David Castillo utilizó sus conocimientos de inteligencia militar para monitorear, acosar e intimidar a Berta Cáceres.
Castillo coordinó junto a los ya condenados Douglas Bustillo y Mariano Díaz el operativo de asesinato de Berta Cáceres; los 3 son miembros de las fuerzas armadas de Honduras entrenados en los EEUU y utilizaron sus conocimientos de manera criminal.
Las autoridades niegan investigar estructuras dentro del ejercito involucrados en este tipo de crímenes. Mariano Díaz era Mayor activo y en curso de ascenso e instructor de la Policía Militar cuando fue capturado. ¿Porqué no se ha investigado la vinculación de otros altos mandos de las fuerzas Armadas en el crimen?
ALIAS ‘COCA’ (CAPTURADO EN LA CEIBA EL 8 DE FEBRERO DEL 2017).
La data telefónica sugiere que estuvo en La Esperanza/Intibucá junto a Henrry Hernández, Edilson Duarte, y Elvin Rápalo el día del asesinato. Declaraciones de otros imputados confirman su participación.
ELVIN HERIBERTO RÁPALO ORELLANA
ALIAS ‘CHELITO’, ‘COMANCHE’ (CAPTURADO EN ZACAPA, SANTA BÁRBARA, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016)
Laboraba en la construcción y es el supuesto coautor del asesinato además fue el que disparo contra el mexicano Gustavo Castro. Según testigos ha confesado haber cometido varios asesinatos en el área de San Pedro Zacapa y La Ceiba. La data telefónica sugiere que estuvo presente en La Esperanza, Intibucá el día del asesinato junto a con Henrry Hernández, Edilson Duarte, y Óscar Torres.
EDILSON ATILIO DUARTE MEZA
ALIAS ‘CHAPARRO’ (ARRESTADO EN LA CEIBA, EL 2 DE MAYO DEL 2016).
Su data telefónica del 2 de marzo confirma que se reunió con Elvin Rápalo, Óscar Torres y Henrry Hernández para trasladarse de la ciudad de La Ceiba hacia la ciudad de La Esperanza, su teléfono celular se ubicó en la zona de la casa de Berta Cáceres en la hora del asesinato y luego regresó rumbo al norte del país. Es uno de los principales sicarios y autores materiales que dieron muerte a Berta el 2 de marzo del 2016.
Cáceres, a winner of the Goldman prize for environmental defenders, was shot dead late at night on 2 March 2016 – two days before her 45th birthday – after a long battle to stop construction of an internationally financed hydroelectric dam on the Gualcarque River.
On Monday, more than a year after the guilty verdict, the four paid hitmen – Elvin Rapalo, Edilson Duarte Meza, Óscar Torres, and Henry Javier Hernández – were each given 34 years for the murder. They were also sentenced to 16 years and four months for the attempted murder of Gustavo Castro, a Mexican environmentalist who was shot in the same attack but survived by playing dead.
Sergio Ramón Rodríguez, the communities and environment manager for Desa, and Douglas Geovanny Bustillo, a former Desa security chief and ex-US trained army lieutenant, were given 30 years and six months for their participation in the murder.
Mariano Díaz Chávez, a US-trained special forces major who served with Bustillo, was found guilty by omission and given 30 years. In last year’s five-week trial, wiretap conversations suggested that Díaz participated in reconnaissance missions with Bustillo, and in February 2015 provided logistical support and a gun for a plot to kill Cáceres. That attempt was aborted at the last minute because she was at home with her daughters.
At the time, Díaz – an army major on active service and in line for promotion to lieutenant colonel – was under investigation for drug trafficking and kidnapping.
Monday’s sentences were welcomed by Cáceres’s family and supporters as an important step, but outside court they reiterated demands that justice be delivered against the masterminds and financiers of the plot.
“From the outset, the path to justice has been painful, as our rights as victims have not been respected. These sentences are a start in breaking the impunity, but we’re going to make every effort to ensure that all those responsible – the company executives and state officials identified in the trial – are prosecuted,” said Bertita Zúñiga, Cáceres’ second-eldest daughter.
