Los asesinos de Berta Cáceres confiesan que cobraron 22.000 dólares por el crimen

La Justicia de Honduras encarcela a cuatro sospechosos del asesinato entre los que hay un mayor del Ejército hondureño y un ejecutivo de la empresa a la que se enfrentó la activista.

09/05/2016 18:59

EFE

TEGUCIGALPA.- Los presuntos autores del asesinato de la dirigente indígena y ecologista hondureña Berta Cáceres recibieron como pago 500.000 lempiras (cerca de 22.000 dólares), según la confesión de uno de ellos registrada en un informe difundido este lunes por la prensa local.

El informe difundido por el diario El Heraldo señala que una fuente anónima reveló que uno de los militares detenidos como sospechoso «confesó haber participado en el crimen» y que recibió cerca de 22.000 dólares por planificar el asesinato.

El sospechoso, cuya identidad no se revela, explicó la forma en la que se distribuyó el dinero y, según la publicación, cada sicario que participó recibió una paga de 50.000 lempiras (2.200 dólares).

Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía.

La Justicia de Honduras impuso el domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados detenidos hasta ahora por el asesinato de la dirigente indígena.

Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, directivo de la empresa Agua Zarca, que promueve un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos el pasado lunes en registros simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la «Operación Jaguar».

Un quinto implicado en el crimen, identificado como Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, fue detenido el mismo lunes pero se le había dejado en libertad en La Ceiba.

Sin embargo, el viernes el Ministerio Público hizo un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que Cáceres fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez esta semana.

El informe del mismo rotativo hondureño señala que existe un vídeo sobre el asesinato de Cáceres, que además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El vídeo fue obtenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para su análisis y muestra «a cuatro individuos ingresando a la casa de la fallecida (Berta Cáceres) en la madrugada del día de su muerte», añade la publicación.

No obstante, el vídeo «no aportaba imágenes claras», por lo que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EEUU, que colaboran en el caso, «procesaron el material para limpiarlo y así visualizarlo».

Cáceres denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.

https://www.publico.es/sociedad/asesinos-berta-caceres-cobraron-22.html

Siete condenados a entre 30 y 50 años de cárcel por crimen de Berta Cáceres

REDACCIÓN03/12/2019

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- Un tribunal de Honduras condenó este lunes a entre 30 y 50 años de cárcel a siete de los ocho acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro en 2016 en Intibucá, oeste del país centroamericano.

El octavo denunciado, Roberto David Castillo, quien hasta ahora ha sido acusado como el único autor intelectual del asesinato, sigue detenido a la espera de la sentencia.

La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional condenó a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Castro, que era huésped de la ecologista el día del crimen y fue el único testigo del hecho sangriento.

Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel, como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez.

Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), presunta implicada en el crimen.

Ejecutivos de la Desa han rechazado siempre las acusaciones contra personal de la empresa por el asesinato de Berta Cáceres, quien dormía en su casa cuando fue atacada.

El 30 de noviembre de 2018 la justicia ya había declarado culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.

A la audiencia de entonces asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Copinh.

«No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia», dijo la madre de la ambientalista. Muy conmovida, subrayó que «estos bandidos van a la cárcel a pudrirse en la cárcel» pero «a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar».

El ambientalista mexicano Gustavo Castro resultó herido de bala en una oreja y estuvo retenido en Honduras durante varias semanas después del crimen.

La familia de Berta Cáceres ha reiterado que la empresa Desa, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los «autores intelectuales» del crimen de la ecologista.

El abogado de Desa, Robert Amsterdam, en un comunicado, rechazó en noviembre del año pasado que Sergio Ramón Rodríguez, uno de los siete condenados hoy, haya tenido que ver con la muerte de Berta Cáceres.

Según Amsterdam, «no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas».

La familia y defensa de Berta Cáceres sigue exigiendo castigo y que se capture a los autores intelectuales del crimen, en el que aseguran que no solo se trata de David Castillo. EFE

https://www.lavanguardia.com/vida/20191203/472034349067/siete-condenados-a-entre-30-y-50-anos-de-carcel-por-crimen-de-berta-caceres.html

Condenan a siete implicados en el asesinato de Berta Cáceres: pagarán entre 30 y 50 años de cárcel

Por Elvin Sandoval 2 Diciembre, 2019

berta caceres condena asesinato
(Crédito: ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) – Un Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó este lunes una pena de entre 30 y 50 años de cárcel a siete de los nueve implicados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, según informó la portavoz del poder judicial Lucía Villars.

En la resolución, el tribunal establece que cuatro de los sentenciados deberán de permanecer en la cárcel 50 años, ya que fueron declarados culpables por los delitos de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres y asesinato en grado de tentativa en contra de un testigo protegido que acompañaba a Cáceres el día del crimen.

A dos procesados se les condenó a 30 años de cárcel, uno por encontrarlo culpable  como coautor del delito de asesinato consumado y al otro por el delito de autor por omisión en un caso de asesinato.

Además, otro procesado estará  30 años en prisión por el delito de asesinato en su grado de tentativa.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 de varios impactos de bala en el interior de su vivienda, ubicada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al occidente de Tegucigalpa.

Por este caso fueron procesados nueve personas, entre ellos tres exmilitares, quienes se declararon inocentes. En el transcurso del juicio uno de los imputados fue dejado en libertad por falta de pruebas.

Como uno de los actores intelectuales del asesinato de la ambientalista, según la sentencia, se menciona a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), una compañía a la que Cáceres se opuso por intentar instalar una hidroeléctrica en el río Gualcarque en su comunidad lenca.

El apoderado legal de Rodríguez, Jair López, dijo que apelará la sentencia de su defendido, porque asegura que su cliente es inocente y reiteró el alegato en todo el proceso del juicio de que el ejecutivo de DESA no tuvo ninguna relación que lo implique.

El noveno imputado en  este caso es David Castillo Mejía, presidente de DESA,  al que la Fiscalía del Estado acusó de autor intelectual del asesinato de la ambientalista que también se ha declarado inocente.

Por haber sido capturado el 2 de marzo de 2018, su proceso está pendiente de llegar a  juicio oral y público, según dijeron las autoridades del poder judicial. La empresa Desarrollos Energéticos mediante comunicados ha argumentado la inocencia de sus ejecutivos detenidos y se ha desligado del asesinato de Cáceres.

https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/02/alerta-honduras-entre-30-y-50-anos-de-carcel-para-siete-implicados-en-asesinato-de-ambientalista-berta-caceres/

Juicio por el asesinato de Berta Cáceres: «Habrá culpables, pero no justicia»

  • Arturo Wallace
  • BBC News Mundo

31 octubre 2018

Más de dos años y medio después del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, los presuntos autores materiales del crimen están por fin sentados en el banquillo de los acusados.

Pero los familiares de la líder indígena lenca han denunciado el proceso judicial como «una farsa» que tiene como objetivo garantizar la impunidad de los verdaderos responsables de su muerte.

Tres disparos de un sicario acabaron con la vida de Cáceres en la madrugada del 3 de marzo de 2016, un año después de que sus esfuerzos por evitar a la construcción de una represa en el noroeste del país la hiciera merecedora del prestigioso Premio Goldman, «el Nobel del medio ambiente».

Y, después de numerosos aplazamientos, el juicio oral en contra de los primeros ocho imputados por el caso finalmente empezó el pasado 20 de octubre, con la fiscalía iniciando la fase de «evacuación de los medios de prueba» esta semana.

Juicio Berta Cáceres
Después de numerosos aplazamientos, el juicio empezó el pasado 20 de octubre.

Un vocero del Ministerio Público hondureño le dijo a BBC Mundo que la institución cuenta con la evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados, entre los que además del gatillero también figuran dos exmilitares y dos exempleados de DESA, la empresa detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Pero aunque los familiares de la cofundadora del COPINH -el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras- también parecen convencidos de que el juicio terminará rápidamente y con un veredicto de culpabilidad para los indiciados, también advierten que eso no es garantía de justicia.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Los representantes legales de la familia de Berta Cáceres fueron apartados del proceso por orden del Tribunal de Sentencia.

«Sin duda va a haber condenas, porque es de interés del Estado», le dijo a BBC Mundo Berta Zúñiga, una de las hijas de la mujer que se convirtió en el símbolo de los peligros a los que están expuestos los activistas ambientales y de derechos humanos en el país centroamericano.

«Pero van a ser condenas frágiles y el resultado de un proceso superficial que no va a arrojar luces sobre lo que verdaderamente pasó», agregó, desde Tegucigalpa.

Proceso cuestionado

Para Zúñiga el mayor riesgo no es sólo que las eventuales condenas puedan ser fácilmente revertidas en otras instancias, sino que la actuación judicial también puede comprometer la futura imputación de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.

