FORO: Redes de poder detrás del asesinato de Berta Cáceres
Categoría: responsables 3
Las redes de corrupción detrás de la concesión de ríos en Honduras.
Gualcarque: la evidencia de la colusión entre la empresa privada y los poderes del Estado
Autores del documento: Francisco Saravia, Daniel Santos y Leonel Santos
El presente escrito, sistematiza el caso “Fraude Sobre el Gualcarque” (FSG), documentado y judicializado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la Corrupción (UFECIC). Este caso fue presentado ante el sistema de justicia el 4 de marzo del 2019. El objetivo de esta sistematización es presentar un rápido análisis, con base en el requerimiento fiscal, otros documentos e informantes clave, sobre cómo han funcionado y operado las redes de corrupción en la concesión del Río Gualcarque. La sistematización documenta las formas, mecanismos e instrumentos que utilizaron las redes de corrupción para favorecer a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), entre el año 2010 y el 2019. En vista de que el caso aún no llega a su etapa final, esta sistematización tiene un horizonte de tiempo del 4 de marzo del 2019, hasta diciembre de 2020.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), aspiramos a que este documento contribuya a entender la relación entre las concesiones de los recursos naturales, la corrupción e infracción de los derechos humanos.
1. Contexto: Berta Cáceres y la lucha por la defensa del patrimonio ambiental
En marzo del 2016, la nación hondureña se conmocionó con el asesinato de la lideresa indígena lenca y ambientalista, Berta Cáceres. La causa: su decidida lucha por la defensa del patrimonio ambiental de la comunidad lenca y, específicamente, contra el Proyecto Agua Zarca, que pretendía explotar el Río Gualcarque.
Así como Berta Cáceres y la comunidad Lenca incontables líderes y comunidades luchan contra una abierta política extractivista, promovida desde las esferas gubernamentales y las cúpulas empresariales del país, en el marco de un Estado claramente neoliberal que concibe la concesión de los recursos ambientales, como el horizonte ideal de su afán privatizador.
La opacidad con la que se impulsa esta política extractivista, especificamente en la generación de energía eléctrica, ha hecho que la oposición comunitaria sea creciente. Esta política se sustenta, entre varios factores, en los siguientes: la aprobación, en pleno contexto del golpe de Estado del 2009, de la Ley General de Aguas[1] que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. En base a esta ley, un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. Finalmente, en abril del 2010, durante el gobierno de Porfirio Lobo, el Ministerio de Recursos Naturales procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, cuyos contratos con la ENEE, fueron aprobados por el Congreso Nacional en octubre de ese mismo año. Para diversos sectores, esta adjudicación favoreció a los mismos grupos económicos, los que controlan casi la totalidad de la generación térmica en el país[2].
El caso investigado por la MACCIH-UFECIC, que hoy analizamos, confirma la validez de esa desconfianza ciudadana: “Fraude sobre el Gualcarque”, se le llamó al caso de corrupción que se presentó en marzo del 2019 y que muestra una fuerte evidencia probatoria sobre cómo funcionarios gubernamentales y representantes empresariales se coludieron para que la empresa DESA, resultara beneficiada con la concesión del Proyecto Agua Zarca, pese a la falta de méritos de la empresa, las advertencias desde diversos informes técnicos y las flagrantes violaciones a la legalidad en su aprobación.
La impunidad con la que actuaron estos funcionarios y lo incuestionable de las violaciones a la legalidad son altamente preocupantes, y crean la duda de si este fenómeno está generalizado dentro de la ENEE. Por este motivo, cuando la representante de MACCIH, Ana María Calderón, presentó este caso, sugirió revisar “los contratos que aún estén vigentes y la normativa que los regula”, ya que “es posible que todos los contratos atados a fuentes renovables, se encuentren bajo la misma modalidad, con lo cual “podría producirse un desbalance del mercado que podría llevar a la quiebra a la ENEE”[3].
Según el director de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO[4]), Luis Javier Santos, el modus operandi en el proceso de adquisición de licencias, permisos y contratos otorgados a DESA, es igual o similar a más de 40 concesiones hidroeléctricas que fueron aprobadas en el periodo 2010 al 2014[5].