In an October 2018 photo, men accused in the murder of Berta Cáceres sit in the courtroom in Tegucigalpa, Honduras. Photograph: Fernando Antonio/AP
Cáceres, the coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh), was best known for defending indigenous territory and natural resources, but she was also a respected political analyst, women’s rights defender and anti-capitalist campaigner.
David Roberto Castillo, a US-trained former military intelligence officer and Desa’s president, has been indicted as an “intellectual author” of her murder. Castillo was arrested on the second anniversary of the murder and is alleged to have coordinated with, and provided funds to, the killers.
This year, Cáceres’ children applied to a US federal court to subpoena bank records linked to a $1.4m luxury house in Texas purchased by Castillo eight months after the killing, arguing the documents could help identify yet unknown individuals involved in the crime.
Castillo has also been indicted on multiple corruption charges linked to the Agua Zarca dam concession, which was awarded without proper consultation or environmental assessment. He denies any wrongdoing and insists that he and Cáceres were friends. Construction of the 21-megawatt dam stopped after the murder, but the licence has not been revoked.
The Agua Zarca dam was among scores of environmentally destructive mega-projects sanctioned after the 2009 coup, which ushered in a pro-business government that unleashed a wave of repression against communities who opposed the plans.
Cáceres’s murder triggered widespread condemnation but failed to stop the bloodshed: at least 24 environmental and land defenders have been murdered since March 2015, and Honduras remains one of the most dangerous countries in the world outside an official warzone. Meanwhile, the National party remains in power despite mounting allegations of election fraud, illegal campaign financing and links to drug trafficking.
Pie de foto,Cáceres fue atacada el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza un día antes de cumplir 45 años.
A dos meses del asesinato de la prominente activista ambiental Berta Cáceres, las autoridades de Honduras anunciaron este lunes la detención de cuatro supuestos implicados en su muerte.
El asesinato de Cáceres, premiada un año atrás con el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente, generó repudio en su país y en el extranjero.
Cáceres fue atacada por dos hombres armados el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza un día antes de cumplir 45 años.
Los sospechosos fueron detenidos tras allanamientos simultáneos que se realizaron en la capital Tegucigalpa y en las ciudades de La Ceiba, Trujillo y Colón.
Fueron identificados como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, informó el Ministerio Público hondureño.
«En las operaciones se ha capturado a cuatro de los presuntos asesinos de Berta Cáceres en allanamientos en varias ciudades del país», aseguró el portavoz del Ministerio Público, Jury Mora.
Fueron detenidos bajo cargos de asesinato contra Cáceres y tentativa de asesinato contra su colega mexicano Gustavo Castro, herido en el ataque y único testigo del crimen.
El vocero de las Fuerzas Armadas, Lenín González, señaló que dos de los presuntos responsables son militares, uno activo y el otro retirado.
Activista premiada
Cáceres, líder de la etnia lenca, contaba con medidas cautelares de protección establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que denunciara haber recibido amenazas de muerte.
Pie de foto,Miles de personas acudieron al funeral de Cáceres.
Su campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió el año pasado el premio Medioambiental Goldman.
La activista, coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca.
La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
Pedido de la ONU
Semanas atrás el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, le pidió al gobierno de Honduras que ordene una investigación independiente del asesinato de Cáceres.
Familiares de la activista y organizaciones civiles hicieron la misma demanda y enviaron una carta abierta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denunciaron señales de corrupción en la pesquisa.
Pie de foto,Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015.
Dos semanas después del asesinato de Cáceres otro miembro del Copinh, Nelson García, murió asesinado.
Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según la ONG con sede en Londres y Washington Global Witness, que investiga abusos contra los derechos humanos.
Según esta organización, Honduras es «el país más mortal del mundo» para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.
Es especialmente peligroso para los indígenas. De los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas.
La Justicia de Honduras encarcela a cuatro sospechosos del asesinato entre los que hay un mayor del Ejército hondureño y un ejecutivo de la empresa a la que se enfrentó la activista.
TEGUCIGALPA.- Los presuntos autores del asesinato de la dirigente indígena y ecologista hondureña Berta Cáceres recibieron como pago 500.000 lempiras (cerca de 22.000 dólares), según la confesión de uno de ellos registrada en un informe difundido este lunes por la prensa local.
