El papel de las FFAA en el crimen de Berta Cáceres

David Castillo utilizó sus conocimientos de inteligencia militar para monitorear, acosar e intimidar a Berta Cáceres.

Castillo coordinó junto a los ya condenados Douglas Bustillo y Mariano Díaz el operativo de asesinato de Berta Cáceres; los 3 son miembros de las fuerzas armadas de Honduras entrenados en los EEUU y utilizaron sus conocimientos de manera criminal.

Las autoridades niegan investigar estructuras dentro del ejercito involucrados en este tipo de crímenes. Mariano Díaz era Mayor activo y en curso de ascenso e instructor de la Policía Militar cuando fue capturado. ¿Porqué no se ha investigado la vinculación de otros altos mandos de las fuerzas Armadas en el crimen?

Formalización de acusaciones contra David Castillo

Acusación en representación de Salvador Zúniga

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Acusación en representación de Bertha Zúniga, Laura Zúniga, Olivia Zúniga y Maria Austra Flores

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Tribunal hondureño admite peritos en juicio contra presunto asesino de Berta Cáceres

MANAGUA (Sputnik) — El Tribunal de Sentencia Nacional, de Honduras, admitió tres peritos en el juicio oral contra David Castillo, acusado de coautoría en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, cometido por sicarios el 2 de marzo de 2016.”El tribunal ha admitido tres peritos propuestos por nuestro equipo legal que demostrarán que David Castillo, empresario y ex agente de inteligencia, formaba parte de una estructura criminal que planificó y ejecutó el crimen”, apuntó en la red social Twitter Bertha Zúñiga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

El tribunal también admitió el análisis de la posición de poder del acusado Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial—institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres, presentado por el investigador social Harald Waxenecker.

“El peritaje de la doctora Gladys Tzul Tzul “Análisis de la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de Derechos Humanos” ha sido aceptado”, añadió Zúñiga, hija de la lideresa del pueblo lenca víctima mortal del crimen cometido en la ciudad de La Esperanza (oeste).

Sin embargo el juzgado rechazó en la vista oral una nueva prueba que vincula al empresario Daniel Atala con el crimen.

El elemento probatorio consiste en la presentación de copias sobre transacciones bancarias por 1.254.000 de dólares realizadas por Daniel Atala a David Castillo, días antes del asesinato.

Al momento del feminicidio Castillo fungía como presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), propiedad de la familia Atala Zablach y ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía.

El Ministerio Público lo acusa de haber ordenado el crimen de la ambientalista, que un año antes había sido acreedora del Premio Internacional Goldman a los defensores de la naturaleza.

El arresto de Castillo se produjo exactamente dos años después del asesinato, el 2 de marzo de 2018, mientras intentaba abandonar Honduras por el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte), rumbo a estados Unidos.

Luego de ser aplazado el 6 de abril por una recusación de la defensa de Castillo que presentó tres impugnaciones, el juicio se reanudó el 26 de febrero después que la Corte de Apelaciones declarara sin lugar ese recurso dilatorio.

Por ese mismo caso el 2 de diciembre de 2019 caso fueron condenados a 50 años de prisión como autores materiales del asesinato los acusados Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres

Mientras, Sergio Ramón Rodríguez, gerente de DESA; el ex jefe de Seguridad de la propia compañía Douglas Geovanny Bustillo, y el mayor del Ejército Mariano Díaz recibieron condenas de 30 años de cárcel.

https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111663754.html

Honduras reanuda juicio por asesinato de Berta Cáceres

TEGUCIGALPA (AP) — El juicio contra el supuesto autor intelectual del crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres se reanudó este lunes luego de que la Corte de Apelaciones no aceptó una recusación de la defensa contra el Tribunal de Sentencia que conoce el proceso.

Los apoderados legales del encausado, Roberto David Castillo, presentaron durante el inicio del juicio la solicitud de rechazo de los jueces que están al frente del proceso por no estar de acuerdo con algunas resoluciones preliminares.

“Luego que la Corte de Apelaciones declarara no ha lugar reposición interpuesta por defensa de Roberto Castillo, a quién se le vincula con el asesinato de Berta Cáceres, #TribunalSentenciaNacional programa del 26 de abril al 7 de mayo la continuación del Juicio Oral y Público”, escribió el poder judicial en su cuenta de Twitter.

