Estructura Sicarial
Author: COPINH
Otros integrantes
Estructura detrás del crimen
Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres
LA ESTRUCTURA DETRÁS DEL CRIMEN
Berta Cáceres: un crimen de estado relacionado con la consulta previa
La Ceiba, Atlántida, 13 de Marzo del 2018.- El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.
Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.
Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno,el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.
El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)
Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.
En una misiva dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.
La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.
Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta. En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.
El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.
Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
VIDEOS “Berta lo dijo”
Compañeras, hermanas, feministas, luchadoras….. nos comparten la lectura de un extracto del libro “Las revoluciones de Berta”
Desde Argentina nuestra compañera Claudia Korol nos comparte un fragmento del libro “Las Revoluciones de Berta”
El feminismo tiene que ayudar a que nosotras las mujeres sigamos dando ese aporte de colores, de diversidad, de riqueza, donde realmente le ponemos a la lucha otro sentido, un sentido de vida, de creatividad, de arte; y eso es lo que da más fuerza a nuestro movimiento de resistencia” Berta Cáceres
Berta es semilla de rebeldía multiplicada por toda nuestra Abya Yala, juntémonos y exijamos ¡Justicia para Berta!
Desde la Plataforma por Honduras de Madrid nos comparten un fragmento del libro “Las Revoluciones de Berta”
“La criminalización del movimiento indígena y negro es una política del régimen sucesor del golpe de Estado”
Después del golpe de Estado de 2009 hubo un incremento en el concesionamiento de los ríos y territorio hondureño. Con esto, también aumentó la criminalización de quienes defienden los bienes comunes, como lo vemos ahora con lxs compañerxs tolupanes, los compañeros de Guapinol y la compañera María en Zacate Grande, y como lo hemos visto las distintas organizaciones que luchamos por defender la Madre Tierra.
Sabemos que estos ataques no son aislados, son el intento del régimen de detener las luchas justas, pero a pesar de todo, los pueblos arreciamos la lucha y la esperanza en defensa de nuestros territorios.
¡Defender la vida, no es delito!
Las Payasitas terapéuticas, desde Cuba, nos comparten este fragmento del libro Las revoluciones de Berta,
“Refundar el país no consiste sólo en tener una Asamblea Nacional Constituyente (…) significa en la práctica desmontar todas las formas de dominación posibles…”
Desde las Payasitas terapéuticas, Cuba, nos comparten un fragmento del libro Las Revoluciones de Berta
“Debememos tener la creatividad de pensar en esa sociedad más justa y más humana, con construcción desde abajo (…) no podemos posponer las transformaciones profundas que necesitan nuestros pueblos”
Desde las Payasitas terapéuticasde Cuba nos comparten un fragmento del libro Las Revoluciones de Berta:
“Debememos tener la creatividad de pensar en esa sociedad más justa y más humana, con construcción desde abajo (…) no podemos posponer las transformaciones profundas que necesitan nuestros pueblos”
Campaña de criminalización contra el COPINH
Los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llevan años sufriendo amenazas, acosos y ataques como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos, el medioambiente y los bienes naturales. Berta Cáceres, lideresa y cofundadora de la organización, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa de la localidad de La Esperanza, Departamento de Intibucá. Tras su muerte, el 5 de marzo de 2016 la Comisión Interamericana solicitó medidas cautelares (medida cautelar 112/16) en favor de los miembros del COPINH, los familiares de Berta Cáceres y el defensor mexicano Gustavo Castro, tras encontrarse expuestas y expuestos a una mayor vulnerabilidad tras el homicidio de la lideresa. Basándose en estas medidas, el sistema hondureño de protección de las personas que defienden los derechos humanos debe aplicar medidas de seguridad para garantizar la integridad física de los miembros de COPINH, y asegurar que pueden seguir desempeñando sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias.
Sin embargo, los hostigamientos y ataques se sucedieron en forma sistemática hasta la actualidad. Sumado a esto, las investigaciones judiciales para esclarecer el crimen de Berta han encontrado numerosos obstáculos en el camino para hallar la verdad y juzgar a todos los responsables.
La lideresa del COPINH estaba profundamente involucrada en las acciones por la defensa del Río Gualcarque, el cual fue concesionado ilegalmente después del Golpe de Estado en Honduras el 2009, y propuesto para la ejecución de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto desarrollado por la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah. Berta era una de las voces más fuertes en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica, la cual se inició sin el consentimiento libre e informado, como lo indica el Convenio 169 de la OIT, de las comunidades locales ni la celebración de consultas adecuadas con ellas.
