Analisis de la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de Derechos Humanos. El Caso de Bertha Cáceres y la defensa del río Gualcarque.
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Las Américas/Europa
6 de octubre de 2021
La Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres hace un llamado a la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional a que emita la sentencia conforme al fallo condenatorio dictado hace 3 meses contra Roberto David Castillo Mejía por el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, defensora de los derechos del Pueblo Lenca y del medio ambiente el 2 de marzo de 2016.
El fallo histórico confirmó que David Castillo jugó un papel decisivo como coautor del asesinato de la lideresa Lenca y que formó parte de una estructura de poder de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), igualmente responsable del crimen. Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo debería impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia.
En el mismo sentido, la Misión recuerda que los recursos de casación presentados por los condenados en 2019 como autores materiales del asesinato de Berta, entre los que se encuentran un militar en activo, mandos intermedios de la empresa hidroeléctrica DESA y sicarios, aún no han sido resueltas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el caso sigue sin firmeza jurídica.
Esta inseguridad jurídica, pone en riesgo el debido proceso y a las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena.
El asesinato de Berta Cáceres representa una herida no sólo para su familia, el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y las comunidades indígenas de Río Blanco, sino para todo el país y la comunidad internacional. Las lecciones aprendidas durante estos cinco años de procesos judiciales deben servir para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades en defensa de sus territorios.
El Estado hondureño debe garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos. Las organizaciones miembros de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, continuarán acompañando este reclamo de justicia para Berta.
Contacto:
Jackie McVicar
+19023242584 (WhatsApp), obsbertacaceres@gmail.com
Firmas:
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Nicaragua
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH), Honduras
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
Estudio Arbizu & Gamarra, Peru
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Honduras
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Honduras
FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Internacional
Fundación para la abogacia española, España
Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA), Estados Unidos
Impunity Watch, Guatemala
National Lawyers Guild, International Committee, Estados Unidos
Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Europa
Organización Mundial Contra la Torture (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Internacional
Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Honduras
Protection International, Mesoamérica
Promise Institute for Human Rights, UCLA School of Law, Estados Unidos
Danielle Mackey, Chiara Eisner
December 21 2019, 3:00 p.m.READ IN ENGLISH
YA PASARON MÁS de tres años desde que Berta Cáceres fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44 años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena. Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en los brazos de un amigo.
Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.
El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos, sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad: todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional.
Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de DESA.
Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato. Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados.
Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión.
Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u obligado a declarar.
El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.
Foto: Giles Clarke/Getty Images
El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados de alto nivel.
Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.
A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.
El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían que DESA no tenían derecho a estar allí.
La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes. Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle a un miembro del COPINH llamado Tomás García.
Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.
“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.
La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias llamado HCH Televisión Digital.
“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.
Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.
Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador. HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre el segmento transmitido.
Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.
“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento otra vez”, añadió el número desconocido.
Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.
En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló el fallo y desestimó los cargos.
Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en 2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo. Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y ubicación de Cáceres.
Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de construcción de la empresa.
“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza. Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas: “Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.
Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C. para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”.
DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de 2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.
El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero Daniel Atala Midence.
En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.
Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le dijo que podía contar con su apoyo.
Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto. “No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos ganamos”, le respondió a Cáceres.
Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA, Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo; sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía nacional.
Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los manifestantes, pero no funcionó.
Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes, parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato, fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el dignatario.
No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática. El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo que se discutió.
El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió, “Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA, respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección policial de la represa.
Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.
El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados, Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al grupo.
Documento: Honduras Supreme CourtEl 22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr. Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.
Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.
Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para este momento, la empresa había montado una red de comunicación compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el análisis.
Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images
La estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.
El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el conocimiento y adopción de las decisiones”.
Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.
“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó cómo siempre solo lo mejor”.
Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.
“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.
“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que es cuándo se acaba la amenaza”.
Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó, según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”, escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo. Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.
Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es peligroso te enyucas”.
El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”, presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación: “Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos hombres para que los tres pudieran “trabajar”. Y aclaró: “Uste ya save deke”.
No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre de la futura víctima.
Documento: Honduras Supreme CourtEl 5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.
Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de la casa de Cáceres.
Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a los autobuses públicos y abandonaron la zona.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.
Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día siguiente.
Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.
