Honduras: Agentes estatales implicados en asesinato de Berta Cáceres

Según informe independiente, se tienen pruebas ‘concluyentes’ respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en el asesinato.

Por AFP

Agentes estatales y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres por oponerse a una hidroeléctrica en territorio indígena, denunciaron este martes cinco expertos que investigaron el crimen.

El asesinato de la ambientalista «respondió, como mínimo, a un plan concebido», establece un informe de 92 páginas dado a conocer en una rueda de prensa por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que fue integrado en noviembre de 2016 por cinco especialistas.

El grupo esta conformado por Dan Saxon (estadounidense de la Universidad de Leiden), Roxanna Altholz (estadounidense de la Universidad de California), Miguel Ángel Urbina (profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y los abogados colombianos Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste), donde además hirieron al activista mexicano Gustavo Castro.

Ocho personas están detenidas acusadas de ser autores materiales del asesinato, pero la dirigencia del Copinh y la familia de Cáceres exigen llegar a los autores intelectuales.

Ante sus reclamos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) conformaron el grupo de expertos.

Pruebas concluyentes

«La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato» de Cáceres y tentativa de asesinato de Castro, estableció el informe denominado ‘Represa de la violencia’.

El reporte también sostiene que el Ministerio Público (fiscalía) «ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato (…) inició en noviembre de 2015″, que coincide con los tiempos en que se dieron movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh, en oposición al proyecto Agua Zarca para construir una represa en el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca.

La presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, rechazó los señalamientos y dijo a AFP que los ejecutivos de ese organismo y de Agua Zarca presentaron pruebas a los miembros del GAIPE de que la empresa DESA «estaba desvinculada de crimen».

También dijo que «se les propuso una mesa de diálogo de paz pero la rechazaron», y que el informe en realidad pretende influir en el resultado de las próximas elecciones del 26 de noviembre.

Pretenden «crear una inestabilidad en el país a 26 días de las elecciones porque una hija» de la ambientalista asesinada, Berta Zúniga, nueva coordinadora del Copinh, «es candidata del partido Libre (Libertad y Refundación, izquierda), coordinado por el expresidente derrocado Manuel Zelaya, aseveró.

Los miembros de GAIPE realizaron cuatro viajes a Honduras para entrevistar a más de treinta personas, así como para estudiar informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultar diez procesos penales por denuncias del Copinh y la prueba contenida en el proceso por el asesinato.

El grupo descubrió que los agentes encargados de la investigación del crimen «no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente» a los responsables del crimen y el Ministerio Público niega información a las víctimas.

A pesar de que la «prueba existente es suficiente para procesar por otros delitos a personas del nivel directivo, gerencial, y operativo de DESA, así como a numerosos agentes estatales», aseveró.

El GAIPE estableció que hubo «negligencia deliberada» por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund de Finlandia.

El grupo de expertos consideró que estas instituciones «tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales», en el sentido de que querían construir la represa sin consultar a las comunidades lencas afectadas.

https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1121736-330/honduras-agentes-estatales-implicados-en-asesinato-de-berta-c%C3%A1ceres

El homicidio de Berta Cáceres sugiere una trama de complicidad con el gobierno hondureño

Por Elisabeth Malkin

  • 30 de octubre de 2017

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CIUDAD DE MÉXICO – Era casi la medianoche cuando dos hombres patearon la puerta de entrada a la casa de Berta Cáceres en La Esperanza, su pequeño pueblo en Honduras. Pasaron por la cocina; uno de ellos abrió la puerta de la habitación y disparó seis veces. Cáceres murió poco más tarde.

En un país donde la lucha por proteger el derecho a la tierra provoca venganzas violentas, el asesinato en marzo de 2016 de la defensora del medioambiente podría haberse simplemente perdido entre el oscuro conteo de víctimas lamentables.

Sin embargo, Cáceres, de 44 años, era reconocida a nivel internacional por liderar a su comunidad indígena lenca en contra de una presa que una empresa planeaba construir en sus tierras. Su fama transformó su asesinato en un crimen emblemático y convirtió a la investigación que le siguió en un desafío a la arraigada impunidad de los poderosos en Honduras.

A veinte meses de su asesinato, un equipo internacional de cinco abogados ha advertido que la gente que ordenó el asesinato podría no enfrentar nunca a la justicia.

La evidencia, según los abogados, apunta a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la empresa hondureña con la concesión para la presa.

“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados en un informe. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.

Desa ha negado en repetidas ocasiones cualquier participación en la muerte de Cáceres o algún nexo con “cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier persona”.

“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”.

Roxanna Altholz, integrante de un grupo de abogados que revisa la investigación

Hay ocho sospechosos detenidos, incluyendo a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de Desa, y Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado del ejército hondureño que fue el director de seguridad de Desa hasta mediados de 2015.

“Lo que falta es procesar a las personas que contrataron a Bustillo para planificar la operación”, dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisa el caso a petición de la familia de Cáceres. El informe de los expertos fue publicado el 31 de octubre (The New York Times obtuvo una copia previa).

La investigación del gobierno, realizada por una unidad de élite de la Procuraduría General de la República de Honduras, todavía está abierta, aunque el grupo de abogados dice que no hay señales de que haya progresado más allá de los sospechosos actuales.

Entre los integrantes del equipo de investigación hondureño están dos asesores estadounidenses (un detective de homicidios retirado y un antiguo fiscal federal) que han estado trabajando con las autoridades desde los primeros días de las pesquisas, como parte de un esfuerzo de la Embajada de Estados Unidos por presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que se resuelvan casos criminales de alto perfil.

Muchos de estos involucran la participación de grupos poderosos que, según críticos, operan fuera de la ley.

“El gran desafío de Honduras es desmontar las fuerzas paralelas a las instituciones del Estado”, dijo Urbina, un experto en justicia criminal guatemalteco y asesor de la reforma judicial.

Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017
Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017Credit…Oswaldo Rivas para The New York Times

Para elaborar el informe, el grupo de Urbina analizó aproximadamente 40.000 páginas con mensajes de texto transcritos, que los investigadores del gobierno hondureño recuperaron a partir de tres teléfonos celulares, uno requisado en las oficinas de Desa y dos usados por Rodríguez y Bustillo.

De acuerdo con el informe, los mensajes muestran que los dos hombres estuvieron en contacto frecuente con tres altos ejecutivos en Desa mientras monitoreaban los movimientos de Cáceres y otros miembros de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, o Copinh.

Los abogados dicen que las conversaciones revelan que las órdenes de amenazar al Copinh y sabotear sus protestas provenían de ejecutivos de Desa que estaban en control de las fuerzas de seguridad en el área; daban instrucciones y pagaban la comida, el alojamiento y el equipo de radio de las unidades policiacas.

“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Leyes de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y una de las integrantes del grupo de abogados.

Los otros miembros del equipo legal son un exfiscal de crímenes de guerra, Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han lidiado con casos de derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año y han realizado varios viajes a Honduras para hacer entrevistas y revisar material del caso.

Bertha Zúñiga, hija de Cáceres, escogió a los abogados a partir de recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización latinoamericana de defensa de los derechos humanos.

Los mensajes de texto fueron entregados a la familia de Cáceres en mayo pasado por órdenes de un juez después de que los fiscales hondureños cancelaron cuatro citas para compartir sus hallazgos.

Altholz dijo que una de las preguntas que han surgido de su investigación es por qué la procuraduría, que requisó los teléfonos en abril y mayo de 2016, no actuó a partir de “la calidad y la cantidad de información” que “había tenido en su posesión durante el último año y medio”.

Un vocero de la procuraduría dijo que no podía hacer comentarios inmediatos.

Para la hija de Cáceres, el contenido de los mensajes demuestra que los ejecutivos de Desa se sentían intocables. “Estaban tan confiados de su impunidad que hablaban abiertamente”, dijo Zúñiga.

Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Cáceres, en una entrevista con The New York Times en Español en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017
Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Cáceres, en una entrevista con The New York Times en Español en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017Credit…Oswaldo Rivas para The New York Times

La empresa ha salido en defensa de su empleado, Rodríguez, el gerente de asuntos ambientales. Es “un hombre de familia, honesto y trabajador, quien en este momento está injustamente privado de su libertad”, señaló la división de presas de Desa, Hidroeléctrica Agua Zarca, en un correo electrónico que no fue firmado por alguien en particular. La empresa “confía plenamente también en la inocencia del Sr. Rodríguez”.

