Tegucigalpa.- El próximo lunes 7 de septiembre será la audiencia inicial en contra de Raúl Pineda Pineda y Plutarco Mejía Cardona, exalcalde y ex vicealcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, respectivamente, por el delito de abuso de autoridad al otorgar de forma irregular e inconsulta el permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», sobre el río Gualcarque, territorio de la comunidad indígena lenca.
La causa data del 15 de diciembre de 2017 cuando se promovió Antejuicio en contra de los miembros de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, lo que luego dio paso a que se presentara el correspondiente Requerimiento Fiscal.
Otros imputados son: Edwin Fúnez Romero (regidor primero), Olver Robert Mejía Cabrera (regidor segundo), Nelly Senovia Sánchez (regidora tercera), Florentino Pineda Cabrera (regidor cuarto), Marlon Otoniel Méndez Cabrera (regidor quinto) y Wilfredo Mejía Leiva (regidor sexto), contra quienes en fecha 19 de abril de 2018 se decretó el respectivo Auto de Formal Procesamiento.
De acuerdo a las investigaciones practicadas en forma conjunta con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los funcionarios municipales tuvieron participación activa en los procesos que se siguieron al margen de la Ley para facilitar a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la puesta en operaciones de la represa «Agua Zarca» en el departamento de Santa Bárbara, en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos de estas comunidades originarias.
Como antecedente, se establece que en fecha 7 de octubre de 2009, DESA presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA, ahora denominada MI AMBIENTE) una solicitud de permiso para realizar estudio de factibilidad para la construcción y operación de una planta hidroeléctrica sobre la cuenca del río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, lo que se permitió mediante resolución 1661-2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, declarándose «Con Lugar» tal petición, por lo que un 15 de enero de 2010 el trámite pasó a dicha Municipalidad.
En tal sentido, fue que los imputados, según el expediente judicial, contraviniendo lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sesión ordinaria, de fecha 15 de septiembre de 2011, que consta en el acta N. 19-2011, otorgaron ilegalmente a la empresa DESA el referido permiso municipal de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca».
Todo ello, no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informada y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas lencas afectadas, destacando en este caso concreto, que la arbitraria autorización dada por la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, DESA la obtuvo con el propósito de cumplir una mera formalidad de la SERNA, pues según la información en poder de la Fiscalía de Etnias y la ATIC, ya previamente y sin contar con tal permiso de la Alcaldía, el 16 de diciembre de 2009 se había presentado el estudio de factibilidad ante esa Secretaría de Estado, con lo que se evidencia que los trabajos habían sido iniciados con el aval de las autoridades municipales, pero sin contar con una autorización legal, lo que finalmente se dio en violación a los preceptos contenidos en la legislación internacional vigente y que de acuerdo a la Constitución de la República, forman parte del ordenamiento jurídico.
Por el caso «Agua Zarca», centro de lucha de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, la Fiscalía de Etnias ha impulsado una serie de acciones en las que además han sido señalados los ex viceministros de SERNA, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Roberto Darío Cardona Valle y al exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez; así como se trabajó en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO, antes UFECIC) en el caso «Fraude sobre el Gualcarque» donde también está implicado el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda y los coimputados Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Darío Roberto Cardona Valle, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Zaida Odilia Pinel, Ana Lourdes Martínez Cruz y Aixa Gabriela Zelaya Gómez.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) promovió esta causa criminal desde marzo de 2019 y le llamó Fraude Sobre Gualcarque, pero en su red social el Poder Judicial lo ha bautizado con el eufemismo de “Agua Zarca”.
Aunque la Maccih señaló la responsabilidad de la administración pública en esta secuencia de supuestas irregularidades, no hay ningún político o empresario de alto perfil acusados en este caso. “Toda la investigación evidencia la actuación irresponsable de la administración pública, que para favorecer a la empresa DESA realizó trámites ilegales y omisión de informes para la concesión de recursos hídricos, afectándose a especies en peligro de extinción, flora, fauna y consumo humano”, dice el comunicado que emitió la Maccih en marzo de 2019.
En su comunicado la Maccih señaló que el gerente que firmó el contrato fue Roberto Martínez Lozano, el mismo político que en los noventa estuvo implicado junto al ex presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) en los impunes escándalos de supuesta corrupción y delitos ambientales de Ciudad Mateo. Callejas recibió 14 cartas de libertad en Honduras y en la actual década fue extraditado a Estados Unidos por otro caso de corrupción internacional. Allá falleció este año durante la pandemia.
El Poder Judicial informó ayer que la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba, como un paso previo al juicio oral y público, del caso denunciado por Berta Cáceres antes de su asesinato, será a finales de octubre.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=reporterosdeinv&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1300474715593728001&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.reporterosdeinvestigacion.com%2F2020%2F09%2F01%2Ftras-las-huellas-de-berta-caceres-cerca-de-juicio-oral-y-publico-16-supuestos-corruptos-denunciados-por-la-ambientalista%2F&sessionId=9491b9d6b5e72da7770e61cfb510ffe1b1bfea3d&siteScreenName=reporterosdeinv&theme=light&widgetsVersion=2d233ae%3A1618352735472&width=550px
El 4 de marzo de 2019, la Maccih anunció que la “la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC‐MP) presentó esta acusación ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción.
El requerimiento fiscal fue contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el denominado caso “Fraude sobre el Gualcarque”.
Antes de su asesinato, la líder indígena denunció que “los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la ENEE y DESA”.
Versión de la Maccih
La investigación reveló los siguientes hallazgos, según la Maccih:
1) La Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue creada el 20 de mayo de 2009 por Roberto Antonio Abate Ponce y Geovanny Isidro Abate Ponce con un capital de L 25,000.00. Se ha encontrado evidencia que Roberto Castillo desde esa época ya era representante de facto de DESA.
2) Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba como Asistente Técnico de Gerencia en la ENEE, al mismo tiempo que ejercía el dominio funcional de la empresa DESA. Este nombramiento le permitió acudir a las sesiones de Junta Directiva en calidad de invitado, donde se trataba la autorización y aprobación de contratos amparados en el decreto 70‐2007, específicamente el contrato con la empresa DESA, evidenciándose un conflicto de intereses.
3) Como consecuencia de dichas sesiones, se emitió la RESOLUCIÓN No. 01‐JD‐1078‐2010, de la Junta Directiva de la ENEE que resolvió: autorizar a la administración para iniciar el proceso de aprobación de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica entre la ENEE y las empresas que incluye a Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA).
