Cáceres, a winner of the Goldman prize for environmental defenders, was shot dead late at night on 2 March 2016 – two days before her 45th birthday – after a long battle to stop construction of an internationally financed hydroelectric dam on the Gualcarque River.
On Monday, more than a year after the guilty verdict, the four paid hitmen – Elvin Rapalo, Edilson Duarte Meza, Óscar Torres, and Henry Javier Hernández – were each given 34 years for the murder. They were also sentenced to 16 years and four months for the attempted murder of Gustavo Castro, a Mexican environmentalist who was shot in the same attack but survived by playing dead.
Sergio Ramón Rodríguez, the communities and environment manager for Desa, and Douglas Geovanny Bustillo, a former Desa security chief and ex-US trained army lieutenant, were given 30 years and six months for their participation in the murder.
Mariano Díaz Chávez, a US-trained special forces major who served with Bustillo, was found guilty by omission and given 30 years. In last year’s five-week trial, wiretap conversations suggested that Díaz participated in reconnaissance missions with Bustillo, and in February 2015 provided logistical support and a gun for a plot to kill Cáceres. That attempt was aborted at the last minute because she was at home with her daughters.
At the time, Díaz – an army major on active service and in line for promotion to lieutenant colonel – was under investigation for drug trafficking and kidnapping.
Monday’s sentences were welcomed by Cáceres’s family and supporters as an important step, but outside court they reiterated demands that justice be delivered against the masterminds and financiers of the plot.
“From the outset, the path to justice has been painful, as our rights as victims have not been respected. These sentences are a start in breaking the impunity, but we’re going to make every effort to ensure that all those responsible – the company executives and state officials identified in the trial – are prosecuted,” said Bertita Zúñiga, Cáceres’ second-eldest daughter.
In an October 2018 photo, men accused in the murder of Berta Cáceres sit in the courtroom in Tegucigalpa, Honduras. Photograph: Fernando Antonio/AP
Cáceres, the coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh), was best known for defending indigenous territory and natural resources, but she was also a respected political analyst, women’s rights defender and anti-capitalist campaigner.
David Roberto Castillo, a US-trained former military intelligence officer and Desa’s president, has been indicted as an “intellectual author” of her murder. Castillo was arrested on the second anniversary of the murder and is alleged to have coordinated with, and provided funds to, the killers.
This year, Cáceres’ children applied to a US federal court to subpoena bank records linked to a $1.4m luxury house in Texas purchased by Castillo eight months after the killing, arguing the documents could help identify yet unknown individuals involved in the crime.
Castillo has also been indicted on multiple corruption charges linked to the Agua Zarca dam concession, which was awarded without proper consultation or environmental assessment. He denies any wrongdoing and insists that he and Cáceres were friends. Construction of the 21-megawatt dam stopped after the murder, but the licence has not been revoked.
The Agua Zarca dam was among scores of environmentally destructive mega-projects sanctioned after the 2009 coup, which ushered in a pro-business government that unleashed a wave of repression against communities who opposed the plans.
Cáceres’s murder triggered widespread condemnation but failed to stop the bloodshed: at least 24 environmental and land defenders have been murdered since March 2015, and Honduras remains one of the most dangerous countries in the world outside an official warzone. Meanwhile, the National party remains in power despite mounting allegations of election fraud, illegal campaign financing and links to drug trafficking.
Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- Un tribunal de Honduras condenó este lunes a entre 30 y 50 años de cárcel a siete de los ocho acusados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro en 2016 en Intibucá, oeste del país centroamericano.
El octavo denunciado, Roberto David Castillo, quien hasta ahora ha sido acusado como el único autor intelectual del asesinato, sigue detenido a la espera de la sentencia.
La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional condenó a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Castro, que era huésped de la ecologista el día del crimen y fue el único testigo del hecho sangriento.
Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel, como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez.
Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el oeste del país a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), presunta implicada en el crimen.
Ejecutivos de la Desa han rechazado siempre las acusaciones contra personal de la empresa por el asesinato de Berta Cáceres, quien dormía en su casa cuando fue atacada.