Desa obtuvo la concesión para construir una presa en el río Gualcarque, al oeste de Honduras, en 2009. Por ley, la empresa debía consultar con la comunidad lenca, pero el Copinh se opuso al proyecto desde el principio con el argumento de que la presa pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad.

La empresa incluso fue establecida de manera extraña, señaló Juan Jiménez Mayor, jefe de MACCIH, una comisión para combatir la corrupción en Honduras respaldada por la Organización de Estados Americanos: Desa contaba con un capital de solo 1200 dólares cuando obtuvo la concesión de la presa, junto con los permisos de operación, los derechos al agua y un contrato para vender electricidad a la paraestatal de energía eléctrica.

En 2011, miembros de la familia Atala Zablah, una de las más influyentes en Honduras, inyectaron millones de dólares a la empresa y se unieron a la junta directiva. La comisión de Jiménez ha empezado a investigar los contratos de Desa, una acción que ha generado enojo entre grupos empresariales hondureños.

Copinh luchó en contra de la presa por distintos frentes. Presentó litigios, realizó reuniones comunitarias y sometió el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno hondureño tomar medidas para proteger a Cáceres. Ella había recibido amenazas de muerte y sabía que eran serias: cuatro miembros del Copinh fueron asesinados en 2013 y 2014.

En 2015, Cáceres ganó el Premio Medioambiental Goldman, que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios, pero eso no fue suficiente para protegerla.

En noviembre de 2015, de acuerdo con el informe de los abogados, el exdirector de seguridad Bustillo se reunió con un alto ejecutivo de Desa. En enero, visitó La Esperanza y luego obtuvo una pistola mediante Mariano Díaz Chávez, un antiguo oficial de las fuerzas especiales hondureñas a quien se acusa de organizar el grupo de choque que asesinó a Cáceres.

De acuerdo con los abogados, se había planeado un intento de asesinato contra Cáceres para principios de febrero, pero se canceló.

“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. “Ayer no se pudo”.

El informe no nombra a los ejecutivos de Desa, porque las autoridades hondureñas no han presentado cargos en su contra.

Bustillo regresó a La Esperanza durante varios días a finales de febrero y arregló una reunión con el mismo empresario para el 2 de marzo.

Después del asesinato, Rodríguez, el gerente de medioambiente detenido, reenvió detalles del informe de la escena del crimen que la policía había proporcionado a uno de los ejecutivos de la empresa.

“Sergio, relájate”, le respondió a Rodríguez otro ejecutivo por medio de WhatsApp unos días después. “Todo va a salir bien, ya vas a ver. No caigas en pánico, que lo vas a trasladar a otra gente​”.

Una versión anterior de este artículo se refería de manera incorrecta a los inversores en el proyecto de represa. Se trata de miembros de la familia Atala Zablah, y no «la familia Atala», como estaba consignado (ningún miembro de la familia Atala Faraj ha sido inversionista en Desa o el proyecto Agua Zarca).

https://www.nytimes.com/es/2017/10/30/espanol/america-latina/berta-caceres-homicidio-desa-investigacion-honduras.html

Fue la violencia machista la que mató a Berta Cáceres

El asesinato de Berta Cáceres fue un crimen político machista. Fue un femicidio. Fue un crimen propio del machismo hondureño, sólidamente incrustado en las estructuras del poder estatal, político, jurídico, económico, incluso en el poder religioso. Por eso la impunidad cubre hoy a los autores intelectuales.

Ismael Moreno, SJ

En las horas finales del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres fue asesinada en su casa, un acontecimiento que conmovió a Honduras y a mucha gente en todo el mundo.

Varios de los responsables de la ejecución del plan para matarla y los que dispararon contra ella enfrentan ya un proceso judicial que conducirá a una eventual sentencia condenatoria. Pero quienes fueron los autores intelectuales del crimen siguen blindados por la impunidad.

Son muy poderosos. Y son hombres. Y eso explica el blindaje que los protege. La decisión que tomaron estos hombres poderosos, el plan que siguieron hasta matarla, tiene la misma lógica que la de cualquier femicidio. A Berta Cáceres la mataron por ser mujer, una mujer extraordinaria a la que el poder machista, la violencia machista, no lograron nunca controlar. Fue el machismo el que la mató.

UNA GRAN EMPRESA DE HOMBRES MUY PODEROSOS

DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) es la poderosa empresa vinculada al asesinato de Berta Cáceres. Se trata de una empresa legalmente constituida, dedicada a la industria extractiva y a la construcción de proyectos hidroeléctricos. DESA pertenece a un enorme consorcio empresarial asociado al influyente Grupo Ficohsa, liderado por la poderosísima familia Atala.

Como muchas otras grandes empresas hondureñas, DESA protege sus intereses con una estructura criminal, integrada por centenares de efectivos de seguridad privada que dirigen militares o policías en retiro, a los que se entrena para cuidar celosamente el patrimonio empresarial. Ninguno de ellos dudará un instante en disparar a matar o en organizar algún operativo para quitar de en medio a cualquiera que amenace de cualquier forma los intereses empresariales.

Según investigaciones independientes fue en la cúpula de DESA donde se decidió asesinar a Berta Cáceres. El plan inició en noviembre de 2015 y culminó con los disparos criminales tan sólo unos meses después. DESA y quienes conducen las investigaciones oficiales decidieron responsabilizar solamente a los asesinos materiales, a quienes dispararon, para así salvar a la empresa de la autoría intelectual de una muerte que nunca creyeron, cuando la diseñaron, que les traería tantos problemas.

LOS AUTORES INTELECTUALES ESTÁN BLINDADOS

Desde que ocurrió el crimen las medidas para blindar a los autores intelectuales y salvar el prestigio de DESA se han intensificado.

Suyapa Martínez, dirigente de la organización feminista hondureña CEM-H (Centro de Estudios de la Mujer) se atrevió a declarar en una entrevista periodística que DESA era responsable intelectual de la muerte de Berta y DESA le echó encima a toda la justicia hondureña. Hoy pende sobre ella la amenaza de una sentencia de varios años de cárcel y una multa millonaria por difamación.

Los hombres de DESA son muy poderosos. Y tienen mucho poder en muchos espacios. Uno de sus más altos ejecutivos, Camilo Atala, también presidente ejecutivo del grupo financiero Ficohsa, fue elegido este año como presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). En los últimos tiempos DESA ha aumentado sus generosas ayudas a diversas iglesias del país.

UNA MUJER QUE ROMPIÓ PARADIGMAS

Las élites empresariales locales, aliadas de las transnacionales extractivas y financieras, sustento del poder político hondureño, mataron a Berta por ser mujer, una mujer excepcional y audaz que rompió, una y otra vez, con los paradigmas de la cultura patriarcal y machista que domina nuestro país.

Obviamente, en Honduras hay mujeres con mucho poder y con mucho reconocimiento social. Pero ninguna de ellas ha roto paradigmas. Son mujeres que administran con desvelo y capacidad el poder que le han delegado los hombres sin modificar nunca su esencia jerárquica. Por eso, el poder de estas mujeres no incomoda, no es cuestionado. Lo admira toda la sociedad, particularmente la sociedad de los hombres.

CON LA LÓGICA FEMICIDA

Berta fue una mujer diferente. Sacó a estos poderosos hombres de quicio, no pudieron soportar que una mujer los pusiera en jaque y los derrotara. Y decidieron matarla con una lógica similar a la del femicidio, a la del hombre que mata a una mujer que no controla.

La mataron de forma similar a como un hombre mata a la mujer que no cumple lo que él desea. En su afán de poder y de dominio ese hombre arremete físicamente contra ella porque lo humilla, no controla lo que piensa, lo que dice, lo que hace la mujer.

Llega a odiarla, la agrede y, en un momento de poder descontrolado, la mata. Son ésos los sentimientos en que nos “educa” el patriarcado. Son los mismos que movieron a los hombres que mataron a Berta. No la pudieron controlar. Tenía poder, no el delegado por hombres, sino el construido por ella misma junto a otras mujeres y a otros hombres. El poder de Berta desafiaba el de ellos. Y tanto los desafiaba que ponía en peligro sus empresas.