4) Luego de obtenido el contrato de suministro de energía eléctrica con la ENEE, Roberto David Castillo Mejía, formaliza su vinculación con DESA, ya que se convierte en Presidente del Consejo de Administración y se le otorgan parte de las acciones de DESA, a través de una entidad asentada en Panamá de nombre Potencia de Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA), cuyos socios y directivos resultan ser Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo Argueta (quien es la persona que firma el contrato con la ENEE en nombre de DESA). Con lo anterior se demuestra, que Castillo Mejía durante el tiempo que estuvo en calidad de funcionario de la ENEE, ocultó la vinculación que tenía con la empresa DESA, en la cual tenía una participación directa, primero ocultando las acciones a través de una sociedad anónima de la cual era socio y directivo y luego haciendo firmar el contrato a la que era su socia en dicha sociedad panameña.
5) La colusión de Roberto David Castillo Mejía con funcionarios de la ENEE para favorecer a DESA, se evidencia con las anomalías administrativas que se dieron en la aprobación y asignación del contrato de suministro de energía eléctrica a DESA:
a) David Castillo Mejía, Sub Teniente de Inteligencia se encontraba laborando en la Dirección de Inteligencia de la Secretaria de Defensa, cuando ingresó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en junio del 2007, como parte de la junta interventora de la ENEE. Desde su ingreso laboró con Carolina Lizeth Castillo Argueta.
b) Carolina Castillo Argueta fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE que le permitió tener conocimiento del Estudio de factibilidad para el Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque, expediente 28‐E‐2003, correspondiente a una capacidad generadora de 6 MW en la ubicación clasificada con el número 460. Este proyecto fue declarado improcedente por el entonces Secretario General de SERNA por no cumplircon los requisitos legales requeridos.
c) Al momento de la aprobación y firma del contrato, Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba en la ENEE, como Asistente Técnico de Roberto Aníbal Martínez Lozano, quien firma el contrato con DESA, en su calidad de Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
d) El contrato fue firmado sin que se verificase que DESA no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado, violentando así lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
e) Se le asignó dicho contrato a una empresa de reciente creación, que no tenía las capacidades, la experiencia y el capital para desarrollar un proyecto de tal envergadura.
6) El Fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para favorecer el proyecto que desarrollaría la empresa DESA, con la participación de varios funcionarios de diferentes instituciones públicas (SERNA, ENEE, INA, ICF y la Municipalidad de San Francisco de Ojuera), quienes agilizaron el trámite del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de manera irregular, con evidente concertación entre los ahora imputados:
a) El Estudio de Factibilidad del Proyecto que fue requerido a la SERNA el 5 de octubre de 2009 y concedido el 16 de diciembre de ese mismo año, transitó por 4 Direcciones especializadas dentro de la institución y fue autorizada sin ubicar de forma fehaciente los terrenos objeto de la concesión, ni comprobar a quien pertenecían; sin que los términos de referencia se adecuaran a la normativa y sin que se presentase constancia municipal de anuencia de la comunidad. Las irregularidades fueron advertidas por la Dirección Legal de la SERNA, pero brindaron opinión favorable al proyecto sin esperar la subsanación de los requisitos que ellos mismos observaron.
b) Además, la realización del Estudio de Factibilidad es un proceso detallado y complejo que toma meses de mediciones y análisis, pero la representante legal de DESA presentó el Estudio finalizado 24 horas y 5 minutos después de su autorización. Se ha establecido durante la investigación que el Estudio contenía datos del Estudio de Factibilidad hecho en el 2003 para un proyecto similar que iba a ser financiado por la ENEE y por su Sindicato de trabajadores (cuya presidenta fue Carolina Lizeth Castillo Argueta) y que fue desechado.
y el documento de titularidad de tierras. Esta situación se repite en la emisión del Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica.
d) El 24 de marzo de 2011, SERNA emitió la Licencia Ambiental categoría 2 para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, valiéndose en una serie de situaciones contrarias a la legislación, entre las que destaca la incorrecta clasificación del proyecto. Categorizar el proyecto en un nivel inferior al que correspondía por ley incrementa los beneficios que DESA percibiría por su inversión en dos sentidos: abaratando los costos de licenciamiento, al disminuir los pagos al Estado en concepto de concesión y aminorando los costos de oportunidad, al obviarse la exigencia de presentación de un Estudio Ambiental completo que requeriría mediciones de caudal por los dos años posteriores a la autorización del mismo. La emisión de las licencias es posterior a las contratas, en contravención a la normativa de la materia.
e) En el año 2011, la Empresa DESA solicitó la ampliación de las Contratas y la Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, pidiendo la aprobación de una capacidad generadora de 21 MW. Estos incrementos se justificaban en un proceso de optimización que incluía la adición de una tercera turbina; sin embargo, las investigaciones han determinado que el caudal del río Gualcarque no es suficiente para activar una tercera turbina, ni siquiera la segunda turbina podría producir es capacidad en los momentos de más altos niveles de precipitación. Además, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no se encontraba en operación, por lo que no podía medirse la viabilidad de la ampliación que se solicitaba.
f) Este punto es de gran importancia pues cada turbina incrementa el costo de la inversión de DESA, asignando varios millones de dólares que nunca serían capaces de producir. Esta inversión más allá del punto de eficiencia solo puede justificarse con el hecho que este alto nivel de inversión se vería directamente reflejado en el precio al ue podrían vender la energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Diversos representantes indígenas se movilizaron en contra del Estado hondureño para rechazar la ley que, según ellos, legaliza y legitima el despojo de sus tierras.
Servindi, 17 de agosto, 2018.- Un centenar de representantes indígenas de Honduras realizaron un plantón en el frontis del Congreso Nacional de este país, para rechazar la Ley de Consulta Previa.
De acuerdo a los manifestantes, la norma legislativa atenta en contra de sus territorios. Pues, aseguran que es promovida para “legalizar y legitimar el despojo de las tierras ancestrales, bienes comunes, culturas, espiritualidades y gente de estos territorios”.
En este mismo sentido, aseguraron que la consulta previa libre e informada —establecida en el Convenio 169 de la OIT— no es ejecutada como tal. Denunciaron que existe escasa participación indígena e incumplimiento de acuerdos cuando cesa el proceso de consulta, beneficiando las empresas que promueven los proyectos hidroeléctricos y mineros.
