Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño presidente de DESA, funcionario público, militar de inteligencia y coautor procesado por el asesinato de Berta Cáceres. El perfil de Castillo evidencia lo que Berta Cáceres y el COPINH han denunciado en múltiples ocasiones; la connivencia entre militares, políticos, empresa privada, crimen organizado y banca internacional para el supuesto “desarrollo” en Honduras, la realidad, para el despojo de los bienes comunes de la naturaleza de las comunidades indígenas y la violación de sus derechos fundamentales.
El 2 de marzo de 2018, Roberto David Castillo Mejía fue acusado y detenido por su responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. En los últimos meses la defensa de Castillo y de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizarlo y deslegitimizar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con la narrativa aboslutamente perversa y revictimizante tanto para la familia de Berta Cáceres, como para el COPINH.
Como funcionario público fue imputado por los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones y uso de documentos falsos en el caso de Fraude sobre Gualcarque.
Un poco de historia…..
El 2 de mayo de 2009 días antes el golpe de Estado en Honduras, David Castillo era funcionario de la ENEE, empresa Nacional de Energía eléctrica y crea la sociedad mercantil Empresa de Desarrollos energéticos SA (DESA) y la inscribe a nombre de dos socios fundadores Roberto y Giovanni Abate Ponce, ambos empleados de David Castillo en otra empresa llamada Digicom, de ventas de computadoras y accesorios.
Castillo era funcionario del ENEE y a través de su cargo asistió a reuniones donde autorizaba y aprobaba contratos de producción de energía eléctrica. Es ahí donde a través de su cargo autoriza y aprueba la concesión otorgada al Río Gualcarque. Poco tiempo después Castillo se vuelve asistente de la gerencia de la empresa, donde recibe doble salario por ser funcionario de la ENEE y por su rol en las fuerzas armadas. Así como Carolina Castillo representante legal de DESA.
Mediante acciones de protesta, denuncia y control territorial indígena Berta Cáceres y la comunidad Lenca de Río Blanco lograron suspender el financiamiento de la empresa hidroeléctrica DESA y obligaron a que suspendiera la operación lo que significó un pérdida de dinero. Esto fue un fuerte golpe a los proyectos inconsultos de generación de energía. A los intereses militares y económicos detrás de ellos.
David Castillo era empleado de Jacobo Atala y José Eduardo Atala quien cumplió el rol entre quienes pagaron y ordenaron el crimen de Berta Cáceres y quienes la mataron.
Castillo ejecutó labores de inteligencia militar buscando vincularse de manera estrecha con Berta Cáceres y usó informantes pagados con el fin de monitorear e informar a un grupo de Whatsapp de seguridad de la empresa. En este grupo también participaba la familia Atala y se daban a conocer los movimientos de Berta y el COPINH con el objetivo de continuar con la imposición de la hidroeléctrica.
La información recopilada por las acciones directas de inteligencia dirigidas por Castillo, demostró que el proyecto hidroeléctrico podía ser detenido por Berta Cáceres y el COPINH. A finales del 2015 organizó y planificó el asesinato contra Berta con la autorización de sus jefes, la familia Atala Zablah y altos mandos del Estado de Honduras.
Cabe destacar en su perfil su carrera militar, ya que es graduado de la Escuela Militar de Estados Unidos West Point y su rol como subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Berta denunció en muchas ocasiones la presencia del aparato represivo del Estado militar, sicarios y paramilitares y los cuerpos de inteligencia militar.
«Todo el aparato del Estado que ha construido estructuras militares represivas que tienen mucho financiamiento, incluso con financiamiento del Banco Interamericano de desarrollo bajo el plan de seguridad regional para Centroamérica se está llevando a cabo aquí en Honduras como un laboratorio más y eso es muy preocupante para nosotros como luchadores y luchadoras ya que se va a profundizar la represión, la criminalización el hostigamiento. El hecho de que hoy es un crimen defender los derechos humanos, es un crimen defender los derechos de los pueblos indígenas y en estas estructuras el Congreso sobretodo, los sectores oligárquicos han aprobado por ejemplo la policía militar que es una estructura paramilitar y legal. Como también esas fuerzas especiales contrainsurgentes Tigres y Satrush y todo está dirigido hacia el movimiento que hacemos lucha territorial y que enfrentamos fuertemente todos los proyectos de privatización de los bienes de la naturaleza. No es casual que haya listas que circulan donde luchadores y luchadoras estamos ahí y amenazados con ser asesinados» explicaba Berta Cáceres.