El director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, dijo a The Associated Press que la reanudación del juicio estaba programada para las 13:00 horas locales, pero comenzó con una hora de retraso.

El equipo de la defensa había solicitado al tribunal el pasado 6 de abril que retrasara el proceso mientras se resolvían tres impugnaciones pendientes y esperaba los resultados de algunos análisis forenses. El tribunal rechazó la solicitud. Ante eso los abogados de Castillo pidieron a la Corte de Apelaciones que trasladara el caso a otra corte y el juicio entró en un paro, pero el lunes se reanudó al ser rechazada esa solicitud.

Berta Cáceres fue ultimada a balazos en su casa de La Esperanza en Intibucá el 3 de marzo de 2016.

Castillo Mejía era el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía y según la fiscalía fue de donde se ordenó el crimen de la ambientalista.

Previamente fueron condenados en calidad de autores materiales Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de DESA; Douglas Geovanny Bustillo, un exmilitar; Mariano Díaz Chávez, un Mayor del Ejército y otras cuatro personas.

Según el Ministerio Público, hubo un cruce de mensajes y llamadas entre Castillo Mejía y Geovanny Bustillo, quienes hicieron un seguimiento al plan de asesinato. La fiscalía sostiene que Castillo Mejía aportó logística y recursos y se coludió con el resto de los ahora condenados para matar a la ambientalista.

https://apnews.com/article/noticias-818c61df98f227ae28a848283491c682

Aplazan juicio y evaden justicia para Berta Cáceres: Bertha Zúniga

Ciudad de México | Desinformémonos. “Evasión de la justicia” es como nombró Bertha Zúniga, directora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), a las acciones dilatorias de la defensa de David Castillo, cuyo juicio por el asesinato de la luchadora social lenca Berta Cáceres fue suspendido el pasado 7 de abril.

La hija de la líder lenca denunció que, “con toda impunidad”, la demora del proceso y “su exposición a acciones extrajudiciales que intentan cancelarlo” dilata también las investigaciones y los procesos judiciales de los autores intelectuales del asesinato. Afirmó que se trata de “una estrategia de un litigio malicioso” y exigió que el juicio se retome lo antes posible, tras su suspensión por la recusación contra el Tribunal presentada por la defensa del acusado.

El juicio contra David Castillo Mejía no completa el proceso de búsqueda de justicia, ha afirmado en varias ocasiones el Copinh. Por eso, Berta Zúniga habló de dos pilares para la reparación de daños respecto al crimen contra su madre. Uno es la justicia integral, la responsabilización de todas las personas que participaron en el crimen y el enjuiciamiento de los autores intelectuales, miembros de la familia Atala Zablah, los dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y los jefes de Castillo Mejía.

El otro acto de justicia, dijo en entrevista con Desinformémonos, es la cancelación de la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque otorgada por 50 años, que es “un peligro latente para la comunidad que hoy defiende la tierra que está junto al río” y que “violentó el derecho a la consulta previa libre informada”.

La directora del Copinh comentó que a pesar del desgaste político y los obstáculos, muchas comunidades indígenas y campesinas, así como organizaciones populares, de mujeres y de derechos humanos están al pendiente del juicio, brindan acompañamiento con las debidas restricciones y “tienen mucha claridad respecto a que en el proceso no se está juzgando a las personas que tienen responsabilidad en el hecho”.

Además de la exigencia de justicia para Berta Cáceres, la luchadora social mencionó que el Copinh también lucha por la desmilitarización del territorio del pueblo lenca y la reivindicación del derecho a la consulta que hasta el momento “sigue siendo violentado”, debido a su incumplimiento por parte del Estado hondureño.

