Autor: COPINH
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Así se cometió el asesinato de Berta Cáceres Flores · COPINH
HONDURAS / APAGAN “ZOOM” A DANIEL ATALA Y LO LLEVAN A TRIBUNAL DEL JUICIO BERTA
«#JusticiaParaBerta. Si el Tribunal accede o no a la declaración de Daniel Atala (foto) en este momento es irrelevante, pues ya es un gran logro político, jurídico y social que Daniel A. invoque que no puede ‘declarar contra sí mismo’ y que el @MP_Honduras reconozca que es investigado», escribió ayer tarde el exdirector de C-Libre e integrante del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora.
Aunque el Ministerio Público admitió ayer que se investiga a Daniel Atala, el abogado Tábora, reprocha que esa institución, por ley la acusadora en Honduras, desde hace tres años tiene las pruebas que demostrarían el asesinato de Berta Cáceres y no ha presentado acusaciones formales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El empresario Daniel Atala Midence entró apresurado ayer a las 5:00 de la tarde a la Corte Suprema de la capital hondureña. Llegó tarde a la justicia, estaba citado tres horas antes para actuar como testigo y explicar la relación con su exempleado y gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), actualmente juzgado por la presunta participación en el asesinato de la reconocida lideresa indígena, Berta Cáceres.
La noche del 2 de marzo de 2016, en la Esperanza, Intibucá, un grupo de sicarios entró en la casa de habitación de Berta y le segó la vida, apenas diez meses después que le fue otorgado el «Nobel Verde» como se llama al prestigioso “Premio Ambiental Goldman” por su contribución a la lucha persistente en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas de Honduras. Ese crimen ha sido condenado en el mundo y en el Congreso de EEUU está en creación “La Ley Berta Cáceres para Derechos Humanos”.
Entre varios citados a la audiencia de ayer en el Tribunal Nacional de Sentencia, se esperaba la declaración de Daniel Atala Midence, quien al momento del crimen contra Berta era el gerente financiero de DESA. Sin embargo, tomó la decisión de no asistir y se conectó a la sala vía programa “Zoom” (video-chat), así estuvo un par de horas, pero al enterarse la jueza que se encontraba en Tegucigalpa y sin impedimento para declarar de manera presencial, el Tribunal ordenó que se movilizara a la Corte para emitir su testimonio. Y así lo hizo, llegó a las 5:00 de la tarde.
Atala Midence solicitó al Tribunal de Sentencia no testificar porque expuso que él es un investigado por el asesinato de Berta Cáceres y amparado en la Constitución de la República, tenía el derecho a «no declarar contra sí mismo».
Ante esta solicitud, el Tribunal dijo que no tenían conocimiento de alguna investigación que se hubiese instruido en su contra. No obstante, provocó sorpresa en los abogados acusadores que hasta anoche el Ministerio Público diera a conocer que Daniel está siendo investigado, ya que a su criterio esperaron a que se presentara a la Corte para anunciar que “está siendo investigado”, por lo que apoyaron y defendieron la solicitud de que no diera declaraciones ya que podía perjudicarlo.
NOTA DE INTERÉS: ABOGADO DE LOS ATALA CREE QUE DAVID CASTILLO ES INOCENTE
A pesar de las reposiciones interpuestas por las acusaciones privadas para que Atala declarase, el Tribunal despachó a Daniel sin tomar su declaración. Eso ocurrió, según Edy Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, “a pesar de que la acusación privada ha presentado dos solicitudes de acusación penal con la información detallada contra Daniel Atala, el Ministerio Público hondureño no le ha llamado a ser interrogado”.
“Ahora, en su calidad de testigo, ha sido citado por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral y público instruido contra David Castillo para declarar sobre las actuaciones de este último. Fue la primera vez que la justicia hondureña llamó a un miembro de la familia Atala para hablar sobre el crimen contra Berta”, amplió.
