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«#JusticiaParaBerta. Si el Tribunal accede o no a la declaración de Daniel Atala (foto) en este momento es irrelevante, pues ya es un gran logro político, jurídico y social que Daniel A. invoque que no puede ‘declarar contra sí mismo’ y que el @MP_Honduras reconozca que es investigado», escribió ayer tarde el exdirector de C-Libre e integrante del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora.

Aunque el Ministerio Público admitió ayer que se investiga a Daniel Atala, el abogado Tábora, reprocha que esa institución, por ley la acusadora en Honduras, desde hace tres años tiene las pruebas que demostrarían el asesinato de Berta Cáceres y no ha presentado acusaciones formales.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El empresario Daniel Atala Midence entró apresurado ayer a las 5:00 de la tarde a la Corte Suprema de la capital hondureña. Llegó tarde a la justicia, estaba citado tres horas antes para actuar como testigo y explicar la relación con su exempleado y gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), actualmente juzgado por la presunta participación en el asesinato de la reconocida lideresa indígena, Berta Cáceres.

La noche del 2 de marzo de 2016, en la Esperanza, Intibucá, un grupo de sicarios entró en la casa de habitación de Berta y le segó la vida, apenas diez meses después que le fue otorgado el «Nobel Verde» como se llama al prestigioso “Premio Ambiental Goldman” por su contribución a la lucha persistente en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas de Honduras. Ese crimen ha sido condenado en el mundo y en el Congreso de EEUU está en creación “La Ley Berta Cáceres para Derechos Humanos”.

Entre varios citados a la audiencia de ayer en el Tribunal Nacional de Sentencia, se esperaba la declaración de Daniel Atala Midence, quien al momento del crimen contra Berta era el gerente financiero de DESA. Sin embargo, tomó la decisión de no asistir y se conectó a la sala vía programa “Zoom” (video-chat), así estuvo un par de horas, pero al enterarse la jueza que se encontraba en Tegucigalpa y sin impedimento para declarar de manera presencial, el Tribunal ordenó que se movilizara a la Corte para emitir su testimonio. Y así lo hizo, llegó a las 5:00 de la tarde.

Atala Midence solicitó al Tribunal de Sentencia no testificar porque expuso que él es un investigado por el asesinato de Berta Cáceres y amparado en la Constitución de la República, tenía el derecho a «no declarar contra sí mismo».

Ante esta solicitud, el Tribunal dijo que no tenían conocimiento de alguna investigación que se hubiese instruido en su contra. No obstante, provocó sorpresa en los abogados acusadores que hasta anoche el Ministerio Público diera a conocer que Daniel está siendo investigado, ya que a su criterio esperaron a que se presentara a la Corte para anunciar que “está siendo investigado”, por lo que apoyaron y defendieron la solicitud de que no diera declaraciones ya que podía perjudicarlo.

NOTA DE INTERÉS: ABOGADO DE LOS ATALA CREE QUE DAVID CASTILLO ES INOCENTE

A pesar de las reposiciones interpuestas por las acusaciones privadas para que Atala declarase, el Tribunal despachó a Daniel sin tomar su declaración. Eso ocurrió, según Edy Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, “a pesar de que la acusación privada ha presentado dos solicitudes de acusación penal con la información detallada contra Daniel Atala, el Ministerio Público hondureño no le ha llamado a ser interrogado”.

“Ahora, en su calidad de testigo, ha sido citado por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral y público instruido contra David Castillo para declarar sobre las actuaciones de este último. Fue la primera vez que la justicia hondureña llamó a un miembro de la familia Atala para hablar sobre el crimen contra Berta”, amplió.

David Castillo es ingeniero electricista, casado, hondureño, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, fue Subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, también fue Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Además, según un informe del Tribunal Superior de Cuentas, Castillo laboró en las Fuerzas Armadas de Honduras, fue presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA, nombrado en ese cargo el 7 de noviembre de 2011, ha sido presidente de las empresas Potencia Y Energía de Mesoamerica S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá. PEMSA es uno de los dos principales accionistas de DESA.

DESA “CUNA DE ORO”

La aprobación del contrato hidroeléctrico suscrito entre ENEE y DESA la hizo el Congreso Nacional presidido entonces por el ahora gobernante Juan Hernández, y se convirtió en ley en medio de las fiestas navideñas, en La Gaceta del 31 de diciembre de 2010, no obstante, el trámite oficial empezó días antes que saliera el dictador Micheletti.

El contrato de la construcción y la licencia ambiental para el proyecto de Agua Zarca (contra el que ha luchado el pueblo Lenca liderado por Berta Cáceres) fue concedido a DESA durante la dictadura de Roberto Micheletti, siendo secretario de Recursos Naturales, Valerio Gutiérrez.- Entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobaron unos 24 proyectos hidroeléctricos con inversión de más de mil millones de dólares. Agua Zarca es parte de ese plan.

Varios apoderados legales que ha tenido DESA trabajaron para el influyente bufete legal internacional Consortium, entre ellos, Carolina Castillo Argueta; esta hondureña fue presidenta de la Asociación de Productores de Energía Renovable (AHPPER), confesa por su propia presidenta Elsia Paz, en 2010, de haber pagado campañas de diputados a cambio de concesión de ríos y cuencas hidrográficas.