Al margen de las limitaciones del sistema judicial, Bertha Zúniga hizo un llamado a los pueblos a construir una justicia propia con la defensa de los territorios, fomentar su autonomía, hacer que se respeten sus decisiones y, en el caso de Honduras, contribuir a la democratización del país, que está en “condiciones deplorables” en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de la población. Llamó a esto “el mayor acto de justicia y homenaje que se puede hacer a la compañera Berta Cáceres”.

https://desinformemonos.org/la-lucha-por-la-justicia-para-berta-caceres-sigue-bertha-zuniga/

Presentan Amicus Curiae a favor del reconocimiento del COPIHN como víctima del fraude en el Río Gualcarque

Los delitos de corrupción no son delitos «sin víctimas» o cuya víctima sea «únicamente el Estado», expone DPLF en Amicus Curiae presentado ante la sala de Constitucional

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un memorial de Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en la acción de amparo constitucional iniciada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) para cuestionar la decisión judicial que rechazó su participación en calidad de víctima, en el proceso penal por corrupción seguido en el caso conocido como “Fraude en el Gualcarque”

El amparo constitucional plantea ante la Sala una cuestión fundamental para la lucha contra la corrupción en la región: si la corrupción puede seguir considerándose un delito “sin víctimas”, o “cuya única víctima es el Estado”; y como consecuencia de ello, si los procesos penales iniciados por delitos de corrupción deben permitir la participación de quienes fueron afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicamente protegidos, en calidad de sujetos procesales.

El Amicus Curiae presenta antecedentes y estándares de Derecho Internacional acerca del concepto de “víctima”, y experiencias de derecho comparado para analizar e interpretar este concepto, en la forma en que está contenido en la normativa penal hondureña, a la luz de las obligaciones internacionales del Estado en materia anticorrupción pero también de derechos humanos, expone la DPLF.

En sus conclusiones, el informe de catorce páginas sostiene que los estándares muestran una tendencia creciente a reconocer que los delitos de corrupción no son delitos «sin víctimas» o cuya víctima sea «únicamente el Estado». También apunta que las disposiciones de instrumentos suscritos por el Estado de Honduras apuntan a reconocer que la corrupción puede tener víctimas directas e indirectas, y que, por esa calidad, tales víctimas no solo tienen el derecho a ser reparadas integralmente, sino también a participar en los procesos penales en los que se determine la responsabilidad de quienes cometieron esos actos de corrupción.

Nota relacionada: Juicio contra Castillo es el inicio del juzgamiento contra autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres: COPIHN

Asimismo, destaca que en el caso sub judice, existen fuertes elementos que sustentan que los presuntos actos de corrupción cometidos en torno a la licitación, concesión y construcción del proyecto Agua Zarca, significaron afectaciones directas, concretas, reales y específicas para la comunidad indígena lenca de Río Blanco. Esos elementos, dan cuenta tanto de perjuicios patrimoniales como no patrimoniales, en cuya generación los actos de corrupción tuvieron un rol determinante.

Estas afectaciones directas y concretas, de acuerdo al documento, incluyen sus medios de subsistencia, su condición económica, al valor de sus territorios y bienes, a sus derechos colectivos sobre territorios y entidades ancestrales, además de daños morales y de protección de sus miembros específicos, que dan cuenta de un Interés calificado para que la comunidad en cuestión, representada por el COPIHN, sea considerada como «directamente ofendida por los actos de corrupción, en los términos del inciso 1 del artículo 17 del Código Procesal Penal de Honduras.

El caso denominado «Fraude sobre el Gualcarque», involucra a 16 funcionarios públicos en el otorgamiento ilegal de licencias para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en territorio indígena Lenca. Las acusaciones incluyen delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

Este proceso se relaciona con las denuncias sostenidas desde 2010 por la defensora lenca Berta Cáceres y el COPINH en contra de 51 proyectos que habían obtenido concesiones o licencias de manera ilegal, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, vinculado con el asesinato de la defensora en 2016.

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) es una organización no gubernamental con sede en Washington D.C. integrada por profesionales de diversas nacionalidades, que busca promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina, desde el marco de referencia de las normas y los estándares del derecho internacional y el derecho comparado.

¿Que significa Amicus Curiae?

El amicus curiae es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso

https://criterio.hn/presentan-amicus-curiae-a-favor-del-reconocimiento-del-copihn-como-victima-del-fraude-en-el-rio-gualcarque/

Más de un millón de dólares habría transferido la hidroeléctrica DESA a David Castillo dos días antes del crimen de Berta Cáceres

La parte acusadora contra David Castillo anunció este 07 de abril de 2021,  el aporte de una nueva prueba la que considera importante por la relación empresarial que se desprende de la transferencia de más de un millón de dólares a la cuenta de la compañía representada por Castillo y que fuera girada por Daniel Atala, gerente financiero de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, de acuerdo a Víctor Fernández, abogado del equipo legal, que representa a la familia de Berta Cáceres.