El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45 policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.
En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota, creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su nota, y que mensaje debe de dar”.
En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.
El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo. El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de la casa de Cáceres.
Documento: Honduras Supreme CourtA las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si? Besos”.
Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.
Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.
Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.
“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.
Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:
“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.
“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.
A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.
Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.
Familiares y amistades colocan flores en la tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2018.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.
El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.
Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un infame comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.
Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.
Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra nosotros”.’
Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes, registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la organización.
Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.
Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz, Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre, el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las sentencias eran el “primer y pequeño paso” hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los congresistas estadounidenses.
En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez, abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David Castillo y Sergio Rodríguez”.
El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo Amsterdam.
Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo: exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o corrompidos”.
Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por “manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido Proceso”.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió: “Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.
Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres
Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE — un equipo internacional que investigó el asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece intacta.
“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.
https://theintercept.com/2019/12/21/al-interior-del-complot-para-asesinar-a-berta-caceres/
El 6 de abril del 2021 inició el juicio Oral y Público contra David Castillo, empleado de los Atala y coautor del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.
Este juicio revelará la responsabilidad de David Castillo en el crimen y la participación de otros autores en la planificación y ejecución del asesinato que aún no están siendo investigados ni juzgados.
Aqui las pruebas presentadas durante el desarrollo del juicio.
7 DE ABRIL
Abogados de la familia de Berta Cáceres presentan prueba sobre el pago de Daniel Atala a David Castillo que coinciden con conversaciones de promover logística a la estructura sicarial dos días antes del asesinato.
28 DE ABRIL
Primera parte: David Castillo utilizó sus conocimientos de inteligencia militar para monitorear, acosar e intimidar a Berta Cáceres.
Segunda parte: En el interrogatorio a Jesús Antonio Perdono, agente de investigación de la ATIC, la primera línea de investigación fue la de un crimen pasional, esto coincide con chats en los que Julián Pacheco (Ministro de Seguridad) le informa a Pedro Atala que el crimen contra Berta «era lío de faldas»
30 DE ABRIL
Según el juez ejecutor Luis Ramírez que presentó testimonio, en la casa del condenado Douglas Bustillo se encontró parte de un fusil M16 y un cargador, esta es un arma de uso privativo de las fuerzas de seguridad.
1 DE MAYO
Evacuación de los medios de prueba documental presentados por el Ministerio Público
En el acta de diligencia realizada por el Agente Jesús Palomo, se da a conocer manifestaciones del condenado Mariano Díaz Chávez, en las que menciona que Douglas Bustillo le propuso dar muerte a #BertaCáceres y le propuso 500mil Lps para ejecutar el asesinato «y que el dinero estaría siento entregado por el gerente de DESA»
4 DE MAYO
Extracción telefónica del condenado Douglas Bustillo jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala Zablah.
El vaciado telefónico muestra que hubo un atentado fallido en contra de Berta el 5 y 6 de febrero del 2016, en el que le informa a Castillo que abortaron la misión debido a que Berta se encontraba en compañía de varias personas; Castillo respondió: “copiado, misión abortada”
Evidencia de esto son las fotografías que también se encontraron en el teléfono celular de Bustillo tomadas el 23 de febrero del 2016 a Berta Cáceres
5 DE MAYO
La defensa legal de David Castillo se opone a la lectura de los contenidos del celular de Daniel Atala que demuestran el contexto y las circunstancias de los ataques a Berta Cáceres que culminaron en su asesinato. La defensa de Castillo pretenden ocultar la información y la verdad de los hechos del asesinato de Berta Caceres.
DANIEL ATALA EXPRESA SU RACISMO Y ODIO POR EL PUEBLO INDÍGENA LENCA.
Los bancos, ejército, gobierno, Ministerio Público, y otras instituciones, fueron parte de las armas utilizadas en contra de Berta y la comunidad Río Blanco. Así justificaron el asesinato en base al odio que estos grupos y familias muestran históricamente contra los pueblos.
6 DE MAYO
Continúa la lectura de los mensajes encontrados en el teléfono de Daniel Atala que lo vinculan a él y su familia con el crimen de Berta Cáceres.