Un día antes de la protesta, los pueblos originarios Maya Chortí, Lencas, Pech, Miskitus, Tolupanes y Garifunas se reunieron para rechazar dicha ley. A través de un pronunciamiento, resaltaron que “no están dispuestos a dialogar ni negociar sus territorios”.
“La ley es una iniciativa racista cuya existencia solo puede entenderse en el marco de una institucionalidad al servicio de la dictadura cuyo fin es el exterminio de nuestros pueblos, nuestras sabidurías, lenguas y dignidad”, reza el escrito.
Cabe mencionar que el acto de protesta se realizó en la mañana del viernes 17 de agosto. Contó con la participación de los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
Usted puede leer el pronunciamiento completo aquí.
El pueblo garífuna de Honduras, reunidos el miércoles (13) en asamblea en la Ciudad de Trujillo, decidió rechazar el proyecto de Ley de la Consulta Libre, Previa e Informada, propuesto por el Estado de Honduras. El objetivo de la ley es reglamentar en el país la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas. “Rechazamos porque exigimos que se respecte la libre determinación de los pueblos”, sostiene Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). El proyecto ya esta en el Congreso Nacional a punto de ser votado.
El artículo 2 del texto garantiza que ‘la consulta no implica derecho a veto’. “Para sorpresa de los pueblos y organizaciones indígenas, en especial aquellas que hemos cuestionado el proceso de elaboración de ley, nos hemos enterado de forma tardía que el Estado de Honduras, el 28 de febrero del presente año, remitió a la OIT, una versión “revisada” del anteproyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada”, señala Ofrenah en un comunicado.
Carlos Madero, Secretario de Trabajod de Honduras, en el 2017 en Ginebra Suiza, fue bien evaluado por la OIT sobre la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada, que salvaguarde los derechos de los Pueblos indígenas y garantice la inversión privada y pública del país.
Entre las recomendaciones presentadas por la OIT, sostiene Ofraneh, que obtuvo acceso al documento con las recomendaciones, están las referentes al segundo artículo de la ley. La OIT sugiere que se incluya: “La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH, respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto”.
Tal orientación de la OIT ha sido manifestada en textos publicados por el órgano e incluso, ha sido objeto de declaraciones públicas de sus altos funcionarios.
Para la Ofraneh, el adendum que solicita la OIT para el art. 2, coloca el destino de los pueblos indígenas en manos de los estados-nación. “Perpetuando de esta forma el colonialismo interno que ha venido amenazando la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas. Así que la OIT se quitó máscara y se puso más del lado de los estados y propietarios que de pueblos indígenas”, dice la organización garífuna en un comunicado.
Otros artículos desconsideran la libre determinación de los pueblos. El artículo 20, por ejemplo, trata de ‘Restricciones al Derecho de Propiedad Colectiva’ y dice: “Excepcionalmente, cuando la medida sea por causa de necesidad o interés público, podrán establecerse restricciones o limitaciones al derecho a la propiedad colectiva de las comunidades de los PIAH susceptibles de afectación directa o a las tierras que tradicionalmente ocupan y a las que han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de sustento, siempre que estas limitaciones sean estrictamente ajustadas a la necesidad de la medida por adoptar y que no impliquen una denegación de su subsistencia e integridad como pueblo o comunidad”.
Además, en el artículo 21 establece que “si los pueblos indígenas no participan en una consulta, entonces el Estado es el último en tomar la decisión, también mediante un decreto ejecutivo van a nombrar una figura que supuestamente es quien va a administrar y controlar todo el proceso de la consulta”.
“No estamos (exigiendo) únicamente el derecho al veto, estamos exigiendo la libre determinación de los pueblos. Que tomemos nuestras decisiones como nosotros la queramos, y que a través de la máxima autoridad de las comunidades, la asamblea, se apruebe o no cualquier decisión. Y no así, como están haciendo, llevando a cinco personas a un hotel en la capital a vivir bien allá para decidir sobre nuestras vidas. Definitivamente, no tiene sentido alguno efectuar consulta si no hay derecho a decidir sobre le territorio”, declaró Miriam, durante la asamblea garífuna que rechazó el proyecto.
¿Quienes están por detrás de la aprobación de la ley?
Como ya documentó Avispa Midia, el Estado de Honduras después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT comenzó, desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
La iniciativa surge por presiones principalmente de los compromisos asumidos por el Estado hondureño en el marco del programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países de desarrollo (Programa ONU-REDD+). La reglamentación de la consulta previa también forma parte de los compromisos del Estado relacionados con la negociación de acuerdos voluntarios de asociación bajo la iniciativa de la Unión Europea para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (AVA-FLEFT). O sea, para a implementación de proyectos conservacionistas en territorio hondureño.
El interés del Programa ONU-REDD+ por Honduras no es un acaso. Aproximadamente 5.4 millones de hectáreas del territorio nacional están cubiertas de bosques. Son 70 ecosistemas vegetales con una biodiversidad forestal que representa el 2.5% de la flora mundial.
Además, en los territorios indígenas es donde se encuentran la mayoría de los 714 proyectos extractivos, generalmente viabilizados por financiamiento de organismos internacionales, que se están pretendiendo ejecutar en el país. Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (Conroa), ya se han otorgado 537 concesiones mineras en Honduras.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se pronunció en junio de 2017 sobre las presiones de los organismos internacionales para aprobación de la Ley.
“Según algunos actores, la adopción de la ley se interpreta como un primer paso necesario para la aplicación del Convenio 169, teniendo en cuenta los años transcurridos desde su ratificación. Otras fuentes señalan que la adopción de la ley respondería a las preocupaciones expresadas por organismos internacionales y países e instituciones donantes, como la Unión Europea o el Banco Mundial, sobre los problemas de derechos humanos vinculados a la realización de proyectos inconsultos con los pueblos indígenas. Según algunas fuentes, la aprobación de una ley de consulta previa ha sido una condición impuesta para el desembolso de fondos por parte del Banco Mundial y la finalización de las negociaciones entre Honduras y la Unión Europea respecto a los acuerdos voluntarios de asociación bajo la iniciativa para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (AVA-FLEGT). Se ha señalado también el interés de aprobar dicha ley para garantizar la seguridad jurídica necesaria para favorecer las inversiones y que cualquier demora en su adopción podría perjudicar importantes acuerdos financieros y comerciales internacionales que el Estado quiere realizar”,
DICE LA RELATORA EN SU INFORME.
