Según informe independiente, se tienen pruebas ‘concluyentes’ respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en el asesinato.
Por AFP
Agentes estatales y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres por oponerse a una hidroeléctrica en territorio indígena, denunciaron este martes cinco expertos que investigaron el crimen.
El asesinato de la ambientalista «respondió, como mínimo, a un plan concebido», establece un informe de 92 páginas dado a conocer en una rueda de prensa por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que fue integrado en noviembre de 2016 por cinco especialistas.
El grupo esta conformado por Dan Saxon (estadounidense de la Universidad de Leiden), Roxanna Altholz (estadounidense de la Universidad de California), Miguel Ángel Urbina (profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y los abogados colombianos Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste), donde además hirieron al activista mexicano Gustavo Castro.
Ocho personas están detenidas acusadas de ser autores materiales del asesinato, pero la dirigencia del Copinh y la familia de Cáceres exigen llegar a los autores intelectuales.
Ante sus reclamos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) conformaron el grupo de expertos.
Pruebas concluyentes
«La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato» de Cáceres y tentativa de asesinato de Castro, estableció el informe denominado ‘Represa de la violencia’.
El reporte también sostiene que el Ministerio Público (fiscalía) «ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato (…) inició en noviembre de 2015″, que coincide con los tiempos en que se dieron movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh, en oposición al proyecto Agua Zarca para construir una represa en el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca.
La presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, rechazó los señalamientos y dijo a AFP que los ejecutivos de ese organismo y de Agua Zarca presentaron pruebas a los miembros del GAIPE de que la empresa DESA «estaba desvinculada de crimen».
También dijo que «se les propuso una mesa de diálogo de paz pero la rechazaron», y que el informe en realidad pretende influir en el resultado de las próximas elecciones del 26 de noviembre.
Pretenden «crear una inestabilidad en el país a 26 días de las elecciones porque una hija» de la ambientalista asesinada, Berta Zúniga, nueva coordinadora del Copinh, «es candidata del partido Libre (Libertad y Refundación, izquierda), coordinado por el expresidente derrocado Manuel Zelaya, aseveró.
Los miembros de GAIPE realizaron cuatro viajes a Honduras para entrevistar a más de treinta personas, así como para estudiar informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultar diez procesos penales por denuncias del Copinh y la prueba contenida en el proceso por el asesinato.
El grupo descubrió que los agentes encargados de la investigación del crimen «no han seguido las normas de debida diligencia e investigado exhaustivamente» a los responsables del crimen y el Ministerio Público niega información a las víctimas.
A pesar de que la «prueba existente es suficiente para procesar por otros delitos a personas del nivel directivo, gerencial, y operativo de DESA, así como a numerosos agentes estatales», aseveró.
El GAIPE estableció que hubo «negligencia deliberada» por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund de Finlandia.
El grupo de expertos consideró que estas instituciones «tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales», en el sentido de que querían construir la represa sin consultar a las comunidades lencas afectadas.