David Castillo es ingeniero electricista, casado, hondureño, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, fue Subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, también fue Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Además, según un informe del Tribunal Superior de Cuentas, Castillo laboró en las Fuerzas Armadas de Honduras, fue presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA, nombrado en ese cargo el 7 de noviembre de 2011, ha sido presidente de las empresas Potencia Y Energía de Mesoamerica S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá. PEMSA es uno de los dos principales accionistas de DESA.
DESA “CUNA DE ORO”
La aprobación del contrato hidroeléctrico suscrito entre ENEE y DESA la hizo el Congreso Nacional presidido entonces por el ahora gobernante Juan Hernández, y se convirtió en ley en medio de las fiestas navideñas, en La Gaceta del 31 de diciembre de 2010, no obstante, el trámite oficial empezó días antes que saliera el dictador Micheletti.
El contrato de la construcción y la licencia ambiental para el proyecto de Agua Zarca (contra el que ha luchado el pueblo Lenca liderado por Berta Cáceres) fue concedido a DESA durante la dictadura de Roberto Micheletti, siendo secretario de Recursos Naturales, Valerio Gutiérrez.- Entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobaron unos 24 proyectos hidroeléctricos con inversión de más de mil millones de dólares. Agua Zarca es parte de ese plan.
Varios apoderados legales que ha tenido DESA trabajaron para el influyente bufete legal internacional Consortium, entre ellos, Carolina Castillo Argueta; esta hondureña fue presidenta de la Asociación de Productores de Energía Renovable (AHPPER), confesa por su propia presidenta Elsia Paz, en 2010, de haber pagado campañas de diputados a cambio de concesión de ríos y cuencas hidrográficas.
Revictimización de la familia de Berta Cáceres
Un largo camino de lucha por la memoria verdad y justicia
Entrevista a las hijas de Berta Cáceres, Laura y Berta Zúñiga, junto al abogado patrocinante de la familia Víctor Fernandez, que repasan como ha sido el camino recorrido en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables del asesinato.
Luego del asesinato de Berta Cáceres y en el marco de las amenazas sufridas
-¿Cómo emprendieron el camino para exigir memoria verdad y justicia?
Berta Zuñiga: El primer temor que nosotras tuvimos era que se pudiera desvirtuar su crimen, que se pudiera hacer un montaje judicial diciendo que se trataba de otra cosa. Nosotras teníamos una necesidad desde el comienzo de plantear que ella había sido asesinada por quienes son parte de la empresa DESA, que finalmente es un nombre, un cascarón. Muchas de las inquietudes que sufrimos al principio en torno a las investigaciones apuntaban hacia decir que se trataba de un crimen pasional, cualquier tipo de cosa para desvirtuar el crimen. Desde el primer momento hubo una negación al diálogo directo con las víctimas, a rendir algún tipo de explicación. No conocíamos nada, el Ministerio Público que prácticamente era aliado de la empresa DESA. Era bien difícil confiar.
De esa desconfianza nació la propuesta de una comisión internacional independiente que pudiera coadyuvar la investigación del Ministerio Público para darle algún tipo de credibilidad o saber que realmente se estaba diligenciando acorde a los estándares internacionales y al profesionalismo, la eficiencia de un proceso realmente transparente a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su anuencia a dirigir esta comisión, parecida a la que se dio en Ayotzinapa. Pero el Estado de Honduras nunca respondió evitando que se creara esta comisión independiente.
De todas maneras nosotras paralelamente conformamos el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) que ayudó a sistematizar gran parte de las investigaciones y plantear la teoría del caso de cómo había sido asesinada Berta Cáceres. Todos los detalles del proceso que para nosotras fue muy importante. Fue una gran batalla contra el Estado y ha sido muy complejo en todo sentido. Pero todos los esfuerzos de manera independiente se han hecho y han sido útiles.