Y la reciente y polémica decisión judicial de retirar del proceso a los representantes legales de las víctimas -los familiares de Cáceres y el activista medioambiental mexicano Gustavo Castro, herido de bala durante el ataque- no ha hecho sino acentuar las sospechas de que a las autoridades no les interesa ir hasta el fondo del caso.

La disposición fue tomada por el propio Tribunal de Sentencia luego de que la acusación privada no se presentara al inicio del juicio oral, aduciendo que un recurso de amparo mantenía vigente su recusación de los magistrados que integran el mismo por «abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violaciones de los deberes de los funcionarios».

Y ese es sólo el último ejemplo de los numerosos choques entre las víctimas y las diferentes instancias del sistema de justicia de Honduras, un país con elevados niveles de impunidad rutinariamente denunciados por las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos.

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Los imputados

Acusados por el asesinato de Berta Cáceres
El juicio se centra exclusivamente en los autores materiales del asesinato de Cáceres.
  • La fiscalía imputó en calidad de autores materiales del crimen a los hermanos Edilson y Emerson Duarte, a Óscar Arnaldo Tareas y a Elvin Heriberto Rápalo, el supuesto autor de los disparos.
  • Como coautores del asesinato están imputados Sergio Ramón Rodríguez (gerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (oficial del Ejército) y Henry Javier Hernández.
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Los encontronazos empezaron desde que el mismo Tribunal de Sentencia no quiso admitir al COPINH -la organización liderada por Cáceres- como una de las víctimas de su asesinato, y se volvieron a manifestar cuando también negó la autorización para la transmisión en vivo del juicio.

Pero los choques más fuertes se han producido con el Ministerio Público, a quienes las víctimas han llegado a acusar, incluso criminalmente, de falta de diligencia y de tratar de obstaculizar a la justicia al rehusarse a compartir información a pesar de las órdenes expresas del tribunal (entre otras cosas).

«Falta de transparencia»

Mucha de esa información es evidencia potencial contenida en equipos incautados a los imputados que, a pesar del tiempo transcurrido, no han sido analizados por el Ministerio Público porque o bien «no estaban siendo usados en el momento del crimen» o «por falta de la tecnología necesaria», explicó un vocero de la institución.

«Y no todo se puede compartir, porque el artículo 5 de la ley del Ministerio Público prohíbe que se comparta información de un caso que todavía está siendo investigado, para no comprometer la integridad de la investigación», argumento el funcionario, Yuri Mora.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Cáceres era cofundadora del Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, para muchos el objetivo último del ataque que le costó la vida.

Las críticas a la falta de cooperación del Ministerio Público, sin embargo, son una de las raras coincidencias entre los abogados de las víctimas y los representantes legales de DESA.

Aunque para Robert Amsterdam, el abogado estadounidense contratado por la empresa hondureña, eso ha afectado más a la defensa.

«Las injusticias que han cometido con la defensa empequeñecen todo lo que ha estado pasando con las víctimas», le dijo a BBC Mundo el penalista estadounidense.

Y, al igual que estas, Amsterdam dice estar convencido de que el proceso judicial se ha visto condicionado por presiones políticas y que terminará con veredictos de culpabilidad, pero en su opinión injustas (al menos en lo que respecta a los exempleados de DESA).

«A Estados Unidos y las ONGs no les interesa la justicia, ellos simplemente quieren una cabeza», aseguró el abogado de la empresa, quien insiste en que no hay evidencias de que la muerte de Cáceres tuviera algo que ver con su oposición a la represa de Agua Zarca.

Niños lencas en la ribera del río Gualcarque
El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca pretendía represar el río Gualcarque a unos 200 kilómetros al oeste de Tegucigalpa amenazando las fuentes de agua de los lencas.

«Aquí ha habido una renuncia total por parte de la comunidad de defensores internacional de Derechos Humanos a realmente buscar la verdad», se quejó Amsterdam, quien asegura que hay muchas otras explicaciones posibles para la muerte de Cáceres.

Y Marcia Aguiluz, la directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, una de las numerosas organizaciones internacionales que ha estado siguiendo de cerca el caso- coincide en que el mayor riesgo es que efectivamente nunca se llegue a la verdad, pero para proteger a los inversionistas y accionistas de DESA.

«Habrá culpables, pero no habrá justicia ni verdad», dijo del proceso que inició el pasado 20 de octubre.

«Vamos a saber quiénes apretaron el gatillo y quiénes los encubrieron, pero no quiénes pagaron (para matar a Berta Cáceres)», le dijo a BBC Mundo.

Enfoque limitado

Víctor Fernández, el abogado de las hijas de Cáceres, coincide.

Y cree que es precisamente para garantizar eso que el Ministerio Público ha insistido en centrar la acusación únicamente en el día del asesinato de la líder indígena, rehusándose a considerar el contexto más amplio.

Tumba de Berta Cáceres
Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo de lucha en Honduras.

«Reducirlo todo al día del hecho es reducir la verdad y atentar contra el derecho a la justicia, porque la conspiración va más allá del 2 de marzo, hay que considerar todo lo anterior, las amenazas», argumenta Fernández.

«Es un enfoque que pone en riesgo la imputación de algunos de los verdaderos autores intelectuales, aumentando el riesgo de impunidad de algunos actores», le dijo a BBC Mundo.

Pero la fiscalía, sin embargo, insiste en que la investigación todavía no ha concluido y asegura que «si hay nuevas personas de interés, el Ministerio Público emitirá los respectivos requerimientos fiscales».

«Hay dos policías guardando prisión, porque son los que estaban realizando la investigación y el Ministerio Público comprobó que estaban falseando unos audios», destacó el vocero de la institución, Yuri Mora.

Y el portavoz también recordó el arresto, en marzo pasado, del presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien eventualmente deberá enfrentar un juicio aparte como supuesto autor intelectual del asesinato de Cáceres.

Protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres
Honduras es el país más letal del mundo para los defensores del medioambiente.

Esto, sin embargo, no convence ni las víctimas ni a organizaciones como el CEJIL, que representó a Cáceres cuando esta consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en favor de la activista medioambiental antes de su asesinato.

«Nosotros no nos sentimos representados por un Ministerio Público que nunca ha velado por nuestros intereses, al que hemos denunciado dos veces y ni siquiera nos dirige la palabra», le dijo Berta Zúñiga a BBC Mundo.

«Tampoco hay voluntad política de garantizar una justicia integral, lo que se ha expresado en una coordinación de todas las instancias del sistema judicial para apartarnos del proceso», denunció la hija de Berta Cáceres.

Y para Marcia Aguiluz, del CEJIL, un encubrimiento de los máximos responsables puede tener consecuencias que van más allá de este caso puntual, en un país conocido como uno de los más letales para los activistas medioambientales.

«Los sicarios son reemplazables«, le dijo a BBC Mundo. «Pero si los autores intelectuales no asumen su responsabilidad, este tipo de situaciones se va a seguir repitiendo».

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46046105

Honduras: Agentes estatales implicados en asesinato de Berta Cáceres

Según informe independiente, se tienen pruebas ‘concluyentes’ respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en el asesinato.

Por AFP

Agentes estatales y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres por oponerse a una hidroeléctrica en territorio indígena, denunciaron este martes cinco expertos que investigaron el crimen.

El asesinato de la ambientalista «respondió, como mínimo, a un plan concebido», establece un informe de 92 páginas dado a conocer en una rueda de prensa por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que fue integrado en noviembre de 2016 por cinco especialistas.

El grupo esta conformado por Dan Saxon (estadounidense de la Universidad de Leiden), Roxanna Altholz (estadounidense de la Universidad de California), Miguel Ángel Urbina (profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y los abogados colombianos Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste), donde además hirieron al activista mexicano Gustavo Castro.

Ocho personas están detenidas acusadas de ser autores materiales del asesinato, pero la dirigencia del Copinh y la familia de Cáceres exigen llegar a los autores intelectuales.

Ante sus reclamos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) conformaron el grupo de expertos.

Pruebas concluyentes

«La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato» de Cáceres y tentativa de asesinato de Castro, estableció el informe denominado ‘Represa de la violencia’.

El reporte también sostiene que el Ministerio Público (fiscalía) «ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato (…) inició en noviembre de 2015″, que coincide con los tiempos en que se dieron movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh, en oposición al proyecto Agua Zarca para construir una represa en el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca.

La presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, rechazó los señalamientos y dijo a AFP que los ejecutivos de ese organismo y de Agua Zarca presentaron pruebas a los miembros del GAIPE de que la empresa DESA «estaba desvinculada de crimen».