TENÍAN QUE MATAR A “ESA MUJER”

Tenían que matarla. Una mujer los estaba derrotando, ganándoles la batalla. Ante los colegas empresarios, ante otros inversionistas, ante los financieros, Berta los humillaba. “¿Por qué no avanzan las obras?”, preguntaban. “Por esa mujer”, tenían que responder. Demasiada humillación para los hombres. Y sus mentes humilladas se embotaron y eso los cegó. No vieron lo que Berta significaba en el país y para mucha gente en el mundo. Sólo vieron a “esa mujer”, de la que había que desquitarse. Cegados por el poder humillado, planificaron su muerte, olvidando que ya para entonces Berta tenía un liderazgo nacional y un gran reconocimiento internacional.

Y una vez que la mataron se les abrieron los ojos. Habían matado a la voz de las mujeres hondureñas, también a la voz de los hombres hondureños que luchan por dejarse liberar por las mujeres. Y descubrieron que también habían matado a la voz de los pueblos centroamericanos y latinoamericanos que luchan por la vida de los bosques y los ríos.

Después de matarla, cayeron en la cuenta de lo que habían hecho: un gravísimo error político de graves consecuencias. Igual que tantos hombres a los que, después de matar a su mujer, se les abren los ojos y caen en la cuenta de que le quitaron la vida a la madre de sus hijos, a la mujer de la que un día estuvieron enamorados. Y viendo lo que han hecho se meten un tiro ahí mismo porque no soportan seguir viviendo.

LO QUE DIJERON DESPUÉS

En el caso de Berta no fue así porque nadie se metió un tiro, nadie se quitó la vida. Se dieron cuenta del error político que habían cometido y a partir de entonces quisieron borrarlo con el poder y con la mentira.

En el primer momento echaron a correr rumores. “A esta mujer la mataron por puta”, dijo un policía cuando todavía estaba caliente el cuerpo de Berta sobre un charco de sangre. Es el mismo argumento que aparece en boca de los vecinos y en los medios cuando un hombre mata a su mujer: “La encontró con otro” La primera hipótesis del móvil del crimen fue la habitual: “un crimen pasional”, “por asuntos sentimentales”.

Casi inmediatamente, los hombres que la mataron echaron a correr otro rumor, que alimentaron durante un tiempo a los medios de comunicación: a Berta la habían matado sus propios compañeros de lucha por desconfianza, por asuntos de dinero: Berta se había quedado con todo el dinero del Premio Goldman que había recibido poco antes, Berta había provocado conflictos de poder dentro del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

Algo similar ocurre en todos los asesinatos de mujeres: si no funciona el argumento pasional, se pasa al del dinero o al de luchas por el poder: “Las mujeres son muy ambiciosas, cuando tienen dinero y poder, siempre quieren más”, dicen. Para justificar los asesinatos de mujeres se mezclan siempre celos y pasiones con dinero y ambiciones.

BERTA LE DOBLÓ EL BRAZO A HOMBRES DE PODER

El femicidio es el momento final de un prolongado proceso de violencia machista. El asesinato de Berta estuvo precedido por un largo proceso de amenazas y hostigamiento.

Retrocedamos en la historia. En 2006 las comunidades del norte del departamento de Intibucá, en la zona de Río Blanco, buscaron respaldo del COPINH al ver llegar al lugar unas máquinas que comenzaron a intervenir en el cauce del legendario río Gualcarque. El objetivo era construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La responsable de la construcción era la empresa china Sinohydro, la de mayor experiencia mundial en este tipo de megaproyectos. DESA había contratado sus servicios.

Desde entonces, Berta, al frente del COPINH, comenzó a acercarse a esas comunidades de la etnia lenca, a acompañarlas. Dedicó años de trabajo a denunciar en el país el desastre ambiental y social que causaría ese proyecto, a organizar decenas y decenas de asambleas populares de información y a desarrollar y a animar acciones colectivas de resistencia en este lejano rincón del país.

Hasta que en 2013 el pueblo lenca de esa zona, indignado y empoderado, impidió que la empresa continuara allí. A finales de aquel año Sinohydro dio por terminado el contrato con DESA, informando que se retiraba de Honduras por la continua resistencia de la comunidad. Berta le había doblado el brazo a los hombres del poder.

ES “MARIMACHA”

El año 2013 fue crucial en su vida. A finales de febrero y comienzos de marzo Berta dirigió una caminata popular desde el norte de Honduras hasta Tegucigalpa con varios reclamos: la libertad de “Chabelo” Morales, un campesino injustamente condenado por defender la tierra y a su comunidad, la derogación de la ley de minería y la derogación de la ley de las ciudades modelo.

Enamorada en aquel tiempo de uno de los jóvenes dirigentes del COPINH, eso despertó la furia de su ex-pareja, con quien había tenido tres hijas y un hijo. Mientras los pies de Berta se encallecían en aquella kilométrica caminata por carreteras de pavimento, la ruptura entre ambos se fue convirtiendo en una confrontación en el COPINH que desembocó en una fractura de la organización: un sector de comunidades lencas decidieron seguir a la ex-pareja de Berta para conformar una nueva organización indígena.

En septiembre de aquel año la acusaron por portar armas. En una sociedad como la hondureña, donde portar armas es cosa de hombres, eso procuraba socavar el liderazgo femenino que ya tenía Berta. Acusándola y llevándola a los tribunales se la estigmatizaba a ella y a su lucha. Se dijo que no sólo usaba armas, también provocaba desórdenes irrespetando las leyes y a las autoridades. Se desvirtuaba así a una mujer que en las sociedades patriarcales no era como deben ser todas: obediente, sumisa a los hombres y a las normas sociales. En ese tiempo corrió también otro rumor: Berta era así y actuaba así porque era “marimacha”.

EL PREMIO INTERNACIONAL COLMÓ LA COPA

La persistencia de Berta y su determinación consiguieron un enorme triunfo al salvar el río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico. Para entonces su nombre era ya conocido en Honduras y el triunfo conseguido en tierra hondureña fue determinante para que en 2015 le entregaran el Premio Ambiental Goldman en 2015.

Al recibirlo en San Francisco, California, en un breve discurso Berta Cáceres reivindicó a su organización y demostró su conciencia política, social, ambiental, feminista. Esto dijo ese día: “En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPINH, caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. ¡Despertemos! ¡Despertemos, Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas si sólo nos quedamos contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus de la tierra. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al Pueblo Lenca, a Río Blanco y a las mártires y a los mártires por la defensa de los bienes naturales”.

El Premio Goldman colmó el vaso de los hombres del poder. En todo el mundo se habló de “esa mujer” y el resentimiento ya no abandonó a los hombres de la cúpula de DESA. Había que matarla.

PRIMERO, SILENCIAR DESPUÉS, ACOSAR

Existe un patrón en un crimen como éste, además de los patrones que acompañan a todo femicidio. Este patrón criminal tiene sus fases y en Honduras a ellas somete el poder a todas las personas que se oponen a la oligarquía económica y a la élite política que la representa. Es un patrón con cinco pasos. En el caso de Berta Cáceres se cumplió a cabalidad.

El primer paso es silenciar. Durante un buen tiempo Berta hacía, decía, luchaba, denunciaba, pero era ignorada. Nadie la entrevistaba, no le hacían caso. Había que hacerla invisible, como si no existiera. Pero sus palabras y sus acciones, la trascendencia de su lucha, terminaron haciendo imposible que no la vieran, que no la escucharan. Berta derrotó el silencio social y mediático.

El segundo paso es acosar. Ya teniendo un nombre, una voz, un peso social, a Berta la trataron de sobornar, de seducir para que su voz no fuera respetada. Douglas Bustillo, un oficial retirado del Ejército, que trabajaba en la empresa de seguridad de DESA, se encargó de hostigarla, incluyendo el acoso sexual. “Toda mujer puede ser conquistada, lo que hay es que descubrir el camino para lograrlo”, dice siempre el machismo. En 2013, y con la misma firmeza con la que hacía todas sus denuncias públicas, Berta Cáceres denunció a Douglas Bustillo por acoso sexual.