El martes 06 de abril del año en curso estaba programado el inicio del juicio oral y público contra David Castillo, señalado como co-autor del crimen contra Berta Cáceres, ocurrido el 02 de marzo de 2016, sin embargo el proceso ha sufrido dilatorias por acciones legales interpuestas por la defensa del acusado que llevan el propósito de evitar el desarrollo del mismo. Este 07 de abril presentó una cuarta recusación contra la Sala I del Tribunal Sentencia Nacional, la cual debe ser resuelta por la Corte de Apelaciones con un tiempo de tres a cinco días. Esa instancia ya había recibido otras tres recusaciones similares.

En una conferencia de prensa del COPINH, Berta Zúniga Cáceres, Coordinadora de esa organización e hija de la asesinada Berta Cáceres, señaló que hay una trama para detener el juicio y que el tribunal ha negado la presencia de Laura Zúniga Cáceres en la sala del juicio, violentando con ello el derecho a la justicia que tienen las víctimas.

El abogado Víctor Fernández detalló que “mientras Daniel Atala Midence, Gerente Financiero de DESA dirigió más de un millón de dólares a la empresa representada por David Castillo en la misma fecha en que se descubrió que en los vaciados telefónicos de Geovanny Bustillo, otro de los implicados en el crimen, se registraba una conversación entre Castillo y Bustillo, a través de un préstamo , lo que relaciona los momentos financieros de la empresa con dos sujetos importantes en el crimen de Bertita, vinculando una estructura sicarial y la estructura empresarial” .

Denunció que la parte acusadora también le está insistiendo al tribunal que permita la presencia de Laura Zúniga porque es un derecho de las víctimas , además que servirá para refrescar la mala imagen que tiene el sistema de justicia en el caso del crimen contra Berta Cáceres. Pero que a pesar de la negativa volverán a solicitar el ingreso. La hija de Berta Cáceres dirigió una carta al tribunal este miércoles 07 de abril para que le deje pasar y observar el juicio.

Por otro lado  Fernández destacó que la defensa de David Castillo con la cuarta recusación presentada contra el tribunal que lleva la causa coloca en una parálisis el proceso, lo que además puede llevar a una trampa al pretender visibilizar  a Castillo como una víctima y no un victimario tal cual es su rol en el asesinato de la defensora indígena, “lo que están buscando es elementos para presentar después que haya sido condenado Castillo, un recurso de casación , el cual será resuelto por una nueva corte”.

Fernández informó que el abogado de Daniel Atala Midence ha anunciado la presencia de éste como testigo y la parte acusadora está esperando que llegue para interrogarlo.

Vea en este video los detalles de la conferencia de prensa : https://www.youtube.com/embed/qmhRaOqrbT0?rel=0&fs=1&wmode=transparent

https://www.pasosdeanimalgrande.com/es-co/especial/berta-caceres/item/3128-mas-de-un-millon-de-dolares-habria-transferido-la-hidroelectrica-desa-a-david-castillo-dos-dias-antes-del-crimen-de-berta-caceres

Honduras: el asesinato de Berta Cáceres sigue impune, David Castillo va a juicio

Por Jackie McVicar

En Honduras se inicia un juicio importante, faltan pocos días, Bertha Zúniga no subestima la importancia de lo que puede revelarse en el juicio contra Roberto David Castillo Mejía directivo de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), propiedad de la familia millonaria Atala Zablah y cómo eso puede apuntar a los autores intelectuales. “Es una etapa determinante para abrir estos otros procesos que son deuda del Estado, de una impunidad que gozan actores económicos de gran influencia en nuestro país que siguen sin ser juzgados.”

El martes 6 de abril, un Tribunal hondureño juzgará a David Castillo, ex oficial de inteligencia militar y ejecutivo de la empresa hidroeléctrica comúnmente conocida como DESA, Castillo será juzgado por el asesinato de Berta Cáceres ocurrido hace cinco años, pero la hija de la activista indígena Lenca advierte que los actores políticos y económicos atrás del asesinato siguen protegidos por una estructura criminal.