El 30 de noviembre de 2018 la justicia ya había declarado culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.
A la audiencia de entonces asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Copinh.
«No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia», dijo la madre de la ambientalista. Muy conmovida, subrayó que «estos bandidos van a la cárcel a pudrirse en la cárcel» pero «a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar».
El ambientalista mexicano Gustavo Castro resultó herido de bala en una oreja y estuvo retenido en Honduras durante varias semanas después del crimen.
La familia de Berta Cáceres ha reiterado que la empresa Desa, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los «autores intelectuales» del crimen de la ecologista.
El abogado de Desa, Robert Amsterdam, en un comunicado, rechazó en noviembre del año pasado que Sergio Ramón Rodríguez, uno de los siete condenados hoy, haya tenido que ver con la muerte de Berta Cáceres.
Según Amsterdam, «no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas».
La familia y defensa de Berta Cáceres sigue exigiendo castigo y que se capture a los autores intelectuales del crimen, en el que aseguran que no solo se trata de David Castillo. EFE
(CNN Español) – Un Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó este lunes una pena de entre 30 y 50 años de cárcel a siete de los nueve implicados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, según informó la portavoz del poder judicial Lucía Villars.
En la resolución, el tribunal establece que cuatro de los sentenciados deberán de permanecer en la cárcel 50 años, ya que fueron declarados culpables por los delitos de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres y asesinato en grado de tentativa en contra de un testigo protegido que acompañaba a Cáceres el día del crimen.
A dos procesados se les condenó a 30 años de cárcel, uno por encontrarlo culpable como coautor del delito de asesinato consumado y al otro por el delito de autor por omisión en un caso de asesinato.
Además, otro procesado estará 30 años en prisión por el delito de asesinato en su grado de tentativa.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 de varios impactos de bala en el interior de su vivienda, ubicada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al occidente de Tegucigalpa.
Por este caso fueron procesados nueve personas, entre ellos tres exmilitares, quienes se declararon inocentes. En el transcurso del juicio uno de los imputados fue dejado en libertad por falta de pruebas.
Como uno de los actores intelectuales del asesinato de la ambientalista, según la sentencia, se menciona a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), una compañía a la que Cáceres se opuso por intentar instalar una hidroeléctrica en el río Gualcarque en su comunidad lenca.
El apoderado legal de Rodríguez, Jair López, dijo que apelará la sentencia de su defendido, porque asegura que su cliente es inocente y reiteró el alegato en todo el proceso del juicio de que el ejecutivo de DESA no tuvo ninguna relación que lo implique.
El noveno imputado en este caso es David Castillo Mejía, presidente de DESA, al que la Fiscalía del Estado acusó de autor intelectual del asesinato de la ambientalista que también se ha declarado inocente.
Por haber sido capturado el 2 de marzo de 2018, su proceso está pendiente de llegar a juicio oral y público, según dijeron las autoridades del poder judicial. La empresa Desarrollos Energéticos mediante comunicados ha argumentado la inocencia de sus ejecutivos detenidos y se ha desligado del asesinato de Cáceres.
Más de dos años y medio después del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, los presuntos autores materiales del crimen están por fin sentados en el banquillo de los acusados.
Pero los familiares de la líder indígena lenca han denunciado el proceso judicial como «una farsa» que tiene como objetivo garantizar la impunidad de los verdaderos responsables de su muerte.
Tres disparos de un sicario acabaron con la vida de Cáceres en la madrugada del 3 de marzo de 2016, un año después de que sus esfuerzos por evitar a la construcción de una represa en el noroeste del país la hiciera merecedora del prestigioso Premio Goldman, «el Nobel del medio ambiente».
Y, después de numerosos aplazamientos, el juicio oral en contra de los primeros ocho imputados por el caso finalmente empezó el pasado 20 de octubre, con la fiscalía iniciando la fase de «evacuación de los medios de prueba» esta semana.
Después de numerosos aplazamientos, el juicio empezó el pasado 20 de octubre.