ES VIOLENTA, TERRORISTA, ENEMIGA DEL DESARROLLO

El tercer paso es el descrédito, la estigmatización. Cuando sus luchas y su liderazgo no podían ya ocultarse, a Berta había que desacreditarla, estigmatizarla.

Los medios informaban sobre lo que hacía, pero llamándola revoltosa, opuesta al desarrollo, violenta, desadaptada social, terrorista, “marimacha”, enemiga de los hombres. Cuando la acusaron de portar ilegalmente armas pasó unas horas en la cárcel. Cuando la acusaron de sedición por instigar la violencia en las comunidades indígenas y dictaron orden de captura, tuvo que pasar un tiempo en la clandestinidad hasta conseguir que los juzgados sobreseyeran la acusación.

También quisieron sobornarla con dinero para ella o para el COPINH. También en ese tiempo la confrontaron dos alcaldes de municipios de la región en donde operaban Sinohydro y DESA: el alcalde de San Francisco de Orejuela, íntimo aliado de la empresa de seguridad de DESA, y el alcalde del municipio de Intibucá, molesto por el respaldo que Berta daba a las locatarias y locatarios del mercado, amenazados de desalojo.

Muchos frentes se abrieron ante la amenaza de Berta. Todos buscaban minar su credibilidad y su autoridad y neutralizar el trabajo del COPINH. La estigmatización también promovía que la gente sencilla, desinformada y malformada, identificara a Berta como enemiga y como amenaza.

Berta derrotó la estigmatización con persistencia. No retrocedió y finalmente su voz y su lucha trascendieron las fronteras hondureñas. Cuando en Honduras era llamada “enemiga del desarrollo” en Estados Unidos era premiada con el Premio Goldman. Y cuando en el país era desacreditada por oponerse a la Iglesia, era premiada, también en Estados Unidos, con el reconocimiento “Monseñor Romero” y el Papa Francisco la recibía con un abrazo en el Vaticano.

El cuarto paso en el proceso de destrucción del adversario es la criminalización de quien se opone, de quien denuncia, de quien protesta. Berta fue criminalizada. Fue a los tribunales y a la cárcel. Querían quitarla de en medio. Y querían debilitar las luchas indígenas y populares que encabezaba el COPINH. También querían sembrar el miedo en quienes veían en Berta un referente.

BERTA SE COLOCÓ A UN PASO DE LA MUERTE

El quinto paso, si todos los pasos previos fracasan, es la eliminación física, la muerte. A Berta la mataron porque ni pudieron ignorarla ni sobornarla. Y como las campañas de estigmatización no la destruyeron ni lograron doblegar la legitimidad de su lucha, Berta se colocó a un paso de la muerte física.

Como no funcionó nada, después de que quisieron matarla moralmente calumniándola, amenazándola, desprestigiándola, como nada la doblegó, tenían que eliminarla.

A una mujer de ese tamaño no podían permitirle que siguiera viviendo. Estaba en juego el honor de los hombres. Dejarla viva significaba aceptar la humillación que ella había infligidoa los hombres del poder.

“AHORA NOS TOCA A NOSOTRAS SER LAS BERTAS”

Los hombres que dispararon contra Berta Cáceres fueron identificados: unos sicarios, unos militares, un jefe de seguridad, un empleado medio de DESA. Los autores intelectuales del crimen están impunes. Tienen en su mayoría visa de turista para visitar Estados Unidos. No pocos lideran estructuras políticas o tienen altos cargos en empresas de prestigio o en la banca. Participan activamente en obras filantrópicas y de beneficencia y asisten asiduamente al templo, en donde son reconocidos como bienhechores.

Todos integran el poder patriarcal, acostumbrado históricamente a prácticas criminales que después quedan siempre impunes. Estas estructuras patriarcales se sienten hoy amenazadas por muchas formas de presión social, especialmente por la lucha antipatriarcal de las mujeres.

“Berta nos abrió el camino -dice una de sus compañeras en la lucha feminista-. Ella trazó el camino. No es fácil seguirla, pero nos dejó sus huellas y su espíritu. Hoy nos toca a nosotras ser las bertas, porque sólo siendo como ella acabaremos con las estructuras patriarcales y sólo así salvaremos las vidas de muchas mujeres, amenazadas por hombres tan machistas como los que mataron a Berta”.

CÓMO ENFRENTAR EL MACHISMO INCRUSTADO EN EL PAÍS

¿Cómo proteger a las mujeres que, como Berta, desafían el poder machista y se enfrentan a las estructuras del patriarcado? No es fácil. No sólo porque estas estructuras no solo están aún intactas, sino porque quienes las integran están muy advertidos de las amenazas que representan estas mujeres.

El camino abierto y trazado por Berta nos da pistas para proteger a las mujeres que, como Berta, luchan hoy contra el patriarcado. Lo primero es la convicción de ellas de que pueden, de que tienen poder en ellas mismas, capacidad para analizar su entorno, para desarrollar capacidades, para establecer alianzas solidarias entre ellas y entre sus organizaciones y para dar una dimensión política a todo lo que hacen.

Pueden y deben romper con el paradigma dominante, que nos dice a todos, especialmente a las mujeres, que sólo lo de arriba y sólo lo de afuera vienen las soluciones. Pueden y tienen que proseguir difundiendo por todos los medios que lo que mató a Berta Cáceres el machismo incrustado en las estructuras de Honduras para así acortar la distancia entre esa denuncia y la identificación de los autores intelectuales del crimen, los que se ocultan en DESA. Mientras sean impunes, mientras no sean desenmascarados y enjuiciados, la defensa de muchas otras mujeres tropezará con obstáculos.

Pueden y sabrán construir nuevos paradigmas basados en relaciones horizontales y no jerárquicas, en un poder entendido como búsqueda de cambios en las relaciones de género, también dentro de las mismas organizaciones feministas. Pueden y deben no cansarse de denunciar a los hombres del poder que ocultan su machismo en una retórica de defensa de los derechos humanos, mientras que en la práctica sólo buscan perpetuar el omnímodo derecho del patriarcado.

LAS ALIANZAS DE LAS MUJERES

Pueden y deben las mujeres saber analizar el contexto local: actores, escenarios, aliados, hilos del poder, tendencias, oportunidades a aprovechar… Y pueden y sabrán ubicar el contexto local en el contexto nacional, en el mesoamericano y en el internacional. El contexto es siempre movedizo y dinámico. Una organización de mujeres, y de los hombres que a ella se integren con conciencia de género, ha de estar en una constante lectura del contexto, sabiendo que nunca existen hechos aislados, que todos están vinculados y que siempre las principales víctimas son las mujeres, por estar históricamente en desventaja ante el poder que siempre han controlado los hombres.

Pueden y deben saber identificar las energías positivas al interior de la propia organización y de las organizaciones hermanas. Igualmente deben y pueden identificar las energías negativas, las que promueven escepticismo, divisiones, desconfianzas y protagonismos. Eso fortalecerá las organizaciones contra las amenazas del patriarcado. Y después de esa identificación, pueden y deben hacer alianzas con otras organizaciones. Porque todas nos necesitamos, todas aportamos y todas aprendemos y enseñamos. Ninguna alianza surge de la competencia y de la desconfianza. Y cuando algunas organizaciones se creen superiores a las demás y buscan imponer sus lecturas y sus intereses, cuando siempre quieren ser las que toman iniciativas y rechazan las iniciativas de las demás, todas pierden.

Pueden y deben hacer alianzas con sectores sociales con los que no comparten espacios comunes ni similares compromisos, pero sí coinciden en la necesidad de construir una sociedad incluyente y democrática.

ESO DESCONCIERTA AL PATRIARCADO

Y finalmente, deben, pueden y saben las mujeres promover alegría en las organizaciones en las que trabajan. El ceño fruncido, el enojo, la tristeza y la amargura le convienen al patriarcado. La fiesta y la alegría en medio de la lucha y de la resistencia lo desconciertan.