También dijo que «se les propuso una mesa de diálogo de paz pero la rechazaron», y que el informe en realidad pretende influir en el resultado de las próximas elecciones del 26 de noviembre.

Pretenden «crear una inestabilidad en el país a 26 días de las elecciones porque una hija» de la ambientalista asesinada, Berta Zúniga, nueva coordinadora del Copinh, «es candidata del partido Libre (Libertad y Refundación, izquierda), coordinado por el expresidente derrocado Manuel Zelaya, aseveró.

Los miembros de GAIPE realizaron cuatro viajes a Honduras para entrevistar a más de treinta personas, así como para estudiar informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultar diez procesos penales por denuncias del Copinh y la prueba contenida en el proceso por el asesinato.

El grupo descubrió que los agentes encargados de la investigación del crimen «no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente» a los responsables del crimen y el Ministerio Público niega información a las víctimas.

A pesar de que la «prueba existente es suficiente para procesar por otros delitos a personas del nivel directivo, gerencial, y operativo de DESA, así como a numerosos agentes estatales», aseveró.

El GAIPE estableció que hubo «negligencia deliberada» por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund de Finlandia.

El grupo de expertos consideró que estas instituciones «tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales», en el sentido de que querían construir la represa sin consultar a las comunidades lencas afectadas.

https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1121736-330/honduras-agentes-estatales-implicados-en-asesinato-de-berta-c%C3%A1ceres

El homicidio de Berta Cáceres sugiere una trama de complicidad con el gobierno hondureño

Por Elisabeth Malkin

  • 30 de octubre de 2017

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CIUDAD DE MÉXICO – Era casi la medianoche cuando dos hombres patearon la puerta de entrada a la casa de Berta Cáceres en La Esperanza, su pequeño pueblo en Honduras. Pasaron por la cocina; uno de ellos abrió la puerta de la habitación y disparó seis veces. Cáceres murió poco más tarde.

En un país donde la lucha por proteger el derecho a la tierra provoca venganzas violentas, el asesinato en marzo de 2016 de la defensora del medioambiente podría haberse simplemente perdido entre el oscuro conteo de víctimas lamentables.

Sin embargo, Cáceres, de 44 años, era reconocida a nivel internacional por liderar a su comunidad indígena lenca en contra de una presa que una empresa planeaba construir en sus tierras. Su fama transformó su asesinato en un crimen emblemático y convirtió a la investigación que le siguió en un desafío a la arraigada impunidad de los poderosos en Honduras.

A veinte meses de su asesinato, un equipo internacional de cinco abogados ha advertido que la gente que ordenó el asesinato podría no enfrentar nunca a la justicia.

La evidencia, según los abogados, apunta a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la empresa hondureña con la concesión para la presa.

“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados en un informe. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.

Desa ha negado en repetidas ocasiones cualquier participación en la muerte de Cáceres o algún nexo con “cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier persona”.

“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”.

Roxanna Altholz, integrante de un grupo de abogados que revisa la investigación

Hay ocho sospechosos detenidos, incluyendo a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de Desa, y Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado del ejército hondureño que fue el director de seguridad de Desa hasta mediados de 2015.

“Lo que falta es procesar a las personas que contrataron a Bustillo para planificar la operación”, dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisa el caso a petición de la familia de Cáceres. El informe de los expertos fue publicado el 31 de octubre (The New York Times obtuvo una copia previa).

La investigación del gobierno, realizada por una unidad de élite de la Procuraduría General de la República de Honduras, todavía está abierta, aunque el grupo de abogados dice que no hay señales de que haya progresado más allá de los sospechosos actuales.

Entre los integrantes del equipo de investigación hondureño están dos asesores estadounidenses (un detective de homicidios retirado y un antiguo fiscal federal) que han estado trabajando con las autoridades desde los primeros días de las pesquisas, como parte de un esfuerzo de la Embajada de Estados Unidos por presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que se resuelvan casos criminales de alto perfil.

Muchos de estos involucran la participación de grupos poderosos que, según críticos, operan fuera de la ley.

“El gran desafío de Honduras es desmontar las fuerzas paralelas a las instituciones del Estado”, dijo Urbina, un experto en justicia criminal guatemalteco y asesor de la reforma judicial.

Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017
Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017Credit…Oswaldo Rivas para The New York Times

Para elaborar el informe, el grupo de Urbina analizó aproximadamente 40.000 páginas con mensajes de texto transcritos, que los investigadores del gobierno hondureño recuperaron a partir de tres teléfonos celulares, uno requisado en las oficinas de Desa y dos usados por Rodríguez y Bustillo.

De acuerdo con el informe, los mensajes muestran que los dos hombres estuvieron en contacto frecuente con tres altos ejecutivos en Desa mientras monitoreaban los movimientos de Cáceres y otros miembros de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, o Copinh.

Los abogados dicen que las conversaciones revelan que las órdenes de amenazar al Copinh y sabotear sus protestas provenían de ejecutivos de Desa que estaban en control de las fuerzas de seguridad en el área; daban instrucciones y pagaban la comida, el alojamiento y el equipo de radio de las unidades policiacas.

“Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Leyes de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y una de las integrantes del grupo de abogados.

Los otros miembros del equipo legal son un exfiscal de crímenes de guerra, Dan Saxon, y dos fiscales colombianos que han lidiado con casos de derechos humanos, Jorge E. Molano Rodríguez y Liliana María Uribe Tirado. Han estado trabajando en el caso durante un año y han realizado varios viajes a Honduras para hacer entrevistas y revisar material del caso.

Bertha Zúñiga, hija de Cáceres, escogió a los abogados a partir de recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización latinoamericana de defensa de los derechos humanos.

Los mensajes de texto fueron entregados a la familia de Cáceres en mayo pasado por órdenes de un juez después de que los fiscales hondureños cancelaron cuatro citas para compartir sus hallazgos.

Altholz dijo que una de las preguntas que han surgido de su investigación es por qué la procuraduría, que requisó los teléfonos en abril y mayo de 2016, no actuó a partir de “la calidad y la cantidad de información” que “había tenido en su posesión durante el último año y medio”.

Un vocero de la procuraduría dijo que no podía hacer comentarios inmediatos.

Para la hija de Cáceres, el contenido de los mensajes demuestra que los ejecutivos de Desa se sentían intocables. “Estaban tan confiados de su impunidad que hablaban abiertamente”, dijo Zúñiga.

Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Cáceres, en una entrevista con The New York Times en Español en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017
Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Cáceres, en una entrevista con The New York Times en Español en La Esperanza, departamento de Intibucá, en marzo de 2017Credit…Oswaldo Rivas para The New York Times

La empresa ha salido en defensa de su empleado, Rodríguez, el gerente de asuntos ambientales. Es “un hombre de familia, honesto y trabajador, quien en este momento está injustamente privado de su libertad”, señaló la división de presas de Desa, Hidroeléctrica Agua Zarca, en un correo electrónico que no fue firmado por alguien en particular. La empresa “confía plenamente también en la inocencia del Sr. Rodríguez”.

Desa obtuvo la concesión para construir una presa en el río Gualcarque, al oeste de Honduras, en 2009. Por ley, la empresa debía consultar con la comunidad lenca, pero el Copinh se opuso al proyecto desde el principio con el argumento de que la presa pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad.

La empresa incluso fue establecida de manera extraña, señaló Juan Jiménez Mayor, jefe de MACCIH, una comisión para combatir la corrupción en Honduras respaldada por la Organización de Estados Americanos: Desa contaba con un capital de solo 1200 dólares cuando obtuvo la concesión de la presa, junto con los permisos de operación, los derechos al agua y un contrato para vender electricidad a la paraestatal de energía eléctrica.

En 2011, miembros de la familia Atala Zablah, una de las más influyentes en Honduras, inyectaron millones de dólares a la empresa y se unieron a la junta directiva. La comisión de Jiménez ha empezado a investigar los contratos de Desa, una acción que ha generado enojo entre grupos empresariales hondureños.

Copinh luchó en contra de la presa por distintos frentes. Presentó litigios, realizó reuniones comunitarias y sometió el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno hondureño tomar medidas para proteger a Cáceres. Ella había recibido amenazas de muerte y sabía que eran serias: cuatro miembros del Copinh fueron asesinados en 2013 y 2014.

En 2015, Cáceres ganó el Premio Medioambiental Goldman, que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios, pero eso no fue suficiente para protegerla.

En noviembre de 2015, de acuerdo con el informe de los abogados, el exdirector de seguridad Bustillo se reunió con un alto ejecutivo de Desa. En enero, visitó La Esperanza y luego obtuvo una pistola mediante Mariano Díaz Chávez, un antiguo oficial de las fuerzas especiales hondureñas a quien se acusa de organizar el grupo de choque que asesinó a Cáceres.