Laura Zúñiga: El proceso de justicia ha sido largo. Hay algo que reflexionamos cuando pasó lo de mi mami y es que lo emprendimos antes de que todo pasara. Porque ella nos enseñó a andar por caminos de justicia. Nos enseñó a ser parte de las luchas del pueblo, a manifestarnos. Yo me acuerdo cuando eran las marchas contra la militarización de Honduras, incluso antes del golpe de Estado yo quería ir a las marchas pero no podía faltar al colegio y yo le dije: ¡mami yo quiero ir!. Ella me dijo: ¡vaya! que en una manifestación va a aprender más que en un día de colegio. Entonces ahí fuimos aprendiendo a afrontar este proceso a partir de sus enseñanzas.
Me acuerdo cuando fue el asesinato, lo viví con mucho dolor, rabia e indignación que en éstos 5 años no se ha apagado. Mucha rebeldía también. Rebelarnos a la muerte, a este sistema de acumulación, de violencia y por eso creo que empezar a enfrentarnos a los asesinos de mi mami, que eran la empresa DESA, que son los más ricos de este país, que son los mismo asesinos del compañero Tomás García. El propio Estado hondureño que participó del asesinato de keyla. Es un proceso largo en el que tuvimos que mencionar a las empresas, los bancos y el Estado. Enfrentar como colectivo a todo ese poder.
Víctor Fernandez: Hay un camino ya recorrido del COPINH, de Berta, bastante afianzado sobre la búsqueda de memoria, verdad y justicia, porque nace con el mismo COPINH en los 90 y que se construye con un sin número de prácticas de luchas y resistencias, de muchas solidaridades nacionales e internacionales construidas a pulso. Cuando se produce el crimen contra Berta hay una reacción espontánea de sorpresa e indignación que a pesar del golpe tremendo que sufre su familia: sus hijas, hijo, madre, hermanos y la familia del COPINH, entienden que hay que demandar justicia. Inmediatamente se entiende los móviles del crimen vinculados a las empresas extractivas y especialmente a la empresa DESA. Entonces el camino a la justicia es la ruta espontánea tras el crimen.
Hay que recordar que el crimen se produce en el marco del desarrollo de un evento importante del COPINH en el que se discute el modelo energético para el país, en búsqueda de una alternativa desde la perspectiva de los pueblos indígenas, desde la perspectiva popular. Entonces el camino se abre de inmediato, yo creo que hay que destacar el deber que se impuso de darle racionalidad a ese camino, es decir, de encontrar una forma de procesar todas las voluntades: el reclamo, la indignación, a darle una forma de búsqueda de verdad de justicia, a reconstruir plenamente esto. Allí hubo consenso de muchos actores y hay un liderazgo para darle forma a todas esas voluntades que está en camino, se está consolidando y se ha venido construyendo, que vino juntando a toda la familia COPINH y la familia de Bertita.
Así se emprendió el camino un poco tumultuoso de mucha fuerza, energía e indignación. Una construcción muy afinada de cuál es el camino para hacer justicia, que es la que hace el pueblo, el COPINH, las comunidades, demandar justicia ante el sistema.
-¿Cuáles fueron las principales irregularidades en el acceso a la justicia en el primer juicio?
Víctor Fernandez: Las principales irregularidades en el acceso a la justicia en el primer juicio fueron el desconocimiento de los derechos de las víctimas. El tener que lidiar con tener que llevar el reclamo de justicia con los perpetradores del crimen.
El crimen de Berta se produce el 2 de marzo de 2016, pero hubo un proceso acumulado de ataques y atentados contra la causa Berta Cáceres, la causa del COPINH, de la que fue parte el Ministerio Público y sigue siéndolo. Nuestro primer obstáculo fue el Ministerio Público, la vinculación de actores de la policía, del ejército, del sector privado en éste complot del asesinato que finalmente se expresa en el secreto absoluto de la investigación para las víctimas y la persecución a las personas y actores inmediatos a Berta. Entonces entre el secreto de la investigación que se mantiene hasta la fecha, la violación de los derechos de las personas y familiares de la organización de la que era parte COPINH, es un obstáculo terrible, que generó temor a cualquiera. La tendencia era generar impunidad y esto daba la posibilidad de todos los abusos, hasta la persecución y vinculación del personas del COPINH con el crimen. Esto fue lo más terrible.