Como lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres fue el rostro visible de la lucha por la defensa del territorio y la vida, en contra de los proyectos hidroeléctricos que irrespetan la autodeterminación del pueblo Lenca. Cáceres tenía claro que estos proyectos pretendían arrebatarles el control de sus territorios y eso significaría una mayor precarización de sus derechos. Eso la impulsó a presentar más de 40 denuncias “ante el Ministerio Publico sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en diferentes concesiones de recursos hídricos, que afectarían a la comunidad lenca”[6].
En 2015, la lucha de Berta Cáceres fue reconocida internacionalmente al otorgársele el premio ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica. Ese reconocimiento no hizo desistir a quienes planificaron su asesinato, el que se materializó en marzo de 2016.
Sin embargo, la lucha de Berta en defensa de los recursos de la naturaleza no fue en vano: más de 40 denuncias que presentó ante el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades cometidas en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad Lenca, fueron el cimiento para que la UFECIC- MACCIH iniciara una investigación penal integrada, enfocada en el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Esta investigación contó, además, con el apoyo de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y de la Fiscalía Especial de Protección del Medio Ambiente[7].
Para seguir leyendo el documento: de click AQUÍ
[1] http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC092441/
[2] https://copinh.org/2010/11/movimientos-sociales-se-movilizan-ante-privatizacion-de-los-recursos-naturales/
[3] OEA-MACCIH, comunicado del 4 de marzo 2019. Referencia: MCH-004/19.
[4] La UFERCO se creó en 2020 para sustituir a la UFECIC-MP, luego que no se ratificara el acuerdo de la MACCIH. Actualmente la UFERCO es la encargada de continuar con el trabajo que inicio la UFECIC-MP
[5] Luis Javier Santos, entrevista, 13 de enero 2021.
[6] OEA/MACCIH, “MACCIH-OEA y UFECIC-MP presentan noveno caso de investigación penal integrada: “Fraude sobre el Gualcarque”, 2.
[7] https://www.observatoriohonduras.org/sitio/project/caso-penal-ocho-fraude-sobre-el-gualcarque-o-caso-agua-zarca/
Al interior del complot para asesinar a Berta Cáceres
Los mensajes de texto y Whatsapp muestran que la conspiración contra Berta Cáceres involucró a los más altos rangos de la empresa cuya represa había estado protestando.
Danielle Mackey, Chiara Eisner
December 21 2019, 3:00 p.m.READ IN ENGLISH
YA PASARON MÁS de tres años desde que Berta Cáceres fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44 años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena. Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en los brazos de un amigo.
Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.
El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos, sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad: todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional.
Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de DESA.
Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato. Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados.
Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión.
Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u obligado a declarar.
El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.
Foto: Giles Clarke/Getty Images
Duplicidad Temprana
El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados de alto nivel.
Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.
A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.
El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían que DESA no tenían derecho a estar allí.
La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes. Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle a un miembro del COPINH llamado Tomás García.
Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.
“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.
La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias llamado HCH Televisión Digital.
“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.
Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.
Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador. HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre el segmento transmitido.
Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.
“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento otra vez”, añadió el número desconocido.
Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.
En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló el fallo y desestimó los cargos.
Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en 2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo. Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y ubicación de Cáceres.
Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de construcción de la empresa.
“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza. Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas: “Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.
Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
“Puede ser que en estos momentos ocurra”
En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C. para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”.
DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de 2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.
El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero Daniel Atala Midence.
En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.
Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le dijo que podía contar con su apoyo.
Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto. “No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos ganamos”, le respondió a Cáceres.
Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA, Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo; sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía nacional.
Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los manifestantes, pero no funcionó.
Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes, parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato, fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el dignatario.
No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática. El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo que se discutió.
El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió, “Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA, respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección policial de la represa.
Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.
El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados, Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al grupo.
Documento: Honduras Supreme CourtEl 22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr. Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.
Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.
Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para este momento, la empresa había montado una red de comunicación compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el análisis.
Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images
La estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.
El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el conocimiento y adopción de las decisiones”.
Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.
“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó cómo siempre solo lo mejor”.
“Un grano en el trasero de la doña”
Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.
“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.
“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que es cuándo se acaba la amenaza”.
Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó, según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”, escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo. Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.
Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es peligroso te enyucas”.
El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”, presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación: “Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos hombres para que los tres pudieran “trabajar”. Y aclaró: “Uste ya save deke”.