De acuerdo con los abogados, se había planeado un intento de asesinato contra Cáceres para principios de febrero, pero se canceló.

“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. “Ayer no se pudo”.

El informe no nombra a los ejecutivos de Desa, porque las autoridades hondureñas no han presentado cargos en su contra.

Bustillo regresó a La Esperanza durante varios días a finales de febrero y arregló una reunión con el mismo empresario para el 2 de marzo.

Después del asesinato, Rodríguez, el gerente de medioambiente detenido, reenvió detalles del informe de la escena del crimen que la policía había proporcionado a uno de los ejecutivos de la empresa.

“Sergio, relájate”, le respondió a Rodríguez otro ejecutivo por medio de WhatsApp unos días después. “Todo va a salir bien, ya vas a ver. No caigas en pánico, que lo vas a trasladar a otra gente​”.

Una versión anterior de este artículo se refería de manera incorrecta a los inversores en el proyecto de represa. Se trata de miembros de la familia Atala Zablah, y no «la familia Atala», como estaba consignado (ningún miembro de la familia Atala Faraj ha sido inversionista en Desa o el proyecto Agua Zarca).

https://www.nytimes.com/es/2017/10/30/espanol/america-latina/berta-caceres-homicidio-desa-investigacion-honduras.html

Fue la violencia machista la que mató a Berta Cáceres

El asesinato de Berta Cáceres fue un crimen político machista. Fue un femicidio. Fue un crimen propio del machismo hondureño, sólidamente incrustado en las estructuras del poder estatal, político, jurídico, económico, incluso en el poder religioso. Por eso la impunidad cubre hoy a los autores intelectuales.

Ismael Moreno, SJ

En las horas finales del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres fue asesinada en su casa, un acontecimiento que conmovió a Honduras y a mucha gente en todo el mundo.

Varios de los responsables de la ejecución del plan para matarla y los que dispararon contra ella enfrentan ya un proceso judicial que conducirá a una eventual sentencia condenatoria. Pero quienes fueron los autores intelectuales del crimen siguen blindados por la impunidad.

Son muy poderosos. Y son hombres. Y eso explica el blindaje que los protege. La decisión que tomaron estos hombres poderosos, el plan que siguieron hasta matarla, tiene la misma lógica que la de cualquier femicidio. A Berta Cáceres la mataron por ser mujer, una mujer extraordinaria a la que el poder machista, la violencia machista, no lograron nunca controlar. Fue el machismo el que la mató.

UNA GRAN EMPRESA DE HOMBRES MUY PODEROSOS

DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) es la poderosa empresa vinculada al asesinato de Berta Cáceres. Se trata de una empresa legalmente constituida, dedicada a la industria extractiva y a la construcción de proyectos hidroeléctricos. DESA pertenece a un enorme consorcio empresarial asociado al influyente Grupo Ficohsa, liderado por la poderosísima familia Atala.

Como muchas otras grandes empresas hondureñas, DESA protege sus intereses con una estructura criminal, integrada por centenares de efectivos de seguridad privada que dirigen militares o policías en retiro, a los que se entrena para cuidar celosamente el patrimonio empresarial. Ninguno de ellos dudará un instante en disparar a matar o en organizar algún operativo para quitar de en medio a cualquiera que amenace de cualquier forma los intereses empresariales.

Según investigaciones independientes fue en la cúpula de DESA donde se decidió asesinar a Berta Cáceres. El plan inició en noviembre de 2015 y culminó con los disparos criminales tan sólo unos meses después. DESA y quienes conducen las investigaciones oficiales decidieron responsabilizar solamente a los asesinos materiales, a quienes dispararon, para así salvar a la empresa de la autoría intelectual de una muerte que nunca creyeron, cuando la diseñaron, que les traería tantos problemas.

LOS AUTORES INTELECTUALES ESTÁN BLINDADOS

Desde que ocurrió el crimen las medidas para blindar a los autores intelectuales y salvar el prestigio de DESA se han intensificado.

Suyapa Martínez, dirigente de la organización feminista hondureña CEM-H (Centro de Estudios de la Mujer) se atrevió a declarar en una entrevista periodística que DESA era responsable intelectual de la muerte de Berta y DESA le echó encima a toda la justicia hondureña. Hoy pende sobre ella la amenaza de una sentencia de varios años de cárcel y una multa millonaria por difamación.

Los hombres de DESA son muy poderosos. Y tienen mucho poder en muchos espacios. Uno de sus más altos ejecutivos, Camilo Atala, también presidente ejecutivo del grupo financiero Ficohsa, fue elegido este año como presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). En los últimos tiempos DESA ha aumentado sus generosas ayudas a diversas iglesias del país.

UNA MUJER QUE ROMPIÓ PARADIGMAS

Las élites empresariales locales, aliadas de las transnacionales extractivas y financieras, sustento del poder político hondureño, mataron a Berta por ser mujer, una mujer excepcional y audaz que rompió, una y otra vez, con los paradigmas de la cultura patriarcal y machista que domina nuestro país.

Obviamente, en Honduras hay mujeres con mucho poder y con mucho reconocimiento social. Pero ninguna de ellas ha roto paradigmas. Son mujeres que administran con desvelo y capacidad el poder que le han delegado los hombres sin modificar nunca su esencia jerárquica. Por eso, el poder de estas mujeres no incomoda, no es cuestionado. Lo admira toda la sociedad, particularmente la sociedad de los hombres.

CON LA LÓGICA FEMICIDA

Berta fue una mujer diferente. Sacó a estos poderosos hombres de quicio, no pudieron soportar que una mujer los pusiera en jaque y los derrotara. Y decidieron matarla con una lógica similar a la del femicidio, a la del hombre que mata a una mujer que no controla.

La mataron de forma similar a como un hombre mata a la mujer que no cumple lo que él desea. En su afán de poder y de dominio ese hombre arremete físicamente contra ella porque lo humilla, no controla lo que piensa, lo que dice, lo que hace la mujer.

Llega a odiarla, la agrede y, en un momento de poder descontrolado, la mata. Son ésos los sentimientos en que nos “educa” el patriarcado. Son los mismos que movieron a los hombres que mataron a Berta. No la pudieron controlar. Tenía poder, no el delegado por hombres, sino el construido por ella misma junto a otras mujeres y a otros hombres. El poder de Berta desafiaba el de ellos. Y tanto los desafiaba que ponía en peligro sus empresas.

TENÍAN QUE MATAR A “ESA MUJER”

Tenían que matarla. Una mujer los estaba derrotando, ganándoles la batalla. Ante los colegas empresarios, ante otros inversionistas, ante los financieros, Berta los humillaba. “¿Por qué no avanzan las obras?”, preguntaban. “Por esa mujer”, tenían que responder. Demasiada humillación para los hombres. Y sus mentes humilladas se embotaron y eso los cegó. No vieron lo que Berta significaba en el país y para mucha gente en el mundo. Sólo vieron a “esa mujer”, de la que había que desquitarse. Cegados por el poder humillado, planificaron su muerte, olvidando que ya para entonces Berta tenía un liderazgo nacional y un gran reconocimiento internacional.

Y una vez que la mataron se les abrieron los ojos. Habían matado a la voz de las mujeres hondureñas, también a la voz de los hombres hondureños que luchan por dejarse liberar por las mujeres. Y descubrieron que también habían matado a la voz de los pueblos centroamericanos y latinoamericanos que luchan por la vida de los bosques y los ríos.

Después de matarla, cayeron en la cuenta de lo que habían hecho: un gravísimo error político de graves consecuencias. Igual que tantos hombres a los que, después de matar a su mujer, se les abren los ojos y caen en la cuenta de que le quitaron la vida a la madre de sus hijos, a la mujer de la que un día estuvieron enamorados. Y viendo lo que han hecho se meten un tiro ahí mismo porque no soportan seguir viviendo.

LO QUE DIJERON DESPUÉS

En el caso de Berta no fue así porque nadie se metió un tiro, nadie se quitó la vida. Se dieron cuenta del error político que habían cometido y a partir de entonces quisieron borrarlo con el poder y con la mentira.

En el primer momento echaron a correr rumores. “A esta mujer la mataron por puta”, dijo un policía cuando todavía estaba caliente el cuerpo de Berta sobre un charco de sangre. Es el mismo argumento que aparece en boca de los vecinos y en los medios cuando un hombre mata a su mujer: “La encontró con otro” La primera hipótesis del móvil del crimen fue la habitual: “un crimen pasional”, “por asuntos sentimentales”.