Creo que por ahí va el camino abierto y trazado por esa gran mujer que fue Berta Cáceres.

https://www.envio.org.ni/articulo/5404

Desde las hermanas Mirabal hasta Berta Cáceres

El nombre de Berta Cáceres, defensora de la tierra y el agua, referente del pueblo Lenca en Honduras donde se opuso a la construcción de una represa que asfixia al Río Blanco, sagrado para les suyos resuena ahora cuando todavía se escuchan los ecos de las jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. Asesinada en 2016 por sicarios ya condenados relacionados con la misma empresa responsable de la represa, ella fue víctima de un femicidio político al igual que las hermanas Mirabal a quienes se recuerda en esta fecha. La segunda etapa del juicio, contra los autores intelectuales sigue aplazándose sin más sentido que garantizarles impunidad.Por Claudia Korol

En todo el mundo se realizan en estos días jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, fecha que recuerda el crimen de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las “Mariposas” que enfrentaron a la dictadura de Trujillo en República Dominicana -responsable de más de 50.000 asesinatos de los pueblos dominicano y haitiano-, hasta su asesinato en 1960, un triple feminicidio político.

En los feminicidios políticos perpetrados en las últimas décadas, entre ellos los de Beti Cariño (2010 / Oaxaca, México), Nilce de Souza Magalhães (2016 / Rondonia, Brasil), Macarena Valdes (2016 / Wallmapu, Chile), Berta Cáceres (2016/ Honduras), Marielle Franco (2018/ Brasil), Cristina Bautista (2019 / Cauca, Colombia), en todos hay acciones previas y posteriores dirigidas a desprestigiar a las lideresas populares que tienen un rol fundamental en la defensa de cuerpos y territorios. En la mayor parte los autores de los crímenes continúan en la impunidad, ya que están involucrados grandes empresas -muchas de ellas transnacionales-, poderosos intereses políticos corporativos, asesoramiento internacional, gobiernos locales, fuerzas de seguridad. Algo similar sucede en los procesos de criminalización de las defensoras de territorios, comunidades y cuerpos en el Abya Yala.

Berta Cáceres: un crimen emblemático

En esta semana se debía reiniciar en Honduras el juicio a David Castillo –postergado por dos años y ocho meses por maniobras dilatorias de su defensa aceptadas por el tribunal-. Una vez más la audiencia fue suspendida por la interposición de un recurso de apelación de la defensa. Resulta vergonzosa la complicidad del Tribunal con los dueños del poder. Nos dijo Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y coordinadora general del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), en una entrevista previa a la audiencia, que las pruebas existentes contra David Castillo son contundentes e irrefutables. Por eso su defensa intenta llevar el juicio a un callejón sin salida.

COPINH ha denunciado que David Castillo, junto a los integrantes de la familia Atala –Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah- y Daniel Atala Midence, son los responsables intelectuales del asesinato de Berta. A pesar de las numerosas pruebas que los incriminan, los empresarios Atala –dueños de DESA- jamás fueron juzgados, ni siquiera citados como testigos. Señaló Bertha Zúniga Cáceres: “En este juicio se pretende lograr la condena al Presidente de la empresa DESA, el señor David Castillo, que tuvo un papel determinante en el crimen de la compañera Berta Cáceres, y en los ataques sistemáticos al COPINH. Para nosotras es importante, pues él representa los intereses de un grupo económico que se intenta imponer frente a los pueblos, a sus resistencias. Es una persona con entrenamiento militar, que responde a los intereses de la familia Atala, de los grupos que se han beneficiado del modelo económico basado en el extractivismo, para seguir aumentando sus ganancias. A él lo consideramos una pieza clave para vincular a los autores materiales que ya fueron condenados y a los autores intelectuales que guardan impunidad, por no existir voluntad del estado de Honduras para enjuiciarlos y condenarlos. Esta condena reafirmaría el hecho de que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha, que se oponía a intereses económicos en el país que siguen violentando a los pueblos. Es un juicio que simbólicamente es muy importante también para plantear las dimensiones de los agravantes en el crimen sobre ella como lideresa mujer de una organización de pueblos indígenas, que no tuvo miedo en señalar quiénes atacan a los pueblos”.

¿Quién es David Castillo?

En la noche del 2 de marzo de 2016, madrugada del 3 de marzo, fue asesinada Berta Cáceres, cofundadora y dirigente del COPINH, reconocida dirigente de la resistencia al golpe de estado, defensora de los territorios –especialmente en los que habita el pueblo Lenca- y en los últimos años profundamente comprometida en la oposición de la comunidad Lenca de Río Blanco a la construcción de la represa Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque –considerado un río sagrado por su pueblo-. El crimen de Berta levantó una movilización nacional e internacional exigiendo justicia.

El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete sicarios como autores materiales del asesinato. Entre estos hombres, contratados por ejecutivos de DESA, están el ex jefe de seguridad de DESA y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos, Douglas Geovanny Bustillo, el ex sargento de fuerzas especiales Henry Hernández, el oficial de fuerzas especiales entrenado en Estados Unidos Mariano Díaz Chávez, y Edilson Atilio Duarte Mesa, integrante de las fuerzas armadas -en funciones a la hora del crimen-. No se trata de sicarios elegidos al azar. Es un grupo de tareas operativo, altamente calificado, con personal entrenado en Estados Unidos, coordinado por David Castillo, uno de los autores intelectuales juzgado en estos días, que ofició de enlace con los dueños de la empresa.

Presidente de DESA, empleado de los Atala, David Castillo es un ex oficial de inteligencia militar, que fue integrante de las Fuerzas Armadas de Honduras con el grado de Subteniente de Inteligencia Militar. Aparece en la lista de graduados del año 2004 de la academia militar estadounidense West Point. Está acusado de organizar el crimen, hacer inteligencia en el COPINH, y contratar a los asesinos. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, mientras intentaba salir del país. Desde su audiencia inicial el 9 de marzo de 2018, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

David Castillo fue el responsable de realizar una labor de inteligencia acercándose a Berta Cáceres, estableciendo una relación a través de la cual sacaba información para los planes de la empresa. Este vínculo está siendo utilizado ahora para atacar la imagen de Berta, profundizando las lógicas patriarcales de ataque a las mujeres dirigentes, a su vida privada, buscando justificar así la supuesta inocencia de David Castillo.

¿Por qué un feminicidio político?

Antes todavía del crimen, Berta había recibido numerosas amenazas. También había estado perseguida y presa por un montaje judicial organizado por el Ejército y la empresa DESA. También sufrió el acoso sexual de agentes de la inteligencia militar –entre ellos Douglas Bustillo y David Castillo-, y fue víctima de una campaña de desprestigio –que ahora se sabe que fue organizada por el grupo coordinado por Castillo, que contrató a periodistas para tal fin, y que finalmente la mató-.

La criminalización y estigmatización de Berta Cáceres fue el prólogo para el asesinato. En uno de los diálogos sostenidos con ella nos decía con su humor inconfundible: “Nos han acusado no solo de tráfico ilegal de armas, de violentas, de lucha armada, sino también de brujas. ¡Me han acusado de bruja! Es lo único que acepto. Algo de brujas tenemos para soportar lo que estamos viviendo y para seguir inventando nuevas luchas. Eso sí es verdad, digo. Pero lo demás no. Vivimos una enorme criminalización, especialmente por ser mujeres. Recibimos amenazas a nuestra vida, a nuestra integridad física, emocional, sexual, amenazas a nuestras hijas, hijos, a nuestros familiares más cercanos, a nuestras compañeras y compañeros del COPINH, a quienes nos acompañan, incluso así sean internacionalistas. Hay campañas de descrédito, acusaciones. Que somos putas, brujas, locas, que tenemos familias disfuncionales. Campañas nacionales en los medios de la oligarquía, con una gran carga de desprecio, de racismo, de patriarcado. (En el libro Las Revoluciones de Berta).

En diálogo con el periodista Dick Emanuelsson, en diciembre 2013, denunciaba Berta: “La concesión de Río Blanco la tiene DESA. Hasta ahora no ha podido contratar a ninguna empresa para seguir la construcción, precisamente por el nivel de lucha, de solidaridad y de denuncia. Por eso han aumentado la represión, el hostigamiento, las amenazas, los secuestros. Estos sicarios amenazan a las mujeres con hacerles cualquier cosa, ultrajarlas. ¿Quénes son? El jefe de seguridad de DESA, ex militar, el que se presenta como dueño de DESA, egresado de la West Point, especialista en inteligencia militar, y asesor de la Inteligencia del Estado Mayor. En todos los megaproyectos, hidroeléctricos o mineros, hay una vinculación con los militares. Yo fui presionada por ellos para sentarme a negociar con la empresa. Les dije: ‘no voy a hacer eso, no lo voy a hacer nunca’, pese a que el mismo dueño de la empresa me ofreció soborno. Como no les funciona eso, vienen después todas las acusaciones que se conocen, y amenazas de muerte. Tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa, donde incluso hay acoso sexual”. Eso, más el uso de las declaraciones de los que fueron nuestros compañeros: que somos traficantes de armas, que nos financian los europeos, los gringos, que degeneramos la lucha del COPINH, combinado con todo el mecanismo de querer pudrir a las organizaciones y despedazarlas, es una jugada muy inteligente. Es la estrategia gringa de contrainsurgencia”.

