Se desarrolló el fallo del caso contra los agentes de la Policía Miguel Arcángel Rosales y Juan Carlos Cruz, acusados de alterar prueba en la investigación del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque.
👉🏾Durante el juicio quedó demostrado que estas acciones buscaban desviar la investigación y garantizar la impunidad de los autores intelectuales.
El tribunal absolvió a Juan Carlos Cruz de los delitos.
12 enero 2026 – Washington, DC—El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) hizo entrega de su Informe Final, en un acto oficial llevado a cabo en Tegucigalpa. Con la presentación de este Informe y el cierre de su mandato, se abre un momento decisivo: el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas orientadas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota de que el Informe contiene recomendaciones dirigidas a diversas autoridades y actores, y a la propia CIDH; valora el rigor y la integralidad de los hallazgos presentados; y reitera que, en el marco de su mandato, dará seguimiento a dichas recomendaciones a través de los distintos mecanismos y herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la perspectiva de la centralidad de las víctimas y sus familiares.
El GIEI Honduras fue creado con el propósito de fortalecer la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores y otros delitos conexos, así como de contribuir a propuestas orientadas a la reparación integral y a las garantías de no repetición, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. El acuerdo que permitió su creación fue suscrito por el Estado de Honduras, la CIDH y la representación de la Medida Cautelar 112/16 a inicios de 2025. Las personas expertas llevaron adelante su trabajo técnico de forma independiente durante once meses.
A partir de la presentación de este Informe Final, la CIDH cuenta con elementos renovados y actualizados que le permitirán continuar, junto con los familiares y el Estado, su labor de seguimiento en el caso de Berta Cáceres, así como en otros casos de personas defensoras de derechos humanos que enfrentan atentados y represalias por su labor. En ese marco, la CIDH manifiesta su convicción de que este Informe constituye un insumo relevante para fortalecer la respuesta institucional en términos de esclarecimiento de los hechos, rendición de cuentas y prevención de nuevas violaciones. Y reconoce el apoyo brindado por el Estado para la puesta en marcha de este GIEI y la lucha incansable de los familiares de Berta Cáceres, cuyo compromiso sostenido ha sido fundamental para mantener viva la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La Comisión recuerda que los mecanismos internacionales de investigación autónomos e independientes han contribuido, en distintos países de la región, a los esfuerzos por garantizar el derecho a la verdad y a la justicia frente a graves violaciones de derechos humanos, particularmente cuando existen condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones, incluidas garantías de independencia, acceso a información relevante y un entorno de seguridad libre de interferencias.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia.
MAS INFORMACIONES: https://giei.copinh.org/
Ciudad de México | Desinformémonos. “Evasión de la justicia” es como nombró Bertha Zúniga, directora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), a las acciones dilatorias de la defensa de David Castillo, cuyo juicio por el asesinato de la luchadora social lenca Berta Cáceres fue suspendido el pasado 7 de abril.
La hija de la líder lenca denunció que, “con toda impunidad”, la demora del proceso y “su exposición a acciones extrajudiciales que intentan cancelarlo” dilata también las investigaciones y los procesos judiciales de los autores intelectuales del asesinato. Afirmó que se trata de “una estrategia de un litigio malicioso” y exigió que el juicio se retome lo antes posible, tras su suspensión por la recusación contra el Tribunal presentada por la defensa del acusado.
El juicio contra David Castillo Mejía no completa el proceso de búsqueda de justicia, ha afirmado en varias ocasiones el Copinh. Por eso, Berta Zúniga habló de dos pilares para la reparación de daños respecto al crimen contra su madre. Uno es la justicia integral, la responsabilización de todas las personas que participaron en el crimen y el enjuiciamiento de los autores intelectuales, miembros de la familia Atala Zablah, los dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y los jefes de Castillo Mejía.
El otro acto de justicia, dijo en entrevista con Desinformémonos, es la cancelación de la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque otorgada por 50 años, que es “un peligro latente para la comunidad que hoy defiende la tierra que está junto al río” y que “violentó el derecho a la consulta previa libre informada”.
La directora del Copinh comentó que a pesar del desgaste político y los obstáculos, muchas comunidades indígenas y campesinas, así como organizaciones populares, de mujeres y de derechos humanos están al pendiente del juicio, brindan acompañamiento con las debidas restricciones y “tienen mucha claridad respecto a que en el proceso no se está juzgando a las personas que tienen responsabilidad en el hecho”.
