“Análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial–institucional
y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores”
Peritaje de Harald Waxenecker
En conmemoración al 12 de Octubre, día de las Resistencias Indígenas, el COPINH organizó y desarrolló un plantón frente la Corte Suprema de Justicia, ante la falta de sentencia y la incertidumbre jurídica en el caso de nuestra compañera Berta Cáceres.
El Poder Judicial pronunció estar en proceso de redacción de sentencia condenatoria contra Roberto David Castillo.
El COPINH presentó una solicitud de pronta resolución a la sentencia del coautor del crimen de Berta Cáceres, así mismo exigiendo la pena máxima y que se presenten y procesen los demás coautores intelectuales.
~ Para su inmediata difusión ~
Las Américas/Europa
6 de octubre de 2021
La Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres hace un llamado a la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional a que emita la sentencia conforme al fallo condenatorio dictado hace 3 meses contra Roberto David Castillo Mejía por el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, defensora de los derechos del Pueblo Lenca y del medio ambiente el 2 de marzo de 2016.
El fallo histórico confirmó que David Castillo jugó un papel decisivo como coautor del asesinato de la lideresa Lenca y que formó parte de una estructura de poder de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), igualmente responsable del crimen. Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo debería impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia.
En el mismo sentido, la Misión recuerda que los recursos de casación presentados por los condenados en 2019 como autores materiales del asesinato de Berta, entre los que se encuentran un militar en activo, mandos intermedios de la empresa hidroeléctrica DESA y sicarios, aún no han sido resueltas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el caso sigue sin firmeza jurídica.
Esta inseguridad jurídica, pone en riesgo el debido proceso y a las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena.
El asesinato de Berta Cáceres representa una herida no sólo para su familia, el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y las comunidades indígenas de Río Blanco, sino para todo el país y la comunidad internacional. Las lecciones aprendidas durante estos cinco años de procesos judiciales deben servir para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades en defensa de sus territorios.
El Estado hondureño debe garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos. Las organizaciones miembros de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, continuarán acompañando este reclamo de justicia para Berta.
Contacto:
Jackie McVicar
+19023242584 (WhatsApp), obsbertacaceres@gmail.com
Firmas:
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Nicaragua
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH), Honduras
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
Estudio Arbizu & Gamarra, Peru
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Honduras
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Honduras
FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Internacional
Fundación para la abogacia española, España
Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA), Estados Unidos
Impunity Watch, Guatemala
National Lawyers Guild, International Committee, Estados Unidos
Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Europa
Organización Mundial Contra la Torture (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Internacional
Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Honduras
Protection International, Mesoamérica
Promise Institute for Human Rights, UCLA School of Law, Estados Unidos
Esta resolución es una victoria para el pueblo Lenca, y para los pueblos indígenas en Honduras que son violentados en sus derechos humanos mediante las concesiones ilegales.
La Corte Suprema de Justicia reconoce condición de Víctima del COPINH y Río Blanco en caso de Fraude Sobre el Gualcarque.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ante la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que resolvió otorgando la acción de amparo presentada por el COPINH, para restituir los derechos como víctimas de la organización y de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco en el caso denominado Fraude Sobre el Gualcarque, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
¡Ya nos lo dijo el río, vamos a triunfar!
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Dado a los 25 días del mes de agosto de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.
Ante el inicio del juicio oral y público del caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) comparte lo siguiente:
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de agosto de 2021.
París, 16 de agosto de 2021.- Ad portas del inicio del proceso “Fraude al Gualcarque”, la FIDH junto con sus organizaciones miembro, el CAJAR-Colombia, CALDH-Guatemala y CIPRODEH-Honduras, exhortan a las autoridades judiciales a reconocer al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) como víctima de los hechos de corrupción juzgados.
El fraude en el Proyecto Agua Zarca violó el derecho del COPINH y la comunidad Lenca que representa al agua, a un ambiente sano y a sus derechos culturales, patrimoniales, y sociales, además del derecho a la consulta. Lo que es más, la denuncia de este fraude es la causa del asesinato de Berta Cáceres, la representante del COPINH y defensora de derechos humanos, del territorio y del ambiente.
El ex-gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, fue recientemente condenado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. Será juzgado junto con otras personas por los delitos de fraude, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos en la concesión del Proyecto Agua Zarca. Sin embargo, ese juicio va a iniciar sin la participación del COPINH quien fue excluido como víctima en el proceso desde agosto de 2019.
