La violación del Derecho de Consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en Honduras, en el marco de la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos, es una problemática que se ha hecho aún más visible luego del asesinato de Berta Cáceres. Desde ese momento, la comunidad internacional ha puesto presión sobre el Estado de Honduras sobre el cumplimiento de los convenios internacionales en esta materia.
El gobierno nacional ha desarrollado una propuesta que sufrió múltiples alteraciones y que buscó crear un marco regulatorio del derecho de consulta previa, que dé la impresión de cumplimiento de los estándares internacionales.
El 15 de enero del 2020, el diputado Óscar Nájera anunció la construcción de un proyecto de Ley de Consulta, el cual ha sido catalogado por las organizaciones indígenas y negras de Honduras como lesivo para el derecho de autodeterminación de los pueblos y el respeto por la soberanía sobre sus territorios.
En el contexto de la presentación del proyecto Nájera dijo “Hemos iniciado la socialización de la consulta con el 100% de la convocatoria. Por primera vez en la historia, hemos llegado a un consenso de abrazarnos todos juntos por el bien de Honduras. Para toda la hermandad, unidad, humildad y para el desarrollo de estos pueblos olvidados y marginados. Hoy llegó la hora, llegó el momento de estos 10 pueblos indígenas”
Ver video: https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1219402974398730240?s=20
El propósito de la ley, según los representantes del Estado, consiste en establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades, respecto a proyectos, medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directa o indirectamente a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda.
La misma crearía el marco legal con el propósito de que los pueblos indígenas y afro descendientes a través de la consulta libre, previa e informada, mantengan su identidad, diversidad y se brinden espacios de participación.
Para tales efectos, crearían el ente rector que velará por los procesos de consulta, así como de la correcta aplicación de la ley y su reglamentación. Este ente se denomina Comisionado Nacional de la Consulta Libre, Previa e Informada (CONACOLP) como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con autonomía técnica, funcional y administrativa.
Sin embargo, las organizaciones sociales e indígenas de Honduras realizaron movilizaciones y otras acciones de protesta en rechazo a la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, la “Ley Nájera”.
“Lo que se hizo el 15 de enero en este Congreso Nacional, liderado por el diputado Óscar Nájera, es una farsa, porque los pueblos indígenas no estamos avalando ningún proyecto de ley que nazca de este Congreso espurio y que tenga las intenciones de flexibilizar la entrada de proyectos extractivos y de saqueo en los territorios de los pueblos indígenas”, manifestó Zúniga durante la movilización en las afueras del Congreso donde recalcó que “esta ley es un insulto y es escupir a la memoria de Berta Cáceres” expresó Berta Zúniga Cáceres, Coordinadora del COPINH.
Movilizaciones contra la Ley Nájera, ver imágenes y videos: https://copinh.org/2020/01/movilizacion-no-a-la-ley-najera/
En el marco de un foro en el cual participaron representantes de organizaciones que aglutinan diversas comunidades, estuvo presente Berta Zúniga Cáceres, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), Félix Valentín, por la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), miembros del observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, junto a la abogada Naama Ávila y Rony Castillo. Allí explicaron que no están de acuerdo con la creación de leyes que obstaculicen las decisiones de los pueblos, ya que desde el 2015 se habían creado tres propuestas que hasta la actualidad ninguna toma en consideración la opinión de las comunidades.
Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, también manifestaron que “la consulta es un mecanismo que nace desde los pueblos, no se impone a ellos. Por eso tienen características propias en cada población, respetando así la autodeterminación de cada uno. Esta propuesta no solo no valora los mecanismos históricos propios, sino que no fue siquiera avalada por las poblaciones a las que pretende imponerse”.
Nota: https://www.ocmal.org/los-pueblos-originarios-de-honduras-rechazan-la-ley-najera/
Las comunidades indígenas y afrodescendientes hondureñas coincidieron en denunciar que, dadas las condiciones de violencia, asesinatos, criminalización, persecución, altos de niveles de pobreza, desplazamiento forzoso y de despojo sistemático que experimentan “no es posible aprobar una Ley de Consulta sin la debida consulta y sin antes generar las reformas estructurales para cambiar y disminuir las desigualdades sociales y raciales imperantes en el país. Esto último debería de ser la primera preocupación de los honorables Diputados del Congreso Nacional y de la sociedad hondureña en general” concluyeron.