Su recomendación: “Se debe evitar una situación en que, por presiones políticas y económicas, se adopte una ley de manera apresurada que no sea coherente con los estándares internacionales y que al ser rechazada por la mayoría de los pueblos indígenas, termine generando mayor desconfianza y conflictos sociales”.
Proceso manipulado
De acuerdo con informe de la relatora, los participantes indígenas no tuvieron un papel protagónico con respecto a la definición de los contenidos y la metodología de los talleres realizados con el apoyo del Pnud, los espacios y tiempos para los mismos, ni sobre la modalidad de la votación para validar la versión final del anteproyecto antes de ser enviado a los poderes ejecutivo y legislativo.
“Desde un principio, los participantes indígenas en estos talleres tuvieron que trabajar sobre un texto pre elaborado como marco único para sus comentarios. Ello ha impedido la discusión conceptual sobre cómo implementar y regular la consulta previa y ha limitado el contenido de las aportaciones de los participantes indígenas”,
DICE EL INFORME.
En las distintas actas de las reuniones, proporcionadas por el Pnud a la relatora de la ONU, puede constatarse que la gran mayoría de los representantes indígenas que participaron en los talleres no estaban preparados para tratar el tema específico del anteproyecto y su contenido.
Por otro lado, la relatora especial también recibió información indicando cierto nivel de presión ejercida sobre participantes indígenas para que participaran en las reuniones de acuerdo a la metodología seguida por el Gobierno y el Pnud, incluso con respecto a la elección de los representantes que asistirían a las reuniones a nivel nacional.
Otro tema apuntado por la relatora es que la participación indígena en estos talleres estuvo limitada a ciertas organizaciones indígenas, lo que resultó en la exclusión de varias organizaciones, especialmente las vinculadas al Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas. “La Relatora Especial es consciente de que existen divisiones entre las distintas organizaciones indígenas del país y que organizaciones como Ofraneh y Copinh han rechazado el proceso relacionado con el anteproyecto. No obstante, es importante subrayar que una decisión de tal calado exige los mayores esfuerzos para garantizar la inclusión de todas las organizaciones e instituciones indígenas del país, de modo que el resultado goce de la máxima legitimidad entre todos los pueblos indígenas del país”.
Las incongruencias de la Ley de Consulta
La relatora especial mencionó, en su presentación para el seminario de expertos sobre el consentimiento libre, previo e informado, organizado por el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, en diciembre de 2017, que ha recibido información sobre iniciativas, en varios países, para la regulación de la consulta previa, como en el caso de Perú, que ha adoptado legislación específica al respecto aunque persisten problemas en su aplicación. En Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, entre otros, la cuestión está debatiéndose.
Con respecto a la implementación y regulación de la consulta previa, los Estados deben consultar con los pueblos indígenas sobre las modalidades particulares que podrían ser adoptadas, orienta la relatora. Si bien la adopción de una legislación específica podría constituir una manera de afianzar la consulta previa dentro de un marco normativo interno, la relatora considera que no es necesariamente la única forma de aplicar este deber. Los pueblos indígenas en varios países, como Colombia o Brasil, han optado en su lugar por el desarrollo de protocolos de consulta o protocolos bioculturales propios como un mecanismo mediante el cual un determinado pueblo o comunidad indígena establece los métodos de consulta con el Estado.
“En varios países, representantes de los pueblos indígenas han señalado que el proceso de elaboración, debate y aprobación de una ley de consulta previa por parte de los gobiernos podría restringir indebidamente el alcance y contenido de los principios de consulta y consentimiento reconocidos en los instrumentos y jurisprudencia internacionales. Es importante evaluar, en cada Estado, si los pueblos indígenas consideran necesaria una legislación específica o algún otro tipo de mecanismo, como el reconocimiento de sus propios protocolos o sistemas de consulta”, sostiene la relatora.
Además, recomienda: “Es necesario evaluar si en el contexto político y social de un determinado país existen las condiciones necesarias para la discusión y aprobación de una ley de consulta previa. En algunos casos, podría ser recomendable que los Estados y pueblos indígenas establezcan primero procesos de acercamiento y diálogo para tratar asuntos fundamentales sobre la situación de los pueblos indígenas en un determinado país. Estos diálogos podrían servir para que los Estados adopten medidas para generar confianza, particularmente en contextos en los que los pueblos indígenas han denunciado graves violaciones de derechos humanos a causa de medidas y actividades adoptadas sin consulta previa y la obtención de su consentimiento libre, previo e informado”.
En todo caso, sostiene la relatora, se debe hacer hincapié en que la ausencia de una legislación sobre la materia no exime a los Estados de su obligación de consultar a los pueblos indígenas en cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales.
Varios mensajes recién publicados ofrecen nuevas revelaciones sobre el complot para asesinar a la reconocida activista Berta Cáceres en Honduras, que ponen al descubierto cómo las autoridades fracasaron en su intento de llevar ante la justicia a los presuntos autores intelectuales del crimen.
Registros de conversaciones personales, así como mensajes de texto y de WhatsApp descubiertos por la Fiscalía de Honduras revelaron que el escuadrón de sicarios “se comunicó mediante una cadena compartimentada que llegó a los niveles más altos de la dirección” de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la empresa que construía la represa hidroeléctrica Agua Zarca, como informó el Intercept el 21 de diciembre.
Cáceres, quien ganó el prestigioso premio ambiental Goldman en 2015, había protestado mucho tiempo por la construcción de la represa, que amenazaba la supervivencia de la comunidad indígena Lenca a lo largo del río Gualcarque. La activista fue asesinada a tiros en marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, en el suroeste de Honduras.
Una de las conversaciones del grupo incluía al director ejecutivo de DESA Roberto David Castillo Mejía y al director financiero Daniel Atala Midence, así como a los miembros de la junta directiva de DESA José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras y tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras.
“O ellos o nosotros”, decía el miembro de la junta de DESA Pedro Atala Zablah en un mensaje al grupo en octubre de 2015, refiriéndose al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización fundada por Cáceres, cuyos miembros se oponían a la represa.
“Mandemos mensaje. ‘Ke’ nada será fácil para esos ‘hdp’”, escribió.
