Los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llevan años sufriendo amenazas, acosos y ataques como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos, el medioambiente y los bienes naturales. Berta Cáceres, lideresa y cofundadora de la organización, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de la localidad de La Esperanza, Departamento de Intibucá. Tras su muerte, el 5 de marzo de 2016 la Comisión Interamericana solicitó medidas cautelares (medida cautelar 112/16) en favor de los miembros del COPINH, los familiares de Berta Cáceres y el defensor mexicano Gustavo Castro, tras encontrarse expuestas y expuestos a una mayor vulnerabilidad tras el homicidio de la lideresa. Basándose en estas medidas, el sistema hondureño de protección de las personas que defienden los derechos humanos debe aplicar medidas de seguridad para garantizar la integridad física de los miembros de COPINH, y asegurar que pueden seguir desempeñando sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias.
Sin embargo, los hostigamientos y ataques se sucedieron en forma sistemática hasta la actualidad. Sumado a esto, las investigaciones judiciales para esclarecer el crimen de Berta han encontrado numerosos obstáculos en el camino para hallar la verdad y juzgar a todos los responsables.
La lideresa del COPINH estaba profundamente involucrada en las acciones por la defensa del Río Gualcarque, el cual fue concesionado ilegalmente después del Golpe de Estado en Honduras el 2009, y propuesto para la ejecución de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto desarrollado por la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah. Berta era una de las voces más fuertes en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica, la cual se inició sin el consentimiento libre e informado, como lo indica el Convenio 169 de la OIT, de las comunidades locales ni la celebración de consultas adecuadas con ellas.
Su asesinato fue paradigmático, ya que el caso forma parte de un patrón de violencia y corrupción contra defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades indígenas y defensores del medio ambiente en todo el mundo.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para personas defensoras de derechos humanos y es conocido por no proteger a quienes defienden derechos humanos, como lo señalaron las Relatorías sobre Defensores y Defensoras de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ver: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20397&LangID=S
Para el año 2016, Front Line Defenders informabaque al menos 33 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2016 en Honduras. Ver: https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2016
Historia de los ataques luego del asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016
El 7 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en favor de todos los miembros de COPINH y de la familia de Berta Cáceres, a causa del riesgo que corrían por su labor tras el asesinato de la lideresa.
Su crimen ha tenido repercusión internacional, es por ello que el 24 de mayo del 2017 organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional solicitaron a las autoridades hondureñas que se garanticen y pongan a disposición las pruebas para que las partes implicadas en el caso puedan ejercer sus derechos y para que pueda llevarse a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato (véase Continúa en riesgo la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres, https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/6335/2017/es/).
Sin embargo, poco después del asesinato de Cáceres, el 15 de marzo de 2016, un desconocido mató a tiros a Nelson García, integrante de COPINH, cuando regresaba a su hogar en Río Lindo. Horas antes, ese mismo día, García había acompañado a una comunidad en Río Chiquito que había sido violentamente desalojada por la policía y el ejército.
El asesinato de García ocurre menos de dos semanas después del asesinato de Berta Cáceres y a sólo ocho días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares a favor de todos los miembros del COPINH. Ambos crímenes ocurrieron en un contexto de escalada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y en particular contra aquellos que defienden derechos ambientales, territoriales y de las poblaciones indígenas, repitiendo y agravando un patrón repetidamente denunciado por las organizaciones nacionales e internacionales.
El 19 Abril 2016 mientras se desarrollaba el encuentro «Berta Cáceres Vive» (Encuentro Internacional de los Pueblos «Berta Cáceres Vive») una delegación internacional y nacional se manifestó para exigir justicia por el asesinato de Berta y expresar su solidaridad con el COPINH. En ese entonces fueron atacados violentamente.
Desde el COPINH informaron que los atacantes estaban vinculados a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa privada hondureña de energía detrás del proyecto Agua Zarca. Algunos de los atacantes fueron identificados como sicarios que habían amenazado previamente a Berta y a integrantes del COPINH, y quienes habían sido detenidos en 2015 por portar armas de fuego de alto calibre.
Los ataques continuaron y el 8 de mayo de 2016, Tomás Gómez Membreño, coordinador general de COPINH, viajaba con algunos de sus colegas para participar de una manifestación en Tegucigalpa, la ciudad capital. En el camino, un vehículo armado conducido por personal militar comenzó a seguirles e intentó sacarlos del camino. El conductor pudo controlar el vehículo y alcanzó a evitar un accidente; pocas semanas antes, Gómez Membreño había escuchado tiros cerca de su domicilio.
El 6 de mayo de 2016, un hombre armado disparó varias veces contra Alexander García Sorto, líder de COPINH y defensor de derechos humanos lenca, frente a su domicilio en Llano Grande, Colomoncagua, cuando iba a encontrarse con otros colegas. García resultó herido en el hombro izquierdo, pero sobrevivió el atentado. El atacante fue identificado como Enedicto Alvarado, ex miembro del ejército y guardia de seguridad privado que anteriormente había amenazado de muerte a García y se había mostrado hostil hacia los/as integrantes del COPINH.
