ALIAS ‘COCA’ (CAPTURADO EN LA CEIBA EL 8 DE FEBRERO DEL 2017).
La data telefónica sugiere que estuvo en La Esperanza/Intibucá junto a Henrry Hernández, Edilson Duarte, y Elvin Rápalo el día del asesinato. Declaraciones de otros imputados confirman su participación.
ELVIN HERIBERTO RÁPALO ORELLANA
ALIAS ‘CHELITO’, ‘COMANCHE’ (CAPTURADO EN ZACAPA, SANTA BÁRBARA, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016)
Laboraba en la construcción y es el supuesto coautor del asesinato además fue el que disparo contra el mexicano Gustavo Castro. Según testigos ha confesado haber cometido varios asesinatos en el área de San Pedro Zacapa y La Ceiba. La data telefónica sugiere que estuvo presente en La Esperanza, Intibucá el día del asesinato junto a con Henrry Hernández, Edilson Duarte, y Óscar Torres.
EDILSON ATILIO DUARTE MEZA
ALIAS ‘CHAPARRO’ (ARRESTADO EN LA CEIBA, EL 2 DE MAYO DEL 2016).
Su data telefónica del 2 de marzo confirma que se reunió con Elvin Rápalo, Óscar Torres y Henrry Hernández para trasladarse de la ciudad de La Ceiba hacia la ciudad de La Esperanza, su teléfono celular se ubicó en la zona de la casa de Berta Cáceres en la hora del asesinato y luego regresó rumbo al norte del país. Es uno de los principales sicarios y autores materiales que dieron muerte a Berta el 2 de marzo del 2016.
Cáceres, a winner of the Goldman prize for environmental defenders, was shot dead late at night on 2 March 2016 – two days before her 45th birthday – after a long battle to stop construction of an internationally financed hydroelectric dam on the Gualcarque River.
On Monday, more than a year after the guilty verdict, the four paid hitmen – Elvin Rapalo, Edilson Duarte Meza, Óscar Torres, and Henry Javier Hernández – were each given 34 years for the murder. They were also sentenced to 16 years and four months for the attempted murder of Gustavo Castro, a Mexican environmentalist who was shot in the same attack but survived by playing dead.
Sergio Ramón Rodríguez, the communities and environment manager for Desa, and Douglas Geovanny Bustillo, a former Desa security chief and ex-US trained army lieutenant, were given 30 years and six months for their participation in the murder.
Mariano Díaz Chávez, a US-trained special forces major who served with Bustillo, was found guilty by omission and given 30 years. In last year’s five-week trial, wiretap conversations suggested that Díaz participated in reconnaissance missions with Bustillo, and in February 2015 provided logistical support and a gun for a plot to kill Cáceres. That attempt was aborted at the last minute because she was at home with her daughters.
At the time, Díaz – an army major on active service and in line for promotion to lieutenant colonel – was under investigation for drug trafficking and kidnapping.
Monday’s sentences were welcomed by Cáceres’s family and supporters as an important step, but outside court they reiterated demands that justice be delivered against the masterminds and financiers of the plot.
“From the outset, the path to justice has been painful, as our rights as victims have not been respected. These sentences are a start in breaking the impunity, but we’re going to make every effort to ensure that all those responsible – the company executives and state officials identified in the trial – are prosecuted,” said Bertita Zúñiga, Cáceres’ second-eldest daughter.
In an October 2018 photo, men accused in the murder of Berta Cáceres sit in the courtroom in Tegucigalpa, Honduras. Photograph: Fernando Antonio/AP
Cáceres, the coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh), was best known for defending indigenous territory and natural resources, but she was also a respected political analyst, women’s rights defender and anti-capitalist campaigner.
David Roberto Castillo, a US-trained former military intelligence officer and Desa’s president, has been indicted as an “intellectual author” of her murder. Castillo was arrested on the second anniversary of the murder and is alleged to have coordinated with, and provided funds to, the killers.
This year, Cáceres’ children applied to a US federal court to subpoena bank records linked to a $1.4m luxury house in Texas purchased by Castillo eight months after the killing, arguing the documents could help identify yet unknown individuals involved in the crime.
Castillo has also been indicted on multiple corruption charges linked to the Agua Zarca dam concession, which was awarded without proper consultation or environmental assessment. He denies any wrongdoing and insists that he and Cáceres were friends. Construction of the 21-megawatt dam stopped after the murder, but the licence has not been revoked.
The Agua Zarca dam was among scores of environmentally destructive mega-projects sanctioned after the 2009 coup, which ushered in a pro-business government that unleashed a wave of repression against communities who opposed the plans.