El informe difundido por el diario El Heraldo señala que una fuente anónima reveló que uno de los militares detenidos como sospechoso «confesó haber participado en el crimen» y que recibió cerca de 22.000 dólares por planificar el asesinato.
El sospechoso, cuya identidad no se revela, explicó la forma en la que se distribuyó el dinero y, según la publicación, cada sicario que participó recibió una paga de 50.000 lempiras (2.200 dólares).
Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía.
La Justicia de Honduras impuso el domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados detenidos hasta ahora por el asesinato de la dirigente indígena.
Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, directivo de la empresa Agua Zarca, que promueve un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.
Los cuatro sospechosos fueron detenidos el pasado lunes en registros simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la «Operación Jaguar».
Un quinto implicado en el crimen, identificado como Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, fue detenido el mismo lunes pero se le había dejado en libertad en La Ceiba.
Sin embargo, el viernes el Ministerio Público hizo un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que Cáceres fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez esta semana.
El informe del mismo rotativo hondureño señala que existe un vídeo sobre el asesinato de Cáceres, que además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El vídeo fue obtenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para su análisis y muestra «a cuatro individuos ingresando a la casa de la fallecida (Berta Cáceres) en la madrugada del día de su muerte», añade la publicación.
No obstante, el vídeo «no aportaba imágenes claras», por lo que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EEUU, que colaboran en el caso, «procesaron el material para limpiarlo y así visualizarlo».
Cáceres denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.
Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- Un tribunal de Honduras condenó este lunes a entre 30 y 50 años de cárcel a siete de los ocho acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro en 2016 en Intibucá, oeste del país centroamericano.
El octavo denunciado, Roberto David Castillo, quien hasta ahora ha sido acusado como el único autor intelectual del asesinato, sigue detenido a la espera de la sentencia.
La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional condenó a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Castro, que era huésped de la ecologista el día del crimen y fue el único testigo del hecho sangriento.
Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel, como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez.
Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), presunta implicada en el crimen.
Ejecutivos de la Desa han rechazado siempre las acusaciones contra personal de la empresa por el asesinato de Berta Cáceres, quien dormía en su casa cuando fue atacada.
El 30 de noviembre de 2018 la justicia ya había declarado culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.
A la audiencia de entonces asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Copinh.
«No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia», dijo la madre de la ambientalista. Muy conmovida, subrayó que «estos bandidos van a la cárcel a pudrirse en la cárcel» pero «a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar».
El ambientalista mexicano Gustavo Castro resultó herido de bala en una oreja y estuvo retenido en Honduras durante varias semanas después del crimen.
La familia de Berta Cáceres ha reiterado que la empresa Desa, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los «autores intelectuales» del crimen de la ecologista.
El abogado de Desa, Robert Amsterdam, en un comunicado, rechazó en noviembre del año pasado que Sergio Ramón Rodríguez, uno de los siete condenados hoy, haya tenido que ver con la muerte de Berta Cáceres.
Según Amsterdam, «no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas».
La familia y defensa de Berta Cáceres sigue exigiendo castigo y que se capture a los autores intelectuales del crimen, en el que aseguran que no solo se trata de David Castillo. EFE
(CNN Español) – Un Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó este lunes una pena de entre 30 y 50 años de cárcel a siete de los nueve implicados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, según informó la portavoz del poder judicial Lucía Villars.
En la resolución, el tribunal establece que cuatro de los sentenciados deberán de permanecer en la cárcel 50 años, ya que fueron declarados culpables por los delitos de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres y asesinato en grado de tentativa en contra de un testigo protegido que acompañaba a Cáceres el día del crimen.
A dos procesados se les condenó a 30 años de cárcel, uno por encontrarlo culpable como coautor del delito de asesinato consumado y al otro por el delito de autor por omisión en un caso de asesinato.
Además, otro procesado estará 30 años en prisión por el delito de asesinato en su grado de tentativa.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 de varios impactos de bala en el interior de su vivienda, ubicada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al occidente de Tegucigalpa.
Por este caso fueron procesados nueve personas, entre ellos tres exmilitares, quienes se declararon inocentes. En el transcurso del juicio uno de los imputados fue dejado en libertad por falta de pruebas.
