas por parte de diputados progresistas que han sido construido con organizaciones de Honduras para frenar este apoyo incondicional del gobierno nacional como el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” para los derechos humanos en Honduras y el reciente Proyecto de Ley de Derechos Humanos Y Anticorrupción de Honduras, pero no han podido avanzar. Hasta que se logre cortar este apoyo, las elites y corruptos de Honduras tendrán carta blanca para seguir llevando a cabo sus políticas de muerte y asesinatos como el de Berta.
Due Process of Law Foundation, Guatemala Human Rights Commissions, Plataforma Internaciones Contra la Impunidad, School of the Americas Watch and Robert F. Kennedy Human Rights.
Due Process of Law Foundation, Guatemala Human Rights Commissions, Plataforma Internaciones Contra la Impunidad, School of the Americas Watch y Robert F. Kennedy Human Rights.
