El crimen contra Berta Cáceres y otros miembros de COPINH, tuvo su origen en la concesión ilegal del río Gualcarque después del Golpe de Estado en Honduras en 2009. En el año 2010, Berta Cáceres y el COPINH presentaron denuncias contra 51 proyectos que habían obtenido concesiones y licencias de manera ilegal en territorio Lenca, el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la Familia Atala Zablah, fue uno de estos. Los hechos de corrupción que permitieron la instalación e imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sin la Consulta Previa Libre e Informada ni el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas, abrieron camino a las inversiones de Bancos internacionales y al accionar de agentes del Estado que actuaron en complicidad con la Familia Atala Zablah para proteger sus intereses económicos.