Casi inmediatamente, los hombres que la mataron echaron a correr otro rumor, que alimentaron durante un tiempo a los medios de comunicación: a Berta la habían matado sus propios compañeros de lucha por desconfianza, por asuntos de dinero: Berta se había quedado con todo el dinero del Premio Goldman que había recibido poco antes, Berta había provocado conflictos de poder dentro del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

Algo similar ocurre en todos los asesinatos de mujeres: si no funciona el argumento pasional, se pasa al del dinero o al de luchas por el poder: “Las mujeres son muy ambiciosas, cuando tienen dinero y poder, siempre quieren más”, dicen. Para justificar los asesinatos de mujeres se mezclan siempre celos y pasiones con dinero y ambiciones.

BERTA LE DOBLÓ EL BRAZO A HOMBRES DE PODER

El femicidio es el momento final de un prolongado proceso de violencia machista. El asesinato de Berta estuvo precedido por un largo proceso de amenazas y hostigamiento.

Retrocedamos en la historia. En 2006 las comunidades del norte del departamento de Intibucá, en la zona de Río Blanco, buscaron respaldo del COPINH al ver llegar al lugar unas máquinas que comenzaron a intervenir en el cauce del legendario río Gualcarque. El objetivo era construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La responsable de la construcción era la empresa china Sinohydro, la de mayor experiencia mundial en este tipo de megaproyectos. DESA había contratado sus servicios.

Desde entonces, Berta, al frente del COPINH, comenzó a acercarse a esas comunidades de la etnia lenca, a acompañarlas. Dedicó años de trabajo a denunciar en el país el desastre ambiental y social que causaría ese proyecto, a organizar decenas y decenas de asambleas populares de información y a desarrollar y a animar acciones colectivas de resistencia en este lejano rincón del país.

Hasta que en 2013 el pueblo lenca de esa zona, indignado y empoderado, impidió que la empresa continuara allí. A finales de aquel año Sinohydro dio por terminado el contrato con DESA, informando que se retiraba de Honduras por la continua resistencia de la comunidad. Berta le había doblado el brazo a los hombres del poder.

ES “MARIMACHA”

El año 2013 fue crucial en su vida. A finales de febrero y comienzos de marzo Berta dirigió una caminata popular desde el norte de Honduras hasta Tegucigalpa con varios reclamos: la libertad de “Chabelo” Morales, un campesino injustamente condenado por defender la tierra y a su comunidad, la derogación de la ley de minería y la derogación de la ley de las ciudades modelo.

Enamorada en aquel tiempo de uno de los jóvenes dirigentes del COPINH, eso despertó la furia de su ex-pareja, con quien había tenido tres hijas y un hijo. Mientras los pies de Berta se encallecían en aquella kilométrica caminata por carreteras de pavimento, la ruptura entre ambos se fue convirtiendo en una confrontación en el COPINH que desembocó en una fractura de la organización: un sector de comunidades lencas decidieron seguir a la ex-pareja de Berta para conformar una nueva organización indígena.

En septiembre de aquel año la acusaron por portar armas. En una sociedad como la hondureña, donde portar armas es cosa de hombres, eso procuraba socavar el liderazgo femenino que ya tenía Berta. Acusándola y llevándola a los tribunales se la estigmatizaba a ella y a su lucha. Se dijo que no sólo usaba armas, también provocaba desórdenes irrespetando las leyes y a las autoridades. Se desvirtuaba así a una mujer que en las sociedades patriarcales no era como deben ser todas: obediente, sumisa a los hombres y a las normas sociales. En ese tiempo corrió también otro rumor: Berta era así y actuaba así porque era “marimacha”.

EL PREMIO INTERNACIONAL COLMÓ LA COPA

La persistencia de Berta y su determinación consiguieron un enorme triunfo al salvar el río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico. Para entonces su nombre era ya conocido en Honduras y el triunfo conseguido en tierra hondureña fue determinante para que en 2015 le entregaran el Premio Ambiental Goldman en 2015.

Al recibirlo en San Francisco, California, en un breve discurso Berta Cáceres reivindicó a su organización y demostró su conciencia política, social, ambiental, feminista. Esto dijo ese día: “En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPINH, caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. ¡Despertemos! ¡Despertemos, Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas si sólo nos quedamos contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus de la tierra. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al Pueblo Lenca, a Río Blanco y a las mártires y a los mártires por la defensa de los bienes naturales”.

El Premio Goldman colmó el vaso de los hombres del poder. En todo el mundo se habló de “esa mujer” y el resentimiento ya no abandonó a los hombres de la cúpula de DESA. Había que matarla.

PRIMERO, SILENCIAR DESPUÉS, ACOSAR

Existe un patrón en un crimen como éste, además de los patrones que acompañan a todo femicidio. Este patrón criminal tiene sus fases y en Honduras a ellas somete el poder a todas las personas que se oponen a la oligarquía económica y a la élite política que la representa. Es un patrón con cinco pasos. En el caso de Berta Cáceres se cumplió a cabalidad.

El primer paso es silenciar. Durante un buen tiempo Berta hacía, decía, luchaba, denunciaba, pero era ignorada. Nadie la entrevistaba, no le hacían caso. Había que hacerla invisible, como si no existiera. Pero sus palabras y sus acciones, la trascendencia de su lucha, terminaron haciendo imposible que no la vieran, que no la escucharan. Berta derrotó el silencio social y mediático.

El segundo paso es acosar. Ya teniendo un nombre, una voz, un peso social, a Berta la trataron de sobornar, de seducir para que su voz no fuera respetada. Douglas Bustillo, un oficial retirado del Ejército, que trabajaba en la empresa de seguridad de DESA, se encargó de hostigarla, incluyendo el acoso sexual. “Toda mujer puede ser conquistada, lo que hay es que descubrir el camino para lograrlo”, dice siempre el machismo. En 2013, y con la misma firmeza con la que hacía todas sus denuncias públicas, Berta Cáceres denunció a Douglas Bustillo por acoso sexual.

ES VIOLENTA, TERRORISTA, ENEMIGA DEL DESARROLLO

El tercer paso es el descrédito, la estigmatización. Cuando sus luchas y su liderazgo no podían ya ocultarse, a Berta había que desacreditarla, estigmatizarla.

Los medios informaban sobre lo que hacía, pero llamándola revoltosa, opuesta al desarrollo, violenta, desadaptada social, terrorista, “marimacha”, enemiga de los hombres. Cuando la acusaron de portar ilegalmente armas pasó unas horas en la cárcel. Cuando la acusaron de sedición por instigar la violencia en las comunidades indígenas y dictaron orden de captura, tuvo que pasar un tiempo en la clandestinidad hasta conseguir que los juzgados sobreseyeran la acusación.

También quisieron sobornarla con dinero para ella o para el COPINH. También en ese tiempo la confrontaron dos alcaldes de municipios de la región en donde operaban Sinohydro y DESA: el alcalde de San Francisco de Orejuela, íntimo aliado de la empresa de seguridad de DESA, y el alcalde del municipio de Intibucá, molesto por el respaldo que Berta daba a las locatarias y locatarios del mercado, amenazados de desalojo.

Muchos frentes se abrieron ante la amenaza de Berta. Todos buscaban minar su credibilidad y su autoridad y neutralizar el trabajo del COPINH. La estigmatización también promovía que la gente sencilla, desinformada y malformada, identificara a Berta como enemiga y como amenaza.

Berta derrotó la estigmatización con persistencia. No retrocedió y finalmente su voz y su lucha trascendieron las fronteras hondureñas. Cuando en Honduras era llamada “enemiga del desarrollo” en Estados Unidos era premiada con el Premio Goldman. Y cuando en el país era desacreditada por oponerse a la Iglesia, era premiada, también en Estados Unidos, con el reconocimiento “Monseñor Romero” y el Papa Francisco la recibía con un abrazo en el Vaticano.

El cuarto paso en el proceso de destrucción del adversario es la criminalización de quien se opone, de quien denuncia, de quien protesta. Berta fue criminalizada. Fue a los tribunales y a la cárcel. Querían quitarla de en medio. Y querían debilitar las luchas indígenas y populares que encabezaba el COPINH. También querían sembrar el miedo en quienes veían en Berta un referente.

BERTA SE COLOCÓ A UN PASO DE LA MUERTE

El quinto paso, si todos los pasos previos fracasan, es la eliminación física, la muerte. A Berta la mataron porque ni pudieron ignorarla ni sobornarla. Y como las campañas de estigmatización no la destruyeron ni lograron doblegar la legitimidad de su lucha, Berta se colocó a un paso de la muerte física.

Como no funcionó nada, después de que quisieron matarla moralmente calumniándola, amenazándola, desprestigiándola, como nada la doblegó, tenían que eliminarla.

