Autor: COPINH

Gualcarque: la evidencia de la colusión entre la empresa privada y los poderes del Estado

Autores del documento: Francisco Saravia, Daniel Santos y Leonel Santos

El presente escrito, sistematiza el caso “Fraude Sobre el Gualcarque” (FSG), documentado y judicializado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la Corrupción (UFECIC). Este caso fue presentado ante el sistema de justicia el 4 de marzo del 2019.  El objetivo de esta sistematización es presentar un rápido análisis, con base en el requerimiento fiscal, otros documentos e informantes clave, sobre cómo han funcionado y operado las redes de corrupción en la concesión del Río Gualcarque. La sistematización documenta las formas, mecanismos e instrumentos que utilizaron las redes de corrupción para favorecer a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), entre el año 2010 y el 2019. En vista de que el caso aún no llega a su etapa final, esta sistematización tiene un horizonte de tiempo del 4 de marzo del 2019, hasta diciembre de 2020.

Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), aspiramos a que este documento contribuya a entender la relación entre las concesiones de los recursos naturales, la corrupción e infracción de los derechos humanos.

1. Contexto: Berta Cáceres y la lucha por la defensa del patrimonio ambiental

En marzo del 2016, la nación hondureña se conmocionó con el asesinato de la lideresa indígena lenca y ambientalista, Berta Cáceres. La causa: su decidida lucha por la defensa del patrimonio ambiental de la comunidad lenca y, específicamente, contra el Proyecto Agua Zarca, que pretendía explotar el Río Gualcarque.

Así como Berta Cáceres y la comunidad Lenca incontables líderes y comunidades luchan contra una abierta política extractivista, promovida desde las esferas gubernamentales y las cúpulas empresariales del país, en el marco de un Estado claramente neoliberal que concibe la concesión de los recursos ambientales, como el horizonte ideal de su afán privatizador.

La opacidad con la que se impulsa esta política extractivista, especificamente en la generación de energía eléctrica, ha hecho que la oposición comunitaria sea creciente. Esta política se sustenta, entre varios factores, en los siguientes: la aprobación, en pleno contexto del golpe de Estado del 2009, de la Ley General de Aguas[1] que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. En base a esta ley, un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. Finalmente, en abril del 2010, durante el gobierno de Porfirio Lobo, el Ministerio de Recursos Naturales procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, cuyos contratos con la ENEE, fueron aprobados por el Congreso Nacional en octubre de ese mismo año. Para diversos sectores, esta adjudicación favoreció a los mismos grupos económicos, los que controlan casi la totalidad de la generación térmica en el país^[2].

El caso investigado por la MACCIH-UFECIC, que hoy analizamos, confirma la validez de esa desconfianza ciudadana: “Fraude sobre el Gualcarque”, se le llamó al caso de corrupción que se presentó en marzo del 2019 y que muestra una fuerte evidencia probatoria sobre cómo funcionarios gubernamentales y representantes empresariales se coludieron para que la empresa DESA, resultara beneficiada con la concesión del Proyecto Agua Zarca, pese a la falta de méritos de la empresa, las advertencias desde diversos informes técnicos y las flagrantes violaciones a la legalidad en su aprobación.

La impunidad con la que actuaron estos funcionarios y lo incuestionable de las violaciones a la legalidad son altamente preocupantes, y crean la duda de si este fenómeno está generalizado dentro de la ENEE. Por este motivo, cuando la representante de MACCIH, Ana María Calderón, presentó este caso, sugirió revisar “los contratos que aún estén vigentes y la normativa que los regula”, ya que “es posible que todos los contratos atados a fuentes renovables, se encuentren bajo la misma modalidad, con lo cual “podría producirse un desbalance del mercado que podría llevar a la quiebra a la ENEE”^[3].

Según el director de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO^[4]), Luis Javier Santos, el modus operandi en el proceso de adquisición de licencias, permisos y contratos otorgados a DESA, es igual o similar a más de 40 concesiones hidroeléctricas que fueron aprobadas en el periodo 2010 al 2014^[5].

Como lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres fue el rostro visible de la lucha por la defensa del territorio y la vida, en contra de los proyectos hidroeléctricos que irrespetan la autodeterminación del pueblo Lenca. Cáceres tenía claro que estos proyectos pretendían arrebatarles el control de sus territorios y eso significaría una mayor precarización de sus derechos. Eso la impulsó a presentar más de 40 denuncias “ante el Ministerio Publico sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en diferentes concesiones de recursos hídricos, que afectarían a la comunidad lenca”^[6].

