Daniel Atala

Gerente financiero de DESA. Autorizó el financiamiento para el pago y dotación de recursos para las personas que debían cumplir funciones de infiltración, seguimiento y atentados contra la libertad, integridad y vida de personas de las comunidades de Rio Blanco, COPINH y de Bertha Isabel Cáceres Flores. Participó en la contratación y pago de profesionales de distintas áreas, incluyendo abogados, para manipular a agentes estatales de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia (jueces y fiscales) para atacar y neutralizar la oposición de Bertha Isabel Cáceres Flores y de los integrantes del COPINH al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Autorizó la contratación del señor Douglas Geovanny Bustillo para que ejecutara acciones de seguimiento, planificación y ejecución del asesinato en contra de Bertha Isabel Cáceres Flores, el 02 de marzo de 2016, y su antecedente inmediato que consistió en el atentado que abortaron el 05 y 06 de febrero del 2016.

Informe: Violencia y Corrupción en la industria energética

La Fundación del Debido Proceso Legal, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Robert F. Kennedy Human Rights, y el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOAWatch) publicaron un informe que describe a Roberto David Castillo y las empresas relacionadas su nombre. El dossier reúne información que implica a Castillo en un patrón de violaciones de derechos humanos y corrupción para el beneficio de las empresas con las que estaba asociado.

¿Qué dijeron los medios masivos sobre el caso David Castillo?

Un repaso por las principales noticias publicadas en los medios masivos internacionales sobre las vinculaciones y el rol de David Castillo, en el crimen de Berta Cáceres


“Familia de activista hondureña asesinada apela a un tribunal de Estados Unidos para pedir ayuda en su juicio por asesinato”

En una nota publicada por el medio de comunicación The Guardian, se informaba sobre la solicitud que realizaron en el 2019, familiares de Berta Cáceres, a un tribunal federal de los Estados Unidos sobre los registros bancarios vinculados a una casa de lujo de 1,4 millones de dólares en Texas comprada por David Castillo pocos meses después del asesinato.

Los abogados de la familia Cáceres argumentaban que el momento de la compra de la propiedad inmobiliaria de 5,034 pies cuadrados y el pago inicial sustancial podrían proporcionar evidencia sobre el motivo financiero del asesinato. La información solicitada al banco también podría ayudar a identificar a otras personas, aún desconocidas, involucradas en el asesinato.

Más información en la nota completa de Nina Lakahni en The Guardian.

“Al interior del complot para asesinar a Berta Cáceres”

El 21 de diciembre del 2019 el medio The Intercept publicaba, sobre los mensajes de texto y Whatsapp que demuestran que la conspiración contra Berta Cáceres involucró a los más altos rangos de la empresa cuya represa había estado protestando.

“Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres”, publicaba The Intercept.

Nota Completa

“Gerente de DESA preso por el crimen de Berta Cáceres es socio de PRODERSA, asegurada por vínculos con Cachiros”

El medio Pasos de Animal Grande, difuncía en marzo de 2018 las vinculaciones de David Castillo con PRODERSA, una empresa de energía solar, instalada en la aldea Agua Fría, municipio de Nacaome Valle, a 102 kilómetros al sur de Tegucigalpa.

“PRODERSA, la empresa donde es socio Roberto David Castillo Mejía, el recién capturado gerente de DESA, por el crimen de Berta, se vincula con el narcotráfico porque según una nota publicada por La Prensa, el 31 de marzo de 2017, Francisco Arturo Mejía, padre legítimo de Roberto Arturo Mejía Salgado, fundador de PRODERSA fue el representante de la compañía Acrópolis, propiedad de Rivera Madariaga, en el contrato de 98.1 millones, que le adjudicó el ex gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano por la construcción de viviendas en Patuca III”.

Nota completa

“La hija de Berta Cáceres revela el historial criminal del asesino de su madre”

Bertha Zúñiga, la hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, revelaba al medio EFE en Guatemala la vinculación con actividades criminales del único autor intelectual procesado por el crimen de su madre, el empresario y oficial de inteligencia de su país David Castillo.