Luego en el proceso de investigación, el apartarnos en esa demanda de pedido de justicia, el negar la participación de actores técnicos independientes en la investigación, obligó a la contracción en paralelo de un proceso de investigación independiente con personas expertas. El informe de GAIPE fue un aporte muy importante en el proceso. El desarrollar una estrategia de investigación en paralelo al Ministerio Público para forzar a que facilitara la información y no lo hizo, a pesar de que logramos resoluciones judiciales en el marco del proceso penal en el primer juicio que ordenaba que nos diera parte de la investigación. Fue hasta después de mucha pelea que tuvimos acceso a parte de la investigación de la cual nosotros construimos la tesis acusatoria que vincula a los actores que están condenados en el primer juicio y a los autores intelectuales del crimen que hace falta que se vinculen.
Eso obligó a que el Ministerio Público asumiera esta línea de investigación, que todavía está bastante limitada en los alcances que puede tener. Así fue el primer juicio, al extremo que la investigación privada fue expulsada del juicio todo por reclamar siempre y demandar que el proceso judicial alcanzara completa y plenamente las distintas aristas del crimen, no solo acotarlo al hecho que se produjo el 2 de marzo de 2016.
Berta Zuñiga: Lo más importante fue el acceso a la información que formaba parte del proceso que acusaba a estas personas. Para nosotras fue una lucha muy intensa durante todo el proceso, tanto es así que por reclamar este derecho, nuestra representación privada fue expulsada del juicio pero a pesar de eso logramos tener acceso a mucha información de los expedientes que ahora vinculan o hablan de todo el movimiento financiero de DESA y las responsabilidades de las personas que estaban encima de David Castillo. Lo único que no logramos fue el expediente de investigación del señor Mariano Chávez quien empezó siendo investigado por otros delitos y ahí supimos de las escuchas y algunas comunicaciones, pero no tuvimos acceso al expediente que para nosotras es algo bien delicado, ya que Chávez es un militar activo, de un rango alto entonces nos podía aportar mucha información sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en el crimen y no verlo como lo ha planteado el Estado de Honduras, que es una manzana podrida dentro del ejército. Sabemos que Berta Cáceres fue perseguida por el ejército que estaba dentro de una lista de objetivos militares a ser eliminados y construir la verdad en torno a la participación en esta instancia es algo que queda en deuda.
Un segundo punto sobre las irregularidades es el desconocimiento del COPINH como víctima, ya que es una organización social a la que le asesinan además de Berta Cáceres su coordinador general. No es reconocida formalmente como víctima en este proceso, por eso la voluntad del COPINH es expresada a través de nosotras como hijas, hijo, madre de Berta Cáceres, pero es importante que el Estado de Honduras avance en el reconocimiento de las Organizaciones Sociales cuando sus líderes son asesinados.
También desconocer los derechos de las víctimas cuando fuimos expulsadas, nuestra acusación privada. El Estado planteó que el Ministerio Público iba a ser representante de la voluntad de la víctima, cosa que no es posible para nosotros que sea concebida, ya que el Ministerio Público no fue en ese momento y aún hoy, un ente que mínimamente tenga una coordinación con nosotras. Esa relación que el Ministerio Público debería tener con nosotras como víctimas no ha existido y a veces hay un trato bastante malo porque les molesta que hayamos sido víctimas activas y denunciar todas las irregularidades a la que sometieron el proceso judicial que va en detrimento de nuestra intención de justicia integral.