Un vocero del Ministerio Público hondureño le dijo a BBC Mundo que la institución cuenta con la evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados, entre los que además del gatillero también figuran dos exmilitares y dos exempleados de DESA, la empresa detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.
Pero aunque los familiares de la cofundadora del COPINH -el Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras- también parecen convencidos de que el juicio terminará rápidamente y con un veredicto de culpabilidad para los indiciados, también advierten que eso no es garantía de justicia.
Los representantes legales de la familia de Berta Cáceres fueron apartados del proceso por orden del Tribunal de Sentencia.
«Sin duda va a haber condenas, porque es de interés del Estado», le dijo a BBC Mundo Berta Zúñiga, una de las hijas de la mujer que se convirtió en el símbolo de los peligros a los que están expuestos los activistas ambientales y de derechos humanos en el país centroamericano.
«Pero van a ser condenas frágiles y el resultado de un proceso superficial que no va a arrojar luces sobre lo que verdaderamente pasó», agregó, desde Tegucigalpa.
Para Zúñiga el mayor riesgo no es sólo que las eventuales condenas puedan ser fácilmente revertidas en otras instancias, sino que la actuación judicial también puede comprometer la futura imputación de los verdaderos autores intelectuales del asesinato.
Y la reciente y polémica decisión judicial de retirar del proceso a los representantes legales de las víctimas -los familiares de Cáceres y el activista medioambiental mexicano Gustavo Castro, herido de bala durante el ataque- no ha hecho sino acentuar las sospechas de que a las autoridades no les interesa ir hasta el fondo del caso.
La disposición fue tomada por el propio Tribunal de Sentencia luego de que la acusación privada no se presentara al inicio del juicio oral, aduciendo que un recurso de amparo mantenía vigente su recusación de los magistrados que integran el mismo por «abuso de autoridad, encubrimiento, denegación y retardo de justicia y violaciones de los deberes de los funcionarios».
Y ese es sólo el último ejemplo de los numerosos choques entre las víctimas y las diferentes instancias del sistema de justicia de Honduras, un país con elevados niveles de impunidad rutinariamente denunciados por las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos.
Los imputados
El juicio se centra exclusivamente en los autores materiales del asesinato de Cáceres.
La fiscalía imputó en calidad de autores materiales del crimen a los hermanos Edilson y Emerson Duarte, a Óscar Arnaldo Tareas y a Elvin Heriberto Rápalo, el supuesto autor de los disparos.
Como coautores del asesinato están imputados Sergio Ramón Rodríguez (gerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (oficial del Ejército) y Henry Javier Hernández.
Los encontronazos empezaron desde que el mismo Tribunal de Sentencia no quiso admitir al COPINH -la organización liderada por Cáceres- como una de las víctimas de su asesinato, y se volvieron a manifestar cuando también negó la autorización para la transmisión en vivo del juicio.
Pero los choques más fuertes se han producido con el Ministerio Público, a quienes las víctimas han llegado a acusar, incluso criminalmente, de falta de diligencia y de tratar de obstaculizar a la justicia al rehusarse a compartir información a pesar de las órdenes expresas del tribunal (entre otras cosas).
«Falta de transparencia»
Mucha de esa información es evidencia potencial contenida en equipos incautados a los imputados que, a pesar del tiempo transcurrido, no han sido analizados por el Ministerio Público porque o bien «no estaban siendo usados en el momento del crimen» o «por falta de la tecnología necesaria», explicó un vocero de la institución.
«Y no todo se puede compartir, porque el artículo 5 de la ley del Ministerio Público prohíbe que se comparta información de un caso que todavía está siendo investigado, para no comprometer la integridad de la investigación», argumento el funcionario, Yuri Mora.
Cáceres era cofundadora del Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, para muchos el objetivo último del ataque que le costó la vida.
Las críticas a la falta de cooperación del Ministerio Público, sin embargo, son una de las raras coincidencias entre los abogados de las víctimas y los representantes legales de DESA.
Aunque para Robert Amsterdam, el abogado estadounidense contratado por la empresa hondureña, eso ha afectado más a la defensa.