“El caso de Berta no es aislado, sino que demuestra patrones de violencia, corrupción e impunidad en la cual trabajan las empresas extractivas”, dijo Zúñiga y agregó que la vinculación de Castillo en al menos 8 empresas en Honduras y Panamá destacan por “sendos actos de corrupción, ilegalidades, influencias indebidas a operadores de justicia y fuerza de seguridad del Estado”.

Nota completa

La hija de Berta Cáceres denuncia “colusión entre militares y empresarios” para asesinar a su madre

Berta Zúñiga explicaba al medio EL país, en una entrevista publicada en septiembre del 2019, sobre la reaudacíón del proceso judicial contra David Castillo.

Desde Guatemala, Zúñiga exigía “la captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales” del asesinato de su madre, en su lucha incansable por lograr justicia. “Las autoridades hondureñas parecen ser bastante ineficientes, no han respetado los estándares internacionales. Sin embargo, hay muchas pruebas. Más allá de confiar en el Ministerio Público, confiamos en esas pruebas, en que es clara la culpabilidad de David Castillo y en que no hay manera, si se respeta el debido proceso, de detener ese juicio”.

Nota completa

La lucha jurídica y política para la justicia por el feminicidio de Berta Cáceres.

“En la Resistencia heroica del pueblo hondureño, las mujeres hemos dado un aporte histórico,” Berta Cáceres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Misión de Observación Calificada invita a un conversatorio académico-jurídica que contempla visiones Mesoamericanas sobre la violencia y la justicia.

Jueves, 11 de marzo de 2021 10-11:30am hora de Honduras

Con la participación de:

● Bertha Zúniga, mujer Lenca, hija de Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH

● Montserrat Sagot, socióloga costarricense

● Brisna Caxaj, socióloga guatemalteca

● Karla Micheel Salas, abogada mexicana

● Claudia Herrmannsdorfer, abogada hondureña

Objetivos:

● Reflexionar las condiciones económicas y políticas en las cuales ocurre el asesinato de Berta Cáceres para entender como es un feminicidio

● Explorar cómo son las diferentes formas de justicia para las víctimas y la sociedad

● Conversar sobre los desafíos legales y sociales para procesar casos de feminicidio, como lo de Berta Cáceres

Corrupción de empresas de generación de energía

 Este informe reúne información sobre las actividades comerciales y procesos legales relacionados a David Castillo, incluyendo acusaciones por el asesinato de Berta Cáceres, y acusaciones por corrupción. contiene una descripción de actividades delictivas, incluyendo graves  violaciones de derechos humanos y  actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público. 

Los hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres ponen en evidencia la necesidad de que el Ministerio Público de Honduras amplíe y profundice en la investigación de los supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de licencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El caso investigativo de la MACCIH-UFECIC que analiza este informe, fue anunciado en marzo de 2019, y se le denominó “Fraude sobre el Gualcarque”. En él se muestra una fuerte evidencia probatoria de cómo funcionarios gubernamentales y representantes empresariales se coludieron para que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), resultara beneficiada en la concesión del Proyecto Agua Zarca, pese a la falta de méritos de la empresa, las advertencias desde diversos informes técnicos y a las flagrantes violaciones a la legalidad que implicaba su aprobación.

Sistema Financiero Internacional

No repetición

El día 2 de marzo 2016, el mundo escuchó una noticia que nadie jamás debería haber escuchado. Ni en Honduras, ni en otra parte de Latino América, ni en cualquier otro país del mundo. La violencia que acabó con la vida de Berta Cáceres resonó por todas las esquinas de la Tierra, paralizando la esperanza de los que realmente quieren y se preocupan del planeta y  sus futuras generaciones.

  En los cinco años de búsqueda de justicia tras el asesinato de Berta Cáceres, se investigó y se desveló una gran cantidad de hechos y circunstancias alrededor de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.  Se habló sobre la violencia causada por la presencia de DESA, y se estableció que esta empresa – desconocida e insignificante hasta que empezó a desarrollar la represa – recibió el apoyo incondicional de actores con una enorme cantidad de poder, influencia y capital nacional e internacional.