A una mujer de ese tamaño no podían permitirle que siguiera viviendo. Estaba en juego el honor de los hombres. Dejarla viva significaba aceptar la humillación que ella había infligidoa los hombres del poder.

“AHORA NOS TOCA A NOSOTRAS SER LAS BERTAS”

Los hombres que dispararon contra Berta Cáceres fueron identificados: unos sicarios, unos militares, un jefe de seguridad, un empleado medio de DESA. Los autores intelectuales del crimen están impunes. Tienen en su mayoría visa de turista para visitar Estados Unidos. No pocos lideran estructuras políticas o tienen altos cargos en empresas de prestigio o en la banca. Participan activamente en obras filantrópicas y de beneficencia y asisten asiduamente al templo, en donde son reconocidos como bienhechores.

Todos integran el poder patriarcal, acostumbrado históricamente a prácticas criminales que después quedan siempre impunes. Estas estructuras patriarcales se sienten hoy amenazadas por muchas formas de presión social, especialmente por la lucha antipatriarcal de las mujeres.

“Berta nos abrió el camino -dice una de sus compañeras en la lucha feminista-. Ella trazó el camino. No es fácil seguirla, pero nos dejó sus huellas y su espíritu. Hoy nos toca a nosotras ser las bertas, porque sólo siendo como ella acabaremos con las estructuras patriarcales y sólo así salvaremos las vidas de muchas mujeres, amenazadas por hombres tan machistas como los que mataron a Berta”.

CÓMO ENFRENTAR EL MACHISMO INCRUSTADO EN EL PAÍS

¿Cómo proteger a las mujeres que, como Berta, desafían el poder machista y se enfrentan a las estructuras del patriarcado? No es fácil. No sólo porque estas estructuras no solo están aún intactas, sino porque quienes las integran están muy advertidos de las amenazas que representan estas mujeres.

El camino abierto y trazado por Berta nos da pistas para proteger a las mujeres que, como Berta, luchan hoy contra el patriarcado. Lo primero es la convicción de ellas de que pueden, de que tienen poder en ellas mismas, capacidad para analizar su entorno, para desarrollar capacidades, para establecer alianzas solidarias entre ellas y entre sus organizaciones y para dar una dimensión política a todo lo que hacen.

Pueden y deben romper con el paradigma dominante, que nos dice a todos, especialmente a las mujeres, que sólo lo de arriba y sólo lo de afuera vienen las soluciones. Pueden y tienen que proseguir difundiendo por todos los medios que lo que mató a Berta Cáceres el machismo incrustado en las estructuras de Honduras para así acortar la distancia entre esa denuncia y la identificación de los autores intelectuales del crimen, los que se ocultan en DESA. Mientras sean impunes, mientras no sean desenmascarados y enjuiciados, la defensa de muchas otras mujeres tropezará con obstáculos.

Pueden y sabrán construir nuevos paradigmas basados en relaciones horizontales y no jerárquicas, en un poder entendido como búsqueda de cambios en las relaciones de género, también dentro de las mismas organizaciones feministas. Pueden y deben no cansarse de denunciar a los hombres del poder que ocultan su machismo en una retórica de defensa de los derechos humanos, mientras que en la práctica sólo buscan perpetuar el omnímodo derecho del patriarcado.

LAS ALIANZAS DE LAS MUJERES

Pueden y deben las mujeres saber analizar el contexto local: actores, escenarios, aliados, hilos del poder, tendencias, oportunidades a aprovechar… Y pueden y sabrán ubicar el contexto local en el contexto nacional, en el mesoamericano y en el internacional. El contexto es siempre movedizo y dinámico. Una organización de mujeres, y de los hombres que a ella se integren con conciencia de género, ha de estar en una constante lectura del contexto, sabiendo que nunca existen hechos aislados, que todos están vinculados y que siempre las principales víctimas son las mujeres, por estar históricamente en desventaja ante el poder que siempre han controlado los hombres.

Pueden y deben saber identificar las energías positivas al interior de la propia organización y de las organizaciones hermanas. Igualmente deben y pueden identificar las energías negativas, las que promueven escepticismo, divisiones, desconfianzas y protagonismos. Eso fortalecerá las organizaciones contra las amenazas del patriarcado. Y después de esa identificación, pueden y deben hacer alianzas con otras organizaciones. Porque todas nos necesitamos, todas aportamos y todas aprendemos y enseñamos. Ninguna alianza surge de la competencia y de la desconfianza. Y cuando algunas organizaciones se creen superiores a las demás y buscan imponer sus lecturas y sus intereses, cuando siempre quieren ser las que toman iniciativas y rechazan las iniciativas de las demás, todas pierden.

Pueden y deben hacer alianzas con sectores sociales con los que no comparten espacios comunes ni similares compromisos, pero sí coinciden en la necesidad de construir una sociedad incluyente y democrática.

ESO DESCONCIERTA AL PATRIARCADO

Y finalmente, deben, pueden y saben las mujeres promover alegría en las organizaciones en las que trabajan. El ceño fruncido, el enojo, la tristeza y la amargura le convienen al patriarcado. La fiesta y la alegría en medio de la lucha y de la resistencia lo desconciertan.

Creo que por ahí va el camino abierto y trazado por esa gran mujer que fue Berta Cáceres.

https://www.envio.org.ni/articulo/5404

Desde las hermanas Mirabal hasta Berta Cáceres

El nombre de Berta Cáceres, defensora de la tierra y el agua, referente del pueblo Lenca en Honduras donde se opuso a la construcción de una represa que asfixia al Río Blanco, sagrado para les suyos resuena ahora cuando todavía se escuchan los ecos de las jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. Asesinada en 2016 por sicarios ya condenados relacionados con la misma empresa responsable de la represa, ella fue víctima de un femicidio político al igual que las hermanas Mirabal a quienes se recuerda en esta fecha. La segunda etapa del juicio, contra los autores intelectuales sigue aplazándose sin más sentido que garantizarles impunidad.Por Claudia Korol

En todo el mundo se realizan en estos días jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, fecha que recuerda el crimen de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las “Mariposas” que enfrentaron a la dictadura de Trujillo en República Dominicana -responsable de más de 50.000 asesinatos de los pueblos dominicano y haitiano-, hasta su asesinato en 1960, un triple feminicidio político.

En los feminicidios políticos perpetrados en las últimas décadas, entre ellos los de Beti Cariño (2010 / Oaxaca, México), Nilce de Souza Magalhães (2016 / Rondonia, Brasil), Macarena Valdes (2016 / Wallmapu, Chile), Berta Cáceres (2016/ Honduras), Marielle Franco (2018/ Brasil), Cristina Bautista (2019 / Cauca, Colombia), en todos hay acciones previas y posteriores dirigidas a desprestigiar a las lideresas populares que tienen un rol fundamental en la defensa de cuerpos y territorios. En la mayor parte los autores de los crímenes continúan en la impunidad, ya que están involucrados grandes empresas -muchas de ellas transnacionales-, poderosos intereses políticos corporativos, asesoramiento internacional, gobiernos locales, fuerzas de seguridad. Algo similar sucede en los procesos de criminalización de las defensoras de territorios, comunidades y cuerpos en el Abya Yala.

Berta Cáceres: un crimen emblemático

En esta semana se debía reiniciar en Honduras el juicio a David Castillo –postergado por dos años y ocho meses por maniobras dilatorias de su defensa aceptadas por el tribunal-. Una vez más la audiencia fue suspendida por la interposición de un recurso de apelación de la defensa. Resulta vergonzosa la complicidad del Tribunal con los dueños del poder. Nos dijo Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y coordinadora general del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), en una entrevista previa a la audiencia, que las pruebas existentes contra David Castillo son contundentes e irrefutables. Por eso su defensa intenta llevar el juicio a un callejón sin salida.

COPINH ha denunciado que David Castillo, junto a los integrantes de la familia Atala –Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah- y Daniel Atala Midence, son los responsables intelectuales del asesinato de Berta. A pesar de las numerosas pruebas que los incriminan, los empresarios Atala –dueños de DESA- jamás fueron juzgados, ni siquiera citados como testigos. Señaló Bertha Zúniga Cáceres: “En este juicio se pretende lograr la condena al Presidente de la empresa DESA, el señor David Castillo, que tuvo un papel determinante en el crimen de la compañera Berta Cáceres, y en los ataques sistemáticos al COPINH. Para nosotras es importante, pues él representa los intereses de un grupo económico que se intenta imponer frente a los pueblos, a sus resistencias. Es una persona con entrenamiento militar, que responde a los intereses de la familia Atala, de los grupos que se han beneficiado del modelo económico basado en el extractivismo, para seguir aumentando sus ganancias. A él lo consideramos una pieza clave para vincular a los autores materiales que ya fueron condenados y a los autores intelectuales que guardan impunidad, por no existir voluntad del estado de Honduras para enjuiciarlos y condenarlos. Esta condena reafirmaría el hecho de que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha, que se oponía a intereses económicos en el país que siguen violentando a los pueblos. Es un juicio que simbólicamente es muy importante también para plantear las dimensiones de los agravantes en el crimen sobre ella como lideresa mujer de una organización de pueblos indígenas, que no tuvo miedo en señalar quiénes atacan a los pueblos”.