En 2015, la lucha de Berta Cáceres fue reconocida internacionalmente al otorgársele el premio ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica.  Ese reconocimiento no hizo desistir a quienes planificaron su asesinato, el que se materializó en marzo de 2016.

Sin embargo, la lucha de Berta en defensa de los recursos de la naturaleza no fue en vano: más de 40 denuncias que presentó ante el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades cometidas en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad Lenca, fueron el cimiento para que la UFECIC- MACCIH iniciara una investigación penal integrada, enfocada en el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Esta investigación contó, además, con el apoyo de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y de la Fiscalía Especial de Protección del Medio Ambiente^[7].

Para seguir leyendo el documento: de click AQUÍ

[1] http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC092441/

^[2] https://copinh.org/2010/11/movimientos-sociales-se-movilizan-ante-privatizacion-de-los-recursos-naturales/

^[3]  OEA-MACCIH, comunicado del 4 de marzo 2019. Referencia: MCH-004/19.

^[4] La UFERCO se creó en 2020 para sustituir a la UFECIC-MP, luego que no se ratificara el acuerdo de la MACCIH. Actualmente la UFERCO es la encargada de continuar con el trabajo que inicio la UFECIC-MP

^[5] Luis Javier Santos, entrevista, 13 de enero 2021.

^[6] OEA/MACCIH, “MACCIH-OEA y UFECIC-MP presentan noveno caso de investigación penal integrada: “Fraude sobre el Gualcarque”, 2.

^[7] https://www.observatoriohonduras.org/sitio/project/caso-penal-ocho-fraude-sobre-el-gualcarque-o-caso-agua-zarca/

Por Pasos de animal grande

Laura Zuniga, hija de la ambientalista Berta Cáceres y Coordinadora del COPINH,  describe como indignación y rabia el sentimiento que percibe la población lenca al encontrar edificios del pueblo cerrados y cercados con policías, son instituciones del  sistema judicial alejado de las exigencias de una población que ha sido violentada.

Este 17 de mayo de 2021,   el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras , COPINH, convocó a una movilización en la ciudad de Tegucigalpa para exigir la cancelación de los proyectos que se impusieron de forma inconsulta en las comunidades. La  protesta pacífica llegó a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, donde un pelotón  de antimotines custodiaba el edificio.

Zuniga, expresó que  “vemos y sentimos que es una justicia alejada de la población, cerrada y cercada para resolver las problemáticas de las comunidades, no están dispuestos a escuchar las exigencias legítimas de respeto del pueblo lenca que ha sufrido  asesinatos, violencia, persecución y criminalización”.

La Coordinadora del COPINH detalló que diferentes comunidades del pueblo lenca sabiamente habían administrado los bienes y recursos, por eso denuncian el mecanismo de concesiones que origina los conflictos, desde un proceso de corrupción entre funcionarios e instituciones que se saltan sus propias leyes para imponer los proyectos inconsultos,  con una lógica de saquear y enriquecer aún más a los empresarios.

Según la lideresa indígena esto pasa en muchos casos en el país y la respuesta histórica del Estado ante la exigencia de Justicia es la represión, debido a que “el sistema judicial está alejado de la realidad de la población mientras es resguardada por los represores y asesinos del pueblo, edificios que son construidos con los impuestos de la sociedad, pero que no responden a las necesidades de las mismas”.

Agregó que son las víctimas de los procesos las que sufren las consecuencias mientras  el sistema  de justicia solo sirve para criminalizar a los defensores del agua y la vida como los de Guapinol, “ no puedan procesar a los empresarios como la familia Átala Zablah, por el asesinato de mi mami”, expresó Laura Zuniga.

Miembros indígenas de la comunidad lenca han permanecido en la ciudad de Tegucigalpa durante el juicio oral y público de Roberto David Castillo , que inició el 06 de abril, acusado de participar en el  asesinato contra la lideresa Berta Cáceres. A las audiencia solo  puede ingresar Laura Zúniga, lo cual se logró  después de un arduo proceso legal y presión pública.

La entrevistada dijo  que la situación en las comunidades ha cambiado y es doloroso recorrer esos senderos sin sus compañeros y compañeras asesinadas, pero les da fortaleza reencontrase al río fluyendo, ver los niños y niñas jugando, la gente sembrando en las orillas a pesar de la violencia y destrucción, porque hay una dignidad y energía para cuidar y proteger ese pedacito de territorio, esperando que así sigan todos los ríos por los que están luchando.