Las organizaciones consideran que el COPINH es víctima de ese fraude y por eso, presentaron una intervención escrita como terceros ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en el proceso de Amparo presentado por el COPINH el 4 de noviembre de 2019. En este escrito, la FIDH, el CCAJAR, CALDH y CIPRODEH, solicitan que la justicia hondureña reconozca que el COPINH puede participar en el juicio dicho “Fraude al Gualcarque” como acusador privado.
La corrupción no es un fenómeno inocuo; no es un delito sin víctimas. Los hechos de corrupción pueden violar no solamente la administración pública sino también los derechos humanos de las personas individuales y colectivas. Las víctimas deben poder participar en los procesos penales que buscan establecer responsabilidades por los hechos de corrupción.
En el caso particular, el COPINH y la comunidad Lenca que ellos representan, son víctimas directas de la aprobación fraudulosa del proyecto lo que causó la violación de su derecho al agua, a un ambiente sano y a sus derechos culturales, patrimoniales, sociales, además del derecho a la consulta. También son víctimas de los hechos que resultaron de la afectación del derecho a la vida de Berta Cáceres, quien fue asesinada por haber denunciado públicamente la corrupción del proyecto Agua Zarca.
Al negarles el espacio al COPINH en el proceso por corrupción, se les niega la posibilidad de acusar a los causantes de los hechos de corrupción responsables de las afectaciones que vivieron y que constituyen violaciones de derechos humanos.
2 de agosto de 2021
Sala de lo Constitucional.
Corte Suprema de Justicia de Honduras.
En fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a través de sus apoderados legales, interpuso una acción de amparo para la protección constitucional de los derechos a la justicia, el debido proceso, y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales. Esto debido a la decisión de excluirles como víctimas, por parte de la corte de apelaciones en fecha 28 de agosto de 2019, del proceso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” que se desarrolla en el circuito anti corrupción.
El caso de Fraude Sobre el Gualcarque desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Redes de Corrupción, UFERCO, en contra de funcionarios públicos por suponerlos responsables de delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a desarrollarse sobre el Río Gualcarque de la comunidad indígena Lenca, es reconocido nacional e internacionalmente debido a sus implicaciones en materia de corrupción, respeto de derechos de las comunidades indígenas así como en temas de empresas y derechos humanos.
La comunidad Lenca de Río Blanco junto al COPINH han denunciado en reiteradas ocasiones que los actos de corrupción con los que pretendidamente se autorizaron permisos y licencias para la operación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, fueron el origen de una serie de acciones de violencia, estatal y no estatal, que han sufrido durante más de 10 años. Dentro de estos actos violentos se han denunciado la vulneración al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, amenazas de muerte, ataques armados, robo de tierras y asesinatos, incluyendo los asesinatos de Tomás García y Berta Cáceres.
Reconocemos que la norma interna hondureña en el código procesal penal en su artículo 17.3 establece el derecho de las sociedades civiles a ser reconocidas como víctimas, así como lo reconocen los instrumentos internacionales de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la asamblea general de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Lo anterior ha sido ampliamente expuesto en los tres Amicus Curiae incorporados en el proceso por parte de las organizaciones expertas internacionales de Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. https://n9.cl/d5vk9
Hemos tenido conocimiento de la convocatoria para el inicio del juicio para la fecha del 17 de agosto del presente año, lo cual implica un corto periodo de tiempo para la incorporación de las víctimas en el proceso. El inicio del juicio de Fraude sin la resolución del recurso de amparo interpuesto por la organización del COPINH significa la pérdida del derecho y pondría en duda el funcionamiento de la acción de amparo como garantía de derechos.
Las organizaciones abajo firmantes, por lo anterior, exhortamos a esta honorable sala de lo constitucional a:
Cordialmente.