Como uno de los actores intelectuales del asesinato de la ambientalista, según la sentencia, se menciona a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), una compañía a la que Cáceres se opuso por intentar instalar una hidroeléctrica en el río Gualcarque en su comunidad lenca.
El apoderado legal de Rodríguez, Jair López, dijo que apelará la sentencia de su defendido, porque asegura que su cliente es inocente y reiteró el alegato en todo el proceso del juicio de que el ejecutivo de DESA no tuvo ninguna relación que lo implique.
El noveno imputado en este caso es David Castillo Mejía, presidente de DESA, al que la Fiscalía del Estado acusó de autor intelectual del asesinato de la ambientalista que también se ha declarado inocente.
Por haber sido capturado el 2 de marzo de 2018, su proceso está pendiente de llegar a juicio oral y público, según dijeron las autoridades del poder judicial. La empresa Desarrollos Energéticos mediante comunicados ha argumentado la inocencia de sus ejecutivos detenidos y se ha desligado del asesinato de Cáceres.
Más de dos años y medio después del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, los presuntos autores materiales del crimen están por fin sentados en el banquillo de los acusados.
Pero los familiares de la líder indígena lenca han denunciado el proceso judicial como «una farsa» que tiene como objetivo garantizar la impunidad de los verdaderos responsables de su muerte.
Tres disparos de un sicario acabaron con la vida de Cáceres en la madrugada del 3 de marzo de 2016, un año después de que sus esfuerzos por evitar a la construcción de una represa en el noroeste del país la hiciera merecedora del prestigioso Premio Goldman, «el Nobel del medio ambiente».
Y, después de numerosos aplazamientos, el juicio oral en contra de los primeros ocho imputados por el caso finalmente empezó el pasado 20 de octubre, con la fiscalía iniciando la fase de «evacuación de los medios de prueba» esta semana.
Después de numerosos aplazamientos, el juicio empezó el pasado 20 de octubre.
Un vocero del Ministerio Público hondureño le dijo a BBC Mundo que la institución cuenta con la evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados, entre los que además del gatillero también figuran dos exmilitares y dos exempleados de DESA, la empresa detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.
Pero aunque los familiares de la cofundadora del COPINH -el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras- también parecen convencidos de que el juicio terminará rápidamente y con un veredicto de culpabilidad para los indiciados, también advierten que eso no es garantía de justicia.
Los representantes legales de la familia de Berta Cáceres fueron apartados del proceso por orden del Tribunal de Sentencia.
«Sin duda va a haber condenas, porque es de interés del Estado», le dijo a BBC Mundo Berta Zúñiga, una de las hijas de la mujer que se convirtió en el símbolo de los peligros a los que están expuestos los activistas ambientales y de derechos humanos en el país centroamericano.
«Pero van a ser condenas frágiles y el resultado de un proceso superficial que no va a arrojar luces sobre lo que verdaderamente pasó», agregó, desde Tegucigalpa.
Para Zúñiga el mayor riesgo no es sólo que las eventuales condenas puedan ser fácilmente revertidas en otras instancias, sino que la actuación judicial también puede comprometer la futura imputación de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.
Y la reciente y polémica decisión judicial de retirar del proceso a los representantes legales de las víctimas -los familiares de Cáceres y el activista medioambiental mexicano Gustavo Castro, herido de bala durante el ataque- no ha hecho sino acentuar las sospechas de que a las autoridades no les interesa ir hasta el fondo del caso.
La disposición fue tomada por el propio Tribunal de Sentencia luego de que la acusación privada no se presentara al inicio del juicio oral, aduciendo que un recurso de amparo mantenía vigente su recusación de los magistrados que integran el mismo por «abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violaciones de los deberes de los funcionarios».
Y ese es sólo el último ejemplo de los numerosos choques entre las víctimas y las diferentes instancias del sistema de justicia de Honduras, un país con elevados niveles de impunidad rutinariamente denunciados por las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos.
Los imputados
El juicio se centra exclusivamente en los autores materiales del asesinato de Cáceres.
La fiscalía imputó en calidad de autores materiales del crimen a los hermanos Edilson y Emerson Duarte, a Óscar Arnaldo Tareas y a Elvin Heriberto Rápalo, el supuesto autor de los disparos.