¿Quién es David Castillo?

En la noche del 2 de marzo de 2016, madrugada del 3 de marzo, fue asesinada Berta Cáceres, cofundadora y dirigente del COPINH, reconocida dirigente de la resistencia al golpe de estado, defensora de los territorios –especialmente en los que habita el pueblo Lenca- y en los últimos años profundamente comprometida en la oposición de la comunidad Lenca de Río Blanco a la construcción de la represa Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque –considerado un río sagrado por su pueblo-. El crimen de Berta levantó una movilización nacional e internacional exigiendo justicia.

El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete sicarios como autores materiales del asesinato. Entre estos hombres, contratados por ejecutivos de DESA, están el ex jefe de seguridad de DESA y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos, Douglas Geovanny Bustillo, el ex sargento de fuerzas especiales Henry Hernández, el oficial de fuerzas especiales entrenado en Estados Unidos Mariano Díaz Chávez, y Edilson Atilio Duarte Mesa, integrante de las fuerzas armadas -en funciones a la hora del crimen-. No se trata de sicarios elegidos al azar. Es un grupo de tareas operativo, altamente calificado, con personal entrenado en Estados Unidos, coordinado por David Castillo, uno de los autores intelectuales juzgado en estos días, que ofició de enlace con los dueños de la empresa.

Presidente de DESA, empleado de los Atala, David Castillo es un ex oficial de inteligencia militar, que fue integrante de las Fuerzas Armadas de Honduras con el grado de Subteniente de Inteligencia Militar. Aparece en la lista de graduados del año 2004 de la academia militar estadounidense West Point. Está acusado de organizar el crimen, hacer inteligencia en el COPINH, y contratar a los asesinos. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, mientras intentaba salir del país. Desde su audiencia inicial el 9 de marzo de 2018, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

David Castillo fue el responsable de realizar una labor de inteligencia acercándose a Berta Cáceres, estableciendo una relación a través de la cual sacaba información para los planes de la empresa. Este vínculo está siendo utilizado ahora para atacar la imagen de Berta, profundizando las lógicas patriarcales de ataque a las mujeres dirigentes, a su vida privada, buscando justificar así la supuesta inocencia de David Castillo.

¿Por qué un feminicidio político?

Antes todavía del crimen, Berta había recibido numerosas amenazas. También había estado perseguida y presa por un montaje judicial organizado por el Ejército y la empresa DESA. También sufrió el acoso sexual de agentes de la inteligencia militar –entre ellos Douglas Bustillo y David Castillo-, y fue víctima de una campaña de desprestigio –que ahora se sabe que fue organizada por el grupo coordinado por Castillo, que contrató a periodistas para tal fin, y que finalmente la mató-.

La criminalización y estigmatización de Berta Cáceres fue el prólogo para el asesinato. En uno de los diálogos sostenidos con ella nos decía con su humor inconfundible: “Nos han acusado no solo de tráfico ilegal de armas, de violentas, de lucha armada, sino también de brujas. ¡Me han acusado de bruja! Es lo único que acepto. Algo de brujas tenemos para soportar lo que estamos viviendo y para seguir inventando nuevas luchas. Eso sí es verdad, digo. Pero lo demás no. Vivimos una enorme criminalización, especialmente por ser mujeres. Recibimos amenazas a nuestra vida, a nuestra integridad física, emocional, sexual, amenazas a nuestras hijas, hijos, a nuestros familiares más cercanos, a nuestras compañeras y compañeros del COPINH, a quienes nos acompañan, incluso así sean internacionalistas. Hay campañas de descrédito, acusaciones. Que somos putas, brujas, locas, que tenemos familias disfuncionales. Campañas nacionales en los medios de la oligarquía, con una gran carga de desprecio, de racismo, de patriarcado. (En el libro Las Revoluciones de Berta).

En diálogo con el periodista Dick Emanuelsson, en diciembre 2013, denunciaba Berta: “La concesión de Río Blanco la tiene DESA. Hasta ahora no ha podido contratar a ninguna empresa para seguir la construcción, precisamente por el nivel de lucha, de solidaridad y de denuncia. Por eso han aumentado la represión, el hostigamiento, las amenazas, los secuestros. Estos sicarios amenazan a las mujeres con hacerles cualquier cosa, ultrajarlas. ¿Quénes son? El jefe de seguridad de DESA, ex militar, el que se presenta como dueño de DESA, egresado de la West Point, especialista en inteligencia militar, y asesor de la Inteligencia del Estado Mayor. En todos los megaproyectos, hidroeléctricos o mineros, hay una vinculación con los militares. Yo fui presionada por ellos para sentarme a negociar con la empresa. Les dije: ‘no voy a hacer eso, no lo voy a hacer nunca’, pese a que el mismo dueño de la empresa me ofreció soborno. Como no les funciona eso, vienen después todas las acusaciones que se conocen, y amenazas de muerte. Tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa, donde incluso hay acoso sexual”. Eso, más el uso de las declaraciones de los que fueron nuestros compañeros: que somos traficantes de armas, que nos financian los europeos, los gringos, que degeneramos la lucha del COPINH, combinado con todo el mecanismo de querer pudrir a las organizaciones y despedazarlas, es una jugada muy inteligente. Es la estrategia gringa de contrainsurgencia”.

Inmediatamente después del asesinato se lo quiso presentar como “crimen pasional”. Abonado por esa campaña previa de desprestigio, realizada desde todas las usinas del poder patriarcal, y elaborado por la inteligencia militar, incluso la CNN repitió esa muletilla.

Ahora nuevamente se pretende oscurecer los móviles del crimen, presentando a David Castillo, y a sus operaciones de inteligencia militar, que incluyeron el acercamiento a Berta Cáceres, el intercambio de mensajes, el disfraz de “aliado”, mientras enviaba información a los jefes de la empresa, como argumentos para desdibujar la operación político militar de los dueños del poder.

En Conferencia de Prensa realizada por el COPINH y la familia de Berta Cáceres, expresaba Laura Zúniga Cáceres ante una pregunta insidiosa de un corresponsal de la prensa: “David Castillo es uno de los asesinos de Berta Cáceres. Fue un acosador, perseguidor de mi mami, que en reiteradas ocasiones la amenazó y buscó intimidarla. Sabemos que Berta Cáceres era una mujer fuerte, que no se dejaba intimidar, pero esa fue su función. Él buscaba intimidarla, le escribía siempre mensajes. Fue la comunicación entre un acosador, un hombre entrenado en inteligencia militar, hacia una persona que era su víctima.” Cuando el reportero le preguntó si había un vínculo amoroso entre ellos, Laura lo desmintió y agregó: “Mire, eso de intentar ligarlo con vínculos amorosos es bien feo, porque también vamos a recordar aquí que los femicidios de las mujeres, la mayor parte han sido realizados por personas cercanas, y que eso no justifica en nada el asesinato. Estamos hablando de un asesino, de un ex militar, utilizado por la familia Atala para atentar contra una mujer y un pueblo que está defendiendo su territorio, su vida y su río. Estamos hablando de un asesinato, de un asesino. Éste es un país donde hay impunidad, y tenemos que apostar a que se juzgue a los asesinos de los defensores y defensoras de la tierra y el ambiente, que sabemos que este país es uno de los más peligrosos para ellos y ellas”.

Contra la impunidad, por la vida

Los feminicidios políticos –como todos los crímenes que se enlazan en la necropolítica- tienen un objetivo altamente disciplinador y domesticador de las subjetividades. El patriarcado, como sistema estructural de opresión de las mujeres y disidencias sexuales, fue fundado y se rehace una y otra vez sobre la base de la violencia. En nuestro continente, se entrelaza con el colonialismo y la imposición del capitalismo depredador, destructor de la naturaleza, de las comunidades, de los pueblos. Los Estados Nación se han levantado a partir de sucesivos genocidios, invisibilizados por las versiones de la historia construidas por los vencedores. Desencubrir estas violencias, desenmascararlas, lograr el castigo a los responsables, es un hecho político sanador, que contribuye a la creación de una subjetividad capaz de ejercer rebeldías y resistencias. Por eso continuar las acciones internacionales por Justicia para Berta, y castigo a David Castillo y a los Atala, acuerpar al COPINH y a la familia de Berta Cáceres, es parte de las acciones que los feminismos populares realizan cotidianamente, en las cuales cada golpe dado al poder, cada ¡ya basta! expresado colectivamente, enriquece la capacidad de creer y crear un mundo donde las Bertas, las Macarenas, las Marielles, encuentren su lugar en nuestra memoria y en nuestro grito de Justicia. 

https://www.pagina12.com.ar/308392-desde-las-hermanas-mirabal-hasta-berta-caceres

El BCIE oficializa la desvinculación definitiva del proyecto Agua Zarca

Tegucigalpa, 17 abril de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anuncia la conclusión del proceso de desvinculación definitiva de la relación con el proyecto Agua Zarca en Honduras.