Laura Zuñiga: En cuanto a la causa, han habido irregularidades desde el inicio. Una de las principales cosas fue cuando el ministro de seguridad sale a dar declaraciones el día 3 de marzo del 2016 en la mañana, diciendo que el asesinato de mi madre se trataba de un crimen pasional. Con todo lo que implica, con las intenciones de encubrir con lenguaje machista y patriarcal. Sin tener pruebas, sin tener ninguna razón sale a decir eso y tiempo despues nos dimos cuenta que quienes estaban involucrados en el asesinato eran ex militares, militares activos, ya que también hay una participación del brazo estatal. El negarnos a tener una autopsia alternativa, fue una irregularidad. No tener nunca información y tener que pelearla siempre. Hemos logrado conseguir información por el debate que dimos como víctimas en el proceso judicial, con el equipo de abogados y la gente del COPINH, con las comunidades. Fue una lucha muy difícil y lo sigue siendo porque nos siguen ocultando información.
Hubo otras irregularidades como cuando fuimos expulsados del primer proceso judicial que fue contra siete personas ya condenadas. Fue una gran irregularidad que no se nos permitiera introducir testigos ni medios de prueba. Que testificaron quienes hemos señalado como asesinos intelectuales de mi mami, que son miembros de la familia Atala Zablah. Han habido varias irregularidades en el proceso y que hemos podido ir avanzando poco a poco gracias a la determinación de muchas y muchos que han acompañado esta causa. Desde el primer paso que vencimos cuando hubo intención de cerrar este proceso diciendo primero que era un crimen pasional, luego diciendo que era un pleito interno entre la gente del COPINH, con el objetivo de criminalizarnos.
Hoy 5 años después pidiendo todavía que se investigue y castigue a los autores intelectuales ha sido un proceso largo que ha tenido su avance importante pero todavía queda mucho camino.
En cuanto a la Causa sobre David Castillo, coautor del crimen de Berta ¿Cuál es la situación del juicio? -¿Qué obstáculos presenta el proceso judicial?
Víctor Fernandez: En el juicio contra David Castillo, hay varios obstáculos. Lo primero es que nosotros tenemos claro y hay elementos suficientes para establecer que Castillo no solo es partícipe del delito de asesinato de Berta Cáceres, sino que también es partícipe de una serie de delitos previos a la ejecución del crimen de Berta. Además participó de una serie de actos orientados a generar impunidad para toda esa estructura delictiva. Nosotros creemos al menos, a partir de las pruebas que hay, que es autor del delito de asociación ilícita junto a la estructura que constituyó y luego desarrolló la empresa DESA. Dicha empresa pasó de ser una empresa mercantil regular a configurar una verdadera asociación delictiva. Desde el momento que la constituyen dos personas que estaban instrumentalizadas por David Castillo y luego éste conduce junto a los verdaderos accionistas: la familia Atala Zablah una serie de comportamientos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos en el territorio, de ruptura y quebrantamiento del tejido social, es decir, es una verdadera asociación delictiva.
Desafortunadamente David Castillo no está siendo juzgado por asociación ilícita y ese ya es un obstáculo a la justicia integral de este caso de la causa Berta Cáceres. Luego todas las demoras que se han tenido. El Ministerio Público tampoco ha tenido la apertura, la coordinación con las víctimas, asique vamos en esa separación indebida innecesaria en el proceso. Hemos hecho un proceso para que no vuelva ocurrir, en éste juicio contra David Castillo. Aunque hemos hecho el esfuerzo, el Ministerio Público tiene la misma actitud de muy poca apertura. Además toda la estrategia diseñada por la estructura criminal que mató a Bertita que es la misma que defiende a David Castillo, de dilatar el juicio, de presentarse como víctima, de desarrollar campañas en medios frente al papel que hace el COPINH y la solidaridad internacional, todo esto está presente en el juicio.