Cáceres’s murder triggered widespread condemnation but failed to stop the bloodshed: at least 24 environmental and land defenders have been murdered since March 2015, and Honduras remains one of the most dangerous countries in the world outside an official warzone. Meanwhile, the National party remains in power despite mounting allegations of election fraud, illegal campaign financing and links to drug trafficking.
Pie de foto,Cáceres fue atacada el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza un día antes de cumplir 45 años.
A dos meses del asesinato de la prominente activista ambiental Berta Cáceres, las autoridades de Honduras anunciaron este lunes la detención de cuatro supuestos implicados en su muerte.
El asesinato de Cáceres, premiada un año atrás con el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente, generó repudio en su país y en el extranjero.
Cáceres fue atacada por dos hombres armados el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza un día antes de cumplir 45 años.
Los sospechosos fueron detenidos tras allanamientos simultáneos que se realizaron en la capital Tegucigalpa y en las ciudades de La Ceiba, Trujillo y Colón.
Fueron identificados como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, informó el Ministerio Público hondureño.
«En las operaciones se ha capturado a cuatro de los presuntos asesinos de Berta Cáceres en allanamientos en varias ciudades del país», aseguró el portavoz del Ministerio Público, Jury Mora.
Fueron detenidos bajo cargos de asesinato contra Cáceres y tentativa de asesinato contra su colega mexicano Gustavo Castro, herido en el ataque y único testigo del crimen.
El vocero de las Fuerzas Armadas, Lenín González, señaló que dos de los presuntos responsables son militares, uno activo y el otro retirado.
Activista premiada
Cáceres, líder de la etnia lenca, contaba con medidas cautelares de protección establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que denunciara haber recibido amenazas de muerte.
Pie de foto,Miles de personas acudieron al funeral de Cáceres.
Su campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió el año pasado el premio Medioambiental Goldman.
La activista, coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca.
La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
Pedido de la ONU
Semanas atrás el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, le pidió al gobierno de Honduras que ordene una investigación independiente del asesinato de Cáceres.
Familiares de la activista y organizaciones civiles hicieron la misma demanda y enviaron una carta abierta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denunciaron señales de corrupción en la pesquisa.
Pie de foto,Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015.
Dos semanas después del asesinato de Cáceres otro miembro del Copinh, Nelson García, murió asesinado.
Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según la ONG con sede en Londres y Washington Global Witness, que investiga abusos contra los derechos humanos.
Según esta organización, Honduras es «el país más mortal del mundo» para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.
Es especialmente peligroso para los indígenas. De los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas.
La Justicia de Honduras encarcela a cuatro sospechosos del asesinato entre los que hay un mayor del Ejército hondureño y un ejecutivo de la empresa a la que se enfrentó la activista.
TEGUCIGALPA.- Los presuntos autores del asesinato de la dirigente indígena y ecologista hondureña Berta Cáceres recibieron como pago 500.000 lempiras (cerca de 22.000 dólares), según la confesión de uno de ellos registrada en un informe difundido este lunes por la prensa local.
El informe difundido por el diario El Heraldo señala que una fuente anónima reveló que uno de los militares detenidos como sospechoso «confesó haber participado en el crimen» y que recibió cerca de 22.000 dólares por planificar el asesinato.
El sospechoso, cuya identidad no se revela, explicó la forma en la que se distribuyó el dinero y, según la publicación, cada sicario que participó recibió una paga de 50.000 lempiras (2.200 dólares).
Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía.
La Justicia de Honduras impuso el domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados detenidos hasta ahora por el asesinato de la dirigente indígena.
Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, directivo de la empresa Agua Zarca, que promueve un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.
Los cuatro sospechosos fueron detenidos el pasado lunes en registros simultáneos ejecutados en Tegucigalpa y la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la «Operación Jaguar».
Un quinto implicado en el crimen, identificado como Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, fue detenido el mismo lunes pero se le había dejado en libertad en La Ceiba.
Sin embargo, el viernes el Ministerio Público hizo un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que Cáceres fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez esta semana.
El informe del mismo rotativo hondureño señala que existe un vídeo sobre el asesinato de Cáceres, que además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El vídeo fue obtenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para su análisis y muestra «a cuatro individuos ingresando a la casa de la fallecida (Berta Cáceres) en la madrugada del día de su muerte», añade la publicación.
No obstante, el vídeo «no aportaba imágenes claras», por lo que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EEUU, que colaboran en el caso, «procesaron el material para limpiarlo y así visualizarlo».
Cáceres denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.