En conversaciones encontradas en el teléfono de Daniel Atala, este afirma que girar ordenes de captura contra Berta Cáceres y miembros del COPINH le ha costado «mucho dinero y capital político»
TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
La prueba evacuada muestra como Daniel Atala utiliza a funcionarios públicos para su accionar en contra de las comunidades Lencas, además de expresiones racistas contra el pueblo Lenca.
Existe todo una estructura de poder que manejaba la familia Atala Zablah para poder instalar inconsultamente el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Desde ministros hasta el expresidente Porfirio Lobo fueron mencionados como piezas claves para la construcción del proyecto.
7 DE MAYO
En conversaciones de Daniel Atala con el condenado Douglas Bustillo, se demuestra el pago a informantes por parte de Daniel Atala para vigilar las acciones de COPINH y Berta Cáceres
En una conversación entre Douglas Bustillo (condenado por el asesinato de Berta Cáceres) y Daniel Atala, se revela como DESA le pagaba comida a los Policías que operaban en Río Blanco.
En este misma conversación, se reveló que DESA tenía informantes dentro del COPINH que le pasaban información a los Atala y a David Castillo. El pago para el informante era mensual.
El 2 de marzo de 2018, Roberto David Castillo Mejía fue acusado y detenido por su responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. En los últimos meses la defensa de Castillo y de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizarlo y deslegitimizar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con la narrativa aboslutamente perversa y revictimizante tanto para la familia de Berta Cáceres, como para el COPINH.
Como funcionario público fue imputado por los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones y uso de documentos falsos en el caso de Fraude sobre Gualcarque.
Un poco de historia…..
El 2 de mayo de 2009 días antes el golpe de Estado en Honduras, David Castillo era funcionario de la ENEE, empresa Nacional de Energía eléctrica y crea la sociedad mercantil Empresa de Desarrollos energéticos SA (DESA) y la inscribe a nombre de dos socios fundadores Roberto y Giovanni Abate Ponce, ambos empleados de David Castillo en otra empresa llamada Digicom, de ventas de computadoras y accesorios.
Castillo era funcionario del ENEE y a través de su cargo asistió a reuniones donde autorizaba y aprobaba contratos de producción de energía eléctrica. Es ahí donde a través de su cargo autoriza y aprueba la concesión otorgada al Río Gualcarque. Poco tiempo después Castillo se vuelve asistente de la gerencia de la empresa, donde recibe doble salario por ser funcionario de la ENEE y por su rol en las fuerzas armadas. Así como Carolina Castillo representante legal de DESA.
Mediante acciones de protesta, denuncia y control territorial indígena Berta Cáceres y la comunidad Lenca de Río Blanco lograron suspender el financiamiento de la empresa hidroeléctrica DESA y obligaron a que suspendiera la operación lo que significó un pérdida de dinero. Esto fue un fuerte golpe a los proyectos inconsultos de generación de energía. A los intereses militares y económicos detrás de ellos.
David Castillo era empleado de Jacobo Atala y José Eduardo Atala quien cumplió el rol entre quienes pagaron y ordenaron el crimen de Berta Cáceres y quienes la mataron.
Castillo ejecutó labores de inteligencia militar buscando vincularse de manera estrecha con Berta Cáceres y usó informantes pagados con el fin de monitorear e informar a un grupo de Whatsapp de seguridad de la empresa. En este grupo también participaba la familia Atala y se daban a conocer los movimientos de Berta y el COPINH con el objetivo de continuar con la imposición de la hidroeléctrica.
La información recopilada por las acciones directas de inteligencia dirigidas por Castillo, demostró que el proyecto hidroeléctrico podía ser detenido por Berta Cáceres y el COPINH. A finales del 2015 organizó y planificó el asesinato contra Berta con la autorización de sus jefes, la familia Atala Zablah y altos mandos del Estado de Honduras.
Cabe destacar en su perfil su carrera militar, ya que es graduado de la Escuela Militar de Estados Unidos West Point y su rol como subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Berta denunció en muchas ocasiones la presencia del aparato represivo del Estado militar, sicarios y paramilitares y los cuerpos de inteligencia militar.