No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre de la futura víctima.
Documento: Honduras Supreme CourtEl 5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.
Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de la casa de Cáceres.
Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a los autobuses públicos y abandonaron la zona.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.
Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día siguiente.
Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.
El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45 policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.
En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota, creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su nota, y que mensaje debe de dar”.
En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.
Un asesinato plasmado en los mensajes
El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo. El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de la casa de Cáceres.
Documento: Honduras Supreme CourtA las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si? Besos”.
Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.
Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.
Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.
“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.
Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:
“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.
“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.
A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.
Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.
Familiares y amistades colocan flores en la tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2018.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
Un estancamiento burocrático
Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.
El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.
Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un infame comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.
Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.
Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra nosotros”.’
Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes, registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la organización.
Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.
Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz, Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre, el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las sentencias eran el “primer y pequeño paso” hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los congresistas estadounidenses.
En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez, abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David Castillo y Sergio Rodríguez”.
El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo Amsterdam.
Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo: exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o corrompidos”.
Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por “manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido Proceso”.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió: “Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.
Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres
Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE — un equipo internacional que investigó el asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece intacta.
“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.
https://theintercept.com/2019/12/21/al-interior-del-complot-para-asesinar-a-berta-caceres/
Estado de Honduras lleva a votación proyecto de Ley de Consulta que niega “derecho a veto” de los pueblos; con respaldo de la OIT
PorRenata Bessi
El pueblo garífuna de Honduras, reunidos el miércoles (13) en asamblea en la Ciudad de Trujillo, decidió rechazar el proyecto de Ley de la Consulta Libre, Previa e Informada, propuesto por el Estado de Honduras. El objetivo de la ley es reglamentar en el país la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas. “Rechazamos porque exigimos que se respecte la libre determinación de los pueblos”, sostiene Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). El proyecto ya esta en el Congreso Nacional a punto de ser votado.
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El artículo 2 del texto garantiza que ‘la consulta no implica derecho a veto’. “Para sorpresa de los pueblos y organizaciones indígenas, en especial aquellas que hemos cuestionado el proceso de elaboración de ley, nos hemos enterado de forma tardía que el Estado de Honduras, el 28 de febrero del presente año, remitió a la OIT, una versión “revisada” del anteproyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada”, señala Ofrenah en un comunicado.
Entre las recomendaciones presentadas por la OIT, sostiene Ofraneh, que obtuvo acceso al documento con las recomendaciones, están las referentes al segundo artículo de la ley. La OIT sugiere que se incluya: “La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH, respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto”.
Tal orientación de la OIT ha sido manifestada en textos publicados por el órgano e incluso, ha sido objeto de declaraciones públicas de sus altos funcionarios.
Para la Ofraneh, el adendum que solicita la OIT para el art. 2, coloca el destino de los pueblos indígenas en manos de los estados-nación. “Perpetuando de esta forma el colonialismo interno que ha venido amenazando la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas. Así que la OIT se quitó máscara y se puso más del lado de los estados y propietarios que de pueblos indígenas”, dice la organización garífuna en un comunicado.
Otros artículos desconsideran la libre determinación de los pueblos. El artículo 20, por ejemplo, trata de ‘Restricciones al Derecho de Propiedad Colectiva’ y dice: “Excepcionalmente, cuando la medida sea por causa de necesidad o interés público, podrán establecerse restricciones o limitaciones al derecho a la propiedad colectiva de las comunidades de los PIAH susceptibles de afectación directa o a las tierras que tradicionalmente ocupan y a las que han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de sustento, siempre que estas limitaciones sean estrictamente ajustadas a la necesidad de la medida por adoptar y que no impliquen una denegación de su subsistencia e integridad como pueblo o comunidad”.
Además, en el artículo 21 establece que “si los pueblos indígenas no participan en una consulta, entonces el Estado es el último en tomar la decisión, también mediante un decreto ejecutivo van a nombrar una figura que supuestamente es quien va a administrar y controlar todo el proceso de la consulta”.
“No estamos (exigiendo) únicamente el derecho al veto, estamos exigiendo la libre determinación de los pueblos. Que tomemos nuestras decisiones como nosotros la queramos, y que a través de la máxima autoridad de las comunidades, la asamblea, se apruebe o no cualquier decisión. Y no así, como están haciendo, llevando a cinco personas a un hotel en la capital a vivir bien allá para decidir sobre nuestras vidas. Definitivamente, no tiene sentido alguno efectuar consulta si no hay derecho a decidir sobre le territorio”, declaró Miriam, durante la asamblea garífuna que rechazó el proyecto.
