Informe GAIPE

   El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) llegó a Honduras el 4 de Noviembre del 2016 a petición de la familia de Berta Cáceres Flores, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) de Gustavo Castro Soto y de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, para dar seguimiento a la investigación adoptada por el Estado de Honduras tras el crimen de Berta Cáceres. El pedido de una investigación independiente, imparcial, multicultural y con perspectiva de género, nace de una necesidad imperiosa de esclarecer la verdad en torno a los hechos ocurridos la noche del 2 de marzo de 2016, y así garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, las personas del COPINH y el pueblo hondureño. 

  El equipo integrado por Liliana Uribe (Colombia), Miguel Ángel Urbina (Guatemala); Roxanna Altholz (Estados Unidos); Daniel R. Saxon (Holanda/Estados Unidos); y Jorge Molano (Colombia) logró dilucidar los patrones y el modus operandi de la estructura criminal que ha perpetrado ataques sistemáticos contra integrantes del COPINH, incluida Berta Cáceres, a través del análisis de las comunicaciones que mantuvieron tanto los directivos y dueños de la empresa DESA, la familia Atala Zablah, con David Castillo Mejía, quien dirigió el plan implementado para asesinar a la lideresa. 

  Los registros telefónicos demuestran que el plan se inició en noviembre del 2015 y permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016, en coordinación con Douglas Bustillo, ex jefe de Seguridad de DESA.  El GAIPE, durante el transcurso del 2017, pudo registrar 122 agresiones en contra de integrantes del COPINH, de los cuales 36 fueron directamente en contra de Berta Cáceres, ejecutados entre abril de 2013 y febrero de 2016, siendo especialmente, amenazas, hostigamientos, judicializaciones y ataques a su integridad y libertad personal, hechos que antecedieron al crimen.

  En octubre del mismo año se realiza una conferencia de prensa  en donde se insta al Estado de Honduras a diligenciar las investigaciones dirigidas hacia los altos mandos de la empresa, los autores intelectuales y financiadores del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, al dar a conocer a través del Informe Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, las vinculaciones que la extracción telefónica, ya en manos del Ministerio Público, devela a partir de las comunicaciones entre los directivos de DESA. 

 Más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, así como de chats, mensajes de texto, GPS y correos incautados por el Ministerio Público desde los teléfonos celulares de los involucrados, dan cuenta del vínculo entre la familia Atala y sus empleados, parte de la Junta Directiva de DESA, funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en la persecución, criminalización, ataques y asesinato de Berta Cáceres. 
  Las pruebas evidenciadas por el GAIPE con las que cuenta el Ministerio Público es prueba suficiente para identificar y enjuiciar a la autoría intelectual del asesinato. En la sentencia emitida en diciembre del 2019 en el juicio contra la autoría material, se ratificó que el crimen fue llevado a cabo con el “conocimiento y consentimiento” de los altos mandos de DESA. 

 Douglas Bustillo, ex jefe de Seguridad de DESA ya sentenciado como responsable del crimen, mantuvo comunicación con David Castillo, presidente de la Junta Directiva, tanto en el intento de asesinato, como en los días previos y posteriores al mismo; a su vez, envió imágenes de Berta Cáceres y de los lugares que ella frecuentaba a Henry Hernández;  las antenas telefónicas evidencian que Douglas Bustillo se reunió en San Pedro Sula con Henry Hernández al dia siguiente de los hechos ocurridos en La Esperanza, y posteriormente, se reunió con David Castillo en Tegucigalpa, cerca de las inmediaciones de la empresa DESA. 

 Si bien el 2 de marzo del 2018 fue capturado Roberto David Castilo Mejía por su vinculación como coautor del crimen, el contenido de la información telefónica involucra también a la autoría intelectual, José Eduardo, Pedro, Jacobo Atala Zablah y al Gerente financiero de DESA Daniel Atala Midence. Contra este último, el equipo legal que representa a la familia de Berta Cáceres y al COPINH ha elevado dos solicitudes de Requerimiento Fiscal ante el Ministerio Público sin obtener respuesta. 

  En los anexos del informe GAIPE, se adjuntan las conversaciones claves que dan cuenta de la conformación de una asociación ilícita, los hechos delictivos y actos criminales que antecedieron al asesinato de Berta Cáceres, tanto en la conformación de la empresa como en la conspiración para imponer de manera violenta el Proyecto Agua Zarca. La información publicada consta como prueba de una serie de hechos sistemáticos que buscaron neutralizar las acciones de Berta Cáceres y COPINH por su oposición al Proyecto Hidroeléctrico. 

 Las conversaciones reflejan abiertamente el tráfico de influencias en favor de DESA, el pago de boletos de avión a funcionarios de la SERNA para representar supuestamente al Estado de Honduras, con el propósito de defender la figura de la empresa ante la CIDH, el aprovechamiento de su poder político y económico para influenciar jueces y fiscales, para lograr persecución contra personas del COPINH y contra Berta, el pago a abogados para liberar a sicarios que tenían por encargo asesinarla. En el Grupo de whatsapp llamado “Seguridad PHAZ” se evidencia cómo pagaban a policías para lograr que les acompañen en actos ilícitos contra el COPINH cuando se movilizaba en contra de la represa, e incluso el pago a medios de comunicación para difamar a Berta Cáceres y a COPINH creando campañas de estigmatización, racismo e injurias. 

 A pesar de las pruebas que el Ministerio Público tiene desde el 2016, que esclarecen la financiación de una serie de actos que culminan con el asesinato, al día de hoy, los hallazgos del informe del GAIPE no han sido tomados en cuenta para diligenciar otros procesos investigativos, ni para tomar acciones legales en contra de los implicados. Las comunidades del COPINH siguen amenazadas y a la familia de Berta Cáceres se le siguen vulnerando sus derechos como víctimas de este crimen. El GAIPE afirmó que mientras los autores intelectuales no sean investigados ni juzgados y la concesión del Río Gualcarque siga vigente, no habrá justicia integral ni reparación en este crimen. 

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