Aunque no hemos conocido a Berta Cáceres personalmente, no nos cuesta imaginar que desde el comienzo de la construcción de la represa ella entendía que DESA no había venido para mejorar el nivel de vida de Río Blanco, o para dar un impulso a la sostenibilidad del uso de energía en Honduras. Como defensora de los pueblos indígenas, derechos humanos y ambientales, bien entendía los intereses económicos que hay sobre zonas con recursos naturales tan ricos como Río Blanco y comunidades similares.

Tampoco nos cuesta imaginar que Berta Cáceres ya había reconocido el peligro que el proyecto portaba consigo para el pueblo Lenca y el futuro del sagrado Río Gualcarque. Y que la única respuesta adecuada sería la protesta. Organizaciones de todo el mundo estaban pendientes del proyecto y la seguridad precaria de Berta Cáceres por su activismo efectivo, y se preocupaban públicamente sobre las violaciones graves y estructurales que tomaron lugar. Sin embargo, la comunidad internacional no logró evitar que la violencia se intensificara y que el agua sagrada del Gualcarque se mezclara con tanta sangre, en tan poco tiempo.

A lo largo del desarrollo de la represa Agua Zarca, DESA fue financiado por varias instituciones financieras, entre ellas el Banco Centroamericano de Integración Económica (“BCIE”), el banco de desarrollo holandés Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (“FMO”) y el banco de desarrollo finlandés Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd (“FinnFund”). Para saber por qué quisieron participar estos bancos extranjeros en el proyecto Agua Zarca, es importante entender cuál es el modus operandi de estas instituciones que en principio existen gracias a las intenciones estatales para mejorar las circunstancias de vida en países de desarrollo. Esta breve contribución intenta reflejar cómo y por qué se estableció el mecanismo de financiamiento transnacional de DESA.

BCIE, FMO y FinnFund se presentan como bancos de desarrollo que invierten en países de desarrollo alrededor del mundo, tratando – como ellos mismos dicen – de crear un mundo sostenible. En muchos de los proyectos que apoyan, se buscan socios, para que participar sea más atractivo para otros socios inversionistas y para que puedan compartir los riesgos de financiamiento.

Cuando se supo que la represa Agua Zarca se iba a desarrollar, diferentes empresas y bancos financieros se habían comprometido a participar: Naturalmente la empresa DESA como coordinadora del proyecto, la compañía china Synohydro como constructora principal y financiador de los gastos de construcción, y el BCIE como financiador clave a través de un préstamo. Cuando el conflicto y la violencia en Río Blanco se encendieron a lo largo de 2013, Synohydro lógicamente se retiró del proyecto. A consecuencia, DESA se vio enfrentado a un gran problema financiero porque Synohydro financió por propia cuenta sus gastos de construcción. Considerando los hechos de violencia que en ese momento ya habían tomado lugar, el proyecto no parecía tener futuro. Hubiera sido natural que así se terminaran las ambiciones de los sectores de poder detrás del proyecto, para dejar que la paz volviese a la comunidad. Sin embargo, ahí no terminó la historia. Ahí no terminó la violencia.      

BCIE, FMO y FinnFund se conocían del comité de inversionistas del Central American Mezzanine Infrastructure Fund (“CAMIF”), un fondo de capital privado que identifica proyectos adecuados en Centro América en los sectores de electricidad, transporte y suministros de agua. CAMIF había expresado interés para financiar el proyecto Agua Zarca, pero se había retirado poco antes del involucramiento formal de FMO y FinnFund, gracias a una queja que presentó el COPINH en octubre 2013 ante el ombudsman del International Finance Corporation (“IFC”). Aunque CAMIF se había cambiado de opinión sobre una posible participación, tres de sus miembros de comité – BCIE, FMO y FinnFund – seguían interesados y en febrero 2014 BCIE, FMO y DESA firmaron un contrato de crédito. A pesar de varias denuncias públicas de COPINH y otras ONG, BCIE y FMO se comprometieron a prestar una cantidad total de USD 44,400,000 a DESA: BCIE se encargó de USD 24,400,000, y FMO de USD 20,000,000. Poco tiempo después, también FinnFund confirmó su participación al proyecto, ocupándose de USD 5,000,000 de la parte del préstamo de FMO.