Como coautores del asesinato están imputados Sergio Ramón Rodríguez (gerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (oficial del Ejército) y Henry Javier Hernández.
Los encontronazos empezaron desde que el mismo Tribunal de Sentencia no quiso admitir al COPINH -la organización liderada por Cáceres- como una de las víctimas de su asesinato, y se volvieron a manifestar cuando también negó la autorización para la transmisión en vivo del juicio.
Pero los choques más fuertes se han producido con el Ministerio Público, a quienes las víctimas han llegado a acusar, incluso criminalmente, de falta de diligencia y de tratar de obstaculizar a la justicia al rehusarse a compartir información a pesar de las órdenes expresas del tribunal (entre otras cosas).
«Falta de transparencia»
Mucha de esa información es evidencia potencial contenida en equipos incautados a los imputados que, a pesar del tiempo transcurrido, no han sido analizados por el Ministerio Público porque o bien «no estaban siendo usados en el momento del crimen» o «por falta de la tecnología necesaria», explicó un vocero de la institución.
«Y no todo se puede compartir, porque el artículo 5 de la ley del Ministerio Público prohíbe que se comparta información de un caso que todavía está siendo investigado, para no comprometer la integridad de la investigación», argumento el funcionario, Yuri Mora.
Cáceres era cofundadora del Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, para muchos el objetivo último del ataque que le costó la vida.
Las críticas a la falta de cooperación del Ministerio Público, sin embargo, son una de las raras coincidencias entre los abogados de las víctimas y los representantes legales de DESA.
Aunque para Robert Amsterdam, el abogado estadounidense contratado por la empresa hondureña, eso ha afectado más a la defensa.
«Las injusticias que han cometido con la defensa empequeñecen todo lo que ha estado pasando con las víctimas», le dijo a BBC Mundo el penalista estadounidense.
Y, al igual que estas, Amsterdam dice estar convencido de que el proceso judicial se ha visto condicionado por presiones políticas y que terminará con veredictos de culpabilidad, pero en su opinión injustas (al menos en lo que respecta a los exempleados de DESA).
«A Estados Unidos y las ONGs no les interesa la justicia, ellos simplemente quieren una cabeza», aseguró el abogado de la empresa, quien insiste en que no hay evidencias de que la muerte de Cáceres tuviera algo que ver con su oposición a la represa de Agua Zarca.
El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca pretendía represar el río Gualcarque a unos 200 kilómetros al oeste de Tegucigalpa amenazando las fuentes de agua de los lencas.
«Aquí ha habido una renuncia total por parte de la comunidad de defensores internacional de Derechos Humanos a realmente buscar la verdad», se quejó Amsterdam, quien asegura que hay muchas otras explicaciones posibles para la muerte de Cáceres.
Y Marcia Aguiluz, la directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, una de las numerosas organizaciones internacionales que ha estado siguiendo de cerca el caso- coincide en que el mayor riesgo es que efectivamente nunca se llegue a la verdad, pero para proteger a los inversionistas y accionistas de DESA.
«Habrá culpables, pero no habrá justicia ni verdad», dijo del proceso que inició el pasado 20 de octubre.
«Vamos a saber quiénes apretaron el gatillo y quiénes los encubrieron, pero no quiénes pagaron (para matar a Berta Cáceres)», le dijo a BBC Mundo.
Enfoque limitado
Víctor Fernández, el abogado de las hijas de Cáceres, coincide.
Y cree que es precisamente para garantizar eso que el Ministerio Público ha insistido en centrar la acusación únicamente en el día del asesinato de la líder indígena, rehusándose a considerar el contexto más amplio.
Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo de lucha en Honduras.
«Reducirlo todo al día del hecho es reducir la verdad y atentar contra el derecho a la justicia, porque la conspiración va más allá del 2 de marzo, hay que considerar todo lo anterior, las amenazas», argumenta Fernández.
«Es un enfoque que pone en riesgo la imputación de algunos de los verdaderos autores intelectuales, aumentando el riesgo de impunidad de algunos actores», le dijo a BBC Mundo.
Pero la fiscalía, sin embargo, insiste en que la investigación todavía no ha concluido y asegura que «si hay nuevas personas de interés, el Ministerio Público emitirá los respectivos requerimientos fiscales».