Pero la buena noticia es que al final de todo el juicio se va a desarrollar y esperamos sea en el menor tiempo posile y que al menos sobre el delito de asesinato haya justicia y nosotros vamos a seguir la pelea, porque se haga justicia integral que incluye la búsqueda de los verdaderos autores del crimen que todavía no han sido llamados por la justicia. La reversión de la conceción criminal del Río Gualcarque, la persecución de los funcionarios públicos que tenian la responsabilidad de proteger la vida de Berta y no lo hicieron sino que contribuyeron al descenlace fatal como el asesinato. La demanda contra el sistema financiero, contra la banca nacional e internacional que financió hasta cuando estuvo la concesión en términos materiales del Río Gualcarque, a esa banca hay que demandar justicia y estan curso algunos procesos, por ejemplo contra el FMO, en Holanda y se está trabajando en todos esos frentes para lograr memoria verdad y justicia en el caso de Berta.
Berta Cáceres: Para este nuevo proceso algunos testimonios o peritajes que hablaban del perfil de Berta Cáceres y del por qué ella es asesinada, no fueron incorporados y es algo que estuvimos luchando.
Un primer punto importante es la introducción de estos peritajes que amplían el reconocimiento de quien era Berta Cáceres, por ejemplo el tema de su condición de mujer indígena, lideresa ambiental que matiza la manera en que operó el crimen y los ataques sistemáticos que sufrió Berta.
Tratar de introducir el contexto ya que es imposible entender la participación tanto del señor David Castillo como de toda la estructura criminal sin entender el conjunto de acciones para neutralizar, atacar y acabar la lucha de COPINH. Hay que decir sobre plantear la relación entre David Castillo y esa estructura superior, en la que se entienda por que él no es la persona que tiene la última palabra en cuanto a la comisión del delito, sino que otras personas por encima de Castillo eran las que podían ser determinantes en cuanto a la ejecución del crimen.
Introducir este aspecto en este proceso es un desafío. Además dicho juicio ha estado sometido a plazos reiterados por parte de la defensa que han saboteado la realización del proceso judicial para evadir una condena, las investigaciones y sobre la responsabilidad que se pueda deducir también a los actores por encima de David Castillo planteando que de todas maneras aunque es el presidente de la empresa era un subordinado de las órdenes de miembros de la familia Atala Zablah.
Para sintetizar entre los muchos obstáculos que pudieramos tener es el desconocimiento de nosotras como víctimas como una figura central dentro del proceso judicial, para que todo este proceso se configure en torno a redimir la pena, el daño que se nos fue ocasionado a nosotras como víctimas e irradiar desde nosotras hacia el COPINH, el pueblo Lenca, el pueblo hondureño y la comunidad internacional que simpatiza con éste proceso y que ha condenado el asesinato. Este es otro de los desafíos.
Laura Zúñiga: En cuanto a la causa sobre David Castillo, cual es la situación actual es que estamos a las puertas de la última etapa del proceso judicial que es la oral y pública, las más importante porque es el debate donde se presentan las pruebas. Ya se hizo la audiencia de presentación de pruebas en la que las partes, nosotras como víctimas, presentamos una cantidad de pruebas que queremos que se evacúen, que se debatan dentro del espacio del juicio oral.
En total contra David Castillo se presentaron 81 medios de prueba. Esperemos que se acepten porque son parte importante del proceso y sirven para lo que nosotros buscamos que es la condena de un asesino mas de mi mami.
Los obstáculos han sido el retraso y la dilatación de este proceso, casi dos años dilatando el debate oral y público con la intención de generar impunidad. Sabemos que entre más tiempo pase es más fácil garantizar la impunidad contra este señor y otros co-asesinos intelectuales.
Con este juicio planteamos romper la impunidad del caso de mi mami. Seguir rompiendo la impunidad que comienza con el asesinato de compañeros y compañeras del COPINH que estan defendiendo el Río y que continúa hasta hoy poniendo en riesgo la vida de quienes luchamos en defensa de la tierra y la vida, desafiando los poderes extractivos trasnacionales en Honduras incluso el poder de los bancos.
Esta estructura criminal que atentó contra mi mami sigue activa contra la gente que lucha, por eso estamos intentando romper esa impunidad y es muy difícil, porque el sistema de justicia funciona solo para criminalizar a los defensores y defensoras de la vida, no para protegerlos.