La desvinculación definitiva pone un punto final al proceso que comenzó en 2016 cuando el BCIE cesó el desembolso de fondos al proyecto.

Este proyecto dejó lecciones aprendidas que se han traducido en cambios y ajustes a nuestras políticas de operación. Entre los cambios implementados se estableció el eje estratégico de sostenibilidad ambiental de manera transversal al modelo de negocio; incorporándolo en la Estrategia Institucional, en su misión, visión y propósito estratégico, alineados con disposiciones de la agenda de desarrollo mundial en particular al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En los últimos años, el BCIE se ha propuesto trabajar activamente por el desarrollo sostenible y bajo en emisiones de carbono. El Banco dirige sus esfuerzos para impulsar la integración, el desarrollo económico y social por medio de la generación de empleo y bienestar.

El BCIE reitera la importancia del proceso de consulta previa, libre e informada, considerando que el relacionamiento con los involucrados en los proyectos es clave y parte fundamental de los procesos para garantizar la correcta ejecución de los mismos.

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/el-bcie-oficializa-la-desvinculacion-definitiva-del-proyecto-agua-zarca/

El asesinato de Berta Cáceres, el Derecho a la Consulta, y los Bancos FMO, BCIE y FinnFund

Por OFRANEH | 11/03/2016 | América Latina y CaribeFuentes: Rebelión

El asesinato de la dirigente Lenca Berta Cáceres, acontecido el pasado tres de marzo en su casa de habitación en La Esperanza, Intibuca, saca a relucir los enormes peligros que corren las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas en los países que vienen siendo recolonizados por el […]

El asesinato de la dirigente Lenca Berta Cáceres, acontecido el pasado tres de marzo en su casa de habitación en La Esperanza, Intibuca, saca a relucir los enormes peligros que corren las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas en los países que vienen siendo recolonizados por el neoliberalismo.

La incansable lucha para proteger el río Gualcarque, entre otros, que libró Berta, sirvió para que muchos hondureños sumidos en la desinformación se enteraran como después del golpe de estado el 2009, la élite político empresarial del país a instancias de organismos internacionales se dividieron las cuencas hidrográficas en Honduras con el supuesto propósito de producir energía limpia.

La farsa de la energía «limpia» producida a través de la muerte de los ríos, se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos para las minúsculas elites de poder en Centroamérica, que han recibidos las concesiones otorgadas por los estados-nación, sobrepasando buena parte de los proyectos, el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Una de las batallas que Berta Cáceres libró, fue precisamente la defensa del territorio del pueblo Lenca, a través de la implementación y respeto a la Consulta Previa, la que ha sido pisoteada en Honduras desde el momento que fue ratificado el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995. Todas las administraciones gubernamentales en Honduras han violado el Derecho a la Consulta, anteponiendo un supuesto «desarrollo» a los derechos territoriales que poseemos los pueblos indígenas sobre nuestros territorios ancestrales. Berta fue una beligerante defensora tanto de los territorios indígenas así como del CPLI y su implementación.

Durante décadas existió una aparente docilidad de los pueblos indígenas y su historia fue escrita con tinta invisible hasta que las organizaciones indígenas de Honduras a mediados de la década de los años 90 demandaron sus derechos territoriales y el respeto al CPLI. Para inicios de este milenio es cuando los organismos internacionales se alían con el Estado con el propósito de diluir los reclamos a través de la onegenización de las federaciones las que domesticaron a punta de proyectos.

En la ultima década se han venido aprobando e impulsando políticas neoliberales que condenan a la desaparición de nuestros pueblos en Honduras, las cuales incluyen entre otras: cientos de represas hidroeléctricas, proyectos extractivos, expansión de la frontera de los agrocombustibles y finalmente las Zonas de Empleo y Desarrollo Económicos, conocidas como ciudades modelo.

Berta fue una de las voces más elocuentes y persistentes en pos de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y los desposeídos en general de un país sumido en la corrupción y la violencia. Su actitud en una Honduras caracterizada por la mansedumbres, fue suficiente para que la derecha cavernícola la condenara a muerte.

DESA, la represa en el río Gualcarque y su financiamiento

Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) empresa propietaria del proyecto se inicio en el año 2011, se encuentra conformada por Las Jacarandas, propiedad del Sr. José eduardo Atala y la compañía Potencia y Energía de Mesoamerica (PEMSA) representada por Gerardo Carrasco Escobar; aunque no existe información pública sobre la identidad de los propietarios de Las jacarandas y PEMSA.

En un inicio existió un reporte del financiamiento de DESA por parte del Banco FICOHSA, el que recibió fondos del Banco Mundial (BM). Sin embargo el BM negó haber invertido en la represa de Agua ZARCA.

La oposición de las comunidades vecinas al proyecto generó de inmediato militarización de la zona. Cabe señalar que el presidente de la Junta Directiva de DESA es el Sr. David Castillo Mejía, el que se desempeñó como Ministro de Gobernación durante la administración del nacionalista Ricardo Maduro. El secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes es un oficial de la «inteligencia» militar hondureña.

El proyecto hidroeléctrico ha contado con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), el Banco Holandes para el Desarrollo (FMO) y el Fondo Filándes para la Cooperación Industrial (FINNFUND), instituciones que hasta la fecha persisten en desconocer el CPLI. En el caso del BCIE y el FMO, estas instituciones están involucradas en el financiamiento de la controvertida represa de Barro Blanco en Panamá, la que viene siendo rechazada por los pueblos Ngöbe-Buglé, ante la ausencia de un proceso de consulta además de la destrucción de centros ceremoniales, como lo son los petroglifos en el río Tabasara.

Tanto el BCIE, el FMO y la institución alemana KFW, enviaron a un carta a la vicepresidenta de Panamá, la Sra Isabel de Saint Malo, en relación a la suspensión de la construcción de la represa de Barro Blanco que se dio el 9 de febrero de 2015, como resultado de las presiones realizadas por los indígenas panameños. Los Bancos no ocultaron su molestia al respecto, ademas las agencias multilaterales de desarrollo advirtieron que la decisión de suspender Barro Blanco pesará en contra de futuros préstamos.

El chantaje del FMO, KFWy el BCIE, demuestra una particular carencia de respeto hacia los derechos humanos de los pueblos indígenas. Peor aún es la nota de «condena» del asesinato de Berta Cáceres emitido por el FINNFUND, donde al final de cuentas dan a entender que el proyecto continuará. El FMO concedió al Banco FICOSHA un empréstito de us$ 60 millones, para invertir en proyectos de supuesta energía limpia. El Banco FICOHSA es investigado en Panamá por lavado de activos, y se le señala en Honduras de estar involucrado en el blanqueo de fondos provenientes del cuantioso robo perpetrado por el actual partido en el poder al Instituto Hondureño de Seguro Social.

La actitud asumida por las instituciones bancarias nos conlleva a manifestar el repudio de nuestro pueblo y la OFRANEH a la falta de ética y el desconocimiento a los compromisos Pro Homine incorporados en las declaraciones y tratados internacionales para evitar perpetuar el colonialismo que padecemos los pueblos indígenas. Para los bancos el CPLI no es más que una figura jurídica decorativa, mientras ellos no tan subrepticiamente financian la división y represión de nuestros pueblos.

Exigimos a la Unión Europea que de una vez por todas se respete el Derecho a la Consulta y cesen de financiar proyectos con una visión obsoleta como son las represas hidroeléctricas, especialmente en zonas en donde el cambio climático las rendirá inútiles.

El asesinato de Berta Cáceres no se hubiera dado si los financista hubieran tomado en cuenta las condiciones sociales y políticas por las que atraviesa Honduras. Al final de cuentas las instituciones financieras europeas y el BCIE con el financiamiento de Aguza Zarca, premiaron al clan Atala, involucrados directamente en el golpe de estado del año 2009.

https://rebelion.org/el-asesinato-de-berta-caceres-el-derecho-a-la-consulta-y-los-bancos-fmo-bcie-y-finnfund/