¿Quienes están por detrás de la aprobación de la ley?
Como ya documentó Avispa Midia, el Estado de Honduras después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT comenzó, desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
La iniciativa surge por presiones principalmente de los compromisos asumidos por el Estado hondureño en el marco del programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países de desarrollo (Programa ONU-REDD+). La reglamentación de la consulta previa también forma parte de los compromisos del Estado relacionados con la negociación de acuerdos voluntarios de asociación bajo la iniciativa de la Unión Europea para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (AVA-FLEFT). O sea, para a implementación de proyectos conservacionistas en territorio hondureño.
El interés del Programa ONU-REDD+ por Honduras no es un acaso. Aproximadamente 5.4 millones de hectáreas del territorio nacional están cubiertas de bosques. Son 70 ecosistemas vegetales con una biodiversidad forestal que representa el 2.5% de la flora mundial.
Además, en los territorios indígenas es donde se encuentran la mayoría de los 714 proyectos extractivos, generalmente viabilizados por financiamiento de organismos internacionales, que se están pretendiendo ejecutar en el país. Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (Conroa), ya se han otorgado 537 concesiones mineras en Honduras.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se pronunció en junio de 2017 sobre las presiones de los organismos internacionales para aprobación de la Ley.
“Según algunos actores, la adopción de la ley se interpreta como un primer paso necesario para la aplicación del Convenio 169, teniendo en cuenta los años transcurridos desde su ratificación. Otras fuentes señalan que la adopción de la ley respondería a las preocupaciones expresadas por organismos internacionales y países e instituciones donantes, como la Unión Europea o el Banco Mundial, sobre los problemas de derechos humanos vinculados a la realización de proyectos inconsultos con los pueblos indígenas. Según algunas fuentes, la aprobación de una ley de consulta previa ha sido una condición impuesta para el desembolso de fondos por parte del Banco Mundial y la finalización de las negociaciones entre Honduras y la Unión Europea respecto a los acuerdos voluntarios de asociación bajo la iniciativa para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (AVA-FLEGT). Se ha señalado también el interés de aprobar dicha ley para garantizar la seguridad jurídica necesaria para favorecer las inversiones y que cualquier demora en su adopción podría perjudicar importantes acuerdos financieros y comerciales internacionales que el Estado quiere realizar”,
DICE LA RELATORA EN SU INFORME.
Su recomendación: “Se debe evitar una situación en que, por presiones políticas y económicas, se adopte una ley de manera apresurada que no sea coherente con los estándares internacionales y que al ser rechazada por la mayoría de los pueblos indígenas, termine generando mayor desconfianza y conflictos sociales”.
Proceso manipulado
De acuerdo con informe de la relatora, los participantes indígenas no tuvieron un papel protagónico con respecto a la definición de los contenidos y la metodología de los talleres realizados con el apoyo del Pnud, los espacios y tiempos para los mismos, ni sobre la modalidad de la votación para validar la versión final del anteproyecto antes de ser enviado a los poderes ejecutivo y legislativo.
“Desde un principio, los participantes indígenas en estos talleres tuvieron que trabajar sobre un texto pre elaborado como marco único para sus comentarios. Ello ha impedido la discusión conceptual sobre cómo implementar y regular la consulta previa y ha limitado el contenido de las aportaciones de los participantes indígenas”,
DICE EL INFORME.
En las distintas actas de las reuniones, proporcionadas por el Pnud a la relatora de la ONU, puede constatarse que la gran mayoría de los representantes indígenas que participaron en los talleres no estaban preparados para tratar el tema específico del anteproyecto y su contenido.
Por otro lado, la relatora especial también recibió información indicando cierto nivel de presión ejercida sobre participantes indígenas para que participaran en las reuniones de acuerdo a la metodología seguida por el Gobierno y el Pnud, incluso con respecto a la elección de los representantes que asistirían a las reuniones a nivel nacional.
