París, 16 de agosto de 2021.- Ad portas del inicio del proceso “Fraude al Gualcarque”, la FIDH junto con sus organizaciones miembro, el CAJAR-Colombia, CALDH-Guatemala y CIPRODEH-Honduras, exhortan a las autoridades judiciales a reconocer al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) como víctima de los hechos de corrupción juzgados.
El fraude en el Proyecto Agua Zarca violó el derecho del COPINH y la comunidad Lenca que representa al agua, a un ambiente sano y a sus derechos culturales, patrimoniales, y sociales, además del derecho a la consulta. Lo que es más, la denuncia de este fraude es la causa del asesinato de Berta Cáceres, la representante del COPINH y defensora de derechos humanos, del territorio y del ambiente.
El ex-gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, fue recientemente condenado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. Será juzgado junto con otras personas por los delitos de fraude, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos en la concesión del Proyecto Agua Zarca. Sin embargo, ese juicio va a iniciar sin la participación del COPINH quien fue excluido como víctima en el proceso desde agosto de 2019.
Las organizaciones consideran que el COPINH es víctima de ese fraude y por eso, presentaron una intervención escrita como terceros ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en el proceso de Amparo presentado por el COPINH el 4 de noviembre de 2019. En este escrito, la FIDH, el CCAJAR, CALDH y CIPRODEH, solicitan que la justicia hondureña reconozca que el COPINH puede participar en el juicio dicho “Fraude al Gualcarque” como acusador privado.
La corrupción no es un fenómeno inocuo; no es un delito sin víctimas. Los hechos de corrupción pueden violar no solamente la administración pública sino también los derechos humanos de las personas individuales y colectivas. Las víctimas deben poder participar en los procesos penales que buscan establecer responsabilidades por los hechos de corrupción.
En el caso particular, el COPINH y la comunidad Lenca que ellos representan, son víctimas directas de la aprobación fraudulosa del proyecto lo que causó la violación de su derecho al agua, a un ambiente sano y a sus derechos culturales, patrimoniales, sociales, además del derecho a la consulta. También son víctimas de los hechos que resultaron de la afectación del derecho a la vida de Berta Cáceres, quien fue asesinada por haber denunciado públicamente la corrupción del proyecto Agua Zarca.
Al negarles el espacio al COPINH en el proceso por corrupción, se les niega la posibilidad de acusar a los causantes de los hechos de corrupción responsables de las afectaciones que vivieron y que constituyen violaciones de derechos humanos.