«Hay dos policías guardando prisión, porque son los que estaban realizando la investigación y el Ministerio Público comprobó que estaban falseando unos audios», destacó el vocero de la institución, Yuri Mora.
Y el portavoz también recordó el arresto, en marzo pasado, del presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien eventualmente deberá enfrentar un juicio aparte como supuesto autor intelectual del asesinato de Cáceres.
Honduras es el país más letal del mundo para los defensores del medioambiente.
Esto, sin embargo, no convence ni las víctimas ni a organizaciones como el CEJIL, que representó a Cáceres cuando esta consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en favor de la activista medioambiental antes de su asesinato.
«Nosotros no nos sentimos representados por un Ministerio Público que nunca ha velado por nuestros intereses, al que hemos denunciado dos veces y ni siquiera nos dirige la palabra», le dijo Berta Zúñiga a BBC Mundo.
«Tampoco hay voluntad política de garantizar una justicia integral, lo que se ha expresado en una coordinación de todas las instancias del sistema judicial para apartarnos del proceso», denunció la hija de Berta Cáceres.
Y para Marcia Aguiluz, del CEJIL, un encubrimiento de los máximos responsables puede tener consecuencias que van más allá de este caso puntual, en un país conocido como uno de los más letales para los activistas medioambientales.
«Los sicarios son reemplazables«, le dijo a BBC Mundo. «Pero si los autores intelectuales no asumen su responsabilidad, este tipo de situaciones se va a seguir repitiendo».
Según informe independiente, se tienen pruebas ‘concluyentes’ respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en el asesinato.
Por AFP
Agentes estatales y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres por oponerse a una hidroeléctrica en territorio indígena, denunciaron este martes cinco expertos que investigaron el crimen.
El asesinato de la ambientalista «respondió, como mínimo, a un plan concebido», establece un informe de 92 páginas dado a conocer en una rueda de prensa por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que fue integrado en noviembre de 2016 por cinco especialistas.
El grupo esta conformado por Dan Saxon (estadounidense de la Universidad de Leiden), Roxanna Altholz (estadounidense de la Universidad de California), Miguel Ángel Urbina (profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y los abogados colombianos Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste), donde además hirieron al activista mexicano Gustavo Castro.
Ocho personas están detenidas acusadas de ser autores materiales del asesinato, pero la dirigencia del Copinh y la familia de Cáceres exigen llegar a los autores intelectuales.
Ante sus reclamos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) conformaron el grupo de expertos.
Pruebas concluyentes
«La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato» de Cáceres y tentativa de asesinato de Castro, estableció el informe denominado ‘Represa de la violencia’.
El reporte también sostiene que el Ministerio Público (fiscalía) «ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato (…) inició en noviembre de 2015″, que coincide con los tiempos en que se dieron movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh, en oposición al proyecto Agua Zarca para construir una represa en el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca.
La presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, rechazó los señalamientos y dijo a AFP que los ejecutivos de ese organismo y de Agua Zarca presentaron pruebas a los miembros del GAIPE de que la empresa DESA «estaba desvinculada de crimen».
También dijo que «se les propuso una mesa de diálogo de paz pero la rechazaron», y que el informe en realidad pretende influir en el resultado de las próximas elecciones del 26 de noviembre.
Pretenden «crear una inestabilidad en el país a 26 días de las elecciones porque una hija» de la ambientalista asesinada, Berta Zúniga, nueva coordinadora del Copinh, «es candidata del partido Libre (Libertad y Refundación, izquierda), coordinado por el expresidente derrocado Manuel Zelaya, aseveró.
Los miembros de GAIPE realizaron cuatro viajes a Honduras para entrevistar a más de treinta personas, así como para estudiar informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultar diez procesos penales por denuncias del Copinh y la prueba contenida en el proceso por el asesinato.
El grupo descubrió que los agentes encargados de la investigación del crimen «no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente» a los responsables del crimen y el Ministerio Público niega información a las víctimas.
A pesar de que la «prueba existente es suficiente para procesar por otros delitos a personas del nivel directivo, gerencial, y operativo de DESA, así como a numerosos agentes estatales», aseveró.