Otro tema apuntado por la relatora es que la participación indígena en estos talleres estuvo limitada a ciertas organizaciones indígenas, lo que resultó en la exclusión de varias organizaciones, especialmente las vinculadas al Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas. “La Relatora Especial es consciente de que existen divisiones entre las distintas organizaciones indígenas del país y que organizaciones como Ofraneh y Copinh han rechazado el proceso relacionado con el anteproyecto. No obstante, es importante subrayar que una decisión de tal calado exige los mayores esfuerzos para garantizar la inclusión de todas las organizaciones e instituciones indígenas del país, de modo que el resultado goce de la máxima legitimidad entre todos los pueblos indígenas del país”.
Las incongruencias de la Ley de Consulta
La relatora especial mencionó, en su presentación para el seminario de expertos sobre el consentimiento libre, previo e informado, organizado por el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, en diciembre de 2017, que ha recibido información sobre iniciativas, en varios países, para la regulación de la consulta previa, como en el caso de Perú, que ha adoptado legislación específica al respecto aunque persisten problemas en su aplicación. En Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, entre otros, la cuestión está debatiéndose.
Con respecto a la implementación y regulación de la consulta previa, los Estados deben consultar con los pueblos indígenas sobre las modalidades particulares que podrían ser adoptadas, orienta la relatora. Si bien la adopción de una legislación específica podría constituir una manera de afianzar la consulta previa dentro de un marco normativo interno, la relatora considera que no es necesariamente la única forma de aplicar este deber. Los pueblos indígenas en varios países, como Colombia o Brasil, han optado en su lugar por el desarrollo de protocolos de consulta o protocolos bioculturales propios como un mecanismo mediante el cual un determinado pueblo o comunidad indígena establece los métodos de consulta con el Estado.
“En varios países, representantes de los pueblos indígenas han señalado que el proceso de elaboración, debate y aprobación de una ley de consulta previa por parte de los gobiernos podría restringir indebidamente el alcance y contenido de los principios de consulta y consentimiento reconocidos en los instrumentos y jurisprudencia internacionales. Es importante evaluar, en cada Estado, si los pueblos indígenas consideran necesaria una legislación específica o algún otro tipo de mecanismo, como el reconocimiento de sus propios protocolos o sistemas de consulta”, sostiene la relatora.
Además, recomienda: “Es necesario evaluar si en el contexto político y social de un determinado país existen las condiciones necesarias para la discusión y aprobación de una ley de consulta previa. En algunos casos, podría ser recomendable que los Estados y pueblos indígenas establezcan primero procesos de acercamiento y diálogo para tratar asuntos fundamentales sobre la situación de los pueblos indígenas en un determinado país. Estos diálogos podrían servir para que los Estados adopten medidas para generar confianza, particularmente en contextos en los que los pueblos indígenas han denunciado graves violaciones de derechos humanos a causa de medidas y actividades adoptadas sin consulta previa y la obtención de su consentimiento libre, previo e informado”.
En todo caso, sostiene la relatora, se debe hacer hincapié en que la ausencia de una legislación sobre la materia no exime a los Estados de su obligación de consultar a los pueblos indígenas en cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales.
Mensajes privados refuerzan vínculo entre élites de Honduras y asesinato de Berta Cáceres
Varios mensajes recién publicados ofrecen nuevas revelaciones sobre el complot para asesinar a la reconocida activista Berta Cáceres en Honduras, que ponen al descubierto cómo las autoridades fracasaron en su intento de llevar ante la justicia a los presuntos autores intelectuales del crimen.
Registros de conversaciones personales, así como mensajes de texto y de WhatsApp descubiertos por la Fiscalía de Honduras revelaron que el escuadrón de sicarios “se comunicó mediante una cadena compartimentada que llegó a los niveles más altos de la dirección” de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la empresa que construía la represa hidroeléctrica Agua Zarca, como informó el Intercept el 21 de diciembre.
Cáceres, quien ganó el prestigioso premio ambiental Goldman en 2015, había protestado mucho tiempo por la construcción de la represa, que amenazaba la supervivencia de la comunidad indígena Lenca a lo largo del río Gualcarque. La activista fue asesinada a tiros en marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, en el suroeste de Honduras.
Una de las conversaciones del grupo incluía al director ejecutivo de DESA Roberto David Castillo Mejía y al director financiero Daniel Atala Midence, así como a los miembros de la junta directiva de DESA José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras y tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras.