Además de la exigencia de justicia para Berta Cáceres, la luchadora social mencionó que el Copinh también lucha por la desmilitarización del territorio del pueblo lenca y la reivindicación del derecho a la consulta que hasta el momento “sigue siendo violentado”, debido a su incumplimiento por parte del Estado hondureño.
Al margen de las limitaciones del sistema judicial, Bertha Zúniga hizo un llamado a los pueblos a construir una justicia propia con la defensa de los territorios, fomentar su autonomía, hacer que se respeten sus decisiones y, en el caso de Honduras, contribuir a la democratización del país, que está en “condiciones deplorables” en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de la población. Llamó a esto “el mayor acto de justicia y homenaje que se puede hacer a la compañera Berta Cáceres”.
https://desinformemonos.org/la-lucha-por-la-justicia-para-berta-caceres-sigue-bertha-zuniga/
Los delitos de corrupción no son delitos «sin víctimas» o cuya víctima sea «únicamente el Estado», expone DPLF en Amicus Curiae presentado ante la sala de Constitucional
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un memorial de Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en la acción de amparo constitucional iniciada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) para cuestionar la decisión judicial que rechazó su participación en calidad de víctima, en el proceso penal por corrupción seguido en el caso conocido como “Fraude en el Gualcarque”
El amparo constitucional plantea ante la Sala una cuestión fundamental para la lucha contra la corrupción en la región: si la corrupción puede seguir considerándose un delito “sin víctimas”, o “cuya única víctima es el Estado”; y como consecuencia de ello, si los procesos penales iniciados por delitos de corrupción deben permitir la participación de quienes fueron afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicamente protegidos, en calidad de sujetos procesales.
El Amicus Curiae presenta antecedentes y estándares de Derecho Internacional acerca del concepto de “víctima”, y experiencias de derecho comparado para analizar e interpretar este concepto, en la forma en que está contenido en la normativa penal hondureña, a la luz de las obligaciones internacionales del Estado en materia anticorrupción pero también de derechos humanos, expone la DPLF.
En sus conclusiones, el informe de catorce páginas sostiene que los estándares muestran una tendencia creciente a reconocer que los delitos de corrupción no son delitos «sin víctimas» o cuya víctima sea «únicamente el Estado». También apunta que las disposiciones de instrumentos suscritos por el Estado de Honduras apuntan a reconocer que la corrupción puede tener víctimas directas e indirectas, y que, por esa calidad, tales víctimas no solo tienen el derecho a ser reparadas integralmente, sino también a participar en los procesos penales en los que se determine la responsabilidad de quienes cometieron esos actos de corrupción.
Nota relacionada: Juicio contra Castillo es el inicio del juzgamiento contra autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres: COPIHN
Asimismo, destaca que en el caso sub judice, existen fuertes elementos que sustentan que los presuntos actos de corrupción cometidos en torno a la licitación, concesión y construcción del proyecto Agua Zarca, significaron afectaciones directas, concretas, reales y específicas para la comunidad indígena lenca de Río Blanco. Esos elementos, dan cuenta tanto de perjuicios patrimoniales como no patrimoniales, en cuya generación los actos de corrupción tuvieron un rol determinante.
Estas afectaciones directas y concretas, de acuerdo al documento, incluyen sus medios de subsistencia, su condición económica, al valor de sus territorios y bienes, a sus derechos colectivos sobre territorios y entidades ancestrales, además de daños morales y de protección de sus miembros específicos, que dan cuenta de un Interés calificado para que la comunidad en cuestión, representada por el COPIHN, sea considerada como «directamente ofendida por los actos de corrupción, en los términos del inciso 1 del artículo 17 del Código Procesal Penal de Honduras.
El caso denominado «Fraude sobre el Gualcarque», involucra a 16 funcionarios públicos en el otorgamiento ilegal de licencias para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en territorio indígena Lenca. Las acusaciones incluyen delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Este proceso se relaciona con las denuncias sostenidas desde 2010 por la defensora lenca Berta Cáceres y el COPINH en contra de 51 proyectos que habían obtenido concesiones o licencias de manera ilegal, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, vinculado con el asesinato de la defensora en 2016.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) es una organización no gubernamental con sede en Washington D.C. integrada por profesionales de diversas nacionalidades, que busca promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina, desde el marco de referencia de las normas y los estándares del derecho internacional y el derecho comparado.
¿Que significa Amicus Curiae?
El amicus curiae es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso