Ciudad de México | Desinformémonos. “Evasión de la justicia” es como nombró Bertha Zúniga, directora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), a las acciones dilatorias de la defensa de David Castillo, cuyo juicio por el asesinato de la luchadora social lenca Berta Cáceres fue suspendido el pasado 7 de abril.
La hija de la líder lenca denunció que, “con toda impunidad”, la demora del proceso y “su exposición a acciones extrajudiciales que intentan cancelarlo” dilata también las investigaciones y los procesos judiciales de los autores intelectuales del asesinato. Afirmó que se trata de “una estrategia de un litigio malicioso” y exigió que el juicio se retome lo antes posible, tras su suspensión por la recusación contra el Tribunal presentada por la defensa del acusado.
El juicio contra David Castillo Mejía no completa el proceso de búsqueda de justicia, ha afirmado en varias ocasiones el Copinh. Por eso, Berta Zúniga habló de dos pilares para la reparación de daños respecto al crimen contra su madre. Uno es la justicia integral, la responsabilización de todas las personas que participaron en el crimen y el enjuiciamiento de los autores intelectuales, miembros de la familia Atala Zablah, los dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y los jefes de Castillo Mejía.
El otro acto de justicia, dijo en entrevista con Desinformémonos, es la cancelación de la concesión sobre el sagrado Río Gualcarque otorgada por 50 años, que es “un peligro latente para la comunidad que hoy defiende la tierra que está junto al río” y que “violentó el derecho a la consulta previa libre informada”.
La directora del Copinh comentó que a pesar del desgaste político y los obstáculos, muchas comunidades indígenas y campesinas, así como organizaciones populares, de mujeres y de derechos humanos están al pendiente del juicio, brindan acompañamiento con las debidas restricciones y “tienen mucha claridad respecto a que en el proceso no se está juzgando a las personas que tienen responsabilidad en el hecho”.
Además de la exigencia de justicia para Berta Cáceres, la luchadora social mencionó que el Copinh también lucha por la desmilitarización del territorio del pueblo lenca y la reivindicación del derecho a la consulta que hasta el momento “sigue siendo violentado”, debido a su incumplimiento por parte del Estado hondureño.
Al margen de las limitaciones del sistema judicial, Bertha Zúniga hizo un llamado a los pueblos a construir una justicia propia con la defensa de los territorios, fomentar su autonomía, hacer que se respeten sus decisiones y, en el caso de Honduras, contribuir a la democratización del país, que está en “condiciones deplorables” en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de la población. Llamó a esto “el mayor acto de justicia y homenaje que se puede hacer a la compañera Berta Cáceres”.
Los delitos de corrupción no son delitos «sin víctimas» o cuya víctima sea «únicamente el Estado», expone DPLF en Amicus Curiae presentado ante la sala de Constitucional
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un memorial de Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en la acción de amparo constitucional iniciada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) para cuestionar la decisión judicial que rechazó su participación en calidad de víctima, en el proceso penal por corrupción seguido en el caso conocido como “Fraude en el Gualcarque”
El amparo constitucional plantea ante la Sala una cuestión fundamental para la lucha contra la corrupción en la región: si la corrupción puede seguir considerándose un delito “sin víctimas”, o “cuya única víctima es el Estado”; y como consecuencia de ello, si los procesos penales iniciados por delitos de corrupción deben permitir la participación de quienes fueron afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicamente protegidos, en calidad de sujetos procesales.
El Amicus Curiae presenta antecedentes y estándares de Derecho Internacional acerca del concepto de “víctima”, y experiencias de derecho comparado para analizar e interpretar este concepto, en la forma en que está contenido en la normativa penal hondureña, a la luz de las obligaciones internacionales del Estado en materia anticorrupción pero también de derechos humanos, expone la DPLF.
En sus conclusiones, el informe de catorce páginas sostiene que los estándares muestran una tendencia creciente a reconocer que los delitos de corrupción no son delitos «sin víctimas» o cuya víctima sea «únicamente el Estado». También apunta que las disposiciones de instrumentos suscritos por el Estado de Honduras apuntan a reconocer que la corrupción puede tener víctimas directas e indirectas, y que, por esa calidad, tales víctimas no solo tienen el derecho a ser reparadas integralmente, sino también a participar en los procesos penales en los que se determine la responsabilidad de quienes cometieron esos actos de corrupción.
Asimismo, destaca que en el caso sub judice, existen fuertes elementos que sustentan que los presuntos actos de corrupción cometidos en torno a la licitación, concesión y construcción del proyecto Agua Zarca, significaron afectaciones directas, concretas, reales y específicas para la comunidad indígena lenca de Río Blanco. Esos elementos, dan cuenta tanto de perjuicios patrimoniales como no patrimoniales, en cuya generación los actos de corrupción tuvieron un rol determinante.
Estas afectaciones directas y concretas, de acuerdo al documento, incluyen sus medios de subsistencia, su condición económica, al valor de sus territorios y bienes, a sus derechos colectivos sobre territorios y entidades ancestrales, además de daños morales y de protección de sus miembros específicos, que dan cuenta de un Interés calificado para que la comunidad en cuestión, representada por el COPIHN, sea considerada como «directamente ofendida por los actos de corrupción, en los términos del inciso 1 del artículo 17 del Código Procesal Penal de Honduras.
El caso denominado «Fraude sobre el Gualcarque», involucra a 16 funcionarios públicos en el otorgamiento ilegal de licencias para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en territorio indígena Lenca. Las acusaciones incluyen delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Este proceso se relaciona con las denuncias sostenidas desde 2010 por la defensora lenca Berta Cáceres y el COPINH en contra de 51 proyectos que habían obtenido concesiones o licencias de manera ilegal, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, vinculado con el asesinato de la defensora en 2016.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) es una organización no gubernamental con sede en Washington D.C. integrada por profesionales de diversas nacionalidades, que busca promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina, desde el marco de referencia de las normas y los estándares del derecho internacional y el derecho comparado.
¿Que significa Amicus Curiae?
El amicus curiae es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso
Diversos representantes indígenas se movilizaron en contra del Estado hondureño para rechazar la ley que, según ellos, legaliza y legitima el despojo de sus tierras.
Servindi, 17 de agosto, 2018.- Un centenar de representantes indígenas de Honduras realizaron un plantón en el frontis del Congreso Nacional de este país, para rechazar la Ley de Consulta Previa.
De acuerdo a los manifestantes, la norma legislativa atenta en contra de sus territorios. Pues, aseguran que es promovida para “legalizar y legitimar el despojo de las tierras ancestrales, bienes comunes, culturas, espiritualidades y gente de estos territorios”.
En este mismo sentido, aseguraron que la consulta previa libre e informada —establecida en el Convenio 169 de la OIT— no es ejecutada como tal. Denunciaron que existe escasa participación indígena e incumplimiento de acuerdos cuando cesa el proceso de consulta, beneficiando las empresas que promueven los proyectos hidroeléctricos y mineros.
Un día antes de la protesta, los pueblos originarios Maya Chortí, Lencas, Pech, Miskitus, Tolupanes y Garifunas se reunieron para rechazar dicha ley. A través de un pronunciamiento, resaltaron que “no están dispuestos a dialogar ni negociar sus territorios”.
“La ley es una iniciativa racista cuya existencia solo puede entenderse en el marco de una institucionalidad al servicio de la dictadura cuyo fin es el exterminio de nuestros pueblos, nuestras sabidurías, lenguas y dignidad”, reza el escrito.
Cabe mencionar que el acto de protesta se realizó en la mañana del viernes 17 de agosto. Contó con la participación de los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
Usted puede leer el pronunciamiento completo aquí.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, hace cinco años. Ella, sin lugar a duda, es una de las referentes políticas más importantes en la historia reciente del país centroamericano por su incansable compromiso a la lucha en defensa de los derechos de los pueblos más vulnerables como los pueblos indígenas, de la democracia y de los territorios.
El asesinato de Berta se produjo en un periodo que inició con el golpe de estado el 28 de junio de 2009 y que se extiende hasta el día de hoy. Este periodo se puede caracterizar por la descomposición del orden democrático con sucesivos gobiernos dictatoriales, y una agravada crisis económica, política y social.
Berta, como más de cien otros líderes y lideresas, fue asesinada por atreverse a cuestionar y luchar en contra este proceso facilitado e implementado con el golpe de Estado, de privatización, despojo en los territorios, cortes al sector público y a los programas sociales, retirada de derechos conquistados, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, aumento de políticas represivas, entre otros.
Berta también cuestionó fuertemente el papel de poderes imperialistas, empresas transnacionales e instituciones financieras en propagar la crisis en Honduras para poder beneficiarse. En especial, entendía que el papel de Estados Unidos tenía mucha importancia. En una entrevista en 2014, criticó directamente a Hillary Clinton, quien era Secretaría del Estado en 2009, por su papel en concretar el golpe de Estado. Estaba clara de la importancia geopolítica de Honduras y los grandes intereses que se movían detrás de estas jugadas.
La concesión otorgada, de manera fraudulenta por cierto, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para hacer un proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque se dio un año después del golpe de Estado. En septiembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó el contrato No. 043-2010 entre la ENEE y DESA para la venta de energía.
Fue en esas fechas que la comunidad empezó a movilizarse y resistir la imposición del proyecto y en una asamblea comunitaria en 2010 declararon, “Que ante la agresiva, inconsulta, ilegítima y servil decisión del Congreso Nacional de entregar a manos privadas nuestros ríos y agua con el fin de generar más ganancias a empresarios mediante la generación de energía hidroeléctrica privada, grupos de poder que jamás se han preocupado, ni se preocuparán por cuidar nuestra riqueza natural, expresamos nuestro total rechazo a esa decisión.”
En esta lucha que lideraba Berta con su organización el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, se iban dando cuenta a través de meticulosas investigaciones hechas por la organización, que el proyecto que querían imponer sobre el sagrado Río Gualcarque no solo era interés de la oligarquía hondureña sino de una serie de instituciones y bancos internacionales.
Producto a los grandes intereses en este proyecto, tanto Berta como otros miembros del COPINH y de la comunidad recibían constante hostigamiento por parte de la seguridad privada de la empresa DESA, de las fuerzas de seguridad del estado hondureño y de otras personas sin vinculo institucional claro. Este hostigamiento incluía seguimiento, amenazas de muerte, persecución, judicialización, intentos de quebrar unidad de la comunidad y de la organización, y violencia física incluyendo el asesinato de 6 personas incluyendo a Berta.
La organización sostiene que el hecho de mantener el financiamiento a un proyecto que infringe sobre los derechos de las personas y que ha cobrado varias vidas, implica un nivel de responsabilidad.
Un actor fundamental en lo que fue la persecución de Berta Cáceres y su eventual asesinato, es el gobierno de EEUU. Si bien no hay pruebas de la participación directa en la planeación y la ejecución del crimen, sí existen vínculos directos por el apoyo que daba al proyecto y el entrenamiento militar de personas que participaron en el asesinato. Y en general se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.
«se puede decir que la política de EEUU hacia Honduras no solamente permite la impunidad sino que la promueve.»
Financiamiento y apoyo a Agua Zarca
Como ya se mencionó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su momento contaba con inversión y apoyo de grandes instituciones y bancos internacionales. Entre ellas: el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el FMO de Holanda, FinnFund de Finlandia, Voith Hydro con sede en Alemania, Banco Lafise, el Banco Mundial y La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
USAID tiene un largo trayecto de utilizar su poder como agencia de ayuda financiera para promover la agenda de Estados Unidos donde va. En el caso de Agua Zarca, la USAID firmó un convenio con la empresa DESA en diciembre de 2015, cuando ya la resistencia contra el proyecto llevaba 5 años, y había serias acusaciones contra DESA por violaciones de derechos humanos de las comunidades resistiendo el proyecto y por cometer fraude en el proceso de otorgamiento de permisos para el mismo. Sin embargo, la USAID con su programa MERCADO firmó con DESA un convenio por un proyecto de asistencia a productores agrícolas de los municipios aldeanos a Agua Zarca.
Firma de convenio entre la empresa DESA y la USAID. Con camisa blanca Sergio Rodríguez Diciembre 2015. Fotografía cortesía Proceso Digital.
En el comunicado de prensa anunciando el convenio firmada por USAID y Hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala, afirma que “Hidroeléctrica Agua Zarca desarrolla varias actividades enfocadas en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto en temas salud, educación, prácticas medioambientales responsables y actividades de desarrollo comunitario.”
Cabe destacar que la firma de DESA fue a través de Sergio Rodríguez quien fue condenado por participar en el asesinato de Berta. Según investigaciones sobre el asesinato de Berta. Cuando este convenio fue firmado por Rodríguez y los representantes de la USAID, los planes para asesinar a Berta, que Rodríguez ayudó a construir, ya estaban en marcha.
Convenio firmado entre la empresa DESA y la USAID. Diciembre de 2015.
Así que la promoción de un convenio para “apoyar agricultores” en este contexto no es un hecho inocente, la USAID con conocimiento de la fuerte resistencia al proyecto, los asesinatos de líderes y la persecución contra ellos, dio un respaldo contundente a DESA y a sus acciones en un momento decisivo.
Entrenamiento militar
Hasta la fecha han sido condenadas siete personas por haber participado en el asesinato de Berta Cáceres y uno, David Castillo, se mantiene en prisión preventiva esperando juicio. Aunque, como el COPINH ha denunciado reiteradamente, falta mucho para lograr la justicia real que contempla los autores intelectuales que son quienes financiaron y planificaron el asesinato, lo que se sabe de las personas ya condenadas y vinculadas al caso revela mucho sobre la estructura criminal que existe en Honduras para llevar a cabo estos crímenes.
La participación de miembros del ejército de Honduras es un punto destacable, de las personas que son formalmente vinculadas al caso, según la justicia hondureña, cinco son vinculados con el ejército y de ellos varios recibieron entrenamiento militar de los Estados Unidos.
El entrenamiento militar que históricamente ha prestado EEUU a Honduras, como a otros países de la región, ha sido un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta institución que en reiteradas ocasiones ha sido acusada de severas violaciones de derechos humanos entre otras cosas y que como demuestra el caso de Berta, entre miles de otros, tiene vínculos directos con estructuras criminales.
De los vinculados al caso, se sabe que David Castillo y el Mayor Mariano Díaz Chávez, oficiales del ejército recibieron capacitación militar de EEUU.
David Castillo, el presidente de la empresa DESA e imputado como coautor del crimen, fue Subteniente de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras y según registros, habría sido formado en la academia militar de los EEUU West Point.
Captura de pantalla, página oficial de la West Point Association of Graduates.
El mayor Mariano Díaz Chávez durante su largo trayecto en el ejército que comenzó en 1992, según investigación hecha por COPINH, habría recibido capacitaciones del Comando Sur de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCSOUTH) cuando estaba en el 15° Batallón en la región del Bajo Aguán en 2012. Él era instructor de la nueva fuerza militar creada en 2015 llamada Policía Militar para el Orden Público, cuyos instructores y comandantes participaron en el entrenamiento SOCSOUTH del 15° batallón.
A la derecha, Mariano Díaz Chávez en misión internacional en el Sahara. Fotografía cortesía de Notibomba.
Aliados incondicionales
Estos vínculos directos que existen entre instituciones de EE.UU. como la USAID y el Comando Sur con el proyecto Agua Zarca e individuos que participaron en el asesinato de Berta, no son hechos aislados ni sorprendentes visto de cara a la relación histórica que los EE.UU. tiene con Honduras.
A pesar de la profunda crisis institucional, política, económica y social que existe en Honduras y las constantes violaciones a los derechos fundamentales del pueblo hondureño a manos del Estado, el gobierno de Honduras goza de una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, que se autoproclama como el veedor de los derechos humanos en el mundo.
Mientras tanto, el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, JOH, ha sido acusado, en cortes de Nueva York, de haber participado activamente en el tráfico de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En 2017, el gobierno de JOH fue acusado de cometer fraude electoral, tras modificar la constitución de manera dudosa para que pudiera ser presidente en un segundo mandato. Las calles y carreteras desbordaron en movilizaciones masivas en todo el territorio nacional contra el fraude, en las cuales 40 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, y hasta la Organización de Estados Americanos reconoció la existencia del fraude y llamó a repetir las elecciones. Cuando los resultados ‘oficiales’ fueron publicados un mes después de las elecciones el gobierno de EEUU respaldó a JOH y reconoció su ‘victoria.’
No es difícil entender porque existe esta relación especial entre Honduras y Estados Unidos. Honduras ha sido el base de operaciones para el gobierno de EEUU por décadas con el base militar Palmerola/Soto Cano al centro. EEUU ha utilizado la base de Palmerola, considerada una de los bases estadounidenses más grandes del mundo, por décadas y hoy alberga soldados estadounidenses de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo del Comando Sur del Ejército Estadounidense.
Así como Palmerola, existen numerosos ejemplos de cómo EEUU se beneficia económicamente y políticamente del orden represivo, neoliberal y militarista en Honduras que ha devastado el país en todo sentido. Mientras existen estos beneficios, el gobierno de Estados Unidos no tiene problema en mantener un constante flujo de fondos hacia el ejército y mega-proyectos extractivos, armas y municiones para la fuerza pública, y un constante respaldo político al gobierno que es considerado ilegitimo. La vinculación de la principal empresa estadounidense de Aceros NUCOR con el caso de criminalización e injusto encarcelamiento de los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol por protestas en contra de la minera Ecotek-Los Pinares, da cuenta de esto.
Existen iniciativas por parte de diputados progresistas que han sido construido con organizaciones de Honduras para frenar este apoyo incondicional del gobierno nacional como el Proyecto de Ley “Berta Cáceres” para los derechos humanos en Honduras y el reciente Proyecto de Ley de Derechos Humanos Y Anticorrupción de Honduras, pero no han podido avanzar. Hasta que se logre cortar este apoyo, las elites y corruptos de Honduras tendrán carta blanca para seguir llevando a cabo sus políticas de muerte y asesinatos como el de Berta.
Al interior del complot para asesinar a Berta Cáceres
Los mensajes de texto y Whatsapp muestran que la conspiración contra Berta Cáceres involucró a los más altos rangos de la empresa cuya represa había estado protestando.