Inmediatamente después del asesinato se lo quiso presentar como “crimen pasional”. Abonado por esa campaña previa de desprestigio, realizada desde todas las usinas del poder patriarcal, y elaborado por la inteligencia militar, incluso la CNN repitió esa muletilla.

Ahora nuevamente se pretende oscurecer los móviles del crimen, presentando a David Castillo, y a sus operaciones de inteligencia militar, que incluyeron el acercamiento a Berta Cáceres, el intercambio de mensajes, el disfraz de “aliado”, mientras enviaba información a los jefes de la empresa, como argumentos para desdibujar la operación político militar de los dueños del poder.

En Conferencia de Prensa realizada por el COPINH y la familia de Berta Cáceres, expresaba Laura Zúniga Cáceres ante una pregunta insidiosa de un corresponsal de la prensa: “David Castillo es uno de los asesinos de Berta Cáceres. Fue un acosador, perseguidor de mi mami, que en reiteradas ocasiones la amenazó y buscó intimidarla. Sabemos que Berta Cáceres era una mujer fuerte, que no se dejaba intimidar, pero esa fue su función. Él buscaba intimidarla, le escribía siempre mensajes. Fue la comunicación entre un acosador, un hombre entrenado en inteligencia militar, hacia una persona que era su víctima.” Cuando el reportero le preguntó si había un vínculo amoroso entre ellos, Laura lo desmintió y agregó: “Mire, eso de intentar ligarlo con vínculos amorosos es bien feo, porque también vamos a recordar aquí que los femicidios de las mujeres, la mayor parte han sido realizados por personas cercanas, y que eso no justifica en nada el asesinato. Estamos hablando de un asesino, de un ex militar, utilizado por la familia Atala para atentar contra una mujer y un pueblo que está defendiendo su territorio, su vida y su río. Estamos hablando de un asesinato, de un asesino. Éste es un país donde hay impunidad, y tenemos que apostar a que se juzgue a los asesinos de los defensores y defensoras de la tierra y el ambiente, que sabemos que este país es uno de los más peligrosos para ellos y ellas”.

Contra la impunidad, por la vida

Los feminicidios políticos –como todos los crímenes que se enlazan en la necropolítica- tienen un objetivo altamente disciplinador y domesticador de las subjetividades. El patriarcado, como sistema estructural de opresión de las mujeres y disidencias sexuales, fue fundado y se rehace una y otra vez sobre la base de la violencia. En nuestro continente, se entrelaza con el colonialismo y la imposición del capitalismo depredador, destructor de la naturaleza, de las comunidades, de los pueblos. Los Estados Nación se han levantado a partir de sucesivos genocidios, invisibilizados por las versiones de la historia construidas por los vencedores. Desencubrir estas violencias, desenmascararlas, lograr el castigo a los responsables, es un hecho político sanador, que contribuye a la creación de una subjetividad capaz de ejercer rebeldías y resistencias. Por eso continuar las acciones internacionales por Justicia para Berta, y castigo a David Castillo y a los Atala, acuerpar al COPINH y a la familia de Berta Cáceres, es parte de las acciones que los feminismos populares realizan cotidianamente, en las cuales cada golpe dado al poder, cada ¡ya basta! expresado colectivamente, enriquece la capacidad de creer y crear un mundo donde las Bertas, las Macarenas, las Marielles, encuentren su lugar en nuestra memoria y en nuestro grito de Justicia. 

https://www.pagina12.com.ar/308392-desde-las-hermanas-mirabal-hasta-berta-caceres

A audiencia inicial exalcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, por caso «Agua Zarca»

redaccion@criterio.hn  

Tegucigalpa.- El próximo lunes 7 de septiembre será la audiencia inicial en contra de Raúl Pineda Pineda y Plutarco Mejía Cardona, exalcalde y ex vicealcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, respectivamente, por el delito de abuso de autoridad al otorgar de forma irregular e inconsulta el permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», sobre el río Gualcarque, territorio de la comunidad indígena lenca.

La causa data del 15 de diciembre de 2017 cuando se promovió Antejuicio en contra de los miembros de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, lo que luego dio paso a que se presentara el correspondiente Requerimiento Fiscal.

Otros imputados son: Edwin Fúnez Romero (regidor primero), Olver Robert Mejía Cabrera (regidor segundo), Nelly Senovia Sánchez (regidora tercera), Florentino Pineda Cabrera (regidor cuarto), Marlon Otoniel Méndez Cabrera (regidor quinto) y Wilfredo Mejía Leiva (regidor sexto), contra quienes en fecha 19 de abril de 2018 se decretó el respectivo Auto de Formal Procesamiento.

De acuerdo a las investigaciones practicadas en forma conjunta con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los funcionarios municipales tuvieron participación activa en los procesos que se siguieron al margen de la Ley para facilitar a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la puesta en operaciones de la represa «Agua Zarca» en el departamento de Santa Bárbara, en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos de estas comunidades originarias.

Como antecedente, se establece que en fecha 7 de octubre de 2009, DESA presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA, ahora denominada MI AMBIENTE) una solicitud de permiso para realizar estudio de factibilidad para la construcción y operación de una planta hidroeléctrica sobre la cuenca del río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, lo que se permitió mediante resolución 1661-2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, declarándose «Con Lugar» tal petición, por lo que un 15 de enero de 2010 el trámite pasó a dicha Municipalidad.

 En tal sentido, fue que los imputados, según el expediente judicial, contraviniendo lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sesión ordinaria, de fecha 15 de septiembre de 2011, que consta en el acta N. 19-2011, otorgaron ilegalmente a la empresa DESA el referido permiso municipal de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca».

Todo ello, no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informada y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas lencas afectadas, destacando en este caso concreto, que la arbitraria autorización dada por la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, DESA la obtuvo con el propósito de cumplir una mera formalidad de la SERNA, pues según la información en poder de la Fiscalía de Etnias y la ATIC, ya previamente y sin contar con tal permiso de la Alcaldía, el 16 de diciembre de 2009 se había presentado el estudio de factibilidad ante esa Secretaría de Estado, con lo que se evidencia que los trabajos habían sido iniciados con el aval de las autoridades municipales, pero sin contar con una autorización legal, lo que finalmente se dio en violación a los preceptos contenidos en la legislación internacional vigente y que de acuerdo a la Constitución de la República, forman parte del ordenamiento jurídico.

Por el caso «Agua Zarca», centro de lucha de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, la Fiscalía de Etnias ha impulsado una serie de acciones en las que además han sido señalados los ex viceministros de SERNA, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Roberto Darío Cardona Valle y al exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez; así como se trabajó en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO, antes UFECIC) en el caso «Fraude sobre el Gualcarque» donde también está implicado el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda y los coimputados Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Darío Roberto Cardona Valle, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Zaida Odilia Pinel, Ana Lourdes Martínez Cruz y Aixa Gabriela Zelaya Gómez.

https://criterio.hn/a-audiencia-inicial-exalcalde-de-san-francisco-de-ojuera-santa-barbara-por-caso-agua-zarca/

Tras las huellas de Berta Cáceres: Cerca de juicio oral y público 16 supuestos corruptos denunciados por la ambientalista

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) promovió esta causa criminal desde marzo de 2019 y le llamó Fraude Sobre Gualcarque, pero en su red social el Poder Judicial lo ha bautizado con el eufemismo de “Agua Zarca”.