“Es una pieza clave entre los autores materiales y los autores intelectuales quienes continúan en impunidad”, dijo Bertha Zúniga en una conferencia de prensa virtual el 30 de marzo. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Berta, entre ellos un militar activo, el ex responsable de seguridad de DESA y el gerente socioambiental de la misma empresa, junto con cuatro sicarios. La acusación privada de la familia de Berta Cáceres alega que David Castillo actuó como intermediario, coordinándose con los asesinos (ya condenados), y en particular con el ex jefe de seguridad Douglas Bustillo, además con los altos cargos de la empresa para matar a Cáceres y frenar la resistencia organizada al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, en territorio del pueblo Lenca sobre el río Gualcarque.

La prueba recabada por el Ministerio Público (MP) y evacuada en el primer juicio de 2018 incluye extracciones de teléfonos celulares, información de antenas de telecomunicaciones y escuchas telefónicas. Gran parte de esta prueba se utilizará de nuevo en el juicio contra Castillo, y demuestra cómo se coordinó desde al menos noviembre de 2015 ⎼cuatro meses antes de que Berta Cáceres fuera asesinada⎼, con el convicto asesino y ex gerente de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, para vigilar y controlar los movimientos de Berta. Bustillo a su vez se coordinó con el militar activo Mariano Díaz (también condenado en 2018), para contratar a los sicarios responsables de llevar a cabo el asesinato.

Zúniga, que ahora dirige el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), cofundado hace 28 años por Cáceres para luchar por mejores condiciones de vida para las mujeres y comunidades indígenas y para proteger los derechos culturales y territoriales del pueblo Lenca, afirma que David Castillo generó “un patrón de persecución permanente contra COPINH y particularmente contra Berta Cáceres, una mujer de la resistencia territorial.”

Aunque Castillo era el presidente de DESA en el momento del asesinato, la acusación privada argumenta que las pruebas de las comunicaciones demuestran que jugó un papel subordinado al resto de los ejecutivos de la empresa, los miembros de la familia Atala Zablah en la planificación y ejecución del plan de asesinato. Además, la sentencia condenatoria de 2018 afirma que más que un ejecutivo de la corporación DESA conocía y consintió el plan de asesinato de Berta Cáceres, pero hasta la fecha, nadie de la familia Atala Zablah, ha sido capturado, aunque el Ministerio Público ha repetido que hay una línea de investigación abierta, porque detrás esta la empresa inversiones Las Jacarandas que financió a DESA.

Las investigaciones del Ministerio Público y de expertos independientes señalan que el asesinato de Berta Cáceres tiene su origen en las denuncias que hizo contra el Proyecto Agua Zarca, la empresa DESA, la familia Atala Zablah y los funcionarios públicos que aprobaron el proyecto. En 2019, tres años después de su asesinato, 16 funcionarios y ex funcionarios fueron acusados por el aquel entonces Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras(MACCIH), y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (UFERCO), y por delitos relacionados a la corrupción en el otorgamiento de la licencia en un caso conocido como, “Fraude Sobre el Gualcarque.” La investigación descubrió una red de corrupción dentro de los procesos de otorgamiento de licencias y trámites administrativos por parte de funcionarios públicos de la Secretaría del Medio Ambiente, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y las alcaldías locales a favor de DESA y las empresas que fueron contratadas por ellos para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Aunque DESA y otras empresas no cumplían con los requisitos legales para recibir contratos, licencias y permisos, los funcionarios públicos emitieron dictámenes favorables, permitiendo la explotación del territorio indígena Lenca.

En el momento en que se concedieron las licencias, David Castillo era el presidente de facto de DESA, pero también seguía siendo empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en representación de las Fuerzas Armadas de Honduras, que había creado una comisión interventora de la ENEE. La investigación demuestra que David Castillo y sus socios utilizaron información privilegiada como empleados del Estado en la ENEE para conseguir las licencias necesarias para el proyecto Agua Zarca que luego desarrollaron a través de la empresa DESA. Antes de su participación en DESA, David Castillo no tenía experiencia en proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, una vez concedidas las licencias ambientales y luego las de explotación, la empresa pudo acceder a préstamos multimillonarios de diversas instituciones financieras multinacionales.