Su asesinato fue paradigmático, ya que el caso forma parte de un patrón de violencia y corrupción contra defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades indígenas y defensores del medio ambiente en todo el mundo.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para personas defensoras de derechos humanos y es conocido por no proteger a quienes defienden derechos humanos, como lo señalaron las Relatorías sobre Defensores y Defensoras de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ver: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20397&LangID=S
Para el año 2016, Front Line Defenders informabaque al menos 33 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2016 en Honduras. Ver: https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2016
Historia de los ataques luego del asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016
El 7 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en favor de todos los miembros de COPINH y de la familia de Berta Cáceres, a causa del riesgo que corrían por su labor tras el asesinato de la lideresa.
Su crimen ha tenido repercusión internacional, es por ello que el 24 de mayo del 2017 organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional solicitaron a las autoridades hondureñas que se garanticen y pongan a disposición las pruebas para que las partes implicadas en el caso puedan ejercer sus derechos y para que pueda llevarse a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato (véase Continúa en riesgo la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres, https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/6335/2017/es/).
Sin embargo, poco después del asesinato de Cáceres, el 15 de marzo de 2016, un desconocido mató a tiros a Nelson García, integrante de COPINH, cuando regresaba a su hogar en Río Lindo. Horas antes, ese mismo día, García había acompañado a una comunidad en Río Chiquito que había sido violentamente desalojada por la policía y el ejército.
El asesinato de García ocurre menos de dos semanas después del asesinato de Berta Cáceres y a sólo ocho días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares a favor de todos los miembros del COPINH. Ambos crímenes ocurrieron en un contexto de escalada de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y en particular contra aquellos que defienden derechos ambientales, territoriales y de las poblaciones indígenas, repitiendo y agravando un patrón repetidamente denunciado por las organizaciones nacionales e internacionales.
El 19 Abril 2016 mientras se desarrollaba el encuentro “Berta Cáceres Vive” (Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive”) una delegación internacional y nacional se manifestó para exigir justicia por el asesinato de Berta y expresar su solidaridad con el COPINH. En ese entonces fueron atacados violentamente.
Desde el COPINH informaron que los atacantes estaban vinculados a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa privada hondureña de energía detrás del proyecto Agua Zarca. Algunos de los atacantes fueron identificados como sicarios que habían amenazado previamente a Berta y a integrantes del COPINH, y quienes habían sido detenidos en 2015 por portar armas de fuego de alto calibre.
Los ataques continuaron y el 8 de mayo de 2016, Tomás Gómez Membreño, coordinador general de COPINH, viajaba con algunos de sus colegas para participar de una manifestación en Tegucigalpa, la ciudad capital. En el camino, un vehículo armado conducido por personal militar comenzó a seguirles e intentó sacarlos del camino. El conductor pudo controlar el vehículo y alcanzó a evitar un accidente; pocas semanas antes, Gómez Membreño había escuchado tiros cerca de su domicilio.
El 6 de mayo de 2016, un hombre armado disparó varias veces contra Alexander García Sorto, líder de COPINH y defensor de derechos humanos lenca, frente a su domicilio en Llano Grande, Colomoncagua, cuando iba a encontrarse con otros colegas. García resultó herido en el hombro izquierdo, pero sobrevivió el atentado. El atacante fue identificado como Enedicto Alvarado, ex miembro del ejército y guardia de seguridad privado que anteriormente había amenazado de muerte a García y se había mostrado hostil hacia los/as integrantes del COPINH.
La policía local detuvo brevemente a Alvarado, pero lo liberaron el mismo día tras acusarle de posesión ilegal de arma de fuego. Luego Alvarado amenazó con “terminar de matar” Alexander García, defensor de derechos humanos lenca y quien lidera la oposición pacífica de su comunidad a la construcción de una represa hidroeléctrica que afectaría los ríos Negro y Chinacla y el acceso de la comunidad al agua. El proyecto hidroeléctrico estaba siendo desarrollado por AURORA S. A., una compañía propiedad del esposo de la vicepresidenta del Parlamento, Gladis Aurora López.
“No fue suficiente haber asesinado a Berta hace ya más de 80 días, ahora quieren matar también a todos los otros coordinadores del COPINH, que siguen adelante con su tarea para impedir que las corporaciones mineras multinacionales ingresen en su territorio”, declaraba en ese entonces Tomás Gómez Membreño, coordinador general del COPINH el 1 de junio de 2016.
Ver Nota: https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-tom%C3%A1s-g%C3%B3mez-membre%C3%B1o
El 6 de julio de 2016 hallaron el cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquia Urquia, defensora de derechos humanos, en las cercanías del basurero municipal de Marcala, departamento de La Paz, Honduras. Lesbia había desaparecido la tarde anterior, alrededor de las 17:00 horas, cuando salió de su hogar para hacer ejercicio en bicicleta.