Firmas:
Tegucigalpa. En la audiencia de individualización de pena contra David Castillo por su coautoría en el asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público y la acusación privada solicitaron al Juzgado de Sentencia se imponga la condena máxima de 25 años de privación de libertad y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
El abogado de la Causa Berta Cáceres, Víctor Fernández, sostuvo que en el caso contra David Castillo no hay circunstancias atenuantes. En cambio, expuso que existen una serie de circunstancias agravantes, entre las que citó la alevosía; el abuso de superioridad y de confianza; la ejecución del crimen aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar; y que el crimen se ejecutó por motivos racistas o de carácter ideológico.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN EL CRIMEN
Sobre el abuso de superioridad y de confianza, Fernández señaló que Castillo participó en el crimen contra la lideresa indígena desde la estructura de la empresa mercantil identificada como Desarrollos Energéticos S.A., lo que constituye a criterio del abogado como un elemento de superioridad sobre Cáceres.
Además, refirió que el condenado participó junto a una estructura militar en la forma en cómo se ejecutó el crimen, donde dos personas de las que ya fueron encontradas culpables -Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez- también fueron miembros de las Fuerzas Armadas, junto a una tercera -Henry Hernández- quien también era militar.
«Este extremo visto por si solo, son al menos cuatro personas con formación militar y además en conexión con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas […] constituye un elemento obvio de superioridad que facilitó la ejecución del crimen», afirmó el abogado Fernández durante su participación en la audiencia.
Asimismo, citó al perito Harald Waxenecker con relación a que el crimen se ejecutó por una combinación de una estructura empresarial delincuencial con una estructura militar que entró al mundo criminal. Fernández señaló que el hecho se produjo de noche y que Castillo tuvo una participación de controlador o director de la ejecución del crimen por lo que tenía conocimiento de las circunstancias de tiempo y lugar en que se iba a ejecutar el crimen.
En cuanto a la ejecución del delito por motivos racistas o de carácter ideológico, Fernández sostuvo que a la acusación le parece fundamental la pericia del perito Harald Waxenecker, en la que se señaló que Cáceres «quedó inserta en un choque entre una visión sobre el uso o el manejo de la naturaleza de la que es parte el condenado Roberto David Castillo, que impone la lógica del mercado sobre la naturaleza».
ELEMENTOS PERSONALES AGRAVANTES CONTRA CASTILLO
Fernández también enunció cuatro elementos personales del crimen de David Castillo contra Berta Cáceres. En primer lugar, su condición de militar en condición de retiro de las Fuerzas Armadas vinculado a un hecho criminal. El segundo punto, la vinculación del imputado como funcionario público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la que su cargo estaba vinculado al manejo estratégico del modelo energético del país.
En tercera categoría su condición de empresario y beneficiario de concesiones del Estado, donde Castillo apareció vinculado a dos sociedades mercantiles, todas beneficiarias de concesiones del Estado. Finalmente, como cuarta categoría, Fernández señaló que Roberto David Castillo fue reparado por el Tribunal Superior de Cuentas por sus funciones en la ENEE, porque siendo funcionario cobraba un salario y además cobraba otro salario como miembro de las Fuerzas Armadas, donde si bien devolvió parte de lo reclamado ya carga sobre él el antecedente personal.
El expresidente de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo fue encontrado culpable como coautor del asesinato de la ambientalista el pasado lunes 5 de julio. La familia de Berta Cáceres exige que se capture y procese a los autores intelectuales detrás del asesinato de la lideresa indígena.
Fuente: Criterio.hn
Staatsbank FMO financierde bedrijf achter moordcomplot in Honduras
Jeroen Groot Johan Leupen
El banco estatal holandés FMO ha prestado millones a una empresa propiedad de un empresario hondureño que fue condenado a principios de este mes por su papel en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. Se opuso a la central hidroeléctrica a la que se destinaba la financiación. La familia de Cáceres quiere responsabilizar al banco en un juicio en Holanda.
En resumen
El FMO concedió préstamos millonarios a una empresa propiedad del empresario hondureño David Castillo para la construcción de una central hidroeléctrica.
Castillo fue condenado a principios de julio por su participación en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres, que se oponía a la central eléctrica.
Los familiares de Cáceres quieren responsabilizar al banco en un juicio.
FMO afirma que el caso es en parte motivo para que el banco reevalúe su política de inversión.
El banco de desarrollo holandés FMO ha concedido préstamos millonarios a una empresa propiedad de un empresario hondureño que fue condenado a principios de este mes por su papel en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres. La financiación estaba destinada a la construcción de una central hidroeléctrica, pero FMO transfirió la mayor parte del dinero a una empresa propiedad del ex militar David Castillo, que lo utilizó para fines totalmente distintos. Según los familiares de Cáceres, pagó sobornos a agentes corruptos, y toda la información disponible indica que incluso financió su asesinato.