El COPINH exige al Estado que se revierta todo el proceso de concesiones inconsultas y que cancele la del proyecto de Agua Zarca, manejado por Desarrollos Energéticos, S.A, DESA. Las concesiones según explicó deben ser la construcción un modelo económico y político que respete los derechos de las comunidades y la naturaleza.

Reiteró que es necesario  se libren las órdenes de captura contra los asesinos intelectuales de Berta Cáceres y se condene a David Castillo.

Este es el comunicado difundido por el COPINH:

Por Roxana Vásquez

Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON). – En las últimas semanas se ha colocado nuevamente en la palestra pública las acciones que realiza el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), esto en el marco del desarrollo del juicio contra David Castillo acusado por la coautoría en el crimen de Berta Cáceres. 

Berta Cáceres fue asesinada el pasado 2 de marzo de 2016, como resultado de un plan fraguado por una red criminal que estaría compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad, así lo señaló el informe “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres” del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE): https://gaipe.net/wp-content/uploads/2017/10/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf.

Conversamos sobre el tema con Berta Zúniga Cáceres, actual coordinadora e hija de la lideresa y defensora, quien expuso la apuesta organizativa del COPINH, el entramado racista que opera en Honduras, las repercusiones e importancia de la lucha de los pueblos indígenas en Honduras. 

CONEXIHON: ¿Cuáles fueron los antecedentes más importantes para que DESA, la empresa propiedad de la familia Atala Zablah, decidiera instalar el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en la comunidad de Río Blanco?

BERTA ZUNIGA CÁCERES:: “Con respecto a los antecedentes para que la empresa decidiera instalar este proyecto, yo plantearía que como David Castillo era funcionario de la ENEE, pues él tenía conocimiento desde esa institución de la factibilidad del desarrollo del proyecto; y de todos los estudios que la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), había impulsado para conocer la viabilidad de este. Entonces, como la familia Atala tiene un capital económico y político relevante, esto le permitió contratar al señor David Castillo para que se encargara de desarrollar el proyecto junto con Daniel Atala, en su condición de gerente financiero. Pues lógicamente también está el tema del río al ser un caudal importante. Además, existe el tema del desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que se ha instalado en la mentalidad de estos empresarios. El hecho de manejar -estos empresarios- el tema territorial, como si ahí no viviese nadie o como si no se le debiera consultar a nadie”. Seguidamente agregó que “Eso junto con las reformas legislativas han permitido el impulso de los proyectos hidroeléctricos, las facilidades otorgadas a las empresas, y el tema de la falta de control con respecto a los permisos requeridos. O si bien existen los permisos, pues el incumplimiento de ellos. Las concesiones que fueron dadas por el Congreso Nacional entre el año 2009 y 2010. Bueno, previamente a este hecho, los estudios que se habían realizado previamente también se materializaron en las concesiones a los ríos”.

C: La apuesta del COPINH para la defensa del territorio

BZC: “la importancia de la apuesta organizativa del COPINH frente a estos proyectos es que por un lado se ha reivindicado de manera permanente la necesidad de que los pueblos indígenas sean consultados respecto a cualquier proyecto que sea implementado en los territorios o en general. Esto implica hablar y plantear el tema de los derechos de las comunidades indígenas. Además, (esta apuesta permite) evidenciar que existen cúpulas económicas que se benefician de la explotación, a pesar de ser grupos muy reducidos, causan daños y perjuicios a poblaciones significativas, pues se enriquecen y se lucran. Existen pactos de corrupción y muchos tratos que se realizan entre los grupos oligárquicos y los funcionarios del Estado. Además, también cuestionar el modelo económico extractivista que no es sustentable según la visión y la cosmovisión de los pueblos indígenas (ni compatible) con las necesidades de los pueblos. Ni tampoco con la naturaleza. Entonces, esta es parte de la apuesta política que también es un movimiento, por decirlo de alguna manera, nacional, que viene siendo abordado por varias organizaciones que cuestionan la manera bajo las cuales se dan estos concesionamientos a las empresas y las afectaciones que traen, incluyendo la violencia, el despojo, la criminalización y la judicialización”.