Un abogado de Daniel Atala Midence y Pedro y José Eduardo Atala Zablah declaró a The Intercept que sus clientes “niegan completamente participación alguna en este lamentable crimen”. Ninguno de ellos ha sido arrestado o ha enfrentado cargos penales.
Siete de los ocho acusados de perpetrar el asesinato de Cáceres —entre ellos exmilitares entrenados por Estados Unidos y empleados de DESA— fueron declarados culpables en noviembre de 2018 y posteriormente sentenciados a penas de prisión entre 30 a 50 años.
Al leer el veredicto contra los asesinos de Cáceres, la corte determinó que ejecutivos de DESA habían ordenado la muerte de la ambientalista porque sus esfuerzos habían causado pérdidas financieras a la empresa y retrasos en el proyecto.
En marzo de 2018, las autoridades hondureñas detuvieron a Castillo Mejía, director ejecutivo de DESA en el momento del homicidio de Cáceres, por su participación como presunto autor intelectual. Sin embargo, este aún espera juicio debido a varias dilaciones y otras irregularidades en el caso. Una ley hondureña que rige la detención preventiva podría permitir la liberación de Castillo Mejía si no se decide su caso antes de marzo de 2020. Él ha negado todas las acusaciones que se le imputan.
Análisis de InSight Crime
El asesinato de Cáceres no fue una decisión tomada en el calor del momento, fue la “culminación de años de corrupción y violencia coordinadas”, según el Intercept. Aunque quienes apretaron el gatillo están tras las rejas, las autoridades hondureñas parecen tener menos interés en procesar a los presuntos autores intelectuales del asesinato, lo que deja intacta casi en su mayoría a la red criminal que ordenó el homicidio.
Por más de un año, los ejecutivos de DESA planearon metódicamente los ataques a Cáceres y su organización, mediante una cooptación sistemática de la policía, funcionarios de gobierno y medios de comunicación, según el Intercept.
En 2013, cuando el ejército hondureño asesinó al miembro del COPINH Tomás García durante una protesta por la construcción de la represa de Agua Zarca, Atala Midence y Castillo Mejía rápidamente maquinaron para “controlar las versiones de los medios”, usando sobornos a los reporteros para que describieran el hecho fatal como un “enfrentamiento por oposición a represa”, según el Intercept.
“Pagale al reportero de HCH”, ordenó Castillo Mejía a Atala Midence en referencia al canal local de noticias HCH Televisión Digital. “1000 lempiras [unos US$40] por la semana pasada […] y ahorita podemos dar otros mil”.
Los presuntos conspiradores en la muerte de Cáceres también dependieron supuestamente de aliados en la policía local para intimidar a los miembros de la comunidad que protestaban por la construcción de la represa.
“Le agradecemos el apoyo que nos dio ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policía Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, dice el mensaje de Castillo Mejía a un jefe de policía; más adelante, el ejecutivo compartió el mensaje en la conversación grupal de los miembros de la junta de DESA, otros ejecutivos y demás empleados.
Tras el asesinato de Cáceres, los miembros de la empresa se apoyaron en sus poderosos aliados políticos, como el ministro de seguridad Julián Pacheco, quien, según el Intercept, prometió a Pedro Atala Zablah pocos días después del homicidio que este se clasificaría como “crimen pasional” para desviar atención indeseada de la empresa.
Los mensajes indican que los implicados en el complot para asesinar a Cáceres sabían que tenían suficientes amigos en altos cargos para asegurar que las posibilidades de ser llevados ante la justicia fueran remotas o nulas. Hablaron claramente de sus intenciones en los mensajes, discutiendo detalles de la “misión”, los sobornos que se pagarían y las armas que se intercambiarían para perpetrar el crimen.
Como están las cosas, las élites que sienten que pueden planear y perpetrar deliberadamente un asesinato de una figura pública y quedar impunes parecen tener razón.
Berta Cáceres recibió el premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo para ambientalistas. Su campaña logró que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran su respaldo a un polémico proyecto hidroeléctrico.
La ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, fue asesinada este jueves en la madrugada en La Esperanza, en el oeste del país.
Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos. De acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen.
La madre de Cáceres reveló que la policía dice que se trató de un intento de robo.«Pero todos sabemos que fue por su lucha», agregó en declaraciones recogidas por la agencia AFP.
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En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.
Fue entonces cuando BBC Mundo la entrevistó y publicó el siguiente artículo.
Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros.
Nada ha podido detener la lucha de una mujer hondureña.
Una madre de cuatro hijos cuya campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió esta semana uno de los premios ambientales más prestigiosos globalmente, el premio Goldman.
La vivienda de Cáceres amaneció bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.
Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no han cesado en el país centroamericano, el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, según un informe divulgado esta semana por Global Witness, una ONG con sede en Londres.
Asesinatos
El informe titulado «¿Cuántos más?» señala que en 2014 Honduras fue el país que registró más asesinatos per capita de defensores del ambiente en todo el mundo.
Ceremonia para recordar a los tres líderes lenca asesinados durante la campaña contra la represa de Agua Zarca.
De las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron el año pasado –el número real puede ser mayor– casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.
En el caso de Honduras, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en territorio hondureño. «Más de 80 tuvieron lugar sólo en los últimos tres años en una región, Bajo Aguán», dijo Chris Moye, de Global Witness, a la BBC.
La ONG cuestiona que mientras los gobiernos se reúnen constantemente a discutir en foros globales el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente sin siquiera generar cobertura en la prensa internacional.
Para Chris Moye, el caso de Berta Cáceres es representativo de la persecución sistemática a la que se enfrentan los defensores del ambiente en Honduras.
¿Cuál es la historia de esta mujer cuyo pueblo se considera guardián de los ríos?
«Aprendí de mi madre»
Cáceres asegura que aprendió de su madre el sentido de la justicia.
Cáceres junto a su madre doña Berta, partera y enfermera que asisitió a refugiadas salvadoreñas. «Somos de una familia de muchas mujeres a las que le ha tocado luchar solas».
«Crecí en un hogar dirigido sólo por mi mamá y desde temprano ella trabajó en la defensa de los derechos humanos».
Su madre, doña Berta, fue partera, enfermera y alcaldesa y en la peor época de la represión de los 80 se dedicó atender la salud de refugiadas salvadoreñas.
«A mi madre le tocó vivir dictaduras, golpes de Estado, y hasta hoy en día me motiva para continuar con esta lucha«.