Caso legal
La familia quiere responsabilizar al banco estatal por ello en un juicio en Holanda y ha dado acceso al DF a documentos judiciales, extractos de pagos y conversaciones de WhatsApp de Castillo incautadas por la justicia hondureña.
El caso es una vergüenza para el banco estatal holandés FMO; el banco de desarrollo financia proyectos arriesgados en países pobres como Honduras que a menudo están plagados de corrupción. El FMO hace uso de las garantías del Estado y cuenta con estrictos mecanismos de control y estructuras de supervisión para evitar abusos y daños sociales. En la práctica, no siempre funcionan correctamente.
Muy impactado
En una declaración al FD, el FMO dijo estar «muy conmocionado» por la condena de su cliente y afirmó que el caso era una de las razones para que el banco reevaluara su política de inversión. Una cuestión nueva y más apremiante para nosotros es hasta qué punto el FMO puede y quiere actuar en Estados frágiles con leyes y reglamentos inadecuados, en los que el Estado de Derecho sólo se aplica de forma limitada. Debido al proceso judicial en curso, FMO no quiere responder concretamente a las declaraciones de los familiares.
Castillo es un ex-militar hondureño y ex-alto funcionario con buenas conexiones en la élite empresarial local. El FMO mantenía una estrecha relación con él como máximo responsable del promotor del proyecto, Desa, que iba a construir la central hidroeléctrica de Agua Zarca por 63 millones de dólares, de los cuales 15 millones serían financiación del FMO.
Asesinos
Pero ahora Castillo parece haber orquestado el asesinato de la activista Cáceres, que lideró la oposición local a la construcción de la planta por su profundo impacto en el hábitat de las comunidades indígenas lencas. A principios de 2016, fue asesinada a tiros en su casa por hombres armados. El tribunal hondureño condenó a Castillo a principios de julio de este año por la «planificación y organización» de ese acto, según la sentencia. Se espera que recurra.
Una cuestión clave es por qué el banco estatal holandés transfirió unos 3 millones de euros en 2015 y 2016 a dos empresas que no tenían ninguna relación formal con el proyecto de construcción: Concretos del Caribe -controlada por Castillo- y Desarrollos Ambientales, con sede en Panamá. Sus accionistas no pudieron ser identificados a partir de fuentes públicas. El banco ha sostenido que ha sometido a Castillo a una exhaustiva diligencia con los clientes.
Deber de control descuidado».
Según los abogados de los familiares de Cáceres, el banco holandés incumplió su deber de control. Todo indica incluso que financiaron indirectamente su asesinato», afirma el consejero Wout Albers, de Global Justice; los fondos del FMO se utilizaron supuestamente como dinero para sobornos de agentes corruptos y otros pagos dudosos. Los familiares basan su argumentación, entre otros, en los comprobantes de pago confiscados a Desa y en las conversaciones de WhatsApp del día anterior al asesinato de Cáceres que tuvieron lugar entre Castillo y varios sicarios, ahora también condenados.
El banco estatal ha sido noticia varias veces en los últimos años por los abusos cometidos en diversos proyectos. Recientemente, por ejemplo, un informe de la FD reveló que las plantaciones de aceite de palma en el país africano occidental de Liberia tienen muchos problemas. El FMO ya se enfrentó a una controversia similar en el Congo, y recientemente canceló un préstamo de 60 millones de dólares al banco hondureño Ficohsa tras las críticas de las ONG.
Campanas de alarma
El abogado Albers, que representa a la organización no gubernamental Copinh además de a los familiares de Cáceres, califica de «incomprensible» que el banco haya «ignorado una señal de alerta tras otra» desde que se inició el proyecto de la hidroeléctrica en 2014, incluso del propio Cáceres.
Incluso el promotor chino Sinohydro, también polémico por su papel en anteriores proyectos problemáticos, se retiró del proyecto de Agua Zarca en 2013 tras graves enfrentamientos con la población local. Para entonces, el promotor Desa ya amenazaba e intimidaba a los activistas, por ejemplo destruyendo su cosecha de maíz, según Albers.