Aunque la Maccih señaló la responsabilidad de la administración pública en esta secuencia de supuestas irregularidades, no hay ningún político o empresario de alto perfil acusados en este caso. “Toda la investigación evidencia la actuación irresponsable de la administración pública, que para  favorecer a la empresa DESA realizó trámites ilegales y omisión de informes para la concesión de  recursos hídricos, afectándose a especies en peligro de extinción, flora, fauna y consumo humano”, dice el comunicado que emitió la Maccih en marzo de 2019.

En su comunicado la Maccih señaló que el gerente que firmó el contrato fue Roberto Martínez Lozano, el mismo político que en los noventa estuvo implicado junto al ex presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) en los impunes escándalos de supuesta corrupción y delitos ambientales de Ciudad Mateo. Callejas recibió 14 cartas de libertad en Honduras y en la actual década fue extraditado a Estados Unidos por otro caso de corrupción internacional. Allá falleció este año durante la pandemia.

El Poder Judicial informó ayer que la Audiencia de Proposición de Medios de Prueba, como un paso previo al juicio oral y público, del caso denunciado por Berta Cáceres antes de su asesinato, será a finales de octubre.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=reporterosdeinv&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1300474715593728001&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.reporterosdeinvestigacion.com%2F2020%2F09%2F01%2Ftras-las-huellas-de-berta-caceres-cerca-de-juicio-oral-y-publico-16-supuestos-corruptos-denunciados-por-la-ambientalista%2F&sessionId=9491b9d6b5e72da7770e61cfb510ffe1b1bfea3d&siteScreenName=reporterosdeinv&theme=light&widgetsVersion=2d233ae%3A1618352735472&width=550px

El 4 de marzo de 2019, la Maccih anunció que la “la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC‐MP) presentó esta acusación ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción.

El requerimiento  fiscal fue contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas  y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el denominado caso “Fraude sobre el  Gualcarque”.

Antes de su asesinato, la líder indígena denunció que “los acusados  habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa  Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y  un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica  (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización  de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato  No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la  ENEE y DESA”.

Versión de la Maccih

La investigación reveló los siguientes hallazgos, según la Maccih:

1) La Empresa Desarrollos Energéticos S.A.  (DESA),  fue creada el 20 de mayo de 2009 por Roberto  Antonio  Abate  Ponce  y  Geovanny  Isidro  Abate  Ponce  con  un  capital  de  L 25,000.00.  Se  ha  encontrado  evidencia  que  Roberto  Castillo  desde  esa  época  ya  era representante de facto de DESA.

2) Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba como Asistente Técnico de Gerencia en la ENEE,  al  mismo  tiempo  que  ejercía  el  dominio  funcional  de  la  empresa  DESA.  Este nombramiento le permitió acudir a las sesiones de Junta Directiva en calidad de invitado, donde se trataba la autorización y aprobación de contratos amparados en el decreto 70‐2007, específicamente el contrato con la empresa DESA, evidenciándose un conflicto de intereses.

3) Como consecuencia de dichas sesiones, se emitió la RESOLUCIÓN No. 01‐JD‐1078‐2010, de la Junta Directiva de la ENEE que resolvió:  autorizar a la administración para iniciar el proceso de aprobación de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica entre la ENEE y las empresas que incluye a Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA). 

4) Luego de obtenido el contrato de suministro de energía eléctrica con la ENEE, Roberto David Castillo Mejía, formaliza su vinculación con DESA, ya que se convierte en Presidente del Consejo de Administración y se le otorgan parte de las acciones de DESA, a través de una entidad asentada en Panamá de nombre Potencia de Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA), cuyos socios y directivos  resultan ser Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo  Argueta (quien es  la  persona  que  firma  el  contrato  con  la ENEE  en  nombre  de DESA).  Con lo anterior se demuestra, que Castillo Mejía durante el tiempo que estuvo en calidad de funcionario de la ENEE, ocultó la vinculación que tenía con la empresa DESA, en la cual tenía una participación directa, primero ocultando las acciones a través de una sociedad anónima de la cual era socio y directivo y luego haciendo firmar el contrato a la que era su socia en dicha sociedad panameña.

5) La colusión de Roberto David Castillo Mejía con funcionarios de la ENEE para favorecer a DESA, se evidencia con las anomalías administrativas que se dieron en la aprobación y asignación del contrato de suministro de energía eléctrica a DESA: 

a) David  Castillo  Mejía,  Sub  Teniente  de  Inteligencia  se  encontraba  laborando  en  la Dirección de Inteligencia de la Secretaria de Defensa, cuando ingresó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en junio del 2007, como parte de la junta interventora de la ENEE. Desde su ingreso laboró con Carolina Lizeth Castillo Argueta.

b) Carolina Castillo Argueta fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE que le  permitió  tener  conocimiento  del  Estudio  de  factibilidad  para  el Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque, expediente 28‐E‐2003, correspondiente a una capacidad generadora de 6 MW en la ubicación clasificada con el número 460. Este proyecto fue declarado improcedente por el entonces Secretario General de SERNA por no cumplircon los requisitos legales requeridos.

c) Al momento de la aprobación y  firma del contrato, Roberto David Castillo Mejía, se desempeñaba en la ENEE, como Asistente Técnico de Roberto Aníbal Martínez Lozano, quien firma el contrato con DESA, en su calidad de Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

d) El contrato fue firmado sin que se verificase que DESA no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado, violentando así lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

e) Se  le  asignó  dicho  contrato  a  una  empresa  de  reciente  creación,  que  no  tenía  las capacidades,  la  experiencia  y  el  capital  para  desarrollar  un  proyecto  de  tal envergadura.

6) El Fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para favorecer el proyecto que desarrollaría la empresa DESA, con la participación de varios funcionarios de  diferentes  instituciones  públicas  (SERNA,  ENEE,  INA,  ICF  y  la  Municipalidad  de  San Francisco de Ojuera), quienes agilizaron el trámite del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de manera irregular, con evidente concertación entre los ahora imputados: 

a) El Estudio de Factibilidad del Proyecto que fue requerido a la SERNA el 5 de octubre de 2009 y concedido el 16 de diciembre de ese mismo año, transitó por 4 Direcciones especializadas dentro de la institución y fue autorizada sin ubicar de forma fehaciente los  terrenos objeto de la concesión, ni comprobar a quien pertenecían; sin que los  términos de referencia se adecuaran a la normativa y sin que se presentase constancia municipal de anuencia de la comunidad. Las irregularidades fueron advertidas por la Dirección Legal de la SERNA, pero brindaron opinión favorable al proyecto sin esperar la subsanación de los requisitos que ellos mismos observaron. 

b) Además, la realización del Estudio de Factibilidad es un proceso detallado y complejo que  toma  meses  de  mediciones  y  análisis,  pero  la  representante  legal  de  DESA presentó el Estudio finalizado 24 horas y 5 minutos después de su autorización. Se ha establecido  durante  la  investigación  que  el  Estudio  contenía  datos  del  Estudio  de Factibilidad hecho en el 2003 para un proyecto similar que iba a ser financiado por la ENEE y por su Sindicato de trabajadores (cuya presidenta fue Carolina Lizeth Castillo Argueta) y que fue desechado. 

y el  documento  de  titularidad  de  tierras. Esta  situación  se  repite en la emisión  del Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica.

d) El  24  de  marzo  de  2011,  SERNA  emitió  la  Licencia  Ambiental  categoría  2  para  el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, valiéndose en una serie de situaciones contrarias a  la  legislación,  entre  las  que  destaca  la  incorrecta  clasificación  del  proyecto. Categorizar el proyecto en un nivel inferior al que correspondía por ley incrementa los beneficios que DESA percibiría por su inversión en dos sentidos: abaratando los costos de  licenciamiento,  al  disminuir  los  pagos  al  Estado  en  concepto  de  concesión  y aminorando los costos de oportunidad, al obviarse la exigencia de presentación de un Estudio Ambiental completo que  requeriría mediciones de  caudal por los dos años posteriores a la autorización del mismo. La emisión de las licencias es posterior a las contratas, en contravención a la normativa de la materia.

e) En el año 2011, la Empresa DESA solicitó la ampliación de las Contratas y la Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, pidiendo la aprobación de una capacidad generadora de 21 MW. Estos incrementos se justificaban en un proceso de optimización  que  incluía  la  adición  de  una  tercera  turbina;  sin  embargo,  las investigaciones  han  determinado que el  caudal  del  río Gualcarque  no es  suficiente para activar una  tercera  turbina, ni siquiera la segunda  turbina podría producir es capacidad  en  los  momentos  de  más  altos  niveles  de  precipitación.    Además,  el proyecto  hidroeléctrico  Agua  Zarca  no  se  encontraba  en  operación,  por  lo  que  no podía medirse la viabilidad de la ampliación que se solicitaba.

f) Este  punto  es  de  gran  importancia  pues  cada  turbina  incrementa  el  costo  de  la inversión de DESA, asignando varios millones de dólares que nunca serían capaces de producir. Esta inversión más allá del punto de eficiencia solo puede justificarse con el hecho que este alto nivel de inversión se vería directamente reflejado en el precio al ue podrían vender la energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.  