El caso demuestra profundas irregularidades en el desarrollo de proyectos de generación de energía en los que se mezclan dos fenómenos ilegales. Uno, hay corrupción por el otorgamiento de los contratos sin que se cumplieran los requisitos para la adquisición del contrato, resultando en un fraude contra la administración pública más abuso de autoridad, y dos, hay corrupción por la compra venta de la energía sin que el objeto convenido (el total de la energía) coincida con la energía que producirá la empresa que resulta también en estos mismos actos de fraude.

En 2018, el Tribunal de Sentencia consideró que las pruebas presentadas en el juicio confirmaban que Berta Cáceres fue asesinada para neutralizar la resistencia al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río sagrado del Pueblo Lenca, el río Gualcarque. Durante su batalla para frenar el proyecto, Berta, con la comunidad indígena Lenca de Río Blanco organizada en COPINH, denunciaron la corrupción detrás del proyecto y las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo con la ejecución del proyecto hidroeléctrico sin su consentimiento libre, previo e informado. Las pruebas sugieren que Castillo coordinó a la policía para movilizarse contra la resistencia, mientras que los Atala Zablah utilizaron su influencia política para criminalizar a Berta y a otros. Aparte de Berta, Tomas García de la comunidad de Río Blanco, también fue asesinado por su resistencia al proyecto Agua Zarca, a manos de un soldado afuera de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica. Otras personas han sido víctimas de agresiones y amenazas que siguen hasta el día de hoy.

La motivación criminal de los empresarios

Para DESA, la resistencia organizada supuso múltiples contratiempos, entre ellos la pérdida de la inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la salida de la multinacional SinoHydro, así como los costos del rediseño del proyecto y el traslado de las instalaciones a la orilla opuesta del río Gualcarque. Las movilizaciones y las legítimas acciones de protesta en rechazo al proyecto supusieron retrasos y pérdidas multimillonarias de inversión y recursos. Sólo la inversión de los bancos internacionales, FinnFund, FMO y BCIE era de 44,4 millones de dólares que debido a las acciones de protesta contra el proyecto fueron puestos en riesgo.

Por ejemplo, las pruebas presentadas por UFERCO muestran que DESA y la Empresa Estatal de Energía ENEE negociaron un PPA sobre la base de que DESA generaría 21,7 MW a pesar de que un estudio ambiental muestra que el río podría generar un máximo de 8MW. Como resultado de la negociación, DESA cobraría por la supuesta capacidad de generación de energía, y no por lo que realmente podría producir el proyecto energético. En la práctica, cuanto mayor sea la capacidad de generación y, por tanto, mayores sean los costes de construcción y operación del proyecto hidroeléctrico, mayor será el coste de cada MW vendido al Estado debido a lo establecido en las directrices de la ENEE y en el PPA. Para DESA era más rentable desarrollar una presa de 21,7 MW pero sólo producir 8MW.

Las irregularidades en los procesos penales

Aunque el caso avanza en los tribunales especiales creados para combatir la corrupción, el COPINH ha sido excluido hasta ahora como acusación privada de participar y están a la espera de la resolución de un amparo para que la Corte Suprema decida sobre el asunto. Al mismo tiempo, la defensa también ha presentado amparos y el juicio ha sido suspendido a la espera de la notificación de la Corte Suprema sobre sus impactos.

El mismo día que COPINH sostuvo la conferencia de prensa, Juan Antonio Hernández “Tony”, el hermano del actual presidente de Honduras, fue condenado en un tribunal de Nueva York a prisión de por vida más 30 años de reclusión, en cadena perpetua, y un decomiso de US$138 millones en patrimonio por distribuir 185 toneladas de cocaína, por delitos relacionados con armas de fuego y declaraciones falsas. El juicio dejó claro que en la comisión de los delitos, el socio de Tony era su hermano Juan Orlando, que fue nombrado como presidente para un segundo mandato en medio de amplias denuncias de fraude y disturbios civiles que llevaron a la muerte de al menos 40 personas, principalmente a manos de agentes de seguridad del Estado. La DEA destaca, “Tony Hernández, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado.”

Según la sentencia, se aseguró millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; utilizó una seguridad fuertemente armada que incluía a miembros del ejército y la policía nacional hondureños. El juez señaló: “Durante un período de 15 años, el acusado corrompió la institución democrática de Honduras para enriquecerse.”