«Todo el aparato del Estado que ha construido estructuras militares represivas que tienen mucho financiamiento, incluso con financiamiento del Banco Interamericano de desarrollo bajo el plan de seguridad regional para Centroamérica se está llevando a cabo aquí en Honduras como un laboratorio más y eso es muy preocupante para nosotros como luchadores y luchadoras ya que se va a profundizar la represión, la criminalización el hostigamiento. El hecho de que hoy es un crimen defender los derechos humanos, es un crimen defender los derechos de los pueblos indígenas y en estas estructuras el Congreso sobretodo, los sectores oligárquicos han aprobado por ejemplo la policía militar que es una estructura paramilitar y legal. Como también esas fuerzas especiales contrainsurgentes Tigres y Satrush y todo está dirigido hacia el movimiento que hacemos lucha territorial y que enfrentamos fuertemente todos los proyectos de privatización de los bienes de la naturaleza. No es casual que haya listas que circulan donde luchadores y luchadoras estamos ahí y amenazados con ser asesinados» explicaba Berta Cáceres.
La Ceiba, Atlántida, 13 de Marzo del 2018.- El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.
Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.
Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.
El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)
Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.
En una misiva dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.
La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.
Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.
El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.
Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Boletín n. 14 del 12 de marzo 2021
Boletín n. 15 del 8 de abril 2021
Comienza juicio contra David Castillo, nuevas pruebas vinculan a Daniel Atala.
Boletín n. 13 del 10 de diciembre 2020
A pesar de los obstáculos sigue la exigencia de Justicia Para Berta.
Boletín n. 12 del 27 de noviembre 2020
Boletín n. 11 del 12 de noviembre 2020
Juicio contra David Castillo, las pruebas que demostrarán su culpabilidad
Boletín n. 10 del 26 de octubre 2020
¿La justicia para Berta seguirá entorpecida por la defensa de David Castillo?
Boletín n. 9 del 1 de octubre 2020
COPINH y Río Blanco excluidos ilegalmente del caso Fraude sobre el Gualcarque.
Boletín n. 8 del 11 de septiembre 2020
La defensa legal de David Castillo está convencida de su culpabilidad.
Boletín n. 7 del 7 de septiembre 2020
Boletín n. 6 del 24 de agosto 2020
David Castillo debe ser juzgado y castigado por el asesinato de Berta Cáceres.
Boletín n. 5 del 17 de agosto 2020
Juicio contra David Castillo: una maniobra dilatoria consumada.
Boletín n. 4 del 2 de agosto 2020
Boletín n. 3 del 14 de mayo 2020
Boletín n. 2 del 23 de abril 2020
Boletín n. 1 del 03 de febrero 2020
El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) llegó a Honduras el 4 de Noviembre del 2016 a petición de la familia de Berta Cáceres Flores, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) de Gustavo Castro Soto y de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, para dar seguimiento a la investigación adoptada por el Estado de Honduras tras el crimen de Berta Cáceres. El pedido de una investigación independiente, imparcial, multicultural y con perspectiva de género, nace de una necesidad imperiosa de esclarecer la verdad en torno a los hechos ocurridos la noche del 2 de marzo de 2016, y así garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, las personas del COPINH y el pueblo hondureño.
El equipo integrado por Liliana Uribe (Colombia), Miguel Ángel Urbina (Guatemala); Roxanna Altholz (Estados Unidos); Daniel R. Saxon (Holanda/Estados Unidos); y Jorge Molano (Colombia) logró dilucidar los patrones y el modus operandi de la estructura criminal que ha perpetrado ataques sistemáticos contra integrantes del COPINH, incluida Berta Cáceres, a través del análisis de las comunicaciones que mantuvieron tanto los directivos y dueños de la empresa DESA, la familia Atala Zablah, con David Castillo Mejía, quien dirigió el plan implementado para asesinar a la lideresa.
Los registros telefónicos demuestran que el plan se inició en noviembre del 2015 y permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016, en coordinación con Douglas Bustillo, ex jefe de Seguridad de DESA. El GAIPE, durante el transcurso del 2017, pudo registrar 122 agresiones en contra de integrantes del COPINH, de los cuales 36 fueron directamente en contra de Berta Cáceres, ejecutados entre abril de 2013 y febrero de 2016, siendo especialmente, amenazas, hostigamientos, judicializaciones y ataques a su integridad y libertad personal, hechos que antecedieron al crimen.