Con este nuevo financiamiento, en 2014 DESA pudo contratar nuevas empresas que se encargarían de la parte de construcción e ingeniería: Concreto Preesforzado de Centroamérica S.A. (“COPRECA”) de Guatemala y Carbon Ingeniería S.A. de Costa Rica. Aunque COPRECA ha pronunciado haberse retirado del proyecto poco después a fines de 2014 con el apoyo de los bancos permitió a DESA reiniciar el desarrollo de la represa. En este sentido, los bancos cargan gran responsabilidad para los eventos que ocurrieron a continuación, incluso el asesinato de Berta Cáceres dos años después de firmar el contrato de crédito. 

La pregunta clave de la participación de los bancos extranjeros tras tanta violencia siempre ha sido el “por qué”. ¿Por qué consideraron tan interesantes las oportunidades comerciales para que pudieran justificar los riesgos de conflicto para la comunidad de Río Blanco y tantas violaciones de derechos indígenas, humanos, y ambientales?

La respuesta oficial es que los bancos vieron buenas oportunidades para la comunidad y el desarrollo de Río Blanco. La construcción de la represa supuestamente crearía trabajos, energía barata y limpia y beneficios sociales. Sin embargo, como muestran investigaciones de Oxfam Novib de febrero 2017, las ventajas del proyecto para la comunidad no iban a resultar realmente grandes. Al contrario: mayor parte de las inversiones “sociales” que DESA hizo, era para construir y mantener caminos. Algo que especialmente le convendría a DESA misma para tener mejor acceso a la zona. Además, gran parte de los beneficios que prometió DESA a la comunidad se trataba de asuntos que son la responsabilidad del gobierno hondureño. Por ejemplo, el mantenimiento y apertura de carreteras y apoyo a las escuelas públicas. Son responsabilidades gubernamentales que deberían ser pagadas por los ingresos de impuestos pagados al estado por los ciudadanos de Honduras. Básicamente, la única entidad que iba a aprovechar estructuralmente de la represa era DESA. Y los bancos extranjeros, si el proyecto se hubiera finalizado de forma exitosa.

La respuesta menos oficial, pero más logica al “por qué” de la participación de los bancos era que el proyecto Agua Zarca tenía un gran interés comercial y carácter de prestigio. Honduras es un país que se abrió al mercado internacional poco después del golpe de estado en 2009. Por lo tanto es un actor relativamente joven en el ámbito de proyectos de energía sostenible, y además alberga muchos recursos naturales que representan un valor comercial alto. En pocas palabras, este nuevo sector albergaba una mina de oro para empresarios hondureños e internacionales. Lo único que faltaba para hacer posible proyectos tan costosos, era capital internacional de instituciones dispuestas a tomar riesgos.

Recordamos que BCIE, FMO y FinnFund formaron (y aún forman) parte de una red de instituciones unidas. Por ejemplo, pocos años antes del proyecto Agua Zarca, BCIE y FMO habían decidido financiar la construcción de la represa Barro Blanco en Panamá. Un proyecto muy similar al Agua Zarca resultó en graves violaciones de derechos humanos y ambientales. Además, existían vínculos directos e indirectos entre los bancos y los accionistas de DESA. Entre estos dueños estaban (ex-)representantes de BCIE y BAC Honduras, bancos con los que el FMO, por ejemplo, en ese momento ya mantenía relaciones de inversión y colaboración desde hacía años. En el contexto de confianza en el éxito del proyecto, sin dudas este hecho apoyaría la disposición de los bancos para concederle el préstamo a DESA. Y parece poder haber deslumbrado la capacidad de los bancos para independientemente estudiar y evaluar los riesgos ambientales y sociales para la comunidad afectada.