El GAIPE estableció que hubo «negligencia deliberada» por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund de Finlandia.
El grupo de expertos consideró que estas instituciones «tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales», en el sentido de que querían construir la represa sin consultar a las comunidades lencas afectadas.
CIUDAD DE MÉXICO – Era casi la medianoche cuando dos hombres patearon la puerta de entrada a la casa de Berta Cáceres en La Esperanza, su pequeño pueblo en Honduras. Pasaron por la cocina; uno de ellos abrió la puerta de la habitación y disparó seis veces. Cáceres murió poco más tarde.
En un país donde la lucha por proteger el derecho a la tierra provoca venganzas violentas, el asesinato en marzo de 2016 de la defensora del medioambiente podría haberse simplemente perdido entre el oscuro conteo de víctimas lamentables.
Sin embargo, Cáceres, de 44 años, era reconocida a nivel internacional por liderar a su comunidad indígena lenca en contra de una presa que una empresa planeaba construir en sus tierras. Su fama transformó su asesinato en un crimen emblemático y convirtió a la investigación que le siguió en un desafío a la arraigada impunidad de los poderosos en Honduras.
A veinte meses de su asesinato, un equipo internacional de cinco abogados ha advertido que la gente que ordenó el asesinato podría no enfrentar nunca a la justicia.
La evidencia, según los abogados, apunta a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la empresa hondureña con la concesión para la presa.
“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados en un informe. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.
Desa ha negado en repetidas ocasiones cualquier participación en la muerte de Cáceres o algún nexo con “cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier persona”.
“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”.
Roxanna Altholz, integrante de un grupo de abogados que revisa la investigación
Hay ocho sospechosos detenidos, incluyendo a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de Desa, y Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado del ejército hondureño que fue el director de seguridad de Desa hasta mediados de 2015.
“Lo que falta es procesar a las personas que contrataron a Bustillo para planificar la operación”, dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisa el caso a petición de la familia de Cáceres. El informe de los expertos fue publicado el 31 de octubre (The New York Times obtuvo una copia previa).
La investigación del gobierno, realizada por una unidad de élite de la Procuraduría General de la República de Honduras, todavía está abierta, aunque el grupo de abogados dice que no hay señales de que haya progresado más allá de los sospechosos actuales.
Entre los integrantes del equipo de investigación hondureño están dos asesores estadounidenses (un detective de homicidios retirado y un antiguo fiscal federal) que han estado trabajando con las autoridades desde los primeros días de las pesquisas, como parte de un esfuerzo de la Embajada de Estados Unidos por presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que se resuelvan casos criminales de alto perfil.
Muchos de estos involucran la participación de grupos poderosos que, según críticos, operan fuera de la ley.
“El gran desafío de Honduras es desmontar las fuerzas paralelas a las instituciones del Estado”, dijo Urbina, un experto en justicia criminal guatemalteco y asesor de la reforma judicial.
Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017Credit…Oswaldo Rivas para The New York Times
Para elaborar el informe, el grupo de Urbina analizó aproximadamente 40.000 páginas con mensajes de texto transcritos, que los investigadores del gobierno hondureño recuperaron a partir de tres teléfonos celulares, uno requisado en las oficinas de Desa y dos usados por Rodríguez y Bustillo.
De acuerdo con el informe, los mensajes muestran que los dos hombres estuvieron en contacto frecuente con tres altos ejecutivos en Desa mientras monitoreaban los movimientos de Cáceres y otros miembros de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, o Copinh.
Los abogados dicen que las conversaciones revelan que las órdenes de amenazar al Copinh y sabotear sus protestas provenían de ejecutivos de Desa que estaban en control de las fuerzas de seguridad en el área; daban instrucciones y pagaban la comida, el alojamiento y el equipo de radio de las unidades policiacas.
“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Leyes de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y una de las integrantes del grupo de abogados.
Los otros miembros del equipo legal son un exfiscal de crímenes de guerra, Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han lidiado con casos de derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año y han realizado varios viajes a Honduras para hacer entrevistas y revisar material del caso.
Bertha Zúñiga, hija de Cáceres, escogió a los abogados a partir de recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización latinoamericana de defensa de los derechos humanos.