La policía local detuvo brevemente a Alvarado, pero lo liberaron el mismo día tras acusarle de posesión ilegal de arma de fuego. Luego Alvarado amenazó con “terminar de matar” Alexander García, defensor de derechos humanos lenca y quien lidera la oposición pacífica de su comunidad a la construcción de una represa hidroeléctrica que afectaría los ríos Negro y Chinacla y el acceso de la comunidad al agua. El proyecto hidroeléctrico estaba siendo desarrollado por AURORA S. A., una compañía propiedad del esposo de la vicepresidenta del Parlamento, Gladis Aurora López.
“No fue suficiente haber asesinado a Berta hace ya más de 80 días, ahora quieren matar también a todos los otros coordinadores del COPINH, que siguen adelante con su tarea para impedir que las corporaciones mineras multinacionales ingresen en su territorio”, declaraba en ese entonces Tomás Gómez Membreño, coordinador general del COPINH el 1 de junio de 2016.
Ver Nota: https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-tom%C3%A1s-g%C3%B3mez-membre%C3%B1o
El 6 de julio de 2016 hallaron el cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquia Urquia, defensora de derechos humanos, en las cercanías del basurero municipal de Marcala, departamento de La Paz, Honduras. Lesbia había desaparecido la tarde anterior, alrededor de las 17:00 horas, cuando salió de su hogar para hacer ejercicio en bicicleta.
Era lideresa comunitaria e integraba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Se había sumado a la organización en el año 2009, durante las protestas contra el golpe de estado y trabajaba activamente oponiéndose a la construcción de la represa hidroeléctrica “Aurora I”, en la municipalidad de San José, La Paz. La compañía responsable de este proyecto es propiedad de Gladys Aurora López, presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional.
En su comunicado de prensa, el COPINH afirmaba que este asesinato “nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza”. Y agregaba “La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista.”
Ver nota: https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/lesbia-yaneth-urquia-urquia
La noche del 10 de octubre de 2016, Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, conducía hacia su domicilio desde las oficinas de la organización ubicadas en La Esperanza, Intibucá, cuando hombres armados abrieron fuego contra su vehículo. Esa mañana, Alexander García Sorto, líder local del COPINH, se había despertado al oír los disparos que impactaron en la puerta y la ventana de su hogar, cuando se hallaba durmiendo junto a su esposa y sus dos hijas en Llano Grande, Colomoncagua. Ambos defensores sobrevivieron a los atentados, en una segunda oportunidad, puesto que los primeros ataques ocurrieron el 8 mayo de 2016.
El 30 de junio de 2017, los defensores y defensora de derechos humanos Bertha Zúniga Cáceres, Sotero Chavarría y Asunción Martínez fueron atacados dos veces por personas no identificadas en su regreso de la comunidad de Cancire, en el municipio de Santiago Puringla, La Paz, Honduras.
En el primer incidente, un Toyota Tacoma negro bloqueaba el camino entre Cancire y San Antonio. Cuando el coche con el COPINH se acercó, tres hombres que llevaban machetes intentaron atacarles, sin embargo, el auto del COPINH logró escaparse del bloqueo. Un cuarto asaltante lanzó una piedra desde dentro del vehículo hacia la ventana lateral del conductor del auto del COPINH antes de empezar a perseguirles. En seguida, esta cuarta persona hizo varios intentos de chocar con su vehículo, con el fin de forzar el vehículo fuera de la carretera y hacia el abismo. Esto duró varios minutos hasta que los miembros del COPINH pudieron tomar un desvío y escapar de la persecución.
Sotero Chavarría Fúnez informó a Amnistía Internacional que unos días antes, dos desconocidos habían preguntado sobre su paradero en su ciudad natal. En junio, unos desconocidos trataron de secuestrar a la madre de sus hijos en un vehículo. El 21 de junio, COPINH denunció que un desconocido había amenazado con una pistola a Francisco Javier Sánchez—otro coordinador—mientras éste trabajaba la tierra, y le había dicho que iba a matar a sus hijos.
Ver nota: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR3766742017SPANISH.pdf
Desde el 2016 hasta la actualidad, las amenazas y riesgos a la seguridad personalde activistas defensorxs de la tierra y el territorio, forman parte de la realidad que expone la sistematicidad de la violencia en Honduras. La comunidad internacional se ha movilizado y exige justicia y el fin de la impunidad. Sin embargo, el gobierno de Honduras no ha actuado en consecuencia ni ha proporcionado un entorno propicio para resguardar la vida de lxs defensores de derechos humanos en el país.
Lxs miembrxs del Copinh y en especial Berta, se enfrentaron con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia y criminalización por las fuerzas de seguridad del Estado, la seguridad privada de la empresa DESA y personas armadas pagadas por la empresa. Esa violencia fue denunciada ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales en varias ocasiones, pero nunca se tomaron las medidas para frenar los ataques ya que eran ‘necesarios’ para seguir adelante con los proyectos hidroeléctricos.
Berta ha dejado un mensaje contundente sobre la persecución y la violencia en Honduras durante la ceremonia de premiación de los Premio Ambiental Goldman, con el cual fue galardonada en el 2015; “¡Despertemos! ¡Despertemos, humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. […] La madre tierra —militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales— nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna, y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.”