Era lideresa comunitaria e integraba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Se había sumado a la organización en el año 2009, durante las protestas contra el golpe de estado y trabajaba activamente oponiéndose a la construcción de la represa hidroeléctrica “Aurora I”, en la municipalidad de San José, La Paz. La compañía responsable de este proyecto es propiedad de Gladys Aurora López, presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional.
En su comunicado de prensa, el COPINH afirmaba que este asesinato “nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza”. Y agregaba “La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista.”
Ver nota: https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/lesbia-yaneth-urquia-urquia
La noche del 10 de octubre de 2016, Tomás Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, conducía hacia su domicilio desde las oficinas de la organización ubicadas en La Esperanza, Intibucá, cuando hombres armados abrieron fuego contra su vehículo. Esa mañana, Alexander García Sorto, líder local del COPINH, se había despertado al oír los disparos que impactaron en la puerta y la ventana de su hogar, cuando se hallaba durmiendo junto a su esposa y sus dos hijas en Llano Grande, Colomoncagua. Ambos defensores sobrevivieron a los atentados, en una segunda oportunidad, puesto que los primeros ataques ocurrieron el 8 mayo de 2016.
El 30 de junio de 2017, los defensores y defensora de derechos humanos Bertha Zúniga Cáceres, Sotero Chavarría y Asunción Martínez fueron atacados dos veces por personas no identificadas en su regreso de la comunidad de Cancire, en el municipio de Santiago Puringla, La Paz, Honduras.
En el primer incidente, un Toyota Tacoma negro bloqueaba el camino entre Cancire y San Antonio. Cuando el coche con el COPINH se acercó, tres hombres que llevaban machetes intentaron atacarles, sin embargo, el auto del COPINH logró escaparse del bloqueo. Un cuarto asaltante lanzó una piedra desde dentro del vehículo hacia la ventana lateral del conductor del auto del COPINH antes de empezar a perseguirles. En seguida, esta cuarta persona hizo varios intentos de chocar con su vehículo, con el fin de forzar el vehículo fuera de la carretera y hacia el abismo. Esto duró varios minutos hasta que los miembros del COPINH pudieron tomar un desvío y escapar de la persecución.
Sotero Chavarría Fúnez informó a Amnistía Internacional que unos días antes, dos desconocidos habían preguntado sobre su paradero en su ciudad natal. En junio, unos desconocidos trataron de secuestrar a la madre de sus hijos en un vehículo. El 21 de junio, COPINH denunció que un desconocido había amenazado con una pistola a Francisco Javier Sánchez—otro coordinador—mientras éste trabajaba la tierra, y le había dicho que iba a matar a sus hijos.
Ver nota: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR3766742017SPANISH.pdf
Desde el 2016 hasta la actualidad, las amenazas y riesgos a la seguridad personalde activistas defensorxs de la tierra y el territorio, forman parte de la realidad que expone la sistematicidad de la violencia en Honduras. La comunidad internacional se ha movilizado y exige justicia y el fin de la impunidad. Sin embargo, el gobierno de Honduras no ha actuado en consecuencia ni ha proporcionado un entorno propicio para resguardar la vida de lxs defensores de derechos humanos en el país.
Lxs miembrxs del Copinh y en especial Berta, se enfrentaron con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia y criminalización por las fuerzas de seguridad del Estado, la seguridad privada de la empresa DESA y personas armadas pagadas por la empresa. Esa violencia fue denunciada ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales en varias ocasiones, pero nunca se tomaron las medidas para frenar los ataques ya que eran ‘necesarios’ para seguir adelante con los proyectos hidroeléctricos.
Berta ha dejado un mensaje contundente sobre la persecución y la violencia en Honduras durante la ceremonia de premiación de los Premio Ambiental Goldman, con el cual fue galardonada en el 2015; “¡Despertemos! ¡Despertemos, humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. […] La madre tierra —militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales— nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna, y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.”
Ataques a la comunidad de Río Blanco: una cronología de la violencia
El COPINH durante un período de tres años (2017/2018/2019) presentó más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes, sobre los ataques realizados por sicarios contratados por DESA y terratenientes aliados de la misma empresa, cuyo objetivo es apropiarse ilegalmente de las tierras con titulación comunitaria, destruir el tejido social comunitario para neutralizar la reivindicación de derechos indígenas y permitir la construcción del proyecto hidroeléctrico de muerte.
La instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, configuró una sistemática forma de imponer la violencia en la comunidad de Rio Blanco. Los hostigamientos, amenazas de muerte y asesinatos contra integrantes de la comunidad no cesaron, aún después del asesinato de la lideresa Berta Cáceres, en marzo de 2016.
Sobre la comunidad
La comunidad de Río Blanco tiene un título de tierra comunitario que data de finales del siglo XIX, del año 1883, que el Estado de Honduras pretende desconocer. A pesar de este, la municipalidad de Intibucá ha otorgado, de manera ilegal, dominios plenos sobre pedazos de esa tierra a personas que han sido cercanas a los alcaldes, y permisos como el otorgado a la empresa DESA para desarrollar el proyecto Agua Zarca, desconociendo los derechos de la comunidad y violando su autonomía.