En octubre del mismo año se realiza una conferencia de prensa en donde se insta al Estado de Honduras a diligenciar las investigaciones dirigidas hacia los altos mandos de la empresa, los autores intelectuales y financiadores del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, al dar a conocer a través del Informe Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, las vinculaciones que la extracción telefónica, ya en manos del Ministerio Público, devela a partir de las comunicaciones entre los directivos de DESA.
Más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, así como de chats, mensajes de texto, GPS y correos incautados por el Ministerio Público desde los teléfonos celulares de los involucrados, dan cuenta del vínculo entre la familia Atala y sus empleados, parte de la Junta Directiva de DESA, funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en la persecución, criminalización, ataques y asesinato de Berta Cáceres.
Las pruebas evidenciadas por el GAIPE con las que cuenta el Ministerio Público es prueba suficiente para identificar y enjuiciar a la autoría intelectual del asesinato. En la sentencia emitida en diciembre del 2019 en el juicio contra la autoría material, se ratificó que el crimen fue llevado a cabo con el “conocimiento y consentimiento” de los altos mandos de DESA.
Douglas Bustillo, ex jefe de Seguridad de DESA ya sentenciado como responsable del crimen, mantuvo comunicación con David Castillo, presidente de la Junta Directiva, tanto en el intento de asesinato, como en los días previos y posteriores al mismo; a su vez, envió imágenes de Berta Cáceres y de los lugares que ella frecuentaba a Henry Hernández; las antenas telefónicas evidencian que Douglas Bustillo se reunió en San Pedro Sula con Henry Hernández al dia siguiente de los hechos ocurridos en La Esperanza, y posteriormente, se reunió con David Castillo en Tegucigalpa, cerca de las inmediaciones de la empresa DESA.
Si bien el 2 de marzo del 2018 fue capturado Roberto David Castilo Mejía por su vinculación como coautor del crimen, el contenido de la información telefónica involucra también a la autoría intelectual, José Eduardo, Pedro, Jacobo Atala Zablah y al Gerente financiero de DESA Daniel Atala Midence. Contra este último, el equipo legal que representa a la familia de Berta Cáceres y al COPINH ha elevado dos solicitudes de Requerimiento Fiscal ante el Ministerio Público sin obtener respuesta.
En los anexos del informe GAIPE, se adjuntan las conversaciones claves que dan cuenta de la conformación de una asociación ilícita, los hechos delictivos y actos criminales que antecedieron al asesinato de Berta Cáceres, tanto en la conformación de la empresa como en la conspiración para imponer de manera violenta el Proyecto Agua Zarca. La información publicada consta como prueba de una serie de hechos sistemáticos que buscaron neutralizar las acciones de Berta Cáceres y COPINH por su oposición al Proyecto Hidroeléctrico.
Las conversaciones reflejan abiertamente el tráfico de influencias en favor de DESA, el pago de boletos de avión a funcionarios de la SERNA para representar supuestamente al Estado de Honduras, con el propósito de defender la figura de la empresa ante la CIDH, el aprovechamiento de su poder político y económico para influenciar jueces y fiscales, para lograr persecución contra personas del COPINH y contra Berta, el pago a abogados para liberar a sicarios que tenían por encargo asesinarla. En el Grupo de whatsapp llamado “Seguridad PHAZ” se evidencia cómo pagaban a policías para lograr que les acompañen en actos ilícitos contra el COPINH cuando se movilizaba en contra de la represa, e incluso el pago a medios de comunicación para difamar a Berta Cáceres y a COPINH creando campañas de estigmatización, racismo e injurias.
A pesar de las pruebas que el Ministerio Público tiene desde el 2016, que esclarecen la financiación de una serie de actos que culminan con el asesinato, al día de hoy, los hallazgos del informe del GAIPE no han sido tomados en cuenta para diligenciar otros procesos investigativos, ni para tomar acciones legales en contra de los implicados. Las comunidades del COPINH siguen amenazadas y a la familia de Berta Cáceres se le siguen vulnerando sus derechos como víctimas de este crimen. El GAIPE afirmó que mientras los autores intelectuales no sean investigados ni juzgados y la concesión del Río Gualcarque siga vigente, no habrá justicia integral ni reparación en este crimen.