C: La lucha contra las élites de Honduras y la importancia de la solidaridad de los pueblos

BZC: “Enfrentarse a estas élites económicas o políticas no es una tarea fácil para el COPINH. Ha significado la muerte de varios compañeros y compañeras tanto asesinados como personas que ofrendaron su vida de alguna u otra manera en esta lucha. Y, lastimosamente en el COPINH tuvimos que vivir un crimen de alto impacto para que hubiese algún tipo de atención sobre este proceso y bueno, sobre todo la fuerte lucha comunitaria que impidió y que impide al día de hoy la materialización de ese proyecto hidroeléctrico. Entonces, enfrentarse a estas élites económicas significa enfrentarse a todo un sistema militar-político represivo que opera tratando de imponer estos proyectos, y que expresan toda su capacidad. Por ejemplo, en el juicio ha salido el tema del tráfico de las influencias, la instrumentalización de las fuerzas de seguridad del Estado, la corrupción a jueces y personal de justicia del país; entre otras expresiones del odio a las luchas de las comunidades. Esto significa desafiar histórica impunidad y sus beneficios económicos. Sin duda, la verdad, frente a estos grandes poderes económicos y políticos la solidaridad de todos los pueblos ha sido fundamental para llegar hasta el punto en que hemos llegado. Que  no es nada de lo que nosotros anhelábamos, pero que también está marcando un precedente contra la impunidad en los crímenes a las organizaciones sociales, a las comunidades indígenas y los crímenes en general en el país”.

C: La visión de Berta Cáceres y el COPINH frente a la restricción de Derechos y Libertades
BZC: “Con respecto a la visión del país y cuál es la apuesta del COPINH frente a la restricción severa a los derechos y libertades que experimenta el pueblo de Honduras. Se podría decir que mi mami tenía muchas apuestas para el COPINH. Tal vez un proceso que puede sintetizar mucho esa apuesta tiene que ver con el proyecto refundacional de Honduras en el cual muchas comunidades discutieron sobre como desarrollar un proceso participativo y popular en el cual se construyera, entre otras cosas, una Asamblea Nacional Constituyente para generar una Constitución del país. (Para así) recoger los derechos de todas las poblaciones y que incluyera una visión más democrática, transparente, hacia las comunidades indígenas, hacia las mujeres, y también hacia las diversidades sexuales; contra la militarización del país y para una repartición equitativa de las tierras y un manejo diferente de los territorios. También está apuesta incluye el cumplimiento de los derechos como la educación, la salud, el bienestar social, entre otras cosas. Entonces, yo pienso que es un proceso que sintetiza mucho su pensamiento”. 

Añadió que la lucha del COPINH no es exclusiva a la defensa de los derechos del pueblo lenca, sino que abarca una multiplicidad de luchas y espacios organizativos. 

“El COPINH en realidad ha luchado mucho por el tema de los derechos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo Lenca. Sin embargo, creo que en su enfoque reside la idea de no solamente luchar por lo que respecta al pueblo lenca. Si no también participar de los procesos sociales más amplios, más abarcadores que generen una transformación del país hacia un hacia la democracia, la participación, y la justicia. A pesar de todos los esfuerzos y dificultades, el COPINH sigue participando de esos espacios en un momento nada fácil para los movimientos sociales en Honduras. Y, con esta lucha territorial en la que se visibiliza el tema del concesionanamiento hacia los grupos económicos, de la corrupción, de la impunidad, pues también se pretende contribuir a un país un tanto diferente”.

C: El racismo en Honduras y sus efectos sobre los pueblos indígenas

Finalmente, la defensora de derechos humanos explicó que el racismo tiene varias formas de manifestarse, ya que es un tema complejo, y que representa una lucha difícil y compleja de larga duración.

BZC: “El racismo opera de muchas maneras. Una de las expresiones más claras es la reiterada violación a los derechos de las comunidades que no son consideradas sujetos de derechos y que al final son el origen de todos estos conflictos territoriales de violencia. Por otro lado,  en este juicio se han expuesto las comunicaciones de Daniel Atala, en donde se expresa que esas cúpulas económicas tienen un profundo desprecio, odio y saña contra las comunidades indígenas que hacen defensa de su territorio. Y, el tema del origen de los pueblos, de haber sido pueblos históricamente marginados; piensan ellos [las cúpulas] que les da el derecho de violentar su derecho a decidir, a violentar su hábitat”. 

Concluyó puntualizando que “Es prácticamente irrespetar integralmente los derechos de estos pueblos. Esta es la lucha que estamos haciendo para que haya otros horizontes. Sin embargo, va a ser una lucha bastante dura, difícil y que no solo es una lucha política, sino que es una lucha también, pues cultural, de cosmovisiones. Es un proceso muy profundo, verdad, en este sistema de opresión y hay que ver como se trabaja este tema”.