Justo una semana antes de la sentencia de Tony, en un caso separado pero relacionado, el ciudadano Geovany Fuentes también fue condenado por narcotráfico. Fuentes fue un violento co-conspirador de los hermanos Hernández en la producción de cocaína y su transporte a los Estados Unidos, quien pagó a jueces para asegurar la impunidad. Durante su juicio, un testigo protegido que anteriormente era contador para Fuentes, declaró que fue testigo cuando Juan Orlando Hernández, entonces candidato a la presidencia, prometió a Fuentes protección porque Oscar Chinchilla estaba con ellos.

Oscar Chinchilla, el actual Fiscal General de Honduras fue reelegido irregularmente para un segundo mandato en 2018 a pesar de que ni siquiera se presentó como candidato y fue visto por la sociedad civil como parte de la cúpula que permitió la reelección de Hernández en 2017 a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Bajo la dirección de Chinchilla, se ha negado a presentar una acusación contra el director financiero de la corporación DESA, Daniel Atala, con quien según la acusación privada, David Castillo coordinó para asegurar pagos para cometer el crimen contra Berta Cáceres, aunque ha habido una investigación abierta en su contra por más de tres años. El caso de Berta desde el principio ha estado velado por la secretividad y la falta de divulgación de información por parte de la Fiscalía, e incluso su incumplimiento para analizar un arma encontrada en el domicilio del militar condenado, Mariano Díaz.

La impunidad consolidada por el clan de los Hernández

Entre 2004-2017, años durante los cuales Tony Hernández cometió los crímenes, los hermanos Hernández y sus colaboradores convirtieron a Honduras en un narcoestado corrupto que utilizaron todos los medios posibles para proteger sus intereses económicos. Como consecuencia, se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo en todos los ámbitos. La protección de Berta, ordenada por la CIDH, estaba en manos de Julián Pacheco, el Ministro de Seguridad que también ha sido vinculado al narcotráfico a través de los procesos judiciales en los Estados Unidos. Según los chats presentados en el juicio de 2018 y que se usará de nuevo en el juicio de David Castillo, poco después del asesinato, Julián Pacheco prometió a Pedro Atala Zablah, de la familia que controlaba DESA, que se aseguraría de que el asesinato fuera calificado como un crimen pasional.

Erika Guevara Rosas, la Directora de las Américas para Amnistía Internacional que acompañó a Bertha Zúniga en la conferencia de prensa, recordaba que días después del asesinato de Berta Cáceres cuando llegó a Honduras, estas narrativas falsas para confundir sobre el crimen ya estaban circulando. “El gobierno no la protegió y no solo no la protegió, desde su asesinato, se ha encargado de obstaculizar todo los caminos para garantizar verdad y justicia,” dijo Guevara Rosa, quien refiere al atroz femicidio de Berta Cáceres como una “tragedia anunciada.”

“Berta había denunciado reiteradamente agresiones y amenazas de muerte contra ella, amenazas y hostigamiento contra los procesos penales que COPINH llevaba a nivel comunitario, precisamente para resistir la expropiación y extracción de los recursos naturales.”

Berta Cáceres, además de ser una voz de resistencia permanente al proyecto hidroeléctrico en territorio Lenca, trabajó arduamente en la refundación de Honduras. Especialmente tras el golpe de Estado de 2009, vio cómo las estructuras de poder se alineaban para garantizar la impunidad de los más graves actos de agresión y corrupción por los poderes económicos y políticos en el país y luchó no sólo para denunciarlo, sino para crear una nueva Honduras. El hecho de que su asesinato, en pleno apogeo del cártel de la droga de los Hernández, haya quedado en la impunidad para los más altos actores no debería sorprender dado el narcoestado en el cual ocurrió el crimen.

A una semana del juicio, Bertha Zúniga no subestima la importancia de lo que puede revelarse en el juicio de David Castillo y cómo eso puede apuntar a los autores intelectuales. “Es una etapa determinante para abrir estos otros procesos que son deuda del Estado, de una impunidad que gozan actores económicos de gran influencia en nuestro país que siguen sin ser juzgados.”

https://www.prensacomunitaria.org/2021/04/honduras-el-asesinato-de-berta-caceres-sigue-impune-david-castillo-va-a-juicio/