El requerimiento Fiscal se formuló contra: 

1) Francisco Rafael Rivas Bonilla

2) Julio Alberto Perdomo Rivera

3) Catarino Alberto Cantor López

4) Luis Eduardo Espinoza Mejía

5) Ana Lourdes Martínez Cruz

6) Aixa Gabriela Zelaya Gómez

7) Darío Roberto Cardona Valle 

8) Mauricio Fermín Reconco Flores

9) José Mario Carbajal Flores

10) Óscar Javier Velásquez Rivera

11) Roberto Aníbal Martínez Lozano

12) Roberto David Castillo Mejía

13) Julio Ernesto Eguigure Aguilar

14) Raúl Pineda Pineda

15) Carolina Lizeth Castillo Argueta 

y 16) Saida Odilia Pinel

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/09/01/tras-las-huellas-de-berta-caceres-cerca-de-juicio-oral-y-publico-16-supuestos-corruptos-denunciados-por-la-ambientalista/

Mensajes privados refuerzan vínculo entre élites de Honduras y asesinato de Berta Cáceres

Varios mensajes recién publicados ofrecen nuevas revelaciones sobre el complot para asesinar a la reconocida activista Berta Cáceres en Honduras, que ponen al descubierto cómo las autoridades fracasaron en su intento de llevar ante la justicia a los presuntos autores intelectuales del crimen.

Registros de conversaciones personales, así como mensajes de texto y de WhatsApp descubiertos por la Fiscalía de Honduras revelaron que el escuadrón de sicarios “se comunicó mediante una cadena compartimentada que llegó a los niveles más altos de la dirección” de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la empresa que construía la represa hidroeléctrica Agua Zarca, como informó el Intercept el 21 de diciembre.

Cáceres, quien ganó el prestigioso premio ambiental Goldman en 2015, había protestado mucho tiempo por la construcción de la represa, que amenazaba la supervivencia de la comunidad indígena Lenca a lo largo del río Gualcarque. La activista fue asesinada a tiros en marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, en el suroeste de Honduras.

Una de las conversaciones del grupo incluía al director ejecutivo de DESA Roberto David Castillo Mejía y al director financiero Daniel Atala Midence, así como a los miembros de la junta directiva de DESA José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras y tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras.

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“O ellos o nosotros”, decía el miembro de la junta de DESA Pedro Atala Zablah en un mensaje al grupo en octubre de 2015, refiriéndose al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización fundada por Cáceres, cuyos miembros se oponían a la represa.

“Mandemos mensaje. ‘Ke’ nada será fácil para esos ‘hdp’”, escribió.

Un abogado de Daniel Atala Midence y Pedro y José Eduardo Atala Zablah declaró a The Intercept que sus clientes “niegan completamente participación alguna en este lamentable crimen”. Ninguno de ellos ha sido arrestado o ha enfrentado cargos penales.

Siete de los ocho acusados de perpetrar el asesinato de Cáceres —entre ellos exmilitares entrenados por Estados Unidos y empleados de DESA— fueron declarados culpables en noviembre de 2018 y posteriormente sentenciados a penas de prisión entre 30 a 50 años.

Al leer el veredicto contra los asesinos de Cáceres, la corte determinó que ejecutivos de DESA habían ordenado la muerte de la ambientalista porque sus esfuerzos habían causado pérdidas financieras a la empresa y retrasos en el proyecto.

En marzo de 2018, las autoridades hondureñas detuvieron a Castillo Mejía, director ejecutivo de DESA en el momento del homicidio de Cáceres, por su participación como presunto autor intelectual. Sin embargo, este aún espera juicio debido a varias dilaciones y otras irregularidades en el caso. Una ley hondureña que rige la detención preventiva podría permitir la liberación de Castillo Mejía si no se decide su caso antes de marzo de 2020. Él ha negado todas las acusaciones que se le imputan.

Análisis de InSight Crime

El asesinato de Cáceres no fue una decisión tomada en el calor del momento, fue la “culminación de años de corrupción y violencia coordinadas”, según el Intercept. Aunque quienes apretaron el gatillo están tras las rejas, las autoridades hondureñas parecen tener menos interés en procesar a los presuntos autores intelectuales del asesinato, lo que deja intacta casi en su mayoría a la red criminal que ordenó el homicidio.

Por más de un año, los ejecutivos de DESA planearon metódicamente los ataques a Cáceres y su organización, mediante una cooptación sistemática de la policía, funcionarios de gobierno y medios de comunicación, según el Intercept.

En 2013, cuando el ejército hondureño asesinó al miembro del COPINH Tomás García durante una protesta por la construcción de la represa de Agua Zarca, Atala Midence y Castillo Mejía rápidamente maquinaron para “controlar las versiones de los medios”, usando sobornos a los reporteros para que describieran el hecho fatal como un “enfrentamiento por oposición a represa”, según el Intercept.

“Pagale al reportero de HCH”, ordenó Castillo Mejía a Atala Midence en referencia al canal local de noticias HCH Televisión Digital. “1000 lempiras [unos US$40] por la semana pasada […] y ahorita podemos dar otros mil”.

Los presuntos conspiradores en la muerte de Cáceres también dependieron supuestamente de aliados en la policía local para intimidar a los miembros de la comunidad que protestaban por la construcción de la represa.

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“Le agradecemos el apoyo que nos dio ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policía Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, dice el mensaje de Castillo Mejía a un jefe de policía; más adelante, el ejecutivo compartió el mensaje en la conversación grupal de los miembros de la junta de DESA, otros ejecutivos y demás empleados.

Tras el asesinato de Cáceres, los miembros de la empresa se apoyaron en sus poderosos aliados políticos, como el ministro de seguridad Julián Pacheco, quien, según el Intercept, prometió a Pedro Atala Zablah pocos días después del homicidio que este se clasificaría como “crimen pasional” para desviar atención indeseada de la empresa.

Los mensajes indican que los implicados en el complot para asesinar a Cáceres sabían que tenían suficientes amigos en altos cargos para asegurar que las posibilidades de ser llevados ante la justicia fueran remotas o nulas. Hablaron claramente de sus intenciones en los mensajes, discutiendo detalles de la “misión”, los sobornos que se pagarían y las armas que se intercambiarían para perpetrar el crimen.

Como están las cosas, las élites que sienten que pueden planear y perpetrar deliberadamente un asesinato de una figura pública y quedar impunes parecen tener razón.

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mensajes-privados-refuerzan-vinculo-entre-elites-de-honduras-y-asesinato-de-berta-caceres/

Radio Novela

Justicia para Berta, justicia para los pueblos

Capitulo.-1:  Empecemos por el principio
Capitulo-2 Las agresiones contra Rio Blanco
Capitulo-3 Asesinaron a la compañera Berta.
Capitulo-4 Los Detenidosos
Capitulo-5 Quienes faltan por detener  
Capítulo 6 Estructura Criminal
Capitulo 7   El Extractivismo
Capitulo 8  Caso Modelo
Capitulo 9 El Ministerio Público
Capitulo 10. Los Financistas Internacionales
Capitulo 11 Justicia Para Berta

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Informe: Violencia y Corrupción en la industria energética de Honduras

La Fundación del Debido Proceso Legal, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, Robert F. Kennedy Human Rights, y el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOAWatch) publicaron un informe que describe a Roberto David Castillo y las empresas relacionadas su nombre. El dossier reúne información que implica a Castillo en un patrón de violaciones de derechos humanos y corrupción para el beneficio de las empresas con las que estaba asociado.

Informe-Violencia-Corrupcion-e-Impunidad