La actitud frente a la vida de doña Berta marcó profundamente a su hija. De niña ayudó a su madre, participó luego activamente en organizaciones estudiantiles y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
«Pueblo milenario»
La defensa de la naturaleza es parte del ADN de Cáceres y está enraizada en su identidad lenca.
Río Gualcarque, sagrado para los lencas y vital para su supervivencia.
«Actualmente somos más de 400 mil lencas. Somos un pueblo milenario en Honduras y el oriente de El Salvador«.
«Nos consideramos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos», dijo Cáceres a la BBC.
En la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus femeninos y las mujeres son sus principales guardianas.
Una de las mayores luchas por esos ríos ha sido de Agua Zarca.
La represa de Agua Zarca
Fue en 2006 que la comunidad lenca de Río Blanco buscó la ayuda de la organización fundada por Cáceres.
«Comenzó a ingresar maquinaria pesada al lugar. Ahí se dieron cuenta que era un proyecto hidroeléctrico, nadie del gobierno les había comunicado nada».
Cáceres ha sufrido múltiples amenazas de muerte y secuestro. También demandas judiciales con «cargos fabricados», según Global Witness.
El proyecto de la represa de Agua Zarca fue aprobado con una concesión a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA, DESA, que inicialmente logró el respaldo de la compañía china Sinohydro.
La organización que concedió el premio a Cáceres señala que a partir del golpe de estado de 2009, Honduras vio un aumento explosivo de megaproyectos, especialmente vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras.
La represa de Agua Zarca «hubiera significado desplazamientos y hubiera impedido a la comunidad desarrollar sus actividades agrícolas. No sólo se privatiza el río sino varios kilómetros a la redonda», dijo Cáceres a la BBC.
En esos proyectos «el río deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas».
Bloqueo y «hostigamiento militar»
En más de 150 asambleas indígenas las comunidades lencas expresaron el rechazo a la construcción de la represa sobre el río Gualcarque.
El proyecto hidroeléctrico negó, según Cáceres, el derecho de consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.
Ante la falta de respuesta del gobierno, en 2010 Cáceres llevó la protesta a la capital, Tegucigalpa, para exigir al Congreso el rechazo al proyecto hidroeléctrico.
«Pero otorgaron los ríos a empresas privadas por más de 30 años«.
Finalmente, en 2013, el pueblo lenca comenzó una toma indefinida de carreteras para impedir la entrada de maquinaria.
El bloqueo duró más de un año y fue según Cáceres uno de los períodos más difíciles.
«Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados, sicarios. Incluso la policía hizo acciones en que apuntó los cañones de sus fusiles a las cabezas de niños y niñas y ancianos de Río Blanco».
Tres líderes lenca fueron asesinados durante la campaña de Agua Zarca, según Global Witness.
Uno de ellos fue Tomás García. El militar que le disparó durante el bloqueo fue detenido por unos días y luego puesto en libertad.
El retiro del gigante chino
A finales de 2013, Sinohydro dio por terminado el contrato con DESA, señalando públicamente como motivo la continua resistencia comunitaria.
La Corporación Financiera Internacional retiró posteriormente su financiación citando inquietudes sobre violaciones de los derechos humanos.
Y organizaciones internacionales como Amigos de la Tierra instan ahora a otra empresa, la alemana Voith Hydro, a que abandone su respaldo al proyecto.
Derechos humanos
El proyecto de Agua Zarca está detenido por el momento.
«Pero amenazan con construir en otro punto, aguas arriba. Y también está Blue Energy, otro proyecto sobre el río Cangel, con capitales estadounidenses y canadienses», por el que Cáceres asegura haber recibido múltiples amenazas.
El proyecto negó, según Cáceres, el derecho de consulta previa en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Honduras.
«Sabemos que es muy duro y que es una situación que se va a agravar».
Luego de una visita a la región en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció «reportes que apuntan a una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos (…) a pesar de patrones de violencia identificados por organizaciones campesinas en relación a la posible participación del Estado en los presuntos incidentes».
El país fue retirado de la lista negra de la Comisión, algo que según la misma sólo implica un sistema de monitoreo distinto.
El gobierno hondureño recogió la medida el 27 de enero de 2015 con una declaración en el sitio presidencial: «Por primera vez, después de cinco años, un gobierno logra que Honduras sea excluida de la Lista Negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que demuestra el firme compromiso del presidente Juan Orlando Hernández en garantizar que se respeten los derechos humanos de los hondureños».
«Me lo dijo el río»
Dos de los hijos de Cáceres ya abandonaron Honduras por temores de seguridad.
«Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río».
«Seguiremos ya no sólo como pueblo lenca sino con otras organizaciones con la esperanza de cambiar la situación en nuestro país», dijo Cáceres a la BBC.
La violación del Derecho de Consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en Honduras, en el marco de la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos, es una problemática que se ha hecho aún más visible luego del asesinato de Berta Cáceres. Desde ese momento, la comunidad internacional ha puesto presión sobre el Estado de Honduras sobre el cumplimiento de los convenios internacionales en esta materia.
El gobierno nacional ha desarrollado una propuesta que sufrió múltiples alteraciones y que buscó crear un marco regulatorio del derecho de consulta previa, que dé la impresión de cumplimiento de los estándares internacionales.
El 15 de enero del 2020, el diputado Óscar Nájera anunció la construcción de un proyecto de Ley de Consulta, el cual ha sido catalogado por las organizaciones indígenas y negras de Honduras como lesivo para el derecho de autodeterminación de los pueblos y el respeto por la soberanía sobre sus territorios.
En el contexto de la presentación del proyecto Nájera dijo “Hemos iniciado la socialización de la consulta con el 100% de la convocatoria. Por primera vez en la historia, hemos llegado a un consenso de abrazarnos todos juntos por el bien de Honduras. Para toda la hermandad, unidad, humildad y para el desarrollo de estos pueblos olvidados y marginados. Hoy llegó la hora, llegó el momento de estos 10 pueblos indígenas”
El propósito de la ley, según los representantes del Estado, consiste en establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades, respecto a proyectos, medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directa o indirectamente a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda.
La misma crearía el marco legal con el propósito de que los pueblos indígenas y afro descendientes a través de la consulta libre, previa e informada, mantengan su identidad, diversidad y se brinden espacios de participación.
