Caso Fraude sobre el Gualcarque

Berta Cáceres fue asesinada cuando sostenía junto al COPINH, una férrea lucha contra la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sobre el sagrado Río Gualcarque. Los hechos ocurridos el 02 de marzo de 2016 tuvieron su origen en el año 2010 cuando se otorga la concesión del río Gualcarque a la empresa Desarrollo Energético SA /DESA, empresa que fue empleada como instrumento para cometer actos de corrupción y atacar al pueblo lenca. La instalación del proyecto Agua Zarca en territorio Lenca se realizó violentando derechos de la consulta previa, libre e informada, ocasionando que las comunidades organizadas en el COPINH y lideradas por Berta realizaran acciones de protesta en defensa de sus derechos y territorios.

 En el año 2010, Berta Cáceres y el COPINH, presentaron denuncias contra 51 proyectos que habían obtenido concesiones y licencias de manera ilegal en territorio Lenca, el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la Familia Atala Zablah, fue uno de estos. La familia Atala junto a David Castillo, con el objetivo de beneficiarse económicamente, constituyeron una estructura criminal que cometió una serie de crímenes, desde el fraude y corrupción para la supuesta generación de energía “renovable”, graves violaciones a los derechos del pueblo Lenca por oponerse al proyecto hidroeléctrico, hasta el asesinato de Berta Cáceres y otras agresiones que continúan en la actualidad. 

Mayo 2009

Se crea la sociedad mercantil Empresa de Desarrollos energéticos DESA con un capital inicial de L 25.000 inscrita a nombre de los socios fundadores Roberto y Geovanny Abate Ponce empleados de la empresa DIGICOM, propiedad de David Castillo Mejía mientras este es funcionario de la ENEE.

Roberto David Castillo Mejía es promovido como asistente técnico de la gerencia general de la ENEE por su experiencia en la Junta Interventora del Ejército. En este cargo, junto al Gerente Aníbal Martínez Lozano, asiste a las reuniones de autorización y aprobación de contratos de producción de energía eléctrica otorgados a DESA.

Agosto 2009
Diciembre 2009

DESA presenta un estudio de factibilidad plagiado a la ENEE realizado previamente en el año 2003, al que tienen acceso Carolina Castillo y David Castillo por los cargos públicos. Francisco Rafael Rivas Bonilla aprueba este estudio realizado en 2 días cuando se necesita un análisis de dos años.

Roberto Aníbal Martínez Lozano como gerente de la ENEE firma contrato 043-2010 con Carolina Castillo Argueta como representante de DESA, a pesar de ilegalidades mostradas por el abogado Alfredo Cruz Lanza como asesor legal de la ENEE.

Mayo 2010
Agosto 2011

DESA aumenta su capital a través de una empresa creada en Panamá por Carolina Castillo Argueta y Roberto David Castillo llamada PEMSA (Potencia y Energía de Mesoamércia S.A) luego invierten también Jorge Corea Lobo e inversiones Jacaradas S.A, esta última representada por José Eduardo Atala Zablah. Pocos meses después, Roberto David Castillo es nombrado presidente del Consejo de Administración de DESA confiriéndole el poder General de la administración junto a Jacobo Nicolás Atala Zablah.

Raúl Pineda Pineda, en su condición de alcalde Municipal de San francisco de Ojuera realiza un documento falso en donde certifica que el proyecto había sido socializado con Patronatos, fuerzas vivas y vecinos aledaños apoyando el proyecto. Un mes después, Martiniano Domínguez, alcalde de Intibucá, otorga permiso de construcción para la realización del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca con un documento falso de igual manera.

Octubre 2011
Enero 2012

Copinh presenta denuncia ante la fiscalía de las etnias contra Rigoberto Cuéllar Cruz, Ministro de SERNA por abuso de autoridad.
Darío Roberto Cardona Valle como Vice ministro de SERNA y Carolina Castillo Argueta como representante legal de DESA firman la Modificación al contrato de operación con la posterior aprobación del Congreso Nacional de la República. DESA presenta un estudio utilizado para emitir un informe técnico basado en la Cuenca del Río Ulúa no en la del río Gualcarque falsificando datos de una zona declarada como área ambientalmente frágil, lo que implica un agudo proceso de análisis técnico, flora, fauna y comunidades aledañas.

La UFECIC en conjunto con la MACCIH presenta un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos de Fraude, Abuso de autoridad, Violación a los deberes de los funcionarios, Falsificación de documentos públicos, Usurpación de funciones y Negociaciones incompatibles, abriendo un proceso judicial por las acciones de corrupción que concesionaron el río Gualcarque para imponer el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en territorio indígena Lenca

Marzo 2019

Durante el proceso, COPINH ha buscado ejercer su derecho como víctima de participar como acusador privado, pero el 28 de agosto de 2019, COPINH fue excluido del proceso tras la aceptación de una nulidad presentada por la defensa. Como consecuencia, COPINH apeló la decisión y luego presentó un amparo para garantizar sus derechos constitucionales en el proceso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 4 de noviembre de 2019. Fue hasta el 24 de septiembre, días antes de que se iniciara la audiencia de proposición de pruebas, que la Sala declaró admisible el amparo, pero sin suspender el proceso penal en curso.

En diciembre del 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), oficializó que la Sala de lo Constitucional otorgó el recurso de amparo a 10 imputados del caso “Fraude sobre el Gualcarque”. Los imputados son acusados de los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones, uso de documentos públicos falsos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos.

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