La familia Madrid, asesorada por miembros de la empresa DESA y de empresarios de la generación de energía, han atacado a la comunidad para impedir que tengan la posesión de la tierra y hagan uso de ella. Es por esto que se ha denunciado un plan sistemático para atacar a la comunidad de Río Blanco y al COPINH por parte de los dueños y beneficiarios de la empresa DESA.
Enero/Julio 2017
La comunidad recibe 9 amenazas de muerte con armas de fuego y la destrucción de cultivos y alimentos en 3 ocasiones
La municipalidad de Intibucá entrega de manera ilegal los dominios plenos sobre la tierra de la comunidad Río Blanco.
La comunidad recibe 3 amenazas de muerte con armas de fuego, la destrucción de cultivos y alimentos en 3 ocasiones y el robo de cargas de maíz en una ocasión.
Julio/Diciembre 2017
10 de diciembre 2017
Desaparición y asesinato de Elvín Saúl Madrid
Elvin Saúl Madrid Gómez, joven miembro del COPINH de 18 años. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un abismo, cerca de la casa de familiares de Olvin Mejía.
Olvin Mejía es el sicario contratado por DESA para asesinar a Berta Cáceres y demás miembros del COPINH, es originario de Valle de Ángeles. Asimismo, su hermano, Héctor Mejía, es el principal promotor y empleado de DESA para atacar al COPINH en las manifestaciones de exigencia de justicia.
Estas personas han hecho amenazas directas de muerte contra miembros de la comunidad durante los últimos 3 años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Destrucción de cosechas a miembros del COPINH en dos oportunidades y dos amenazas de muerte con arma de fuego.
Año 2018
Enero/Mayo 2019
Daños a carros de integrantes del COPINH en dos ocasiones
Amenazas de muerte y hostigamiento a Rosalina Domínguez y otros miembros de la comunidad
A pesar de las denuncias públicas a nivel nacional e internacional en contra de la violencia provocada por la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah, las agresiones continuaron en contra de la comunidad de Río Blanco, contra líderes como Francisco Sánchez y contra la lideresa Rosalina Domínguez.
En tres años fueron presentadas más de 21 denuncias ante el Ministerio Público y autoridades competentes sobre delitos de daños, amenazas de muerte, destrucción de alimentos y asesinatos perpetrados por la familia Madrid y sicarios de apellido Mejía. Sin embargo, no ha habido respuesta alguna y estos crímenes continúan en la impunidad.
Rosalina Domínguez fue una de las personas amenazadas, debido a la falta de acción de las autoridades y la impunidad ante los crímenes de las personas vinculadas al proyecto hidroeléctrico.
Tanto la fiscalía de La Esperanza, la DPI, el Mecanismo de Protección y la Secretaría de DDHH estaban al tanto de la problemática y sin realizar las acciones necesarias para detener la violencia. El 15 de mayo del 2019, Rosalina fue atacada por segunda vez por el sector El Barreal, en donde no permitieron la libre circulación del carro donde ella iba y dañaron las ruedas del mismo.
Informes sobre los procesos judiciales contra David Catillo
Boletín n. 14 del 12 de marzo 2021
Boletín n. 15 del 8 de abril 2021
Comienza juicio contra David Castillo, nuevas pruebas vinculan a Daniel Atala.
Boletín n. 13 del 10 de diciembre 2020
A pesar de los obstáculos sigue la exigencia de Justicia Para Berta.
Boletín n. 12 del 27 de noviembre 2020
Boletín n. 11 del 12 de noviembre 2020
Juicio contra David Castillo, las pruebas que demostrarán su culpabilidad
Boletín n. 10 del 26 de octubre 2020
¿La justicia para Berta seguirá entorpecida por la defensa de David Castillo?
Boletín n. 9 del 1 de octubre 2020
COPINH y Río Blanco excluidos ilegalmente del caso Fraude sobre el Gualcarque.
Boletín n. 8 del 11 de septiembre 2020
La defensa legal de David Castillo está convencida de su culpabilidad.
Boletín n. 7 del 7 de septiembre 2020
Boletín n. 6 del 24 de agosto 2020
David Castillo debe ser juzgado y castigado por el asesinato de Berta Cáceres.
Boletín n. 5 del 17 de agosto 2020
Juicio contra David Castillo: una maniobra dilatoria consumada.
Boletín n. 4 del 2 de agosto 2020
Boletín n. 3 del 14 de mayo 2020
Boletín n. 2 del 23 de abril 2020
Boletín n. 1 del 03 de febrero 2020