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“O ellos o nosotros”, decía el miembro de la junta de DESA Pedro Atala Zablah en un mensaje al grupo en octubre de 2015, refiriéndose al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización fundada por Cáceres, cuyos miembros se oponían a la represa.
“Mandemos mensaje. ‘Ke’ nada será fácil para esos ‘hdp’”, escribió.
Un abogado de Daniel Atala Midence y Pedro y José Eduardo Atala Zablah declaró a The Intercept que sus clientes “niegan completamente participación alguna en este lamentable crimen”. Ninguno de ellos ha sido arrestado o ha enfrentado cargos penales.
Siete de los ocho acusados de perpetrar el asesinato de Cáceres —entre ellos exmilitares entrenados por Estados Unidos y empleados de DESA— fueron declarados culpables en noviembre de 2018 y posteriormente sentenciados a penas de prisión entre 30 a 50 años.
Al leer el veredicto contra los asesinos de Cáceres, la corte determinó que ejecutivos de DESA habían ordenado la muerte de la ambientalista porque sus esfuerzos habían causado pérdidas financieras a la empresa y retrasos en el proyecto.
En marzo de 2018, las autoridades hondureñas detuvieron a Castillo Mejía, director ejecutivo de DESA en el momento del homicidio de Cáceres, por su participación como presunto autor intelectual. Sin embargo, este aún espera juicio debido a varias dilaciones y otras irregularidades en el caso. Una ley hondureña que rige la detención preventiva podría permitir la liberación de Castillo Mejía si no se decide su caso antes de marzo de 2020. Él ha negado todas las acusaciones que se le imputan.
Análisis de InSight Crime
El asesinato de Cáceres no fue una decisión tomada en el calor del momento, fue la “culminación de años de corrupción y violencia coordinadas”, según el Intercept. Aunque quienes apretaron el gatillo están tras las rejas, las autoridades hondureñas parecen tener menos interés en procesar a los presuntos autores intelectuales del asesinato, lo que deja intacta casi en su mayoría a la red criminal que ordenó el homicidio.
Por más de un año, los ejecutivos de DESA planearon metódicamente los ataques a Cáceres y su organización, mediante una cooptación sistemática de la policía, funcionarios de gobierno y medios de comunicación, según el Intercept.
En 2013, cuando el ejército hondureño asesinó al miembro del COPINH Tomás García durante una protesta por la construcción de la represa de Agua Zarca, Atala Midence y Castillo Mejía rápidamente maquinaron para “controlar las versiones de los medios”, usando sobornos a los reporteros para que describieran el hecho fatal como un “enfrentamiento por oposición a represa”, según el Intercept.
“Pagale al reportero de HCH”, ordenó Castillo Mejía a Atala Midence en referencia al canal local de noticias HCH Televisión Digital. “1000 lempiras [unos US$40] por la semana pasada […] y ahorita podemos dar otros mil”.
Los presuntos conspiradores en la muerte de Cáceres también dependieron supuestamente de aliados en la policía local para intimidar a los miembros de la comunidad que protestaban por la construcción de la represa.
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“Le agradecemos el apoyo que nos dio ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policía Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, dice el mensaje de Castillo Mejía a un jefe de policía; más adelante, el ejecutivo compartió el mensaje en la conversación grupal de los miembros de la junta de DESA, otros ejecutivos y demás empleados.
Tras el asesinato de Cáceres, los miembros de la empresa se apoyaron en sus poderosos aliados políticos, como el ministro de seguridad Julián Pacheco, quien, según el Intercept, prometió a Pedro Atala Zablah pocos días después del homicidio que este se clasificaría como “crimen pasional” para desviar atención indeseada de la empresa.
Los mensajes indican que los implicados en el complot para asesinar a Cáceres sabían que tenían suficientes amigos en altos cargos para asegurar que las posibilidades de ser llevados ante la justicia fueran remotas o nulas. Hablaron claramente de sus intenciones en los mensajes, discutiendo detalles de la “misión”, los sobornos que se pagarían y las armas que se intercambiarían para perpetrar el crimen.
Como están las cosas, las élites que sienten que pueden planear y perpetrar deliberadamente un asesinato de una figura pública y quedar impunes parecen tener razón.