«Las injusticias que han cometido con la defensa empequeñecen todo lo que ha estado pasando con las víctimas», le dijo a BBC Mundo el penalista estadounidense.
Y, al igual que estas, Amsterdam dice estar convencido de que el proceso judicial se ha visto condicionado por presiones políticas y que terminará con veredictos de culpabilidad, pero en su opinión injustas (al menos en lo que respecta a los exempleados de DESA).
«A Estados Unidos y las ONGs no les interesa la justicia, ellos simplemente quieren una cabeza», aseguró el abogado de la empresa, quien insiste en que no hay evidencias de que la muerte de Cáceres tuviera algo que ver con su oposición a la represa de Agua Zarca.
El proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca pretendía represar el río Gualcarque a unos 200 kilómetros al oeste de Tegucigalpa amenazando las fuentes de agua de los lencas.
«Aquí ha habido una renuncia total por parte de la comunidad de defensores internacional de Derechos Humanos a realmente buscar la verdad», se quejó Amsterdam, quien asegura que hay muchas otras explicaciones posibles para la muerte de Cáceres.
Y Marcia Aguiluz, la directora para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, una de las numerosas organizaciones internacionales que ha estado siguiendo de cerca el caso- coincide en que el mayor riesgo es que efectivamente nunca se llegue a la verdad, pero para proteger a los inversionistas y accionistas de DESA.
«Habrá culpables, pero no habrá justicia ni verdad», dijo del proceso que inició el pasado 20 de octubre.
«Vamos a saber quiénes apretaron el gatillo y quiénes los encubrieron, pero no quiénes pagaron (para matar a Berta Cáceres)», le dijo a BBC Mundo.
Enfoque limitado
Víctor Fernández, el abogado de las hijas de Cáceres, coincide.
Y cree que es precisamente para garantizar eso que el Ministerio Público ha insistido en centrar la acusación únicamente en el día del asesinato de la líder indígena, rehusándose a considerar el contexto más amplio.
Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo de lucha en Honduras.
«Reducirlo todo al día del hecho es reducir la verdad y atentar contra el derecho a la justicia, porque la conspiración va más allá del 2 de marzo, hay que considerar todo lo anterior, las amenazas», argumenta Fernández.
«Es un enfoque que pone en riesgo la imputación de algunos de los verdaderos autores intelectuales, aumentando el riesgo de impunidad de algunos actores», le dijo a BBC Mundo.
Pero la fiscalía, sin embargo, insiste en que la investigación todavía no ha concluido y asegura que «si hay nuevas personas de interés, el Ministerio Público emitirá los respectivos requerimientos fiscales».
«Hay dos policías guardando prisión, porque son los que estaban realizando la investigación y el Ministerio Público comprobó que estaban falseando unos audios», destacó el vocero de la institución, Yuri Mora.
Y el portavoz también recordó el arresto, en marzo pasado, del presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien eventualmente deberá enfrentar un juicio aparte como supuesto autor intelectual del asesinato de Cáceres.
Honduras es el país más letal del mundo para los defensores del medioambiente.
Esto, sin embargo, no convence ni las víctimas ni a organizaciones como el CEJIL, que representó a Cáceres cuando esta consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en favor de la activista medioambiental antes de su asesinato.
«Nosotros no nos sentimos representados por un Ministerio Público que nunca ha velado por nuestros intereses, al que hemos denunciado dos veces y ni siquiera nos dirige la palabra», le dijo Berta Zúñiga a BBC Mundo.
«Tampoco hay voluntad política de garantizar una justicia integral, lo que se ha expresado en una coordinación de todas las instancias del sistema judicial para apartarnos del proceso», denunció la hija de Berta Cáceres.
Y para Marcia Aguiluz, del CEJIL, un encubrimiento de los máximos responsables puede tener consecuencias que van más allá de este caso puntual, en un país conocido como uno de los más letales para los activistas medioambientales.
«Los sicarios son reemplazables«, le dijo a BBC Mundo. «Pero si los autores intelectuales no asumen su responsabilidad, este tipo de situaciones se va a seguir repitiendo».