Además, el promotor Desa y las demás partes implicadas no tenían experiencia en la construcción de centrales hidroeléctricas, y las estructuras accionariales de las empresas no estaban claras: Castillo, por ejemplo, controlaba una parte importante de Desa mediante acciones al portador. Esto ya debería haber hecho saltar las alarmas, dice Albers, porque es una construcción que suele ser utilizada por los blanqueadores de dinero. Castillo también ocupó anteriormente un alto cargo en la empresa estatal que concedió a Desa la licencia para el proyecto. Un evidente conflicto de intereses, según Albers.
Momentos clave
15 de julio de 2013: El ejército hondureño mata al activista Tomás García durante una protesta pacífica contra Agua Zarca.
24 de agosto de 2013: El constructor de presas chino Sinohydro se retira del proyecto debido al malestar de la población.
27 de febrero de 2014: FMO se une al proyecto y firma el acuerdo de préstamo de 15 millones de dólares.
3 de marzo de 2016: hombres armados matan a tiros a la activista Berta Cáceres en su propia casa.
19 de marzo de 2016: FMO y su socio Finnfund congelan su financiación tras la muerte de Cáceres.
6 de julio de 2017: FMO se retira definitivamente de Agua Zarca tras reevaluar su estrategia.
6 de julio de 2021: El director general de Desa, David Castillo, es condenado por orquestar el asesinato de Cáceres.
El FMO reevalúa su estrategia
El FMO congeló su participación en el proyecto al día siguiente del asesinato de Cáceres, cuando ya había transferido casi 6 millones de dólares de los 15 millones prometidos. El banco hizo una investigación externa y luego, en 2017, retiró definitivamente sus manos de Agua Zarca.
Finalmente, la planta nunca se construyó. Desde entonces, se han reforzado los controles internos y el banco está revisando también sus propias políticas de inversión, según un comunicado del FMO.
Estos son precisamente los estados donde podemos marcar la mayor diferencia y donde se nos pide que seamos activos. Al mismo tiempo, las inversiones en Estados frágiles implican los mayores riesgos. En los próximos meses revisaremos nuestra estrategia hasta 2030.
Poco después del asesinato, FMO defendió su participación en el proyecto haciendo hincapié en lo deficiente que es la red eléctrica en Honduras; en algunas zonas rurales la cobertura es inferior al 50%. Además, la comunidad local es muy dependiente de los combustibles fósiles, por lo que se beneficiaría enormemente de la electricidad verde. El FMO dijo que seguiría supervisando el proyecto mediante visitas especiales al lugar y consultores externos. «En los países en desarrollo con estructuras de supervisión débiles, podemos marcar la diferencia», dijo el banco en una hoja informativa de 2016.
El Departamento de Defensa se dirigió al abogado hondureño de Castillo para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta. El ex consejero estadounidense tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.
El río ‘sagrado»
Al principio, éramos conscientes de que se trataba de un proyecto complejo con diversos actores’, recuerda la portavoz de FMO sobre los inicios de Agua Zarca, que ahora se puede calificar de proyecto desastroso. Era una planta de pequeña escala en la zona de Río Blanco. Esperamos que este proyecto tenga efectos positivos en el nivel de vida de Honduras, proporcionando la electricidad que tanto se necesita y creando puestos de trabajo en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza». Desde el principio, ha habido resistencia por parte de las comunidades lencas locales, que viven alrededor del río Gualcarque. Consideran que el río es sagrado, sobre todo porque de él depende su producción de maíz. La cuestión de la propiedad ha sido desde el principio uno de los principales puntos de discordia: los lencas insisten en que los bancos que se han derribado para construir la central eléctrica son «tierras comunitarias». FMO sostiene que los terrenos se compraron legítimamente a dieciséis propietarios privados; todo se hizo de acuerdo con un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, luego llegó el asesinato de la activista y líder lenca Berta Cáceres. Estamos muy disgustados por este asesinato», dice FMO. ‘Hasta el momento en que nos retiramos de esta inversión, en julio de 2017, siempre nos propusimos hacer juicios cuidadosos basados en la información disponible en ese momento. Tras su muerte, encargamos una investigación independiente sobre la actuación de FMO y las circunstancias en Honduras. Desde la salida, muchas cosas han cambiado internamente, según el banco: los criterios de selección se han endurecido, prestando más atención a los intereses locales, los derechos humanos y la investigación de los clientes. El FMO también reevaluará su política de inversión, en parte como resultado del caso.