Para tales efectos, crearían el ente rector que velará por los procesos de consulta, así como de la correcta aplicación de la ley y su reglamentación. Este ente se denomina Comisionado Nacional de la Consulta Libre, Previa e Informada (CONACOLP) como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con autonomía técnica, funcional y administrativa.
Sin embargo, las organizaciones sociales e indígenas de Honduras realizaron movilizaciones y otras acciones de protesta en rechazo a la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, la “Ley Nájera”.
“Lo que se hizo el 15 de enero en este Congreso Nacional, liderado por el diputado Óscar Nájera, es una farsa, porque los pueblos indígenas no estamos avalando ningún proyecto de ley que nazca de este Congreso espurio y que tenga las intenciones de flexibilizar la entrada de proyectos extractivos y de saqueo en los territorios de los pueblos indígenas”, manifestó Zúniga durante la movilización en las afueras del Congreso donde recalcó que “esta ley es un insulto y es escupir a la memoria de Berta Cáceres” expresó Berta Zúniga Cáceres, Coordinadora del COPINH.
En el marco de un foro en el cual participaron representantes de organizaciones que aglutinan diversas comunidades, estuvo presente Berta Zúniga Cáceres, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), Félix Valentín, por la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), miembros del observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, junto a la abogada Naama Ávila y Rony Castillo. Allí explicaron que no están de acuerdo con la creación de leyes que obstaculicen las decisiones de los pueblos, ya que desde el 2015 se habían creado tres propuestas que hasta la actualidad ninguna toma en consideración la opinión de las comunidades.
Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, también manifestaron que “la consulta es un mecanismo que nace desde los pueblos, no se impone a ellos. Por eso tienen características propias en cada población, respetando así la autodeterminación de cada uno. Esta propuesta no solo no valora los mecanismos históricos propios, sino que no fue siquiera avalada por las poblaciones a las que pretende imponerse”.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes hondureñas coincidieron en denunciar que, dadas las condiciones de violencia, asesinatos, criminalización, persecución, altos de niveles de pobreza, desplazamiento forzoso y de despojo sistemático que experimentan “no es posible aprobar una Ley de Consulta sin la debida consulta y sin antes generar las reformas estructurales para cambiar y disminuir las desigualdades sociales y raciales imperantes en el país. Esto último debería de ser la primera preocupación de los honorables Diputados del Congreso Nacional y de la sociedad hondureña en general” concluyeron.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, hace cinco años. Ella, sin lugar a duda, es una de las referentes políticas más importantes en la historia reciente del país centroamericano por su incansable compromiso a la lucha en defensa de los derechos de los pueblos más vulnerables como los pueblos indígenas, de la democracia y de los territorios.
El asesinato de Berta se produjo en un periodo que inició con el golpe de estado el 28 de junio de 2009 y que se extiende hasta el día de hoy. Este periodo se puede caracterizar por la descomposición del orden democrático con sucesivos gobiernos dictatoriales, y una agravada crisis económica, política y social.
Berta, como más de cien otros líderes y lideresas, fue asesinada por atreverse a cuestionar y luchar en contra este proceso facilitado e implementado con el golpe de Estado, de privatización, despojo en los territorios, cortes al sector público y a los programas sociales, retirada de derechos conquistados, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, aumento de políticas represivas, entre otros.
Berta también cuestionó fuertemente el papel de poderes imperialistas, empresas transnacionales e instituciones financieras en propagar la crisis en Honduras para poder beneficiarse. En especial, entendía que el papel de Estados Unidos tenía mucha importancia. En una entrevista en 2014, criticó directamente a Hillary Clinton, quien era Secretaría del Estado en 2009, por su papel en concretar el golpe de Estado. Estaba clara de la importancia geopolítica de Honduras y los grandes intereses que se movían detrás de estas jugadas.
La concesión otorgada, de manera fraudulenta por cierto, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para hacer un proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque se dio un año después del golpe de Estado. En septiembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el contrato No. 043-2010 entre la ENEE y DESA para la venta de energía.
Fue en esas fechas que la comunidad empezó a movilizarse y resistir la imposición del proyecto y en una asamblea comunitaria en 2010 declararon, “Que ante la agresiva, inconsulta, ilegítima y servil decisión del Congreso Nacional de entregar a manos privadas nuestros ríos y agua con el fin de generar más ganancias a empresarios mediante la generación de energía hidroeléctrica privada, grupos de poder que jamás se han preocupado, ni se preocuparán por cuidar nuestra riqueza natural, expresamos nuestro total rechazo a esa decisión.”
En esta lucha que lideraba Berta con su organización el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, se iban dando cuenta a través de meticulosas investigaciones hechas por la organización, que el proyecto que querían imponer sobre el sagrado Río Gualcarque no solo era interés de la oligarquía hondureña sino de una serie de instituciones y bancos internacionales.
Producto a los grandes intereses en este proyecto, tanto Berta como otros miembros del COPINH y de la comunidad recibían constante hostigamiento por parte de la seguridad privada de la empresa DESA, de las fuerzas de seguridad del estado hondureño y de otras personas sin vinculo institucional claro. Este hostigamiento incluía seguimiento, amenazas de muerte, persecución, judicialización, intentos de quebrar unidad de la comunidad y de la organización, y violencia física incluyendo el asesinato de 6 personas incluyendo a Berta.
La organización sostiene que el hecho de mantener el financiamiento a un proyecto que infringe sobre los derechos de las personas y que ha cobrado varias vidas, implica un nivel de responsabilidad.
Un actor fundamental en lo que fue la persecución de Berta Cáceres y su eventual asesinato, es el gobierno de EEUU. Si bien no hay pruebas de la participación directa en la planeación y la ejecución del crimen, sí existen vínculos directos por el apoyo que daba al proyecto y el entrenamiento militar de personas que participaron en el asesinato. Y en general se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.
«se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.»
Financiamiento y apoyo a Agua Zarca
Como ya se mencionó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su momento contaba con inversión y apoyo de grandes instituciones y bancos internacionales. Entre ellas: el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el FMO de Holanda, FinnFund de Finlandia, Voith Hydro con sede en Alemania, Banco Lafise, el Banco Mundial y La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
USAID tiene un largo trayecto de utilizar su poder como agencia de ayuda financiera para promover la agenda de Estados Unidos donde va. En el caso de Agua Zarca, la USAID firmó un convenio con la empresa DESA en diciembre de 2015, cuando ya la resistencia contra el proyecto llevaba 5 años, y había serias acusaciones contra DESA por violaciones de derechos humanos de las comunidades resistiendo el proyecto y por cometer fraude en el proceso de otorgamiento de permisos para el mismo. Sin embargo, la USAID con su programa MERCADO firmó con DESA un convenio por un proyecto de asistencia a productores agrícolas de los municipios aldeanos a Agua Zarca.