Lo anterior explica también por qué los bancos financieros copiaban el argumento de DESA que la violencia en Río Blanco fue causada por las protestas, y no por la presencia de la empresa hidroeléctrica. Cuando en verdad entre los oponentes y defensores del proyecto existía un desequilibrio de poder enorme, ya que DES recibió el apoyo de fuerzas armadas. Cuesta entender que los bancos tuviesen este punto de vista. En Holanda se dice que “el deseo es el padre del pensamiento”. Básicamente quiere decir que las personas son capaces de creer en una realidad falsa cuando esta realidad retorcida les sea más conveniente. Para los bancos el deseo más conveniente era que DESA, no formaba parte del problema y que los que se opusieron al proyecto eran el problema verdadero: así no se arriesgarían a perder una gran oportunidad comercial.

 La secuencia de eventos que precedieron a la decisión de los bancos para participar en el proyecto, pone a la luz un gran problema sistemático. Teóricamente los bancos firmaron un acuerdo de crédito después de que finalizaron sus investigaciones de débida diligencia en cuanto a DESA y el proyecto Agua Zarca. Sin embargo, el deseo de los bancos para participar ya existía desde hacía años. Cuando los intereses comerciales forman el punto de partida para determinar si un proyecto de desarrollo es adecuado, el respeto a derechos humanos y riesgos sociales automáticamente se hace de importancia secundaria. El problema de este sistema es que el punto de partida es el objetivo comercial: ¿cuánta energía puede generar la represa? ¿Cuántas casas pueden aprovechar de la electricidad generada? Cuántos puestos de empleo crea el proyecto? Cuántos ingresos anuales puede generar? Mientras que las respuestas a preguntas realmente importantes son pospuestas hasta el último momento: ¿qué impactos negativos causará la represa al flujo del río? uiénes habitan la zona? ¿Ha habido consulta previa a los miembros de la comunidad?¿Cómo se otorgaron los permisos del proyecto? Preguntas que se estudian cuando prácticamente la decisión para participar ya está tomada. En una fase tan avanzada, para un banco ya se hace muy complicado cambiar de opinión.

Este artículo, dedicado a Berta Cáceres, se escribió para subrayar un problema fundamental del modus operandi que han perseguido (y siguen persiguiendo) los bancos financieros: un enfoque de desarrollo comercial en vez de desarrollo social. Lamentablemente, el proyecto Agua Zarca muestra que el sistema no funciona, o por lo menos es realmente arriesgado, para alcanzar objetivos de desarrollo.

 La forma de evitar que los acontecimientos alrededor del proyecto se repitan en Río Blanco y en cualquier otra parte del mundo, es un cambio de mentalidad radical de empresas que desean perseguir actividades transnacionales. No solo bancos, si no también otras multinacionales que a veces desarrollan actividades desastrosas: empresas de minería, petróleo, alimentos y mucho más. El desarrollo de un país, una ciudad, o una comunidad no empieza con una oportunidad comercial. Empieza con el respeto a los derechos humanos y el consentimiento de personas que se puedan ver afectadas. Más aún si las personas afectadas pertenecen a los habitantes origiarioa de un país.

Gracias a Berta Cáceres, la necesidad de cambio urgente sigue más viva que nunca. Por esto y por mucho más razones, nos ha sido un privilegio de – con toda humildad –  compartir a su conmemoración.

Ron Rosenhart y Wout Albers

Material para la prensa

Nota para prensa internacional: (poner todo el texto??)

Resúmenes diarios del juicio iniciado el 6 de abril del 2021 (clic en la imagen)


Secuencia de vinculación criminal de David Castillo en el asesinato de Berta Cáceres


Pruebas presentadas durante el juicio: (juntarlas en la nube? se podrá poner el linkde la nube? para ir actualizandola cada dia y para que no aparezca acá un enorme chorizo de imagenes)


Artículos de prensa destacados: (cuantos? cuales?)