Los mensajes de texto fueron entregados a la familia de Cáceres en mayo pasado por órdenes de un juez después de que los fiscales hondureños cancelaron cuatro citas para compartir sus hallazgos.
Altholz dijo que una de las preguntas que han surgido de su investigación es por qué la procuraduría, que requisó los teléfonos en abril y mayo de 2016, no actuó a partir de “la calidad y la cantidad de información” que “había tenido en su posesión durante el último año y medio”.
Un vocero de la procuraduría dijo que no podía hacer comentarios inmediatos.
Para la hija de Cáceres, el contenido de los mensajes demuestra que los ejecutivos de Desa se sentían intocables. “Estaban tan confiados de su impunidad que hablaban abiertamente”, dijo Zúñiga.
Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Cáceres, en una entrevista con The New York Times en Español en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017Credit…Oswaldo Rivas para The New York Times
La empresa ha salido en defensa de su empleado, Rodríguez, el gerente de asuntos ambientales. Es “un hombre de familia, honesto y trabajador, quien en este momento está injustamente privado de su libertad”, señaló la división de presas de Desa, Hidroeléctrica Agua Zarca, en un correo electrónico que no fue firmado por alguien en particular. La empresa “confía plenamente también en la inocencia del Sr. Rodríguez”.
Desa obtuvo la concesión para construir una presa en el río Gualcarque, al oeste de Honduras, en 2009. Por ley, la empresa debía consultar con la comunidad lenca, pero el Copinh se opuso al proyecto desde el principio con el argumento de que la presa pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad.
La empresa incluso fue establecida de manera extraña, señaló Juan Jiménez Mayor, jefe de MACCIH, una comisión para combatir la corrupción en Honduras respaldada por la Organización de Estados Americanos: Desa contaba con un capital de solo 1200 dólares cuando obtuvo la concesión de la presa, junto con los permisos de operación, los derechos al agua y un contrato para vender electricidad a la paraestatal de energía eléctrica.
En 2011, miembros de la familia Atala Zablah, una de las más influyentes en Honduras, inyectaron millones de dólares a la empresa y se unieron a la junta directiva. La comisión de Jiménez ha empezado a investigar los contratos de Desa, una acción que ha generado enojo entre grupos empresariales hondureños.
Copinh luchó en contra de la presa por distintos frentes. Presentó litigios, realizó reuniones comunitarias y sometió el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno hondureño tomar medidas para proteger a Cáceres. Ella había recibido amenazas de muerte y sabía que eran serias: cuatro miembros del Copinh fueron asesinados en 2013 y 2014.
En 2015, Cáceres ganó el Premio Medioambiental Goldman, que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios, pero eso no fue suficiente para protegerla.
En noviembre de 2015, de acuerdo con el informe de los abogados, el exdirector de seguridad Bustillo se reunió con un alto ejecutivo de Desa. En enero, visitó La Esperanza y luego obtuvo una pistola mediante Mariano Díaz Chávez, un antiguo oficial de las fuerzas especiales hondureñas a quien se acusa de organizar el grupo de choque que asesinó a Cáceres.
De acuerdo con los abogados, se había planeado un intento de asesinato contra Cáceres para principios de febrero, pero se canceló.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. “Ayer no se pudo”.
El informe no nombra a los ejecutivos de Desa, porque las autoridades hondureñas no han presentado cargos en su contra.
Bustillo regresó a La Esperanza durante varios días a finales de febrero y arregló una reunión con el mismo empresario para el 2 de marzo.
Después del asesinato, Rodríguez, el gerente de medioambiente detenido, reenvió detalles del informe de la escena del crimen que la policía había proporcionado a uno de los ejecutivos de la empresa.
“Sergio, relájate”, le respondió a Rodríguez otro ejecutivo por medio de WhatsApp unos días después. “Todo va a salir bien, ya vas a ver. No caigas en pánico, que lo vas a trasladar a otra gente”.
Una versión anterior de este artículo se refería de manera incorrecta a los inversores en el proyecto de represa. Se trata de miembros de la familia Atala Zablah, y no «la familia Atala», como estaba consignado (ningún miembro de la familia Atala Faraj ha sido inversionista en Desa o el proyecto Agua Zarca).