Firma de convenio entre la empresa DESA y la USAID. Con camisa blanca Sergio Rodríguez Diciembre 2015. Fotografía cortesía Proceso Digital.
En el comunicado de prensa anunciando el convenio firmada por USAID y Hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala, afirma que “Hidroeléctrica Agua Zarca desarrolla varias actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto en temas salud, educación, prácticas medioambientales responsables y actividades de desarrollo comunitario.”
Cabe destacar que la firma de DESA fue a través de Sergio Rodríguez quien fue condenado por participar en el asesinato de Berta. Según investigaciones sobre el asesinato de Berta. Cuando este convenio fue firmado por Rodríguez y los representantes de la USAID, los planes para asesinar a Berta, que Rodríguez ayudó a construir, ya estaban en marcha.
Convenio firmado entre la empresa DESA y la USAID. Diciembre de 2015.
Así que la promoción de un convenio para “apoyar agricultores” en este contexto no es un hecho inocente, la USAID con conocimiento de la fuerte resistencia al proyecto, los asesinatos de líderes y la persecución contra ellos, dio un respaldo contundente a DESA y a sus acciones en un momento decisivo.
Entrenamiento militar
Hasta la fecha han sido condenadas siete personas por haber participado en el asesinato de Berta Cáceres y uno, David Castillo, se mantiene en prisión preventiva esperando juicio. Aunque, como el COPINH ha denunciado reiteradamente, falta mucho para lograr la justicia real que contempla los autores intelectuales que son quienes financiaron y planificaron el asesinato, lo que se sabe de las personas ya condenadas y vinculadas al caso revela mucho sobre la estructura criminal que existe en Honduras para llevar a cabo estos crímenes.
La participación de miembros del ejército de Honduras es un punto destacable, de las personas que son formalmente vinculadas al caso, según la justicia hondureña, cinco son vinculados con el ejército y de ellos varios recibieron entrenamiento militar de los Estados Unidos.
El entrenamiento militar que históricamente ha prestado EEUU a Honduras, como a otros países de la región, ha sido un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta institución que en reiteradas ocasiones ha sido acusada de severas violaciones de derechos humanos entre otras cosas y que como demuestra el caso de Berta, entre miles de otros, tiene vínculos directos con estructuras criminales.
De los vinculados al caso, se sabe que David Castillo y el Mayor Mariano Díaz Chávez, oficiales del ejército recibieron capacitación militar de EEUU.
David Castillo, el presidente de la empresa DESA e imputado como coautor del crimen, fue Subteniente de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y según registros, habría sido formado en la academia militar de los EEUU West Point.
Captura de pantalla, página oficial de la West Point Association of Graduates.
El mayor Mariano Díaz Chávez durante su largo trayecto en el ejército que comenzó en 1992, según investigación hecha por COPINH, habría recibido capacitaciones del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCSOUTH) cuando estaba en el 15° Batallón en la región del Bajo Aguán en 2012. Él era instructor de la nueva fuerza militar creada en 2015 llamada Policía Militar para el Orden Público, cuyos instructores y comandantes participaron en el entrenamiento SOCSOUTH del 15° batallón.
A la derecha, Mariano Díaz Chávez en misión internacional en el Sahara. Fotografía cortesía de Notibomba.
Aliados incondicionales
Estos vínculos directos que existen entre instituciones de EE.UU. como la USAID y el Comando Sur con el proyecto Agua Zarca e individuos que participaron en el asesinato de Berta, no son hechos aislados ni sorprendentes visto de cara a la relación histórica que los EE.UU. tiene con Honduras.
A pesar de la profunda crisis institucional, política, económica y social que existe en Honduras y las constantes violaciones a los derechos fundamentales del pueblo hondureño a manos del Estado, el gobierno de Honduras goza de una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, que se autoproclama como el veedor de los derechos humanos en el mundo.
Mientras tanto, el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, JOH, ha sido acusado, en cortes de Nueva York, de haber participado activamente en el tráfico de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En 2017, el gobierno de JOH fue acusado de cometer fraude electoral, tras modificar la constitución de manera dudosa para que pudiera ser presidente en un segundo mandato. Las calles y carreteras desbordaron en movilizaciones masivas en todo el territorio nacional contra el fraude, en las cuales 40 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, y hasta la Organización de Estados Americanos reconoció la existencia del fraude y llamó a repetir las elecciones. Cuando los resultados ‘oficiales’ fueron publicados un mes después de las elecciones el gobierno de EEUU respaldó a JOH y reconoció su ‘victoria.’
No es difícil entender porque existe esta relación especial entre Honduras y Estados Unidos. Honduras ha sido el base de operaciones para el gobierno de EEUU por décadas con el base militar Palmerola/Soto Cano al centro. EEUU ha utilizado la base de Palmerola, considerada una de los bases estadounidenses más grandes del mundo, por décadas y hoy alberga soldados estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Comando Sur del Ejército Estadounidense.
Así como Palmerola, existen numerosos ejemplos de cómo EEUU se beneficia económicamente y políticamente del orden represivo, neoliberal y militarista en Honduras que ha devastado el país en todo sentido. Mientras existen estos beneficios, el gobierno de Estados Unidos no tiene problema en mantener un constante flujo de fondos hacia el ejército y mega-proyectos extractivos, armas y municiones para la fuerza pública, y un constante respaldo político al gobierno que es considerado ilegitimo. La vinculación de la principal empresa estadounidense de Aceros NUCOR con el caso de criminalización e injusto encarcelamiento de los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol por protestas en contra de la minera Ecotek-Los Pinares, da cuenta de esto.
Existen iniciativas por parte de diputados progresistas que han sido construido con organizaciones de Honduras para frenar este apoyo incondicional del gobierno nacional como el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” para los derechos humanos en Honduras y el reciente Proyecto de Ley de Derechos Humanos Y Anticorrupción de Honduras, pero no han podido avanzar. Hasta que se logre cortar este apoyo, las elites y corruptos de Honduras tendrán carta blanca para seguir llevando a cabo sus políticas de muerte y asesinatos como el de Berta.
